A 10 años de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, nuestro país y, en especial, el sistema nacional de salud mexicano, enfrenta grandes desafíos —que aquí aborda la autora— para garantizar el derecho a la salud de los mexicanos, especialmente en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19.
El concepto de salud ha ido evolucionando a lo largo del tiempo pues ésta ha pasado de ser concebida como una ausencia de enfermedad a la consideración global del individuo, donde se toman en cuenta factores físicos, mentales e incluso sociales. Es importante destacar que el derecho a la salud es una de las principales necesidades de la vida humana y su goce resulta indispensable, toda vez que se trata de un derecho habilitante sin el cual no podríamos ejercer otros derechos.
En la Constitución mexicana, el derecho a la salud se encuentra reconocido, de manera muy general, en el artículo 4, párrafo cuarto, que establece que la ley garantizará y protegerá el acceso a la salud de las personas. Esta definición trae aparejada la garantía de acceso a las prestaciones básicas de salud. Con fundamento en lo anterior se crea el Sistema Nacional de Salud, el cual está conformado por las dependencias y las entidades de la administración pública federal y local, así como por las personas físicas y morales del sector privado que prestan los servicios de salud, lo cual quiere decir que podemos dividir el Sistema Nacional de Salud en dos sectores: el público y el privado.
En México, la protección a la salud y su cobertura universal han sido una aspiración durante muchos años; sin embargo, la pandemia nos ha demostrado que esos objetivos no han sido alcanzados. El Sistema Nacional de Salud ha sido rebasado por el alto número de contagios y fallecimientos por causa del Covid-19, evidenciando las carencias de nuestras instituciones, como la falta de médicos, enfermeros y equipo, lo cual ha tenido consecuencias devastadoras para los pacientes.
En México, por cada 10,000 habitantes tenemos 27 miembros de personal médico, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda tener al menos 44.
Antes de que se produjera la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaba a los países que destinaran al menos 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) al gasto público en salud, pero en México actualmente sólo se destina 2.7 por ciento, es decir, más de tres puntos porcentuales por debajo de lo recomendado por la OMS, aun en medio de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Aunado a lo anterior, existe un déficit de personal de casi 200,000 médicos y 300,000 enfermeros, es decir, que por cada 10,000 habitantes tenemos 27 miembros de personal médico, cuando la OMS recomienda tener al menos 44.
El mundo post-Covid
De acuerdo con los expertos, la pandemia por Covid-19 y el virus Sars-CoV-2 sólo podrán ser contenidos de la misma forma que ocurrió con la influenza: cuando se inmunice a la población, es decir, al contar con vacunas efectivas que permitan una inmunidad de rebaño (o de grupo) en la población. Lo anterior sólo será posible si se cumple el gran reto de poner la vacuna a disposición universal y a un precio accesible, además de lograr que más de 70 por ciento de la población esté vacunada. De esta manera, se controlará la saturación de las instituciones de salud y podrá brindarse atención a los pacientes que se encuentren en estado crítico o a aquellos que necesiten servicios especializados como la intubación.
Entre los grandes retos que enfrenta el Sistema Nacional de Salud se encuentran los que se describen a continuación.
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Las condiciones de los trabajadores de salud
El Covid-19 ha traído al país una situación de peligro y vulnerabilidad para los trabajadores de la salud —quienes han estado en la primera línea de acción contra la pandemia—, debido a la falta de equipo de protección: guantes, mascarillas médicas, gafas de seguridad, entre otros, lo cual ha generado un aumento constante de los contagios y los fallecimientos del personal médico. Según Amnistía Internacional, actualmente México se encuentra en el primer lugar de fallecimientos de personal sanitario por causa del Covid-19, con 1,320 muertes confirmadas.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante una sesión del Consejo de Salubridad, afirmó que la institución ha respondido en diversas líneas de acción enfocadas en la capacitación, en el programa de salud mental Covid-19, en el aval técnico-médico para acuerdos de trabajo domiciliario para atender a personas vulnerables, en la incapacidad temporal como enfermedad de trabajo, en el bono Covid-19 y en equipos de protección personal. Sin embargo, prevalecen las quejas sobre la insuficiencia del equipo de protección, el agotamiento físico y mental del personal de salud debido a las largas jornadas de trabajo, así como los bajos salarios que perciben.
