El sector energético en México se encuentra en un momento de ajuste, ya que la administración mexicana actual se ha posicionado en contra de la reforma energética promulgada en el sexenio anterior. ¿Cuáles son los principales aspectos que este nuevo modelo involucra y qué consecuencias pueden tener? De eso nos habla el autor.
Antecedentes: reforma constitucional de 2013
La reforma constitucional de 2013 en materia energética representó una profunda transformación y modernización para el modelo energético nacional, creando y promoviendo un nuevo mercado que permitiese alcanzar mejores costos y tarifas eléctricas. Lo anterior, con el objetivo de crear un mercado eléctrico sólido, abierto y competitivo, en el que se lograse un mejor aprovechamiento de las fuentes de energía para un despacho eficiente, privilegiando la energía generada a menor costo en beneficio de los usuarios finales.
Dicha reforma permite la participación del sector privado en actividades de generación y comercialización, en aras de aumentar la oferta y la competencia en la generación de energía eléctrica y disminuir los costos de la misma. Durante dicho sexenio, gracias a la certidumbre regulatoria y a su inmejorable recurso solar y eólico, México se convirtió en un referente a nivel mundial en el desarrollo de proyectos de energía renovable, llegando a afianzarse entre los 10 países más atractivos para invertir en el sector.
Los nuevos proyectos de generación de energía a través de fuentes renovables se construyeron fomentados por las subastas de largo plazo (donde se batieron récords mundiales de precios bajos) o a través de desarrollo de proyectos independientes que venden su energía a grandes industriales por medio de contratos privados de compraventa de energía (PPAS), a suministradoras de servicios calificados o a través del propio mercado eléctrico.
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Actualidad: reforma constitucional de 2021
La administración vigente ha realizado diversas actuaciones con el afán de modificar la política energética del país, enfocando la misma principalmente en el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Lo anterior se ha realizado desde un punto de vista práctico con la paralización de las instituciones que deben otorgar los permisos y las licencias necesarias para el avance en el desarrollo de nuevos proyectos y a través de una serie de actos concretos, como la cancelación de las subastas de largo plazo, la cancelación de las licitaciones de líneas de transmisión, la modificación de los lineamientos de los certificados de energías limpias (CELS), la suspensión de pruebas preoperativas de proyectos renovables, la emisión de una nueva política de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, el incremento de tarifas de transmisión, las prohibiciones de modificación para agregar nuevos socios a proyectos de autoabastecimiento, la emisión de un decreto que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, o la publicación de un nuevo código de red, entre otros.
El sector privado se ha posicionado en contra a través de múltiples juicios de amparo en relación con muchos de los actos anteriores, alegando violaciones a los derechos fundamentales, así como los daños irreparables que representan tales medidas, no sólo para los afectados sino para la colectividad.
El resultado de esos procesos judiciales generalmente ha sido exitoso para los privados, consiguiendo suspensiones definitivas y, en algunos casos, que se haya decretado su inconstitucionalidad por diversos órganos del Poder Judicial de la Federación.
En este contexto, en octubre de 2021 el presidente de México presentó ante la Cámara de Diputados la “Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, por medio de la cual se propone un nuevo sistema eléctrico nacional, que ajusta y limita la participación de las empresas privadas y otorga la planeación, el desarrollo, el control y el despacho del mismo al Estado (a quien correspondería exclusivamente el área estratégica de la electricidad) a través de la Comisión Federal de Electricidad.
Con esta propuesta de reforma constitucional se pretende, entre otras cosas: i) cancelar los permisos de generación otorgados; ii) fortalecer a la CFE como el organismo responsable del área estratégica de electricidad, de su planeación y su control, actuando como ente autónomo en el ejercicio de sus funciones y su administración; iii) limitar la capacidad de generación del sector privado a un máximo de 46 por ciento, quedando el restante en manos de la CFE; iv) limitar la venta de energía a la CFE; v) cancelar los CELS; vi) suprimir los órganos reguladores: Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y vii) establecer el litio como mineral estratégico para la transición energética, correspondiendo exclusivamente al Estado su explotación y producción.
Distintas visiones
Ante esta situación, es muy clara la existencia de dos visiones completamente opuestas sobre cómo debe actualizarse el futuro del mercado energético mexicano.
Por una parte, tenemos al gobierno actual con el apoyo de diversos partidos políticos que consideran que la transición energética es un tema de seguridad nacional y soberanía energética, por lo que debe encargarse el Estado y aprobarse una modificación profunda de la normativa que actualmente rige el sector.
Por otra, se encuentra el sector privado, el sector industrial a través de distintas asociaciones, algunos partidos políticos mexicanos e instituciones internacionales y gobiernos que opinan que la iniciativa de reforma constitucional de 2021 puede afectar no únicamente al sector energético del país sino también al sector industrial que actualmente compra la electricidad al sector privado con precios más bajos que los que ofrece la CFE y con plantas renovables que les ayudan a cumplir sus políticas medioambientales, al sector financiero (incluyendo banca de desarrollo mexicana) que tiene una gran exposición al haber financiado la construcción de los proyectos de energía renovables del país, a nivel jurídico con la planeación de potenciales arbitrajes de inversión derivados de posibles incumplimientos de tratados internacionales e, incluso, a la calificación crediticia del país que podría verse afectada por todo lo anterior.
Esta situación se escenifica de una manera muy clara en los foros de parlamento abierto que se han ido produciendo durante los meses de enero y febrero de este año y donde se han discutido en dos bandos claramente separados sobre el papel del Estado en la construcción del sistema eléctrico nacional, los objetivos planteados y los resultados de la reforma de 2013, la constitucionalidad y la legalidad de la iniciativa de la reforma de 2021 y el medioambiente y la transición energética.
Un futuro incierto
Para la aprobación de esta iniciativa de reforma energética 2021 se debe pasar por una serie de etapas dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como por la aprobación de la mayoría de los congresos locales de las entidades federativas.
Todo el proceso de aprobación excede la parte meramente técnica de si un esquema u otro puede ser más beneficioso para los mexicanos, el gobierno, el sector privado, los industriales y/o el medioambiente, y se focaliza en una serie de complejas decisiones y contrapesos políticos, individuales y/o por partidos que están afectando directamente todo el proceso y sus plazos. Durante estas negociaciones existe la posibilidad de que se ajusten o se suavicen algunas de las solicitudes iniciales y haya consenso en una nueva versión más equilibrada de la propuesta de iniciativa de reforma constitucional.
En caso de aprobarse, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y se prevé un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones que resulten necesarias en el marco jurídico con el objetivo de implementar la normativa que regule la referida reforma constitucional
Mientras tanto, el sector privado realiza un ejercicio de resiliencia y se posiciona para el futuro, entendiendo que el presente de la generación de energía a nivel mundial es renovable, que México es un país industrial con un importante crecimiento en el consumo de energía y que se está produciendo una separación tecnológica y de generación que requerirá acelerar el ritmo de las inversiones cuando exista un contexto más favorable.
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