¿Qué es la Red de Abogadas Indígenas?
Flora Gutiérrez. La Red de Abogadas Indígenas surgió en 2011, a cuatro años de haberse publicado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Junto con otras compañeras abogadas, hermanas indígenas de distintos pueblos de México, nos juntamos para analizar esa ley. Una de las cosas que veíamos ahí era que no tomaba en cuenta, para la expedición de las órdenes de protección, a las autoridades comunitarias. Identificamos ese vacío. A eso es a lo que llamamos ausencia de perspectiva intercultural. A pesar de que en 2001 hubo la primera reforma a lo que antes era el artículo cuarto (hoy el segundo) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se reconoció el carácter pluricultural de México, el marco legal seguía siendo monocultural. Y en una ley tan importante para la prevención, la sanción y la reeducación de la violencia en contra de las mujeres, esta ausencia nos preocupaba: ahí no existíamos las mujeres indígenas ni las niñas indígenas; no se consideraban nuestros contextos ni nuestras autoridades.
También reflexionamos acerca de que en el interior de nuestras comunidades seguían ocurriendo los casos de violencia de género en contra de las mujeres, y de violencia familiar, que en muchas ocasiones no se resuelve con base en la justicia comunitaria porque se considera un tema de pareja que tiene que ser resuelto en la familia, y eso repercute en el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Por un lado, la ausencia de la perspectiva de género en el seno de las comunidades y de la justicia comunitaria, y, por otro lado, la falta de reconocimiento de la justicia comunitaria en el estado, en sus instituciones y en sus marcos legales, influyeron en la forma en que se hizo esa ley. Como mujeres que pertenecemos a las comunidades y que estudiamos derecho, esto nos afectaba, porque, por un lado, el derecho no estaba siendo una herramienta de transformación social para la vida de las mujeres y de las comunidades, y, por otro lado, el manejo de la violencia en contra de las mujeres en el interior de las comunidades no era el ideal. Así fue como surgió la Red de Abogadas Indígenas. Estábamos su servidora, una compañera hermana de Villa Rica (Jalisco), una compañera odami de Michoacán, una compañera triqui inmigrante de Baja California y dos compañeras purépechas, entre otras.
Paralelamente a la reflexión sobre esa ley, empezamos a visibilizar nuestra ausencia en la gran mayoría de los marcos legales, los cuales se habían elaborado sin una perspectiva intercultural.
¿Cuál es el estatus de los derechos de las mujeres indígenas en el país? ¿A qué retos se tienen que enfrentar para el ejercicio y la garantía de sus derechos?
Yuteita Hoyos. Los derechos de las mujeres indígenas se encuentran aún en una etapa en la que no son plenamente reconocidos, ni respetados, ni garantizados. La Red de Abogadas Indígenas nació con el objetivo de luchar por que los derechos de las mujeres indígenas sean reconocidos por el Estado y por otros actores y actoras, pues los derechos de las mujeres indígenas tienen ciertas particularidades derivadas de contextos diversos y complejos, para que a partir de ese reconocimiento pueda lograrse la garantía de su respeto y su ejercicio.
Desde la Red de Abogadas Indígenas hablamos específicamente del derecho al acceso a la justicia como un eje central que abre la oportunidad de ejercer los demás derechos. Con base en nuestra experiencia acompañando a mujeres y a niñas en situaciones de violencia, pero también a sus comunidades, planteamos que no podemos hablar sólo de derechos de las mujeres a título individual, sino en esta sinergia que existe con sus pueblos y con sus comunidades. Nosotras mismas surgimos como mujeres abogadas indígenas, con respaldo e historia de nuestros territorios.
Todavía falta un gran camino que recorrer en esta defensa para garantizar los derechos de las mujeres indígenas, pero hemos estado organizadas durante varios años, no solamente en la Red de Abogadas Indígenas, sino en un gran grupo de mujeres indígenas que ha abierto camino en espacios tanto nacionales como internacionales. Siempre he dicho que las mujeres indígenas han sido vanguardistas en las luchas por sus derechos a lo largo de la historia. En eses batallas siempre hemos estado las mujeres indígenas, a pesar de que no existe un reconocimiento histórico de nuestro papel. N obstante, la Red de Abogadas Indígenas sigue abriendo brecha para otras mujeres indígenas y otras abogadas indígenas.
