Los estragos económicos y sociales que ha dejado a su paso la pandemia de Covid-19 son particularmente severos. Y aunque podría haberse esperado que el entablado de normas internacionales que normalmente regula la conducta entre los Estados ayudaría a una rápida erradicación de los efectos de la pandemia, por desgracia se ha revelado que el derecho internacional en realidad es un lugar donde se articulan políticas, más que una fuente de prerrogativas específicas que asistan a la humanidad como un todo.
Lejos de atribuir la causa de la pandemia un ente en particular, la globalización, los derechos humanos, las redes sociales y los avances científicos han sido algunos de los ingredientes que han expandido el impacto de lo que podría considerarse una de las peores crisis que la humanidad ha enfrentado en los últimos tiempos. Particularmente, porque cada uno de estos fenómenos padece una amplia gama de interpretación de sus regulaciones a manos de sus principales sujetos: los Estados soberanos. Este artículo explica cómo esta serie de factores ayudó a la propagación de los efectos de la pandemia.
El rol de la globalización
En el periodo prepandemia, la mayoría de los Estados estaban más preocupados por detener la migración irregular, el tráfico ilícito de ciertas mercancías y capturar a fugitivos internacionales que por detectar, anticipar y prevenir fenómenos como la pandemia. Si bien han existido pandemias anteriores, muchas fueron focalizadas en ciertas regiones del mundo y la geografía siempre había fungido como barrera natural.
¿Qué cambió? Aparte de las propias características biológicas del Covid-19 que facilitan su transmisión, la globalización ha sido uno de sus catalizadores. Dos de las frases más trilladas que se asocian con el fenómeno de la globalización son aquellas que señalan, por un lado, que prácticamente han desaparecido las fronteras nacionales y, por el otro, que el mundo se ha vuelto más pequeño.
Primero, por la facilidad con la que algunos segmentos de la población pueden viajar a otros países (como aquellos con solvencia económica suficiente para no ser catalogados como un riesgo potencial de migración irregular o aquellos otros capaces de comprar una “visa de oro” de inversionista con la posibilidad inclusive de residir permanentemente). Segundo, por la accesibilidad económica para viajar por avión y la disponibilidad de múltiples aerolíneas para trasladarse en cualquier momento a cualquier parte del mundo. Tercero, la flexibilidad de las fronteras nacionales para fomentar la movilidad humana con fines turísticos y el comercio internacional.
De esta manera, la facilidad de viajar de una parte del mundo a otra en pocas horas y la multiplicidad de viajeros de distintas nacionales en aeropuertos, aparte de ser evidencia latente del mundo globalizado, ayudó en un primer momento a acelerar la propagación del virus a todas las regiones del planeta.
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El gran confinamiento
La presión de los derechos humanos, especialmente la obligación de garante de los Estados, fue uno de los factores por los cuales la mayoría de los gobiernos —al no saber cómo actuar ante la magnitud del problema y ante la incapacidad de detener los contagios— optó por implementar confinamientos nacionales, al considerarlos uno de los pocos remedios iniciales para retrasar la propagación del Sars-CoV-2.
El respeto de los derechos humanos y su desarrollo progresivo por parte de las cortes regionales en América, Europa y África, así como las recomendaciones de otros órganos cuasi jurisdiccionales como el Comité y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han permitido —hoy más que nunca— que los Estados estén conscientes de sus obligaciones de derecho internacional y que las personas tengan acceso a foros internacionales para exigir el respeto a sus derechos.
Evidentemente, las decisiones de las autoridades nacionales a lo largo de toda la pandemia prácticamente han perseguido la inherente necesidad de proteger a su población nacional. Situación no sencilla, ya que parecía imposible encontrar el justo medio en la correlación entre el derecho a la salud (garantizando el acceso a hospitales, los cuales en los picos de las diferentes olas se vieron saturados), y el desarrollo de las actividades económicas de la población (lo que significaba un mayor número de contagios, al facilitar el contacto social y la propagación del virus).
Redes sociales
Las redes sociales se han convertido en uno de los canales democratizadores de la sociedad global. Sin duda, su éxito yace en el hecho de que cualquier persona, al adquirir una cuenta en alguna de estas plataformas, automáticamente obtiene la capacidad de hacer escuchar su voz alrededor del mundo —en tiempo real— y la posibilidad de que su mensaje llegue a miles o a millones de personas, dependiendo de sus seguidores y las veces que sea replicado su contenido.
