Oscar Constantino Gutierrez analiza lo que recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público en cuanto a su relación con Arturo Zaldívar cuando fue minstro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Un accidente o un acto malintencionado?
Ante la confesión, burda y cínica, del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la manera en que se presionaba a jueces y magistrados para que sentenciaran a gusto del Ejecutivo, Arturo Zaldívar minimizó la gravedad del asunto y su intervención en el tema: calificó como algo normal y deseable, propio de la colaboración ente poderes, que el presidente de la República le planteara al presidente de la Corte sus inconformidades sobre asuntos judiciales y que este último comenzara investigaciones sobre los juzgadores respectivos.
Para quien no es abogado, este alegato de Zaldívar puede parecer razonable, pero no lo es. Las inconformidades con los jueces y los juicios siempre deben presentarse dentro de un procedimiento legal. Es absurdo pretender que es normal y correcto que López Obrador tenga una vía privilegiada para que el presidente de la Corte atienda sus deseos.
Además de que ante la ley las partes son iguales, lo cual implica que el Ejecutivo debe tramitar sus inconformidades como lo hace su contraparte: en un juicio. La vía privilegiada que defiende Zaldívar también hace a un lado que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son colegiadas, por lo cual no le correspondía solo a Zaldívar determinar si era procedente investigar o no a un juez. Peor aún, si para cuidar las formas, en el Consejo de la Judicatura Federal se proponían investigaciones que no fueron solicitadas en la ventanilla respectiva, sino por teléfono o en una reunión con un personero del presidente, esa propuesta era irregular de origen.
En pocas palabras, el cinismo de Zaldívar pretendió normalizar vías ilícitas y de privilegio para incidir en las sentencias de juicios en los que aquél no tenía facultades legales para intervenir. A ese comportamiento irregular lo llama “coordinación y colaboración entre poderes”.
El ministro en retiro fue exhibido por su cómplice de fechorías y no atinó más que a usar el sofisma echeverrista de no afirmar ni refutar lo que dijo López Obrador, sino de acusarlo de ignorante, sin usar esa palabra. Para su mala suerte, la prensa ya había recabado los trascendidos acerca de la injerencia en juicios y las presiones sobre jueces presuntamente maniobradas mediante Carlos Alpízar, secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y operador de Zaldívar. Así, la primera mentira quedó evidenciada: sí hubo presiones a jueces. La segunda falsedad también quedó expuesta al exhibir la anormalidad de las vías privilegiadas que defendió Zaldívar.
La pregunta periodística es qué pretendía López Obrador con esa declaración. ¿Fue un exabrupto torpe e ignorante o un acto de dolo extremo contra un aliado que ya no le resulta útil? Si bien el presidente ha replicado el modelo del teflón de Donald Trump y cree que ninguna falta le será reclamada por el pueblo, en este caso me inclino por el motivo malintencionado del primer mandatario de la República. ¿La razón? Porque actualmente Zaldívar es un lastre político para el obradorato.
El morenismo no lo quiere y en el equipo de Claudia Sheinbaum no se le tiene la consideración que merecería un ex presidente de la Corte. Para mayor prueba de lo anterior se encuentra el hecho de que se le haya negado el acceso al presídium de los actos de campaña de la candidata de Morena. Pareciera que López Obrador lo usó para liberar una silla de la Corte en la que él pudiera nombrar a un ministro que en principio no le correspondía designar. Luego de ese uso, Zaldívar se volvió desechable. Sin embargo, eso no justifica la vileza de trato que implicó la declaración de Andrés Manuel López Obrador: ¿por qué el presidente trató con tanto desprecio a su otrora aliado? ¿Qué falta inconfesable conoce, que quiere deshacerse de él desde ahora y no cuando hayan pasado las elecciones?
Zaldívar cometió el error de muchos ingenuos: aceptar como cierto lo que quería creer. Dejar la Corte para ayudar en el diseño del Plan C es iluso, porque Zaldívar no tiene ninguna cualidad única para encargarse de ese tema: el régimen pudo contratar a cualquier constitucionalista de primer nivel para que le preparara esa reforma. Renunciar al máximo cargo judicial para apoyar la campaña de Sheinbaum suena igual de absurdo; por más que Zaldívar sea un personaje con presencia en los medios, no es lo suficientemente popular para que su inclusión representara una ventaja relevante. Pero él quiso creer que sí, que él era el jurista más importante de México y un gran influencer, por lo que su participación en la campaña y en la agenda de la candidata oficialista era similar a contratar a Messi para el París Saint-Germain.
Si la presencia de Zaldívar en la campaña de Sheinbaum se diluye aún más durante las siguientes semanas quedará confirmada la intención real de López Obrador: la de usarlo, humillarlo y desecharlo. A final de cuentas lo habría tratado tan mal como a Eduardo Medina Mora, a pesar de la abyección inconstitucional de Zaldívar, quien cambió su dignidad de cabeza de un poder del Estado por un plato de lentejas. En contraste con el caso del Cid, qué poco señor para tan bajo siervo…
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