¿Cómo han logrado el reconocimiento y el por sus derechos humanos, en el ámbito comunitario y estatal?
Flora Gutiérrez. La lucha de las mujeres por el reconocimiento de nuestros derechos y de nuestros pueblos no es reciente. Proviene desde hace muchos años. En los últimos tiempos se ha cristalizado y visibilizado a raíz de lo que pasó el 1° de enero de 1994 con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que vino a evidenciar la presencia de la población indígena en este país. Todos los cambios legales que ha habido, hasta el actual artículo segundo constitucional, han sido gracias a las luchas de los pueblos. Nada nos ha sido concedido de manera gratuita por parte del Estado. Han sido las organizaciones de los pueblos las que hemos estado empujando y alzando la voz para que la sociedad sepa que aquí estamos. Hoy, por ejemplo, a pesar de que tenemos un vasto marco jurídico a nivel internacional, nacional y local en las entidades federativas, donde se reconocen los derechos de las personas y de las comunidades indígenas, el problema sigue siendo la materialización de esos derechos.
Esto tiene que ver con el hecho de que México es un país profundamente racista. Es falso cuando se afirma que la nación mexicana es única e indivisible, pues en México no existe una sola nación. El nuestro es un Estado en el que convergen muchísimas naciones, porque las poblaciones indígenas nos consideramos naciones. De entrada, ahí está nuestra resistencia. El racismo ha sido un factor que ha impedido que se materialicen los derechos contenidos en los instrumentos legales. Las estadísticas señalan que la población indígena es la más pobre. ¿Por qué es así? Porque nos siguen viendo como personas inferiores. Podemos tener la mejor ley escrita pero lo que tiene que cambiarse es el chip. Eso es lo que tendríamos que reflexionar. Y el derecho tendría que ser la herramienta del cambio que nos ayude a revertir la histórica discriminación racial.
¿El Estado debe reconocer a las comunidades indígenas a través de su derecho, o debe haber un sistema de pluralismo jurídico?
Yuteita Hoyos. Retomando las palabras de la maestra Flora, para poder hablar de pluralismo jurídico, de interlegalidad y de coordinación entre justicias, primero tendríamos que plantear un enfoque transversal antirracista en todas las políticas del Estado. Esto lo digo porque ya existe el reconocimiento del pluralismo jurídico; se encuentra en el artículo segundo constitucional, así como en diversos convenios internacionales que México ha suscrito, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, entre otros. En todas estas convenciones, luego de una lectura holística sobre cómo deben aplicarse en nuestro país, podemos identificar que existe reconocimiento del pluralismo jurídico.
Aquí se trata más bien de la voluntad política del Estado de que se materialice. Para materializarlo se puede armonizar la normativa interna con lo que dicen los convenios; lo cierto es que en la práctica eso ya se ha hecho: existen los sistemas de justicia indígenas y el derecho indígena; las comunidades ya están resolviendo sus asuntos y lo han venido haciendo desde antes de la llegada de los españoles. ¿Cuál es el conflicto al que nos enfrentamos? El racismo sistémico del Estado que invalida las decisiones de estos juzgados o de esta justicia, porque no siempre son juzgados de los poderes judiciales locales; además desarticula esas decisiones al imponer estructuras jurídicas que no nos corresponden, como jueces de paz y jueces municipales, que a veces vienen a sustituir nuestras figuras tradicionales.
Ahora bien, como ya han pasado muchos años con estas malas prácticas, lo que se podría hacer es reconocer mayor autonomía a las autoridades comunitarias, que ahora se nombran jueces locales, municipales, de paz, de comunidad; reconocer la autonomía de sus decisiones y tomar en cuenta la validez de sus justicias y de los sistemas normativos indígenas. También a nivel académico hay resistencia, porque se asume que no somos sistemas jurídicos, porque hay toda una teoría de los sistemas jurídicos que invalida la existencia de nuestro derecho y de la forma en que los pueblos lo creamos. Necesitamos que los y las legisladoras reconozcan los pensamientos, los conocimientos, la sabiduría y los saberes de las comunidades en términos de justicia, para que los plasmen en las leyes y reconozcan la jurisdicción indígena para que los pueblos tomen sus decisiones a través de sus propios sistemas jurídicos. Para eso es necesario dar mayor impulso a una coordinación de justicias, porque también es cierto, como lo plantea el artículo segundo de la Constitución, que cuando yo, como persona indígena, decida acudir al sistema del Estado, tenga ese derecho también. Esto es, si se produce un abuso de poder en nuestras comunidades, que implique la violación a los derechos de las mujeres indígenas o a la participación política de las mujeres indígenas, y el sistema jurídico indígena no puede garantizar esas prerrogativas, entonces yo puedo decidir como persona indígena acudir a la justicia del Estado.
