Platicamos con Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, A.C., sobre este colegio de abogados y sobre su visión en relación con la colegiación obligatoria. Este diálogo es un importante recordatorio de que la abogacía tiene que estar organizada.
Muchas gracias por aceptar la invitación para platicar acerca del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM). ¿Nos platicas qué es el INCAM?
Arturo Pueblita – Este es el colegio más antiguo de profesionistas del continente americano. Fue fundado en 1760 a petición de los abogados novohispanos que estaban autorizados a postular ante la Real Audiencia de México y que veían la necesidad de contar con un espacio en el que se pudiera socorrer a los abogados o a las viudas y a los huérfanos de los abogados. Como sucedía en Zaragoza y en Madrid, era necesario que contarán con un colegio de abogados que representara sus intereses, que tuviera funciones mutualistas y que realizara algunas actividades de representación gremial. Por eso, en 1758, todavía cuando este territorio formaba parte del virreinato novohispano, un grupo de abogados solicitó al rey Carlos III de España una autorización para constituirse como colegio de abogados. El 21 de junio de 1760 el rey expidió la cédula real a través de la cual se autorizó la constitución del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, siguiendo los estatutos y las mismas formalidades que el Colegio de Abogados de Madrid.
De 1761 hasta 1810 hubo una gran participación de los abogados novohispanos en esta forma de organización y de regulación de la abogacía en el territorio mexicano. Con el paso del tiempo, el colegio fue dando cabida a una gran cantidad de corrientes ideológicas. Entre los miembros de aquellos primeros años del colegio tuvimos a Francisco Primo de Verdad y Ramos, uno de los precursores de la independencia de México; después contamos con la participación de grandes abogados que formaron parte de la historia del México independiente y que prestaron sus plumas para el desarrollo de ideas en torno de la abolición de la esclavitud, de la independencia, de la igualdad.
El INCAM fue fundado bajo los principios de la Ilustración y del razonamiento humanista. Ha sido una parte importante en la construcción del México independiente y del México actual.
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¿El actual INCAM dista mucho de ese colegio original?
Arturo Pueblita –En muchos aspectos, sí; en otros, no. Somos un colegio en el que nos sentimos muy orgullosos de nuestro pasado; estamos conscientes de dónde venimos y también estamos conscientes de hacia dónde vamos. En su origen, uno de los requisitos para pertenecer al colegio era tener un examen de pureza de sangre, por ejemplo; hoy eso es completamente anacrónico. Ahora el colegio está abierto a cualquier persona. Sin embargo, nos sigue moviendo la vocación por servir a México.
¿Cómo llegaste al cargo?
Arturo Pueblita –Desde muy joven he tenido problemas con la autoridad, al grado de que ahora, como abogado fiscalista, me dedico profesionalmente a lidiar contra la autoridad.
Llegué porque, en algún momento, en una columna que escribí en 2014, en El Universal. hice una crítica mordaz a uno de los temas planteados en la reforma fiscal de ese año. Un amigo mío, un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda, me invitó a desayunar al Bar Tijuana, allá por Insurgentes Norte, y me dijo que en ese organismo les había caído muy mal mi artículo, que no les había gustado nada y que estaban solicitando información sobre mí. Me recomendó que no fuera tan ácido con mis críticas. En ese momento yo tenía 33 años de edad y me sentí muy vulnerable. No quería que algo se interpusiera con mi libertad.
Entonces yo ya había participado en otros colegios: en la Barra Mexicana, en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y en el INCAM, pero este último era el que más me llamaba la atención por sus miembros, por su historia y por las actividades que realizaba.
Tomé la decisión de acercarme a este colegio a través de Óscar Cruz Barney, quien, como yo, era profesor en la Universidad Iberoamericana. Le pedí que me firmara una carta de recomendación. Ingresé al colegio en 2014 y hasta la fecha he mantenido una relación muy fructífera con personas con quienes comparto los ideales por un México justo en un espacio desde donde podemos incidir y aportar nuestro grano de arena para mejorar el país.
