Se ha reiterado en numerosas ocasiones en esta edición: los actores políticos del país y los operadores del Gobierno no ponen en práctica tareas sustentables. Karla Pamela Ramos Guerrero hace énfasis.
En los últimos años el calentamiento global ha crecido gravemente, provocando afectaciones al medio ambiente en todos los ámbitos que incluye. Ante esta situación, los gobiernos de distintos países han adoptado políticas para la disminución de actos administrativos que provoquen mayor deterioro. Sin embargo, otros gobiernos han adoptado una posición indiferente, realizando inclusive actos contrarios a su protección. Ha sido el caso del gobierno actual, pues no es un secreto que Andrés Manuel López Obrador ha dado preferencia a otros asuntos políticos, dejando de lado la protección al ambiente, e inclusive violando los acuerdos internacionales celebrados por México en la materia.
Los megaproyectos de este sexenio, como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el freno del uso de las energías renovables, entre otros, han evidenciado la indiferencia frente a los problemas ambientales que enfrenta el mundo entero. Problemas que afectan a todas las clases sociales sin que provengan de un sabotaje de los “neoliberales”, pues no son un ataque político que pretenda sabotear al presidente, sino una realidad. Este sexenio no sólo se han impulsado proyectos contrarios a la conservación ecológica, sino que, suspicazmente, han aumentado los asesinatos de activistas ambientales, se han realizado recortes presupuestales a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reducido los recursos a los organismos creados para la defensa del medio ambiente y aumentado los incendios forestales.
El calentamiento global ha afectado los pronósticos sobre el agua, trayendo consigo una crisis mundial que recae sobre la escasez que se vivirá en los próximos años y el aumento de las sequías. Esta problemática sobre la crisis del agua es una realidad reconocida inclusive por reportes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha advertido que la escasez se duplicará en 2050. En México han comenzado a notarse las consecuencias de lo anterior; los largos periodos de sequía, ahora más recientes, han provocado el incremento de la falta de acceso a agua dulce. Tal ha sido el caso que ha vivido la zona norte del país en los últimos años, la cual se ha visto gravemente afectada por estos hechos, permeando en la situación económica al obstaculizar la labor agropecuaria. Por su parte, el sureste del país no se ha salvado de la crisis ambiental, pues en los últimos años han aumentado las afectaciones derivadas de las grandes inundaciones.
A pesar del descontento social, el gobierno actual, como ha actuado con el resto de los temas ambientales, no ha adoptado políticas públicas para prevenir un agravamiento del problema. En sus últimos reportes, la Comisión Nacional del Agua ha reconocido la condición crítica en que se encuentran las presas del país; se ha dado a conocer que 210 de las principales, representantes de 92 por ciento del agua en México, se encuentran a 30 por ciento de su almacenaje, y por lo menos 75 de esas presas no alcanzan el porcentaje anterior.
Una de las mayores preocupaciones sobre el tema se centra en la situación a la que se enfrentará la Ciudad de México, no sólo por ser la capital del país, sino también por la gran cantidad de su población. Recientemente, los reportes por falta de agua han aumentado; a pesar del suministro de agua, la alcaldía Benito Juárez se vio afectada en marzo de este año tras la detección de contaminantes en el agua potable. Como consecuencia del reporte de los habitantes de la Benito Juárez sobre el olor a gasolina, la Universidad Autónoma Metropolitana decidió realizar una investigación y dio a conocer el análisis de las muestras de agua provenientes del pozo Jardín Alfonso XIII que los habitantes de esa demarcación le hicieron llegar, mediante los cuales se determinó la existencia de compuestos orgánicos derivados del petróleo.
A pesar de la constante negación del gobierno, la ciudadanía comenzó a presentar lesiones en la piel, irritación en los ojos y en la nariz como consecuencia del contacto con agua contaminada, de conformidad con los reportes médicos. Tras estos sucesos, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el pozo Jardín Alfonso XIII fue cerrado, repartiendo el suministro de agua en otros pozos, de manera que se les ha sobresaturado.
El pasado 1° de abril del año en curso, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) realizó inspecciones “detalladas” y determinó que no había evidencias de que el agua pudiera tener algún hidrocarburo. A pesar de esos resultados, el gobierno sigue garantizando la entrega de garrafones, atendiendo las reclamaciones. Pero la evidencia contundente ya reportada antes no puede ocultar las afectaciones sufridas en los hogares de cientos de los aproximadamente 434,153 habitantes de la Benito Juárez, quienes han tenido que limpiar sus cisternas y contratar el suministro de pipas para poder tener acceso a agua potable.
De esta situación la pregunta de miles de personas es la siguiente: ¿cómo es posible que se suministrara agua contaminada y de qué forma se contaminó el pozo?; cuestionamiento que no ha sido respondido por ninguna autoridad, que se ha limitado simplemente a negar los hechos sin siquiera ofrecer excusas del mal manejo de la situación. Las elecciones presidenciales se acercan, pero las propuestas de campaña no han estado ni cerca de un plan sólido para la solución de la crisis de agua que enfrenta México.
Otro de los grandes factores de la escasez del líquido vital deriva de las concesiones a las grandes empresas que acaparan el agua, en un país con sed. Las empresas dedicadas a la producción de comida, como Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Bimbo, entre otras, consumen aproximadamente 133,000 millones de litros de agua para realizar sus procesos productivos, cantidad inexacta por la falta de rigurosidad con la que la Comisión Nacional del Agua supervisa estos permisos.
La cantidad de agua utilizada y las concesiones otorgadas a estas empresas son absurdas en un país en el que 24 por ciento de los hogares no tienen acceso al líquido, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según los cuales la mitad del país se ha visto afectado por grandes periodos de sequía. Las empresas productivas como Coca-Cola han sido gravemente criticadas por esta situación, por ser las principales extractoras de agua, puesto que si bien llevan sus productos a todos los rincones de México también extraen agua en cada una de las entidades federativas.
Ante la gravedad de esta situación, el gobierno debería reducir el número de concesiones que otorga sobre los pozos a la industria y aumentar las obligaciones ambientales a cargo de estas grandes empresas. Sin embargo, todas estas medidas se han quedado como una simple aspiración de aquellos que tienen conciencia ambiental. ¿Hasta qué momento nos importarán las afectaciones que se infligen al medio ambiente? ¿En qué momento comenzaremos a exigir políticas públicas que atiendan las graves afectaciones sociales?
Recordemos que el gobierno ofrece lo que le interesa a la población, por lo menos en cuanto a las palabras. Los candidatos sólo han representado el desinterés constante y la desinformación de nuestra población. Es momento de abrir los ojos y exigir medidas de protección ambiental antes de que sea tarde. Las afectaciones ya están presentes, pero nada evita que podamos reparar o disminuir las nefastas consecuencias que vivirán las generaciones futuras. La crisis ambiental no sólo debe importarnos cuando suframos consecuencias materiales.
