Raúl Contreras Bustamante y Marco Antonio Zeind Chávez (coords.)
Facultad de Derecho/Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos/Tirant lo Blanch
2024
El libro Los organismos constitucionales autónomos como garantes de derechos humanos, cuya publicación está prevista para finales de 2024, es coordinado por Raúl Contreras Bustamante y Marco Antonio Zeind Chávez. Esta obra ofrece una profunda exploración de la función y la evolución de los organismos constitucionales autónomos (OCA) en México, abordando su marco jurídico, su interacción con los poderes tradicionales del Estado y su papel en la protección de los derechos fundamentales.
El texto se organiza en 11 apartados, en los que participan 34 coautoras y coautores, entre los cuales destacan José Ramón Cossío Díaz, Jean Claude Tron Petit y Rafael Martínez Puón, por mencionar algunos. Estos autores abordan temas como los siguientes: i) las generalidades de los organismos constitucionales autónomos; ii) el Banco de México (Banxico); iii) el Instituto Nacional Electoral (INE); iv) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); v) el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); vi) el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); vii) la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); viii) el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); ix) la Fiscalía General de la República (FGR), y x) el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), como los OCA vigentes encargados de la protección de diversos derechos humanos, así como xi) la evolución de los mismos.
La obra comienza con un análisis histórico sobre los antecedentes de los OCA y su surgimiento como resultado de la necesidad de garantizar una división de poderes más efectiva en un contexto democrático. A medida que los gobiernos enfrentaban mayores desafíos en términos de corrupción y protección de derechos, la creación de organismos independientes se convirtió en una respuesta necesaria para asegurar la transparencia y la justicia.
Posteriormente, se detalla cómo estos organismos fueron una respuesta a la creciente complejidad del Estado moderno y a la necesidad de superar las limitaciones impuestas por el artículo 49 constitucional que establece la tradicional división de poderes. El libro argumenta que la aparición de los OCA representa un “cuarto poder”, esto es, una esfera de gobierno independiente, separada de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Un aspecto fundamental que se aborda en esta obra es el papel de estos organismos en los tratados internacionales y cómo se han convertido en actores clave para garantizar que México cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Así pues, se estudia con detalle a Banxico como garante de derechos humanos. Aunque tradicionalmente se asocia con la estabilidad financiera, este capítulo subraya cómo la política monetaria afecta de manera directa algunos derechos fundamentales.
Otro organismo destacado en este análisis es el INE, por su papel como garante de la integridad electoral, pues no sólo asegura elecciones justas, sino también protege el derecho ciudadano a participar en procesos democráticos limpios y transparentes. Por su parte, se reflexiona sobre la CNDH como la principal defensora de los derechos humanos, a través de la efectividad de sus recomendaciones en casos de violaciones a esos derechos.
La transparencia es otro eje central del libro, ya que se examina a fondo al INAI, como una herramienta vital para el combate a la corrupción. A través de estos capítulos se pone énfasis en la importancia de la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre las acciones del gobierno. Además, se analiza el INEGI por su destacada participación en la recolección de datos confiables y actualizados, esenciales en la toma de decisiones en el sector público, ya que permiten elaborar una planificación más efectiva.
Por otro lado, el apartado sobre la Cofece ofrece un análisis detallado sobre el derecho a la libre competencia y concurrencia, mientras que el apartado acerca del IFT se centra en la garantía de los derechos de acceso a las telecomunicaciones y a la radiodifusión en México.
El estudio de la FGR resalta las facultades de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, que actúa en casos de violaciones a estos derechos, y ofrece una reflexión sobre cómo este OCA se ha consolidado como un actor clave en el sistema de justicia mexicano. Finalmente, se examinan los desafíos de la medición de políticas públicas, así como las estrategias para fortalecer estos procesos, garantizando que las políticas realmente impacten positivamente a la población, desde la óptica del Coneval.
La obra culmina con una reflexión sobre los retos que enfrentan actualmente los OCA en México. En el apartado final se expone la “encrucijada” en la que se encuentran estas instituciones: entre su función como garantes de derechos humanos y la creciente presión política para limitar su autonomía. Lo anterior plantea una cuestión crítica sobre el futuro de estas instituciones y acerca de su capacidad para seguir siendo independientes y efectivas en la protección de los derechos humanos.
Sin duda alguna, el libro Los organismos constitucionales autónomos como garantes de derechos humanos es de lectura obligatoria para comprender el papel tan relevante de estas instituciones en la protección de los derechos fundamentales en México. Con un enfoque en la independencia, la transparencia y la participación ciudadana, esta obra no sólo examina el marco legal sino también aborda preguntas esenciales sobre el futuro de la democracia mexicana y la capacidad del Estado para garantizar los derechos humanos de su población. Su relevancia aumenta en el contexto de la reforma conocida como “de simplificación administrativa”, que propone la eliminación de cuatro de los OCA analizados en esta obra.
