Afirmación clara y precisa: tenemos una justicia local muy dispareja. La explicación breve y contundente: no sólo que trata de manera distinta a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad económica o de otro tipo, sino que entre los mismos estados hay diferencia en la calidad de la justicia que se presta. El antecedente certero: esta justicia es la que llega de primera mano al ciudadano, la que lastima, la que ofende, pero la que al final del día es la primera esperanza de la gente. Son expresiones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de la Decimosexta Asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), organización que reúne a juzgadoras y juzgadores de todas las materias y competencias de nuestro país. Sobre estas afirmaciones —que hubiera sido preferible escuchar desde la propia judicatura local— reflexiona el autor de esta colaboración.
En un sistema federal deben funcionar dos vías de comunicación. Una, del centro a la periferia, nutre la colaboración federal con los órdenes local y municipal y articula el cumplimiento de competencias. Ahí va la aplicación del orden jurídico del Pacto Federal, normativo de los millones de interacciones diarias ciudadanía-administraciones públicas. Por ella fluye la política que alimenta el federalismo, alienta la colaboración y resuelve tensiones y emergencias. En nuestra tradición histórica incluye regaños, intromisiones y hasta venganzas. La desaparición de poderes fue su más agresiva expresión mediante una abusiva interpretación de las facultades del Senado de la República, hasta que se emitió su reglamentación legal. La distribución presupuestaria ha sido otra poderosa fórmula de sometimiento. La otra vía va de la periferia al centro; ahí transita la comunicación de las entidades federativas y sus municipios hacia la Federación. Peticiones, proyectos, conflictos y solicitudes de auxilio por contingencias, son su materia cotidiana, sin faltar una especie de feria de culpas cuando nadie asume los costos de los errores y omisiones de uno y otro lado. En los años recientes —a partir de la alternancia, con mayor frecuencia— hay reclamos y descalificaciones que tensan la relación.
No es usual que desde las entidades federativas se escuchen planteamientos de gran calado llamando a modificar la ingeniería constitucional. Tampoco propuestas para discutir la pertinencia del modelo vigente en temas como la economía local o una política exterior de las regiones. Poco decimos y menos proponemos desde la provincia acerca de temas nacionales o regionales, de fondo o coyuntura, que afectan al país. Ésa es una de las más señaladas atrofias del federalismo mexicano, tan simulado como admitido por sus partes.
Por eso es normal que desde el centro nos vengan las grandes decisiones, las propuestas más impactantes. Es el caso, enhorabuena que así sea, por un motivo de la mayor trascendencia como es la justicia. Si la propia AMIJ, la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia (CONATRIB), la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Senado de la República, o la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), instancias naturales para ello, no han impulsado el tema desde sus agendas, ahora la convocatoria viene de la presidencia de la Corte. Sin duda, hay que aprovecharla. Extraña que nadie haya recogido el guante.
Reformar el sistema de justicia no es asunto menor ni de realización inmediata. Requiere planeación, temporalidad y enfoque. Urge visión para consolidar principios y construir legitimidad, armonización legislativa, procedimientos; definir perfiles y conductas, políticas de desarrollo, lenguaje claro, presupuestos y blindaje a la corrupción. Nada de eso es viable sin voluntad política, conviene tenerlo presente.
El ministro presidente [Arturo Zaldívar] parte de la gran reforma al Poder Judicial Federal —encabezada y ahora en marcha con su liderazgo—, al advertir sobre la necesidad de alinearla en toda la República. Lo planteó así: “Una vez que se haya consolidado a nivel constitucional y legal la gran reforma judicial federal es importante reflexionar sobre la necesidad de una gran reforma de la justicia local con autocrítica, con realismo y con seriedad”.