Por hallarse en la primera línea del combate contra la enfermedad, el personal de salud que trabaja para las instituciones públicas ha sido definido como prioritario para recibir la vacuna. Sin embargo, surge un conflicto cuando no se concede esa misma prioridad al personal que labora en el sector privado, por lo cual éste ha mostrado reiteradamente su inconformidad y ha exigido un trato igual al que se dispensa al sector público, dándoles la posibilidad de acceder a la vacuna, pues ellos también atienden a los pacientes enfermos y, en muchos casos, los médicos de las colonias y los barrios son los primeros en recibir a los enfermos contagiados por Covid-19. Esta exigencia ha trascendido al ámbito legal, pues se han presentado amparos de más de 160 integrantes del sector médico privado para que se les aplique la vacuna.
El hecho de no vacunar al sector privado hace evidente la necesidad de volver a analizar el Plan Nacional de Vacunación, en virtud de que no se está protegiendo a todos los que conforman la primera línea de acción contra el Covid-19, sino sólo a una parte de ella.
Actualmente existe un Sistema Nacional de Salud incapaz de brindar atención universal a toda la población, lo cual genera una situación de desigualdad entre los derechohabientes de las diversas instituciones de salud del país y las personas que no están afiliadas en éstas. Si bien la atención de este último grupo de personas le corresponde al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a más de un año de su creación aún se desconoce el catálogo de enfermedades que deben ser garantizadas y atendidas por este instituto.
El federalismo y los decretos
La pandemia por Covid-19 ha puesto bajo presión a las entidades federativas, pues éstas han tenido que tomar medidas extraordinarias para hacer frente al virus. Sin embargo, la coordinación entre los estados de la República ha sido un gran reto, de manera que cada orden de gobierno ha respondido y actuado de manera desarticulada y, en algunos casos, contradictoria.
La respuesta de las entidades ha ocasionado una confusión de mensajes y de acciones gubernamentales, lo cual hace cuestionar la eficacia de la respuesta de México frente a la crisis ocasionada por la pandemia. Estas medidas sin concierto hacen evidente los problemas de política social que existen en el país, pues a pesar de que se cuenta con el Consejo de Salubridad General (CSG), un órgano colegiado de amplia profesionalización, no se han podido implementar medidas ni dictar disposiciones generales obligatorias que permitan la actuación coordinada del sistema de salud.
En consecuencia, constituye una prioridad la emisión de decretos que expresen claramente qué se tiene que hacer, a quién se dirigen, en cuánto tiempo deben efectuarse y de qué manera, así como las sanciones en caso de incumplimiento. En estos momentos de crisis sanitaria es menester que las instituciones de salud se encaminen de manera ordenada para hacer eficiente la atención médica y el uso de recursos.
Asignación de recursos
Como se mencionó al principio del presente artículo, el presupuesto designado al ramo de salud es insuficiente, pues no coincide con el incremento proporcional del número de derechohabientes del Sistema Nacional de Salud. Y mientras no crezca en la misma medida, los recursos no serán suficientes para atender a las personas que lo requieran.
Contar con un sistema de salud que no puede brindar la atención médica a todos los derechohabientes propicia que la población que cuenta con recursos económicos suficientes recurra a las instituciones de salud privada, lo cual pone a México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como uno de los países con mayor gasto de bolsillo destinado a servicios de salud, que se eleva a 41.4 por ciento del gasto total en salud en México.
Actualmente existe un Sistema Nacional de Salud incapaz de brindar atención universal a toda la población, lo cual genera una situación de desigualdad entre los derechohabientes de las diversas instituciones de salud del país y las personas que no están afiliadas en éstas. Si bien la atención de este último grupo de personas le corresponde al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a más de un año de su creación aún se desconoce el catálogo de enfermedades que deben ser garantizadas y atendidas por este instituto.
Entre las propuestas para hacer frente a este problema se encuentran las siguientes: a) el desarrollo de un plan financiero enfocado a garantizar la atención médica universal; b) la integración de políticas que aseguren que el Presupuesto de Egresos no sea menor al del ejercicio fiscal anterior o que se mantenga arriba de determinado porcentaje del PIB; c) la recaudación de impuestos especiales destinados a la salud. Si se implementaran estas medidas se podría garantizar un sistema sostenible y sustentable que brinde una atención médica universal de primer nivel.
