Como una flecha que apunta el Ángel de la Independencia al Senado de la República, un conglomerado de contingentes jóvenes pinta de blanco la avenida Reforma, en la capital del país, y se desplaza sólidamente hacia su destino, intangible pero claro: la democracia. Entre carteles, percusión de tambores y consignas alzadas al aire al unísono, se asoma en la marcha del primero de septiembre –mes de la Independencia– un llamado a pensar en el futuro y la democracia a la luz de una justicia independiente: #NoALaReformaJudicial #SinJusticiaNoHayFuturo #SinJusticiaNoHayPaz.
El llamado que las abogacías hacen, no solo a detener la propuesta de reforma judicial, sino a respetar el principio de división de poderes que la comunidad mexicana hemos pactado históricamente en nuestra constitución, resuena lejano a una población lastimada que no ha encontrado justicia en las instituciones para sus muertos ni para sus desaparecidos. Las consignas que proclaman los estudiantes, para muchas, muchas personas, no tienen sentido.
¿Por qué, ante la voluntad popular, resistir a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF)? ¿Por qué, si somos demócratas, negarnos a que las personas juzgadoras sean electas por medio del voto de la ciudadanía? ¿Por qué, ante la inoperancia del sistema de justicia, insistir en que se mantenga intacto?
México, al igual que muchos países de la región latinoamericana, viene de un siglo XX regido por dictaduras; en nuestro caso, la de una tradición presidencialista y un único partido en el poder: el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Nuestra transición a la democracia no se redujo a un cambio de partido en el 2000, con la llegada del Partido Acción Nacional (PAN), sino que se tuvieron que hacer múltiples reformas institucionales que posibilitaran iniciar nuestro camino hacia el ideal democrático (la forma de gobierno que garantizaría sus derechos humanos a la población), reduciendo su poder al titular del ejecutivo para evitar que continuara haciendo un ejercicio arbitrario de éste. Estos cambios, buscaron generar las condiciones para que los otros poderes de la federación se independizaran del presidente y se les dotara de autonomía a ciertas instituciones encargadas de proteger sus derechos a las personas; como todos los demás países de la región, aunque no se ha logrado del todo, intentamos huir de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura y de la opresión gubernamental.
Uno de los mecanismos por el que se pudo garantizar la independencia del PJF, particularmente, fue el establecimiento de la carrera judicial, para garantizar que quienes lo operaban fueran técnicos antes que políticos con intereses y compromisos diferentes a la justicia; a final de cuentas, la complejidad de los conflictos, tiene que ser tratada con profunda responsabilidad si se quiere que las personas recurran a las instituciones antes que a sus propios medios para resolverlos. La carrera judicial, en este sentido, jugó un rol determinante para independizar al PJF y mejorar su efectividad a través de la especialización de quienes operan la institución.
El sentido de las instituciones nos deja ver que las consignas de los estudiantes no se contraponen a la inquietud de la ciudadanía que desconfía del sistema de justicia mexicano, sino que defienden lo mismo. No cabe duda de que se puede y se tiene que mejorar la impartición de justicia en el país; sin embargo, es importante aclarar que su perfeccionamiento tiene que ver con adecuar las prácticas sociales –que no se pueden modificar por decreto–a los valores democráticos (lo que implica, necesariamente, una revolución de las conciencias), antes que con el establecimiento de un modelo de selección de impartidores de justicia que nos devuelva al presidencialismo que repudiamos.
Supongamos que, después de las actuales administraciones, quiera la presidencia algún individuo con intenciones tiránicas: le habremos heredado todos los instrumentos para hacer cuanto le plazca. Este mes, en el que celebramos el Día Internacional de la Democracia y la Independencia de México, reflexionemos y asumámonos parte de la transición y defensa de esta forma de gobierno, pues es la condición necesaria para alcanzar un entorno de paz y de derechos humanos.
