Fany Lorena Jiménez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, está coordinando la obra colectiva Hacia un Código Nacional de Justicia Administrativa dirigida a promover la reflexión sobre la importancia que tiene la homologación de las justicias administrativas locales en el país. Platicamos con ella sobre algunos de los aspectos de su propuesta con la intención de propiciar la discusión sobre el tema.
¿Cuál es la importancia de homologar la justicia administrativa en el país?
Fany Jiménez – La justicia administrativa es una de las materias que engloban mayores áreas de desarrollo. En los tribunales de justicia administrativa vemos desde materias urbanas y ambientales hasta materias laborales y de juicio de nulidad. Implementar una homologación implicaría que todos los tribunales puedan hablar en el mismo lenguaje.
Hoy en día, cada estado determina sus reglas de operación en estas materias. Por ejemplo, en derecho urbano, para una construcción, una entidad federativa maneja sus propios requisitos y sus propias modalidades de trámites; esto puede dificultar el trabajo de los litigantes y de los postulantes que son de fuera de ese estado, aún más si ese trámite recae en un tribunal pues el derecho se tendría que aplicar de una forma diferente.
Una homologación implica que la justicia administrativa hable un solo idioma, que sea permeable, totalmente conocido por la academia, por los postulantes y por los ciudadanos. Es fundamental lograr que se unifiquen estas normas, sobre todo en lo relativo a sus criterios y a su operación. Eso no mermaría la independencia con la que se legisla en cada estado de la República.
¿Qué retos implica el ejercicio de homologación?
Fany Jiménez – El primero y más grande es lograr que los congresos y las autoridades que toman decisiones para lograr este cambio se preparen para este nuevo paradigma que implica comprender que se tiene que cambiar en beneficio de un solo sistema.
Hoy la justicia está muy avanzada. Tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales único; y también uno en materia civil y familiar. La homologación en materia administrativa conlleva lograr una uniformidad que facilite todo: trámites, procesos, resultados. Hará que todo sea más ágil.
El reto más grande es que eso lo entendamos las autoridades que nos dedicamos a aplicar la ley y aquellas personas que toman de decisiones en los congresos. Es una gran oportunidad para simplificar el desarrollo del derecho administrativo, no sólo en un estado sino en todo el país.
¿Cuáles van a ser los beneficios para la ciudadanía?
Fany Jiménez – Todos, absolutamente. Uno como empresario, por ejemplo, que tiene negocios en un estado como Jalisco, y que posiblemente también los tenga en Michoacán o en Zacatecas, que son estados colindantes, podrá manejar un solo sistema en su forma de operar toda la tramitología y el proceso para obtener los derechos que concede la ley en esa materia.
La homologación ayudará a que los trámites que se realizan de manera cotidiana sean mucho más sencillos, para que las personas puedan encontrarse con formatos ciudadanos y acceder a ellos sin necesidad de recurrir a grandes corporativos.
Sin lugar a dudas, eso va a beneficiar al ciudadano de a pie, pero también a la autoridad que va a lograr quitarse muchos tabúes y frenos sobre la forma en la que opera día a día en la aplicación de la justicia. No todos los servidores públicos que aplican el derecho administrativo son abogados o conocen la materia. Tener un sistema homologado ayudará a su aplicación de una forma mucho más práctica, haciendo más accesible la justicia, como lo manda la Constitución, de forma expedita, práctica y rápida.
Para los impartidores de justicia sería una forma más rápida de despachas trámites y expedientes.
Hacia un Código Nacional de Justicia Administrativa.
¿Cuál es el objetivo de esta obra?
Fany Jiménez – Proponer una forma para facilitar la impartición de justicia en materia administrativa a través del conocimiento de las formas en las que se está desarrollando y proponiendo una homologación de los sistemas locales.
¿Quiénes conforman la obra?
Marco Antonio Zeind – Académicos y académicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, magistrados y magistradas de tribunales de justicia administrativa locales y personal adscrito a estos tribunales que están en el día a día como operadores jurídicos llevando la justicia administrativa al ámbito de la realidad.
¿Cómo puede la gente acceder a la obra? ¿Habrá presentaciones? ¿Cómo puede sumarse el diálogo con los autores?
Fany Jiménez – En primer lugar, acercándose a una primera obra que publicamos y que detonó la creación de esta segunda. Me refiero a Derecho procesal administrativo mexicano. Haremos presentaciones en diferentes estados de la República para darla a conocer en los campus universitarios. Hoy, la justicia tiene que ser accesible y fácil, no sólo para los que impartimos o somos conocedores del derecho, sino para los estudiantes y las personas que en algún momento acceden a esa justicia.
¿Cómo invitar a las personas a que lean la obra?
Marco Antonio Zeind – Leer el primer ejercicio al que alude la magistrada: Derecho procesal administrativo mexicano; razón de ser de esta nueva obra, porque nos permite conocer cómo está regulado el procedimiento contencioso administrativo en las entidades federativas. Ahí identificamos, conjuntamente con la Asociación de Magistradas y Magistrados de Justicia Administrativa Locales y las académicas y los académicos de la Facultad de Derecho, todas las diferencias que hay en la regulación de este procedimiento en cada una de las 32 entidades federativas, así como las innovaciones que se pueden realizar a través de un Código Nacional de Justicia Administrativa, en el que se regularía la parte adjetiva del derecho administrativo.
Esta nueva obra va a recuperar algunas situaciones que hoy están fuera de uso o que en su momento no se tomaron en cuenta con seriedad, pero que en la actualidad ya se han desarrollado en tribunales y en diversos entes administrativos. Es una propuesta maravillosa que involucra a la academia (la formación) y a los funcionarios (la impartición de justicia).