Tú eres fiscalista, y nos has platicado sobre muchas personalidades que se dedican a la historia, a la academia, al litigio… ¿Cómo confluye en este colegio esa diversidad del ejercicio profesional?
Arturo Pueblita –Mira, este es un espacio que hemos ido construyendo muchas personas que desde hace tiempo participamos en este colegio, en el que hemos buscado un espacio de respeto, un espacio de tolerancia, un espacio en el que todas las opiniones son válidas, donde todos tienen derecho a opinar y donde sus expresiones de todo tipo —filias y fobias— se respetan. Un espacio donde hemos ido construyendo una narrativa de tolerancia, de aceptación, de discusión, de generación de nuevas ideas; donde aceptamos todo tipo de corrientes y discutimos acerca de corrientes de diferentes temas jurídicos; donde abordamos los temas de la evolución del ejercicio de la abogacía y de las tecnologías de la información. En síntesis, es un espacio de interlocución donde todos tenemos una afinidad que es el gusto por la abogacía y el gusto por la cultura. Hemos creado un espacio de reflexión y de difusión de ideas que ha dejado satisfechos y contentos a todos.
¿Cómo ha permanecido vigente un colegio tan antiguo y cómo incide en el contexto de nuestros días?
Arturo Pueblita –Ese es un tema que tendríamos que analizar por épocas. Pero puedo decirte que, como miembro del colegio, lo que he visto en la evolución del país durante estos últimos 10 años es que una abogacía fragmentada. El atípico hecho de ser un país en el mundo en el que no existe una colegiación obligatoria de los abogados vuelve muy complicado dirigir los esfuerzos de una profesión tan importante, pues no existen controles éticos de la profesión y no hay un examen que permita el acceso y el mantenimiento del ejercicio de nuestra carrera. Hoy cualquier persona que obtiene un título de licenciatura en derecho puede ejercer en cualquier materia, en cualquier estado de la República, sin ningún tipo de control. Y creo que eso lo único que hace es generar un estado de indefensión para las personas justiciables.
Con base en ese contexto ¿crees que la colegiación debe ser obligatoria?
Arturo Pueblita –Hace algunos años te habría contestado, sin dudar, que sí. Sin embargo, pienso que ahorita no hay condiciones políticas ni democráticas en el país para crear un sistema de colegiación obligatoria. Además, yo quisiera modificar el tema de colegiación obligatoria por un tema de obligación conveniente. Te voy a poner un ejemplo: no es que se obligue a los abogados a formar parte de un colegio; más bien se trata de que existan controles obligatorios, técnicos y deontológicos para las personas que ejercen la abogacía.
Este tema es importante porque prácticamente todos los países que son socios comerciales de México poseen esquemas de colegiación, de manera que para poder representar los intereses de una persona en los tribunales los litigantes deben estar colegiados, lo cual significa haber aprobado un examen que permita la pertenencia a una organización determinada de abogados, además de estar sujeto a los controles del ejercicio profesional y haber estudiado la carrera en una universidad; incluso, cumplir con una serie de requisitos de actualización jurídica y de especialización.
Esto último, es similar a lo que pasó con los médicos. Antes eran los médicos de pueblo o los de la familia quienes atendían todo; poco a poco se fueron desarrollando habilidades muy particulares en diferentes campos de la medicina que requirieron diversos grados de especialización. En la abogacía eso es lo que debemos perseguir.
Lo anterior implica comprender que la colegiación no es un tema de restricción de libertades, sino un asunto de control técnico y deontológico. Y quien debe establecer ese control son los pares, para lo cual existen mecanismos que evitarían que esto derivara en la formación de cotos de poder. No se trata de la generación de un monopolio ni de esquemas para excluir a los competidores, como afirman algunas personas. Esto último estaría garantizado por la eventual existencia de una gran diversidad de colegios, incluso más de los que hay ahora.
