Jorge L. Martínez: Linchamiento mediático y presunción de inocencia

Con el linchamiento mediático que suscitan las redes sociales, ¿el principio de presunción de inocencia está en crisis? ¿En México hay una aplicación selectiva de la justicia en función de intereses políticos? ¿Cuál es el talón de Aquiles del sistema penal? ¿Qué papel deben jugar en este escenario la abogacía y la sociedad civil? Sobre estos temas reflexiona Jorge Luis Martínez Ocampo, abogado postulante en derecho penal especializado en delitos de cuello blanco.

De las áreas de práctica en las que se ha especializado me gustaría comenzar con el ámbito penal. ¿Qué evaluación hace del “nuevo” sistema de justicia a casi 15 años de que se promulgó la reforma en la materia?

Hablar de este tema es entrar en una controversia diaria para todos los que somos especialistas de la materia y vemos día a día cómo evoluciona, cómo es en la práctica, qué dicen todas las partes que intervienen en la impartición de justicia penal: fiscales, defensores, asesores, jueces y hasta los propios acusados, procesados o sentenciados. Por eso, a pesar de que el sistema entró en vigor y se implementó en todo el territorio nacional desde hace años, en los distintos niveles —llámese federal o en las distintas entidades federativas— aún seguimos escuchando críticas de voces autorizadas y expertos en la materia, así como de los principales agentes y —los más importantes— los ciudadanos que utilizan las palabras fracaso, mala implementación, falta de sensibilidad y estancamiento, y se señala que se dejó de lado el fin por el cual se procuró hacer esta reforma: lograr mayor transparencia en las instituciones y en los procedimientos.

¿Las bondades que nos prometieron se han cumplido? Como bien dice, la realidad parecería contradecir los discursos optimistas con los que se promovió.

La mayor parte de las críticas del nuevo sistema penal están enfocadas en la deficiente capacitación de algunos operadores jurídicos. Hago referencia, por ejemplo, a los elementos de las policías preventivas o investigadoras, a los peritos que intervienen diariamente en casos muy delicados, a los agentes del Ministerio Público, a los jueces y magistrados, así como a la insuficiente educación continua de los abogados postulantes y de los estudiantes de la carrera de derecho; también, a la ineficiente realización de los procedimientos policiales y ministeriales para investigar los delitos e integrar, de manera adecuada, las carpetas de investigación, así como darle un seguimiento oportuno y verdadero al estudio del hecho en particular, individualizar cada carpeta, hacer trabajo de búsqueda de la verdad histórica y no sólo ser un tema concluido para engrosar estadísticas en el país, para adornar discursos políticos y citar cifras positivas o tratar de dar certidumbre a una sociedad que ya no cree en los datos que se le muestran.

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Poco a poco nos hemos ido acostumbrando al linchamiento mediático y a la condena popular por la facilidad con que se difunde información a través de las redes sociales. ¿El principio de presunción de inocencia está en crisis?

Para hablar de este tema debemos entender que el principio de presunción de inocencia es un derecho humano con el que todos contamos, inherente a nuestra persona. Llanamente, se presume la inocencia del imputado mientras no se pruebe lo contrario (y el juez debe decidir la inocencia del imputado).

Cuando hablamos del principio in dubio pro reo, aseveramos que si existe duda sobre la culpabilidad del imputado, el juez debe decidir que éste es inocente. La presunción de inocencia opera ante la ausencia de pruebas directas de culpabilidad o cuando las pruebas no tienen suficiente peso para derrotar la presunción.

Lo anterior simplemente es doctrina, mas no la realidad de lo que pasa. En la actualidad están muy divididos los asuntos que comienzan con una presunción de inocencia. Entiendo a la víctima o a quien ha sufrido un daño en su patrimonio o en su persona y estoy totalmente de acuerdo con la rabia y la impotencia que sienten los denunciantes; sin embargo, el problema de las instituciones es la falta de investigación y la terrible continuidad que le dan a las carpetas, en las que advertimos claras violaciones a los derechos humanos de las personas señaladas o la nula materia probatoria con la que cuentan para un asunto, y aun así seguimos dejando en el tintero los principios que señalé antes, cuando la realidad es otra, cuando a esas personas ya las tratan como culpables y les vulneran sus derechos desde la detención hasta la consumación de sus asuntos.