Con un arma tan grande, no han sido pocos los gobiernos nacionales que han sucumbido ante la presión de tendencias, las cuales tienen el potencial de afectar sus índices de popularidad o aceptación dentro de la población de sus Estados. Ante la magnitud de la pandemia, ningún gobierno quiso ser visto como poco sensible al peligro que representaba el Covid-19 para su población y pocos Estados se atrevieron realmente a discutir públicamente la ponderación del falso conflicto entre el derecho a la salud y la necesidad de mantener activa su economía, lo cual generó parálisis gubernamental y una retórica que trataba de matizar lo más posible los errores de política pública y el impacto real de la pandemia dentro de la población local.
Relativismo cultural
Como doctrina de los derechos humanos, el relativismo cultural reconoce que cada Estado, dependiendo de sus propias circunstancias y capacidades, implementará los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Esto evita una estandarización mundial y permite que los derechos humanos sean implementados a nivel nacional tomando en cuenta las propias características de cada sociedad. No será lo mismo el derecho humano al acceso tecnológico en un país desarrollado que en uno en vías de desarrollo.
Bajo este paradigma, surgen precisamente los dogmas del derecho comparado: no existe una solución única a un problema, y entre una multiplicidad de acciones adoptadas en diferentes Estados ninguna es mejor o peor que la otra, sino que simplemente son diferentes. En otras palabras, cada sistema legal opera de forma distinta.
A pesar de que la Organización Mundial de Salud emite recomendaciones a las autoridades nacionales en casos de emergencias de salud pública de importancia internacional (término técnico que le da el Reglamento Sanitario Internacional a situaciones como la pandemia del Covid-19), éstas no son vinculantes. Las recomendaciones son simplemente sugerencias de carácter permanente o temporal que las autoridades nacionales deben tomar en cuenta en su actuación.
Cada país abordó de forma diferente la pandemia del Covid-19 teniendo resultados completamente distintos, pero siempre afirmando que la solución que implementaron —por más ineficaz que haya sido— fue la adecuada.
Así, algunos Estados realizaron pruebas de forma exhaustiva a toda su población para identificar posibles contagios; otros simplemente se quedaron con medidas de confinamiento, y otros pocos establecieron sendos programas de apoyo económico para su población con la finalidad de aminorar los efectos secundarios de los confinamientos, especialmente para aquellos segmentos de la población que no tuvieron la posibilidad de trabajar de forma remota o aquellos negocios que tuvieron que suspender sus actividades.
En resumen, el ejercicio de la libre autodeterminación de los gobiernos, a través de la libertad para ejercer de forma autónoma su soberanía, fue lo que permitió que hubiera Estados con un excelso desempeño durante la pandemia y otros tantos donde todo fue un desastre.
Desarrollo tecnológico
Gracias al desarrollo tecnológico se identificó con rapidez el origen de la pandemia, y a partir de ahí, gracias a la cooperación colectiva de científicos alrededor del mundo, se logró descifrar el mapa genético del virus. Una vez identificado el problema, la carrera por la vacuna comenzó y en tiempo récord —y con técnicas revolucionarias— se logró la producción no sólo de una vacuna sino de varias, provenientes de diferentes regiones del mundo, que resultaron de gran eficacia en contra de la nueva cepa del coronavirus.
Las promesas de encontrar de forma rápida una vacuna y lograr al mismo tiempo una producción masiva para toda la humanidad fueron no sólo promesas sino metas alcanzables gracias a los avances técnicos-científicos. Desafortunadamente, esos avances —donde la producción y posteriormente la aplicación de la vacuna estaban a la vuelta de la esquina— también constituyeron uno de los factores que extendieron el confinamiento y la restricción a las actividades económicas.
Ante la promesa real de la vacuna, la mayoría de los gobiernos optó por medidas en línea con la aparente protección al derecho a la salud, pero con un gran impacto para sus economías nacionales. La promesa de la vacuna generó la extensión de los confinamientos y, por ende, la parálisis económica de varios sectores.
Inequidad y realpolitik
Una de las virtudes del ser humano es que sabe guiarse por ideales. Dos de estos ideales son: en materia de derechos humanos, que todos los hombres son iguales por poseer las mismas prerrogativas, y de forma análoga, en el derecho internacional, se reconoce el principio de igualdad soberana, según el cual todos los Estados son iguales.
