El pasado 19 de abril tuvo lugar la “Jornada por Ayotzinapa” organizada por la coordinación de las licenciaturas de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Allí tuvo lugar la presentación del libro El caparazón de las tortugas, escrito por Helena Varela Guinot, así como un conversatorio organizado por la sociedad de alumnos de Derecho de esta misma universidad (CIVE), durante el cual se realizó un análisis del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, en el que participaron Santiago Aguirre (director del Centro Prodh), Francisco Cox (integrante del GIEI), Alan García (miembro de la Oficina en México del Alto Comisionado) e Hilda Hernández, madre de Manuel González, uno de los 43 normalistas desaparecidos. Sobre este conversatorio versan los siguientes párrafos.
*Esta entrada fue escrita por Ana Paola García, Isaac Palma y Saulo Loya, estudiantes de Derecho e integrantes del Comité por la Integración y Valor Estudiantil (CIVE) de la Universidad Iberoamericana Puebla.
El caso Ayotzinapa representa uno de los eventos más trágicos y emblemáticos del país. Hace siete años y medio, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, un grupo de 43 estudiantes fue víctima de desaparición forzada por parte del Estado. Entre ellos estaba Manuel González, hijo de Hilda Hernández. Hilda compartió la historia de su hijo, quien trabajó como soldador y ayudante en un establo y finalmente encontró su vocación en la Normal de Ayotzinapa. Doña Hilda, como la suelen llamar, mostró su corazón de madre y confesó: “Nunca imaginé que fueran a desaparecer a mi hijo”. De igual manera, después de años de lucha, ha aprendido que la opinión pública suele ser manipulada por algunos medios de comunicación: “Tú crees que todo va bien en el país, pero eso no es cierto. Es una reverenda mentira”.
A lo largo de estos siete años y medio, los padres y las madres de los 43 estudiantes mantienen con vida los esfuerzos locales e internacionales para la búsqueda de los desaparecidos, no sólo en el caso Ayotzinapa, sino en la visibilización de la crisis de inseguridad que existe en México. Alan García, integrante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo hincapié en que hace sólo unos días el Comité para la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas reveló que nuestro país está cerca de alcanzar los 100,000 desaparecidos. En consecuencia, instó a las autoridades mexicanas a comprometerse para “poner un torniquete a la gangrena que es la desaparición”.
Tanto las organizaciones como las familias refrendaron su rechazo a la llamada “verdad histórica”, la cual, según Francisco Cox, integrante chileno del GIEI, fue fabricada por el Estado mexicano para dar “carpetazo” al asunto, término que aprendió a su llegada a México.
A pesar de las dificultades para investigar el caso, el GIEI logró encontrar información que revela un alto grado de complicidad, ya sea por acción u omisión, de las autoridades mexicanas en la mentira que ha sido la “verdad histórica”. De acuerdo con el informe, el Ejército mexicano llevaba poco más de 10 años monitoreando las actividades de los estudiantes. No sólo eso, ya que al momento de la desaparición al menos tres agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional se encontraban infiltrados en la Normal de Ayotzinapa. Gracias a estos informantes es posible afirmar que ninguno de los estudiantes desaparecidos estaba involucrado en actividades del crimen organizado, como se les acusó en un inicio.
De igual manera, el GIEI encontró indicios que demuestran que los militares del 27 Batallón tenían información, en tiempo real, sobre la intención de desaparecer a los estudiantes. Sin embargo, decidieron no auxiliarlos.
En este mismo sentido, Francisco Cox narra cómo, a través de la Secretaría de Marina, obtuvieron un video que muestra a 12 elementos de esta corporación manipulando tres bultos en el basurero de Cocula, con lo que contaminaron gravemente la supuesta zona del crimen. La “verdad histórica”, que planteaba la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula, fue desmentida por el GIEI pues no tiene viabilidad científica alguna.
En un esfuerzo por esclarecer lo ocurrido en Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto que ordena la absoluta cooperación de todas las instituciones de la administración pública federal, así como la creación de una fiscalía especial, para el caso. A pesar de estas medidas, el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla y ex director del Centro Prodh, Mario Patrón, concluyó que esto “parece no ser suficiente” para encontrar la verdad.
El caso Ayotzinapa ha atravesado diferentes facetas, en las que han intervenido no sólo los padres, las madres y los familiares de los jóvenes estudiantes, sino también instituciones defensoras de derechos humanos como el Centro Prodh, Fundar y Tlachinollan, que han acompañado a las familias a lo largo de este duro proceso, según reconoció Santiago Aguirre, director del Centro Prodh. De igual manera, pidió a los jóvenes estudiantes de la Ibero Puebla que no se acostumbren a las injusticias. “Mientras al país se le sigan desangrando las juventudes por la violencia, ningún futuro es posible”, insistió.
Este caso representa la incansable lucha de las 43 familias de los estudiantes, la impunidad, la colusión de las instituciones mexicanas con el crimen organizado y, sobre todo, las graves violaciones a los derechos humanos que continúan sin ser resarcidas. Según Leilani Hernández, estudiante de Derecho en la Ibero Puebla, este caso tiene un impacto muy particular en los jóvenes, ya que en México pueden ser desaparecidos a manos de quienes tienen el deber de protegerlos.
Padres y madres de los 43 estudiantes, de la mano de organizaciones defensoras de los derechos humanos, siguen recorriendo el camino para encontrar la verdad, hacer justicia y reconfortar sus corazones. En este espacio de reflexión y memoria, las y los estudiantes de la Ibero Puebla, a través de la sociedad de alumnos de licenciatura en Derecho, CIVE, reconocieron y coadyuvaron en la lucha incansable de las familias de los 43, refrendando su compromiso con un aprendizaje jurídico enfocado a la protección de los derechos humanos, siempre del lado de la verdad y la justicia.
Puedes encontrar el Informe GIEGI Ayotzinapa III aquí.
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