En este sentido, lo que requerimos es el reconocimiento de la jurisdicción indígena y una coordinación de justicias; es decir, que se puedan elegir entre esas competencias cuando la persona indígena lo manifieste expresamente, para que pueda ser sujeta de la justicia del Estado como ciudadana, pero en su carácter de persona indígena, o verter sus asuntos en el sistema jurídico local, indígena o comunitario. Todavía estamos muy limitados en este debate y se habla muy poco al respecto. He escuchado muchos discursos políticos referirse al pluralismo jurídico, pero este es un debate profundo que hay que dar frente a frente ante legisladores, académicos y gente del sistema de justicia, en el que tienen que estar presentes los tribunales superiores de justicia y el Poder Judicial Federal. Y para eso estamos nosotras, para aportar en esos debates y esas discusiones.
¿Quiénes forman parte de la Red de Abogadas Indígenas?
Flora Gutiérrez. Es una red es nacional. Actualmente estamos en 10 estados de la República mexicana. Estamos en Baja California con compañeras triquis y mixtecas; estamos en Chihuahua con compañeras mixtecas y también compañeras odamis o tepehuanas; estamos también en Jalisco con compañeras villarricas; estamos en Michoacán con compañeras purépechas y otomíes; en el Estado de México con compañeras mazahuas; en Oaxaca estamos con compañeras zapotecas, mixtecas, ayuc, chinantecas; en Puebla con compañeras mixtecas y nahuas; en Guerrero con compañeras mixtecas; en Yucatán con compañeras mayas. Somos compañeras de aproximadamente 13 pueblos indígenas que habitan en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, a lo largo y ancho del territorio nacional. Sabemos que existen muchas abogadas indígenas, pero para ser parte de la Red de Abogadas Indígenas se requiere, primero, ser una persona que proviene de una comunidad indígena, ser abogada y ser mujer. Pero eso no es suficiente, sino que esa persona debe tener un compromiso con la lucha de los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios. Y, sobre todo, que mantenga un vínculo con su comunidad.
Tenemos tres ejes sobre los cuales realizamos nuestro trabajo: 1) derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, racismo y discriminación; 2) participación política, democracia y gobernanza, y 3) tierra y territorio. Ora de nuestras líneas de trabajo es el acceso a las justicias. Nosotras hablamos de las justicias en plural. Porque siempre se habla de la justicia, para referirse a la justicia estatal. No obstante, también existe una justicia comunitaria, aunque el Estado, sus instituciones y la sociedad no indígena no lo reconozcan. Existe y está vigente, pues todos los días las autoridades comunitarias resuelven los casos de sus integrantes, hombres, mujeres, que son sometidos a su jurisdicción. Todo el tiempo estas autoridades resuelven los problemas de sus habitantes de los que la justicia estatal no conoce.
Por otra parte está el tema del fortalecimiento de saberes, capacidades y habilidades indígenas, que abordamos con las autoridades comunitarias en coordinación con las instituciones del Estado, derivado de la necesidad de utilizar la perspectiva intercultural, a la que hemos agregado otro enfoque: la perspectiva antirracista, porque la interculturalidad no es suficiente. Por eso pugnamos por establecer un diálogo horizontal con el Estado, de coordinación, de igualdad.
¿Cuál es la reforma que le hace falta al Poder Judicial?
