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Andrea Viloria: abogacías traductoras y litigio estratégico para combatir la desigualdad

La Comisión de Jóvenes Barristas de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y abogacía, hemos sumado esfuerzos para crear un espacio en el que podamos presentar los perfiles de las abogacías emergentes que están repensando la profesión y ayudando a impactar positivamente a sus comunidades y a sus entornos inmediatos. Estamos convencidos de que la abogacía se inserta, como cualquier otra profesión, en contextos determinados para servir a su comunidad; en este sentido, la visión del quehacer social juega un profundo rol en la consolidación del Estado de derecho, la construcción de la democracia y la generación de entornos propicios para los derechos humanos y la paz. Buscamos que este sea un espacio de convergencia y diálogo que detone la construcción de comunidades de abogacías conscientes y responsables con su entorno.


Estamos en un México en el que las mujeres hemos tenido más oportunidades para actuar; sin embargo, es un país con muchas desigualdades. Ahí nuestra misión como abogadas mexicanas: ayudando a las personas que más lo necesitan, de manera pro bono, y fungiendo como traductores para las personas que no comprenden los temas jurídicos.

Andrea Viloria García

Andrea Viloria García es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Andrea tiene una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Durante los últimos cinco años, ha trabajado en la creación de litigios estratégicos, lo cual ha implicado la elaboración de estrategias legales utilizadas para promover cambios sociales, proteger los derechos humanos y abordar problemáticas sistémicas o de interés público a través de la judicialización.

Su pasión por el litigio estratégico y su vocación para materializar su labor en la democratización del derecho surgió derivado de su desempeño en el área pro bono de un despacho, en el cual participó en la elaboración estrategias para la presentación de amparos en defensa de los derechos de niños con cáncer, vacunación contra el virus provocado por el Sars-Cov2, combate a la ley de la industria eléctrica y la defensa de la libertad investigativa de los investigadores del CONACyT.

En 2022 se incorporó al Consejo Nacional de Litigio Estratégico, como directora del área de Litigio en Materia Constitucional y de Derechos Humanos. Desde donde ha colaborado en la estrategia y elaboración de diferentes litigios, con el principal objetivo de defender derechos humanos y hacer asequibles los mecanismos de defensa para la población: En materia de educación, ha colaborado en la definición de la estrategia y litigio para la protección de los derechos de los menores de edad, con el objetivo de que se les brinde educación de calidad, respetando los más altos estándares. Respecto al derecho a la libertad investigativa, coordinó la elaboración de demandas de amparo en defensa de las y los investigadores de instituciones privadas a los cuales se les estaba discriminando a raíz de las modificaciones a los Reglamentos del Sistema Nacional de Investigadores y de la creación de la Ley de Humanidades.

En materia de desplazamiento forzado, diseñó la estrategia para la presentación de una demanda de amparo que exige al Congreso de la Unión la emisión de la legislación en la materia, con el objetivo de proteger las necesidades y derechos de las víctimas de desplazamiento forzado interno en México. En materia de libertad de expresión, a través del Consejo, coordinó la estrategia de la presentación de diversos amparos para que existiera un reconocimiento de éste derecho por parte del Poder Judicial de la Federación. Los jueces establecieron precedentes relevantes que determinan los límites que tienen las personas servidoras públicas para atacar a la ciudadanía y periodistas en los programas que son financiados con el erario. En relación al derecho de réplica, diseñó y coordinó una estrategia de presentación de una demanda de amparo por la vía civil por la que se logró que un Juez de Distrito reconociera que la Ley Reglamentaria de éste derecho es aplicable al Ejecutivo federal, por lo que está obligado a brindar el acceso a este derecho en sus conferencias mañaneras. En materia electoral, participó y elaboró la estrategia para lograr el pronunciamiento de la Sala Superior respecto al parámetro para establecer cuando existe violencia política en razón de género.

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