Para atender puntualmente los problemas medioambientales, no basta que el Estado diseñe políticas públicas en la materia, sino que también debe fortalecer su compromiso financiero y asignar de mejor manera los recursos estatales para su protección.
En México, como en otros países, el diseño y la implementación de políticas públicas requiere la asignación de recursos financieros para su ejecución. Sin embargo, en ocasiones ciertos actores argumentan la existencia de un “margen nacional de apreciación” para evitar otorgar recursos a determinadas políticas públicas, basándose en argumentos presupuestarios, políticos o ideológicos, bajo una interpretación subjetiva de la ley, lo que puede generar consecuencias negativas para la efectividad de las políticas públicas.
El decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación es el documento que da a conocer la política de gasto público que se ejercerá en el año respectivo, el total de los recursos públicos que se distribuirán, así como los criterios para normar el ejercicio de los recursos asignados a programas sociales.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la relación de los recursos asignados por México a políticas de medio ambiente ha experimentado avances en los últimos años, pero aún enfrenta desafíos significativos: si bien ha reconocido la importancia de abordar los desafíos ambientales y ha establecido metas ambiciosas para promover el desarrollo sostenible, los recursos asignados a políticas de medio ambiente todavía enfrentan limitaciones derivado de la ausencia de interpretación estatal y municipal de urgencia y necesidad de cada región.
Según la CEPAL, el gasto público en medio ambiente en México representa una proporción relativamente baja del presupuesto general. Esto implica que, en comparación con otros rubros, los recursos asignados a políticas ambientales no reciben la atención prioritaria necesaria para hacer frente a los desafíos ambientales de manera efectiva. La CEPAL ha destacado la existencia de desigualdades regionales en términos de acceso a recursos ambientales y servicios básicos relacionados,1 lo que implica que a ciertas regiones en México no se les esté prestando la atención suficiente. Prueba de lo anterior es que en el periodo 2019-2020 el gasto para protección ambiental tuvo una caída de 35 por ciento.2 Aquí cobra relevancia el margen nacional de apreciación en México en el marco del diseño de políticas públicas, puesto que es la línea en la que la supervisión internacional debe ceder paso a la discrecionalidad estatal para garantizar el respeto a los principios democráticos de la elección de los métodos y la asignación de recursos económicos para el cumplimiento de compromisos internacionales en materia ambiental.
Para ello, la cepal recomienda generar instancias de discusión entre los actores que formulan la política ambiental y los productores de la información ambiental con el fin de consensuar un sistema que responda a los requerimientos propios de cada país y, al mismo tiempo, a los requerimientos del mundo globalizado en el que se está inserto,3 lo que implica generar conciencia en los gobernantes encargados de diseñar, evaluar y conducir la agenda pública en materia ambiental para los distintos programas sectoriales (la protección y la conservación de los recursos naturales, la mitigación del cambio climático, la promoción de energías renovables, la gestión sostenible de los residuos —sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos—, la disponibilidad del agua —almacenamiento de presas, reservas de aguas dulces y balance hídrico nacional—, la protección a la biodiversidad, la conservación y la recuperación de vegetación y suelos, entre otros).4
Así, ante los desafíos regionales en la distribución de los recursos asignados a políticas ambientales, la solución radica en que el gobierno de cada entidad federativa realice su propio análisis macroeconómico con el fin de decidir la mejor manera de fortalecer la eficiencia y la efectividad de las políticas de medio ambiente, y no sólo quede a cargo de un análisis federal.
Por consiguiente, con el objetivo de que el país continúe fortaleciendo su compromiso financiero con el medio ambiente, en línea con un mejor y correcto uso del margen nacional de apreciación, México no sólo debe abocarse al buen diseño de políticas públicas ambientales, como lineamientos con cobertura nacional, sino a otorgarles el mayor apoyo institucional a través de una mayor y mejor asignación de recursos económicos estatales, atendiendo al caso concreto y a la necesidad regional, que, en atención al principio de progresividad en derechos humanos, debieran aumentar, o, al menos en principio, no disminuir con respecto a aquellos señalados en el Presupuesto de Egresos del año inmediato anterior, como sí acontece con el actual régimen del Estado, lo cual afecta el bienestar de la población, tanto presente como futura.
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Notas:- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Informe de la situación del medio ambiente en México 2015. Compendio de estadísticas ambientales, indicadores clave, de desempeño ambiental y de crecimiento verde”, en https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/pdf/Informe15_completo.pdf. Consultado el 28 de mayo de 2023. En ese informe se destacó la importancia de cuidar el suelo como recurso fundamental en la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria, reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, decretado como el Año Internacional de los Suelos, entre cuyos objetivos específicos estaban los siguientes apoyar políticas y medidas eficaces para la gestión y la protección sostenibles del suelo y generar conciencia tanto en la sociedad civil como en los responsables de la toma de decisiones.[↩]
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Crecimiento de América Latina y el Caribe en 2021 no alcanzará a revertir los efectos adversos de la pandemia”, CEPAL, en https://www.cepal.org/es/comunicados/crecimiento-america-latina-caribe-2021-alcanzara-revertir-efectos-adversos-la-pandemia. Consultado el 28 de mayo de 2023.[↩]
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “El gasto en protección ambiental en América Latina y el Caribe”, CEPAL, Col. Documentos de Proyecto, en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37294/1/S1420778_es.pdf. Consultado el 28 de mayo de 2023.[↩]
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, op. cit.[↩]
