Ante la potencial eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, platicamos con el comisionado Javier Juárez Mojica sobre el desarrollo de su modelo institucional, el trabajo que éste les ha permitido y las repercusiones que tendría su eliminación.
¿Cómo se ve desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la propuesta de reforma de simplificación administrativa y el impacto que tendría en este instituto?
Javier Juárez – Nuestra postura institucional es que, en caso de concretarse esta reforma de simplificación orgánica, estaríamos regresando a un modelo que ya se tuvo en el país. Ustedes recordarán que en su momento el regulador de las telecomunicaciones, la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; estaríamos regresando a aquel modelo. Con nuestro diseño institucional, derivado de nuestra autonomía constitucional, tenemos la base para ejercer dos principios muy relevantes: la especialización técnica y la independencia. Esto se ha traducido en una evolución favorable del sector. Podemos ver que las tarifas han disminuido más de 33 por ciento en una década, cuando la inflación en esa misma década ha sido de más de 66 por ciento; la banda ancha móvil, por ejemplo, el internet móvil que tenemos en los celulares, ha crecido 350 por ciento; la cantidad de accesos de internet de banda ancha fija en los hogares ha aumentado a más de 70 de cada 100 hogares conectados, cuando antes teníamos menos de 40.
Estos son elementos relevantes que dan cuenta de cómo ha evolucionado el sector de las telecomunicaciones, y sí creemos que para esa evolución ha sido muy relevante que el IFT cuente con esta autonomía constitucional que, como digo, se basa en la especialización técnica y en la independencia. En este periodo de 11 años del IFT, esta institución fue reconocida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo especializado de las Naciones Unidas para las telecomunicaciones que nos reconoció como un regulador de quinta generación, la máxima categoría que existe para los reguladores, basándose en la independencia y en la toma de decisiones con alta especialización técnica, fundada en evidencia, y con un enfoque de regulación colaborativa, es decir, que toma en cuenta todas las partes interesadas a través de consultas públicas.
Estos datos duros sobre la evolución dan cuenta de que se trata de un modelo institucional que ha funcionado. No somos una isla ni mucho menos; somos una institución pública del Estado mexicano que debe rendir cuentas a la sociedad; todo nuestro trabajo es auditable y está abierto al escrutinio público en un escenario de plena transparencia para que todas las decisiones sean revisables.
De perder su autonomía, ¿qué impacto tendría eso en los usuarios?
Javier Juárez – La evolución que ha tenido el sector y el hecho de que se cuente con este diseño institucional han dado la certeza necesaria para atraer más inversiones, más competencia, y eso es lo que al final de cuentas se ha traducido en un aumento de la oferta de los servicios, la disminución de los precios y el incremento de la calidad. Es importante continuar con este modelo, porque con base en la especialización técnica a la que me refería se han tomado varias decisiones; por ejemplo, se eliminó el que llama paga, tanto de manera local como nacional, ya no tenemos roaming, en los servicios móviles se eliminó la larga distancia y se permite la portabilidad numérica en menos de 24 horas. El IFT tuvo que definir las reglas técnicas para que eso ocurriera. Todos estos son elementos muy relevantes que se han reflejado de manera directa en el sector de las telecomunicaciones y en beneficio de los usuarios, y eso en lo relativo a las telecomunicaciones en materia de radio y televisión. El IFT también llevó a cabo la primera licitación de dos cadenas nacionales de televisión: se asignó una; otra quedó desierta. Y pues eso, junto con la transición a la televisión digital terrestre, hizo que México fuera el primer país de Latinoamérica que transitó a la televisión digital terrestre, la cual permite que hoy las audiencias de televisión abierta tengan más de 1,300 canales, 500 canales más de los que se tenían en 2013. Por eso es importante preservar este modelo de autonomía, que es el que nos permite contar con especialización técnica y actuar con plena independencia.
Ante el impacto que puede tener en general en la ciudadanía y en la democracia la potencial pérdida de la autonomía de este instituto, ¿qué hacer?
Javier Juárez – Cuando fue presentada esta iniciativa de reforma por parte del titular del Ejecutivo el 5 de febrero de este año, nosotros inmediatamente expresamos un posicionamiento público. El asunto siguió avanzando, se llevaron a cabo algunos foros, y el 23 de agosto fue dictaminada la propuesta en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Ahí consideramos que era importante expresar un nuevo posicionamiento sobre cómo veíamos la reforma. Lo que nos corresponde es seguir atentos al proceso legislativo, seguir dando a conocer y visibilizar la evolución que ha tenido el sector en los 11 años de existencia del IFT, para que la gente conozca su trabajo. De igual manera, acercaremos este tipo de datos a los integrantes del Poder Legislativo para aportarles elementos argumentativos para rechazar la reforma.
Como usuario del IFT, en caso de aprobarse la reforma de simplificación administrativa, ¿eso me afectaría directamente?
Javier Juárez – A veces, aunque no nos demos cuenta, estamos viviendo en esta economía, en esta sociedad de la información y el conocimiento, donde las telecomunicaciones y la radiodifusión son parte de nuestro día a día. Lo pudimos ver en la pandemia: cómo, gracias a la conectividad, se pudieron mantener las actividades diarias, como la educación, las citas médicas, el teletrabajo. Esto que les mencionaba hace rato sobre la migración a la televisión digital terrestre, por ejemplo, nos permite tener canales multiplexados en el mismo ancho de banda que un canal de radiodifusión de 6 megahertz, pues fue lo que también permitió que el Estado mexicano, concretamente la Secretaría de Educación Pública, pudiera poner en marcha el programa Aprende en Casa con esa capacidad. En ese sentido, es muy importante seguir consolidando esta evolución del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, porque tiene impacto en la vida de los mexicanos y porque es, además, uno de los conocidos como derechos llave porque influyen en el ejercicio de otros derechos, como la educación, la salud, el comercio, el trabajo, entre otros. Yo pienso que es importante seguir consolidando el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, que es precisamente el mandato constitucional que tiene el IFT: fomentar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