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Sistema de vacunación
Hasta el día de hoy, ninguna vacuna contra el Covid-19 ha sido autorizada para su aplicación si no es para uso de emergencia, lo cual quiere decir que la evidencia sobre la eficacia clínica, la inmunogenicidad y la seguridad de las vacunas que se están aplicando aún es muy limitada, por lo que diversos inmunólogos y virólogos aseguran que en unos meses necesitaremos, por lo menos, una dosis de refuerzo.
La protección que brindará la vacuna dependerá tanto de las defensas inmunológicas de cada individuo, como de la carga viral a la que sea expuesto. No obstante, por estar expuesto a alguna variante del coronavirus para la cual la vacuna no tiene eficacia, el Estado deberá mantener una constante vigilancia para atajar la reaparición de brotes que puedan representar una nueva amenaza. En este contexto, para mitigar esa amenaza habrá que inclinarse por el desarrollo de tecnologías que permitan identificar la enfermedad durante su primera etapa, toda vez que al ser detectada y tratada antes de su expansión en el cuerpo podrán evitarse las siguientes fases —neumonía y tormenta citoquímica— que ponen en riesgo la vida del paciente y disminuirá el riesgo de contagio en la población.
Si bien no se ha confirmado, se presume que la vacuna contra el Covid-19 deberá ser aplicada de manera periódica, por lo que tendrá que ser incluida en la cartilla de vacunación, lo cual implica que regularmente deberá desplegarse una campaña de inoculación masiva que brinde a la población el acceso universal y gratuito a la vacuna.
Comité multidisciplinario
El CSG depende directamente del presidente de la República y es presidido por el secretario de Salud, quien tiene como mandato la emisión de disposiciones obligatorias en materia de salubridad general, con el auxilio de un secretario y 13 vocales titulares.
El ámbito de acción del CSG abarca a las organizaciones públicas y privadas que constituyen el Sistema Nacional de Salud y a todas aquellas que estén relacionadas con éste, incluidas las autoridades administrativas federales, estatales y municipales. Sin embargo, el CSG ha fallado en atacar el problema desde diversos ámbitos: antropológico, psicológico, económico, etcétera.
Por lo anterior, se propone la creación de un comité multidisciplinario con facultades para emitir disposiciones de carácter obligatorio y que pueda hacer frente a la pandemia de Covid-19 y a las amenazas de salud que surjan en el futuro. Este comité deberá estar integrado por antropólogos, psicólogos, epidemiólogos, infectólogos, abogados, economistas, entre otros, pues el problema de la pandemia no sólo se trata de un tema de biología; las secuelas que deja el coronavirus provocan consecuencias en todos los aspectos de la vida de las personas. Se ha comprobado que los países que abordaron la pandemia desde diversas perspectivas han tenido un mejor control del problema.
Muchos países volvieron a contagiarse durante una tercera ola de Covid-19, lo que al parecer podría ser el principio de una nueva propagación del virus a nivel global. La pandemia ha representado una pesadilla para la población, pues ha devastado a familias enteras que han tenido que padecer la enfermedad o el fallecimiento de alguno sus miembros; ha incrementado los niveles de pobreza, el desempleo y el cierre de pequeñas y medianas empresas; ha producido estragos psicológicos en la gente, y ha puesto obstáculos a la educación. En suma, ha tenido un sinnúmero de consecuencias que aún no podemos valorar en su justa dimensión.
Cuando hablamos de un mundo post-Covid nos referimos a una era que aún no ha comenzado. El futuro de México y de las instituciones de salud nacionales dependerá de la respuesta efectiva del gobierno a la pandemia, una vez que se replantee la manera de combatir el virus.
El acceso universal a la salud, un adecuado financiamiento, así como un sistema de salud que procure, motive y capacite al personal médico, son elementos clave para luchar contra el Covid-19.
Una vez que se haya garantizado el acceso a la salud, el gran reto será reactivar la economía y generar círculos virtuosos de crecimiento para recuperar los ingresos de las familias y el bienestar social.
