Adriana Greaves analiza la audiencia que se llevó a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la reforma al Poder Judicial en México, hecho que ha servido para visibilizar los riesgos que conlleva esta reforma constitucional y las implicaciones que tiene para la vida en democracia, y argumenta sobre la importancia de que se vincule más a la justicia con el derecho que con el poder.
En una reciente audiencia llevada a cabo el 12 de noviembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó la controversial reforma judicial en México. A diferencia de las audiencias que buscan resolver casos específicos, esta fue una audiencia temática, cuyo objetivo no era tomar una decisión sobre la admisibilidad de un caso, sino monitorear y visibilizar una situación de derechos humanos que afecta a México, promoviendo el diálogo –e incluso las risas de incredulidad– entre diversos sectores, como el Estado, el poder judicial y la sociedad civil. Las risas reflejaron la reacción de frustración de muchos presentes al escuchar que el Estado defendía la reforma como un proceso inclusivo, cuando los propios asistentes manifestaron haber sido excluidos de cualquier consulta o diálogo real.
Actualmente, la reforma judicial sigue su curso en los tribunales nacionales, con varios amparos y controversias pendientes de resolución en la Suprema Corte. Esto significa que la CIDH no puede emitir un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la reforma; sin embargo, tiene la capacidad de señalar áreas críticas y de generar recomendaciones que fortalezcan la protección de los derechos humanos en el contexto judicial.
Esta audiencia, lejos de ser un mero trámite, buscó visibilizar las profundas preocupaciones que la comunidad internacional, los propios jueces y las organizaciones de la sociedad civil tienen respecto a la independencia judicial en nuestro país. Aunque no se trató de una audiencia vinculante, la CIDH dejó clara su postura: la reforma representa un riesgo real para la autonomía y el debido proceso dentro de nuestro sistema de justicia. Con ello se marca, entonces, un paso importante para visibilizar el problema y abrir una vía para el monitoreo de la situación judicial en México.
La democracia y la justicia en una encrucijada
México necesita una reforma judicial que asegure el acceso a una justicia efectiva, pronta y expedita, y que combata efectivamente la corrupción y el nepotismo, pero esta labor no debe centrarse exclusivamente en las personas juzgadoras. Un cambio real y duradero requiere limpiar profundamente las instituciones clave de justicia y seguridad, incluyendo policías, fiscalías y el Ministerio Público. Sin abordar la corrupción estructural en estos pilares, la reforma carece de sustancia y deja sin resolver el corazón del problema, y como señaló la comisionada Roberta Clarke, ello no puede lograrse a costa de la independencia judicial. La reforma actual, que propone la elección popular de jueces, crea una vulnerabilidad peligrosa: al ser electos, los jueces quedarían expuestos a influencias de poderes económicos y del crimen organizado, debilitando la protección que el sistema judicial debe ofrecer a la ciudadanía. Clarke enfatizó que la independencia judicial es esencial para que los derechos humanos de todos los mexicanos se respeten; sin embargo, esta reforma, lejos de proteger esa independencia, la compromete.
Una reforma apresurada y sin consenso
El comisionado Carlos Bernal Pulido expuso sus dudas ante lo que calificó como «constitucionalismo abusivo». Desde su perspectiva, la reforma carece de un proceso deliberativo adecuado, excluyendo a los jueces y magistrados de la discusión y dejando fuera una visión técnica y participativa. México, señaló Bernal, corre el riesgo de que el gobierno aproveche esta reforma para consolidar su poder y eliminar controles clave al poder ejecutivo. Sin un diagnóstico serio, con premura en su aprobación, sin involucrar a todos los actores del sistema judicial, y sin incluir mecanismos que limpien la corrupción en la policía y las fiscalías, esta reforma corre el riesgo de ser solo una fachada que profundice los problemas de justicia en lugar de resolverlos, alimentando la percepción de que su propósito no es fortalecer, sino controlar el sistema de justicia en México.
El impacto directo en los derechos laborales de los jueces
Otro aspecto relevante que surgió durante la audiencia es la amenaza que la reforma representa para los derechos laborales de los trabajadores judiciales. La jueza de distrito, Carmen López, advirtió que el cambio en la estructura laboral judicial afecta la estabilidad profesional y podría truncar proyectos de vida, así como las aspiraciones de quienes han dedicado su carrera a la justicia. Ante esto, representantes de organizaciones, de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal y del Colegio de Secretarios recalcaron la importancia de respetar el mérito y la experiencia en el nombramiento de jueces, evitando que se vulneren los derechos de los actuales trabajadores, en tanto –y como incluso resaltó Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU– el derecho a un juicio justo y a un tribunal imparcial implica que la garantía a la estabilidad e inamovilidad de los jueces y magistrados, no es un derecho solo de los propios jueces, sino también de la sociedad en su conjunto, como una garantía indispensable para el respeto y la protección de los derechos humanos y el estado de derecho.
¿Qué sigue para México?
La CIDH podría intervenir de diversas maneras, desde ofrecer asesoría técnica al Estado mexicano en temas de independencia judicial hasta elaborar recomendaciones y monitorear el proceso de implementación de la reforma. Este respaldo internacional sería crucial para guiar a México hacia una reforma que realmente fortalezca la justicia en lugar de debilitarla. En última instancia, la justicia debe servir a todos, y no ser un recurso manipulado por intereses políticos.
Un derecho del pueblo, una responsabilidad del Estado
La reforma judicial debe ser un reflejo integral del deseo de todos los mexicanos por un sistema de justicia eficiente, libre de injerencias políticas y conflictos de interés, imparcial, autónomo y cercano a la gente. Como sociedad, debemos vigilar que las reformas no sacrifiquen la imparcialidad por la mera apariencia de democracia. La CIDH seguirá monitoreando el proceso y las consecuencias de esta reforma en los derechos humanos de los mexicanos. La justicia, para que sea realmente efectiva, debe estar siempre del lado del derecho, no del poder.
La justicia no debe estar al servicio del poder, sino de la ley y de la gente. Proteger la independencia judicial no es solo un derecho de los jueces, sino una garantía de que, ante cualquier abuso, los ciudadanos encontraremos en los tribunales un refugio seguro y verdaderamente imparcial.