A la par del ejercicio reflexivo puede adelantarse un catálogo temático, puntual para la discusión. Hay, cuando menos, dos ejercicios útiles para ese propósito. Uno es el de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, realizados a finales de 2015, y el reciente Congreso Nacional de Federalismo Judicial “Qué le toca a quién”, convocado por el Poder Judicial del Estado de México, donde expertas y expertos provenientes de las judicaturas locales y federal, los poderes Legislativo y Ejecutivo, la academia y el foro reflexionaron con diversos enfoques sobre las competencias judiciales. Es de gran utilidad explorar en la experiencia reciente de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación para tener el pulso de la realidad regional.
En esta ruta es imprescindible conjuntar las propuestas federal y de las entidades federativas. No cabe la autoexclusión de lo local —ni siquiera debemos imaginarlo—, pues sería una oportunidad desperdiciada y un eventual ejercicio ocioso. Las judicaturas locales adolecen de una problemática similar, pero también desarrollan buenas prácticas. La reflexión propuesta por el ministro presidente puede ser el espacio para mostrar y contrastar ambas condiciones. Poco abonaría asimilar una propuesta ajena; más, optar por una reforma espejo sin atender las particularidades de cada entidad federativa.
Conviene subrayar el llamamiento del ministro presidente a “una reflexión colectiva para avanzar hacia una mejor justicia local para que, con absoluto respeto a la independencia, la autonomía, no sólo de los tribunales locales sino de las distintas entidades federativas, podamos iniciar un diálogo constructivo que nos permita avanzar hacia una mejor justicia para todas las personas”.
Habrá una base común en la prospectiva; se inscribirían temas de relevancia: la institucionalización del diálogo entre juzgadoras y juzgadores y tribunales locales y federales, por ejemplo, indispensable en la construcción de criterios judiciales que hagan menos tortuosa la función jurisdiccional para las y los justiciables, y eviten la corrupción procedimental.
Otra, conveniente para acercar la cooperación internacional, es la participación regular en espacios multinacionales y en las organizaciones de jueces, magistrados y magistradas. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y el Programa de la Unión Europea para Fortalecer la Lucha contra el Crimen Organizado hasta ahora son exclusivos de las instituciones nacionales.
La reciente incorporación de la materia laboral a la órbita del Poder Judicial cerró la larga etapa de la justicia impartida con el modelo mexicano posrevolucionario, por órganos administrativos con facultades jurisdiccionales, y abrió un trayecto con grandes expectativas en las instancias federal y estatales. Conviene prever que no se contamine con las añejas prácticas y, por el contrario, aporte su novedad en el proceso de reforma propuesto.
En materia penal, el foco está en la consolidación del sistema acusatorio. Las jurisdicciones civil y familiar están próximas a una legislación procesal nacional. En tanto la electoral se acerca a una eventual reforma. Así la diversidad del escenario.
Sí, iniciemos la reflexión colectiva para una mejor justicia en todo el país, como propone el ministro presidente: “Un mejor país, una mejor justicia, pasa necesariamente por los tribunales locales, pasa necesariamente por la justicia local. Convoco y exhorto a luchar, cada quien desde nuestra trinchera, por una justicia a la que puedan acceder todas las personas en igualdad de circunstancias, una justicia igualadora que nos traiga la paz, la seguridad, la concordia y el bienestar al que todos en este país aspiramos”. ¿Quién le toma la palabra?
Con su reciente experiencia, el ministro presidente advierte: “El país más justo e igualitario al que aspiramos es posible, pero para ello se requiere partir de diagnósticos honestos y realistas sobre las fortalezas y debilidades de nuestras instituciones. Defender una institución no es aislarla del escrutinio sino fortalecerla y mejorarla a partir de identificar aquello que es necesario mejorar”.
Y anima: “Los cambios sociales, los cambios culturales, los cambios de paradigma son posibles, no son utopías. Mejorar nuestros sistemas judiciales para satisfacer las exigencias sociales de justicia, paz e igualdad no es una tarea inalcanzable, no es una promesa imposible de cumplir. Mejorar nuestras instituciones de justicia es posible cuando se asume un verdadero compromiso”.
Para alcanzar la reforma viable a nuestra justicia local empecemos por imaginarla en clave federalista.
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