Pero regresando a la pregunta de si existe una crisis con el principio indubio pro reo y qué tanto promueven las redes sociales la condena social o el linchamiento mediático, debemos entender que en la actualidad, con la digitalización y el acceso con el que cuentan todas las personas a los distintos medios electrónicos, se deja rastro y prueba de todas y cada una de las situaciones que podemos vivir cotidianamente.

¿Los medios electrónicos son un arma de doble filo? ¿Mecanismos de prueba y, a la vez, medios para aplicar una condena anticipada?

Considero positivo que los medios electrónicos sean una herramienta de prueba y que podamos partir de que un dicho esté sustentado en un antecedente demostrativo y que con el alcance de las redes sociales pueda llegar a donde antes no se podía, no se sabía o se desconocía. Sólo quienes están en contra de la modernización, del progreso, de la actualización para obtener mejores resultados, pueden tener miedo de los medios digitales; lo fundamental de estos medios es la exposición a la que sujetan a todos los integrantes de las instituciones, a los agentes que las integran y a la propia ciudadanía.

La exposición a los medios de comunicación nos ha llevado a hacer más accesible la información que antes se ocultaba. Y ahora es más fácil llegar a conocer las prácticas en cualquier ámbito: social, político, penal, ambiental, entre otras áreas humanas.

En este escenario, ¿qué le corresponde hacer a los abogados?

Considero que nuestro deber como especialistas en la materia penal es asumir un compromiso con las personas que día a día recurren a nosotros con problemas.

Estoy completamente comprometido con seguir cambiando este sistema, apoyando a las instituciones para actualizar a los agentes que las integran, tratando de brindar resultados a las personas que nos buscan con un problema al que se enfrentan por falta de una asesoría adecuada, por una violación a sus derechos humanos o simplemente por una injusticia de un sistema poco operativo por el que a todas luces el individuo está siendo víctima.

Además, debemos concientizar a todas las personas que pretenden ser parte del ámbito penal para que se actualicen, para que afronten con sensibilidad cada una de las situaciones que vivimos día con día, quitando de su mente que el problema son las leyes y los procedimientos, y tomando conciencia de que el gran y verdadero fracaso es que faltan abogados preparados, escuelas que los formen, personal capacitado en el ámbito de las procuradurías y de las policías para atender las nuevas exigencias que demanda este sistema, así como controles suficientes.

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¿Considera que en México se lleva a cabo una aplicación selectiva de la justicia en función de intereses políticos?

Si bien podemos señalar que la intención diaria de cada integrante que imparte justicia o lucha por ella es mejorarla, no podemos dejar de lado que existen temas políticos que pueden llegar a inferir en la manera en que se manejan las cuestiones penales, cómo se resuelven los asuntos, cómo ayudan las cifras a tabular la gestión en turno y qué resultados se les ofrecen a la ciudadanía. Por eso considero que depende mucho de los intereses y el poder, y quienes aún crean que la política y sus aristas no infieren en el tema de algunas decisiones y en las investigaciones a personajes mediáticos, o de temas que están de moda, es porque aún son presas de la ingenuidad o simplemente no quieren ver la realidad de lo que pasa en nuestro país.

Nuestro deber como juristas, y mi responsabilidad como socio director de esta firma, es actuar con base en la ética y el profesionalismo, proporcionar herramientas para tratar de erradicar esos malos manejos, contar con un equipo de trabajo que sea una extensión de mi filosofía, luchar y erradicar problemas que ocasionan el hartazgo de la gente, como la corrupción, la falta de preparación de las autoridades, la ausencia de transparencia y la falta de entrega de resultados.

Finalmente, ¿qué le corresponde hacer a la sociedad civil?

Debemos concientizar mucho sobre la cultura de la prevención antes de seguir con la cultura de la resolución. Tenemos que realizar nuestra tarea diaria con vocación de servir antes que de recibir, y también debemos poner énfasis en hacer las cosas bien para que la gente crea en un sistema penal eficiente, en unas instituciones limpias y transparentes, en agentes que las integran bien preparados, actualizados y, lo más importante, humanos. Debemos confiar en los medios electrónicos y usarlos como herramientas para realizar mejor nuestro trabajo y tenemos que cuestionar todo, exigir rendición de cuentas y proponer ideas que nos ayuden a mejorar, ya que es tarea de todos y cada uno de nosotros contribuir a la optimización de nuestro sistema penal y no sólo hablar desde la comodidad de nuestra trinchera.