El nearshoring se ha presentado como un medio para agilizar la producción ventajosa para el desarrollo económico del país. Santiago de Hoyos comparte las razones.
Tras la reciente caída de las cadenas de suministro por causa de la pandemia de Covid-19, empresas multinacionales que, en su mayoría, contaban con centros de producción en Asia, se han visto obligadas a cambiar sus ubicaciones fuera del continente, en lugares como México, que, en lo referente a costos de mano de obra, resulta altamente competitivo frente al resto del mundo. A esta estrategia de subcontratación de servicios y procesos industriales en países próximos en términos geográficos se le ha denominado nearshoring. A su vez, debido a su estrecha relación comercial y a su proximidad con Estados Unidos y Canadá, México ha sido de los principales beneficiados; sin embargo, esto trae para las empresas extranjeras, establecidas en territorio nacional, un nuevo conjunto de obligaciones en tanto que su funcionamiento y su operación deben ajustarse a lo permitido por la legislación mexicana. Este cumplimiento del que se habla es lo que se le conoce como compliance.
Esta figura ha sido parte de un conjunto de instituciones jurídicas que hemos adoptado del Derecho anglosajón. En este caso, tras la promulgación de la Foreign Corrupt Practices Act de 1977 que implementó por primera vez la aplicación extraterritorial de una ley y obligó a las empresas estadounidenses establecidas en el extranjero a cumplir con las disposiciones de esa ley, con la finalidad de evitar prácticas de corrupción en el seno de diversas organizaciones. Hoy en día, las empresas extranjeras que deciden establecerse en México están obligadas cumplir con el marco legal que, dicho sea de paso, en México es limitado y se encuentra contenido, en su mayoría, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Como consecuencia de lo anterior, en temas de compliance, de manera supletoria, es muy importante acudir a las buenas prácticas internacionales que existen en la materia y que, a su vez, cumplan con los debidos parámetros de convencionalidad.
Antes de ahondar en los beneficios que involucra una buena práctica de compliance es importante delimitar esa figura. A este respecto, la World Compliance Association la ha definido como un “conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos”. Como es bien sabido, el cuerpo rector que da indicios respecto de la posición que guarda una empresa extranjera frente a la legislación mexicana, es el Código de Ética de la misma empresa, en tanto que, aquí, se establece en primera instancia la cultura organizacional, desde sus políticas y sus valores para hacer negocios, el trato que debe existir entre colaboradores y diversos procedimientos de control internos.
Un sólido sistema de compliance confiere innumerables beneficios a una organización, reforzando sus cimientos éticos y legales. Al establecer pautas claras y al promover comportamientos responsables, el compliance minimiza riesgos, previene delitos corporativos y cultiva una cultura de integridad. Esta cultura se refleja en una imagen empresarial más positiva y confiable ante el público, generando confianza entre clientes, socios y comunidad en general. La adhesión rigurosa a las normas y los valores éticos no sólo consolida la reputación de la empresa, sino que también atrae y retiene talento de calidad. En última instancia, un buen sistema de compliance no sólo garantiza el cumplimiento normativo, sino también actúa como un faro ético que guía a la empresa hacia la excelencia operativa, la confiabilidad en el mercado y la atracción de talento excepcional.
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