La pandemia ha demostrado la cruda realidad. Los apoyos económicos gubernamentales solamente fueron beneficios que dependieron de la capacidad y la magnitud económica e ideología de cada Estado. Los Estados desarrollados que han invertido en ciencia y tecnología fueron aquellos capaces de desarrollar la añorada vacuna. Los gobiernos con recursos económicos suficientes lograron acaparar, en un primer momento, los insumos y los aparatos médicos para tratar a su población afectada por el Sars-CoV-2; en un segundo momento, las medicinas que fueron identificadas como efectivas para el tratamiento en contra del Covid-19; en tercer lugar, que parte de su población tuviera acceso a la fase III de las potenciales vacunas, y finalmente, para asegurar el acceso temprano de la vacuna a toda su población.
Así como algunos Estados acapararon la vacuna para su población, también muchas personas aprovecharon la oportunidad y se trasladaron a otro país para recibir su vacuna. Este tipo de acciones generaron críticas en varios segmentos de la población y en varios Estados por esta inequidad fáctica. Sin embargo, ante ese escenario es necesario reflexionar si el sistema internacional realmente busca asegurar la equidad.
Gran parte del problema es la falta de entendimiento que se tiene sobre el derecho internacional. Muchas personas se crean falsas expectativas o escenarios inexistentes respecto de la norma internacional, lo cual genera la divergencia entre legem ferenda, o lo que queremos que el derecho llegue a ser, y lex lata, lo que la norma realmente es.
El derecho internacional no busca asegurar la equidad entre sus sujetos. Así como los efectos devastadores de la pandemia se han dado como consecuencia de la concurrencia de diversos paradigmas que han auxiliado al avance de la humanidad, en estos momentos su interpretación errónea generó un efecto catalizador para que una emergencia de salud internacional mutara en la crisis económica del “gran confinamiento”.
De igual manera la frustración de muchas personas y gobiernos por la desigualdad que existe en realidad en la comunidad internacional deriva de una falsa creencia de que los principios jurídicos son equivalentes a los conceptos de justicia social. Desafortunadamente, esta desigualdad, aunada a una equivocada interpretación del marco internacional, es justamente la razón por la cual veremos cómo el uso de los pasaportes de vacunación será frustrado por el legalismo y el idealismo excesivo que existe dentro de la sociedad global hoy en día.
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Conclusión
La respuesta a la pandemia del Covid-19 expone la divergencia entre expectativa y realidad. Lo anterior no significa que los paradigmas, de los que se ha hablado en este artículo, sean equivocados y deban suprimirse, sino simplemente busca reflejar algo ulterior en la evolución de la aldea global que conocemos como comunidad internacional. Si bien esta comunidad se identifica como agrupación bajo este común denominador, todavía no la equipara con obligaciones solidarias. Lo mismo sucede con los derechos humanos: todavía no llegamos al punto en que tengamos claro que éstos deben servir para mejorar la vida y la dignidad de todos, y no como un obstáculo para que los gobiernos implementen políticas públicas que permitan el bienestar general.
Sin duda alguna, todavía muchos de estos conceptos (como derechos humanos, dignidad humana, seguridad nacional, soberanía) no han madurado en la psique colectiva. Esta falta de madurez evidencia cómo, aun cuando ya han pasado varios años de su aparición en la escena mundial, todavía no alcanzamos el punto en el que podamos claramente definirlos y sentirnos cómodos para platicar sobre sus límites y alcances. Mientras sigamos en estos puntos de indefinición, las tragedias seguirán potencializándose porque la falta de actuación temprana se ve mermada por la discusión sobre qué derechos y qué personas o sociedades serán afectadas por las actuaciones gubernamentales.
Asimismo, es necesario reconocer que por más avanzados sean nuestros desarrollos tecnológicos y científicos, todavía queda un largo camino por recorrer y en el ínter existirán múltiples factores que no podremos controlar, ni comprender. Ante esta impotencia, es necesario no emplear las construcciones jurídicas que buscan brindar mayor dignidad a las personas como herramientas para minar la toma de decisiones o para disfrazar la incapacidad de ciertos gobiernos para enfrentar retos como los actuales.
La suma de todos estos factores —los cuales, sea dicho de paso, son parte de la evolución orgánica de la comunidad internacional y de los Estados—, aunada a su falta de madurez en la sociedad global, son justamente los que provocaron la tormenta perfecta para que la pandemia del Covid-19 golpeara con la fuerza con que lo hizo. Ésta no es una crítica a cada uno de estos factores sino simplemente un recordatorio de que todavía falta mucho para emplearlos de forma efectiva y mejorar la dignidad humana.
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