Yuteita Hoyos. Ese fue un posicionamiento de la organización que se expresó a través de las redes sociales y que se ha planteado en diversos foros, tanto del Poder Judicial de la Federación como de diversos medios. Nosotras asumimos una postura crítica frente a la reforma pues, más allá de decir que todo estaba mal, con crítica nula y sin profundizar en las modificaciones legislativas, nos pusimos a analizarla a profundidad y nos dimos cuenta de que en ningún apartado del texto de esa reforma se tomaba en cuenta a los pueblos y comunidades indígenas. Esto lo expresamos en nuestro pronunciamiento. Además, pusimos énfasis en que no sólo no se nos tomaba en cuenta en una consulta, sino que tampoco se nos tomaba en cuenta a las organizaciones que hemos trabajado en temas de acceso a la justicia.
También notamos que en el recuento histórico que el texto hace de la justicia —en singular— en México tampoco se habla de las justicias indígenas que nosotras hemos abanderado todo el tiempo. Ni siquiera se menciona a las personas indígenas; somos totalmente invisibles en ese texto y eso es muy doloroso: saber que en un cambio tan profundo del Estado no estamos siendo tomadas en cuenta ni como comunidades ni como personas.
Por eso exigimos que estas reformas, primero, contaran con la participación de las personas indígenas. De una u otra manera, hay muchas modalidades de participación, pero en este caso no se preveía ninguna de nuestra parte. También planteamos que si se realizaba una reforma, tenía que considerar acciones afirmativas, ya que el punto nodal de dicha reforma era cambiar de “designación” a “elección popular” de jueces y juezas, lo que implicaba establecer mecanismos que aseguraran la participación de las personas indígenas para que éstas ocuparan lugares de juzgadores y juzgadoras en todas las instancias, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales unitarios, el Tribunal de Disciplina y el Tribunal Electoral. Acudimos mucho al amparo cuando se trata de nuestro territorio, de una violación a nuestros derechos humanos, de discriminación, de problemas de acceso a servicios públicos y ni aun así se pensó que debía existir una acción afirmativa. Y eso no solamente lo criticamos, sino que propusimos que lo valoraran. Incluso buscamos incidir directamente con los integrantes de los comités de evaluación, con el objetivo de que tomaran en cuenta la voz de las personas indígenas en la reforma. No hemos visto frutos de estas acciones, pero estamos seguras de que, si seguimos insistiendo, vamos a lograr resultados favorables para nuestra causa.
Por último —esto es algo que tal vez no manifestamos explícitamente en nuestro pronunciamiento—, consideramos necesaria la creación de una justicia especializada en los derechos de pueblos indígenas. No existe, ni existió antes de la reforma, ni con esta nueva reforma, una justicia especializada, como la que se formuló para adolescentes, por ejemplo. Porque al final tampoco se habló de la coordinación de justicias que reconociera la jurisdicción indígena y el respeto de los derechos de las personas indígenas en los procedimientos del Estado.
Hicimos una crítica muy extensa al respecto que esperamos que resuene pronto.
¿Cómo se definen ustedes?
Flora Gutiérrez. Yo soy Flora Gutiérrez Gutiérrez, mujer zapoteca de una comunidad indígena que se llama Recibimiento de Cuauhtémoc que pertenece al municipio de Santiago Textitlán, en la Sierra Sur, de la microrregión Sola de Vega, Oaxaca. Soy una mujer soñadora, irruptiva y trastocadora —incluso de algunas costumbres—. Desde muy pequeña he cuestionado todo. Creo que el derecho no lo es todo, pero sí puede ser una herramienta útil para nosotras las mujeres y para nuestros pueblos, pues ha sido a través del derecho, a través de las sentencias internacionales, a través de los instrumentos internacionales, como se ha logrado generar algunos cambios, como el reconocimiento de nuestros derechos. El derecho es una herramienta de transformación. No es algo rígido, como luego piensan algunos abogados. Creo en las justicias desde mi posición de mujer soñadora, irruptiva y trastocadora que cuestiona todo.
Yuteita Hoyos. Yo soy Yuteita Valeria Hoyos Ramos, mujer mixteca del municipio de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla. Me considero una mujer rebelde, mujer respondona, pero también comprometida, valiente y convencida de sus luchas. Soy una amante de mi cultura y de mi pueblo y estoy muy orgullosa de ser de aquí y de contar con los valores comunitarios que me ha infundido mi pueblo y mi familia.
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