Me interesa cómo apelas a la diversidad al no convertir este asunto en una cuestión política sino de calidad y de control del ejercicio profesional. ¿Cómo está conformado su código de ética?
Arturo Pueblita –Nosotros tenemos un código de ética vigente desde 1997. Son los miembros del colegio quienes dictan ese código de ética, lo que no quiere decir que establezcan reglas a modo o para beneficio particular. Por el contrario, en función de las experiencias internacionales de la abogacía —prácticamente todos los colegios de abogados en el mundo tienen sus propios códigos de ética— se desprenden algunos elementos perfectamente claros sobre cuáles son los lineamientos y los estándares mínimos que deben respetarse en el ejercicio de la profesión jurídica, para que queden establecidos y para que los miembros de los colegios, de manera voluntaria, se sujeten a sus controles, que no son sólo cartas de buenos deseos, sino mecanismos de control a través de los cuales se pueden iniciar procedimientos deontológicos que pueden derivar en amonestaciones privadas o públicas e, incluso, en la expulsión de sus miembros.
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¿Cómo está integrado el INCAM y cuáles son sus acciones más importantes en la actualidad?
Arturo Pueblita –Tenemos muchos proyectos y muchas actividades. Hubo una reorganización: impulsamos la creación de cinco grandes bloques para el entendimiento de las actividades profesionales del abogado; esto es, cinco coordinaciones generales: una de derecho privado, una de derecho público, una de derecho penal, una de derecho social y una de temas relacionados con la abogacía. Cada coordinación general mantiene contacto con las comisiones de trabajo del colegio, donde se tiende a la especialización y a la generación de espacios de discusión altamente especializados. Entre las comisiones están la de derecho penal internacional, la de prevención de lavado de dinero, la de derecho victimal, la de derecho mercantil, la de Fintech; en fin, una serie de comisiones que abordan los diferentes aspectos del mundo jurídico a través de actividades como sesiones técnicas, talleres, diplomados, cursos.
¿El INCAM agremia a la abogacía de todo el país?
Arturo Pueblita –Sí. Tenemos miembros de las 32 entidades federativas. Además de las actividades que realizamos en la Ciudad de México, contamos con capítulos regionales que comprenden actividades en varios estados donde incluso hay algunas delegaciones por ciudad. En Jalisco, por ejemplo, hay delegaciones en Guadalajara, en Ciudad Guzmán y en Lagos de Moreno.
Tenemos dos regiones: la noreste, que tiene su sede en Monterrey pero realiza actividades y tiene su ámbito de influencia en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, y la occidente, que tiene su sede en Guadalajara pero realiza actividades y tiene su ámbito de influencia en Jalisco, Colima, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes y Michoacán. Además, realizamos actividades como parte de la reforma que hicimos al colegio, en mayo de 2023, que incluyó una regulación específica de los capítulos regionales atendiendo a la apertura de nuevos capítulos en el noroeste del país y en la península.
Un tema que para nosotros es muy importante y que quedó plasmado en la reforma a los estatutos es que las personas que ejerzan la presidencia de los capítulos regionales deben ser miembros ex officio de la junta menor del colegio, que es el órgano de gobierno, por medio del cual las entidades federativas pueden tener voz y voto. Así, la representación de las regiones del país también definiría quiénes deben controlar el colegio.
¿La colegiación y la regulación de la profesión son importantes para el devenir del ejercicio de la abogacía en el país?
Arturo Pueblita –El correcto ejercicio de la abogacía es aquel que tiene su punto de partida en el conocimiento técnico, en la experiencia y en las posibilidades reales de atender de manera adecuada los asuntos que se le encargan al litigante. Eso es fundamental. La persona profesional debe estar correctamente capacitada y cualificada para realizar con eficiencia el encargo que se le va a hacer: desde no dar falsas esperanzas a su cliente, hasta que la atención del asunto se lleve a cabo con la debida diligencia de principio a fin. Es importante entender que las personas que acuden a un abogado buscan justicia; en este sentido, el adecuado ejercicio de la abogacía también implica tener vocación de servicio.
Por otra parte, tenemos un problema en el país en relación con la formación de abogados. Somos una de las naciones del mundo con mayor cantidad de instituciones facultadas para la emisión de títulos de licenciatura en derecho. El único país que nos supera en este aspecto es Brasil, pero allá sí existe un examen de acceso a la abogacía. En México hay más de 1,700 escuelas con reconocimiento de validez oficial, lo cual significa que cualquier persona habilitada con una cédula profesional puede hacer absolutamente lo que quiera.
Es muy triste darse cuenta que muchas instituciones educativas tienen una visión meramente mercantilista, en las cuales los requisitos son inscribirse y no morirse para obtener la cédula profesional. Esto no quiere decir que las personas que estudian en esas escuelas lo hagan de manera indebida; lo que suele ocurrir es que muchas veces son engañadas.
Tenemos que encontrar una manera de nivelar a las personas que egresan de estas 1,700 escuelas de derecho. Si instituimos exámenes de acceso para el ejercicio de las profesiones especializadas por materia será posible formar profesionistas mejor preparados que van a prestar mejores servicios a sus clientes y al mismo tiempo van a consolidar un México más justo.
Finalmente, ¿puedes platicarnos sobre el Bufete Jurídico Social y el Observatorio Internacional de Derechos Humanos del INCAM?
Arturo Pueblita –La Ley Reglamentaria del Artículo Quinto en Materia de Profesiones establece que los profesionistas estamos obligados a prestar servicio social. En el colegio, hace dos años, iniciamos un proceso de reorganización del servicio social y creamos el Bufete Jurídico Social como una institución que se adhirió a los estándares pro bono a través de los cuales trabajamos con diferentes instituciones que nos envían asuntos de personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad y nosotros los atendemos de forma absolutamente gratuita a través de nuestros miembros. No los trasferimos a sus despachos; simplemente asignamos encargados particulares que den seguimiento a cada asunto. Tampoco lo hacemos para ganar reconocimiento u obtener beneficios; lo hacemos con una genuina vocación de servicio social.
Por su lado, el Observatorio Internacional de Derechos Humanos es muy importante para nosotros en nuestra búsqueda de un México y un mundo más justos. En este sentido, este observatorio tiene como finalidad monitorear las resoluciones en materia de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo —que también aborda algunos temas de derechos humanos— y de la Corte Africana. Revisamos sus resoluciones con el objetivo de determinar la existencia de variación o de creación de nuevos estándares de protección de los derechos humanos.
(En mi opinión, el sistema que hemos desarrollado en el mundo, de contar con diversos regímenes de derechos humanos: el interamericano, el europeo, el africano… es una equivocación. Los derechos humanos deben ser parejos para todos. Si uno de los principios fundamentales de los derechos humanos es la universalidad, no es lógico tener diferentes raseros y diferentes estándares en el mundo para medirlos.)
Cuando detectamos que existe una resolución que tiene un impacto importante en materia de derechos humanos, participamos con doctrina o con análisis de derecho comparado. Hemos presentado hasta el día de hoy nueve escritos de amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proporcionar mayores elementos a los juzgadores con el objetivo de que puedan robustecer y volver efectiva la protección de los derechos humanos. Este proyecto ha sido impulsado de manera particular por la doctora Isabel Davara, vicepresidenta del INCAM.
Tenemos otros proyectos sociales, como un diplomado gratuito de derecho para mujeres, en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Llegamos a tener 17,000 mujeres inscritas en todo el continente americano y en España. Asimismo, también contamos con un diplomado en derecho para periodistas, un gremio que se encuentra bajo asedio y una profesión que se ejerce con grandes riesgos.
