Para que haya paz tiene que haber justicia; pero sin verdad no hay justicia. En un país con una grave crisis en materia de desaparición y con instituciones de seguridad y de justicia que obstruyen el acceso a la verdad, la construcción de paz se dificulta. Tuvimos el gusto de platicar con Karla Quintana Osuna, quien, desde la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas realiza una importante labor para que los familiares de las personas desaparecidas puedan tener acceso a la verdad y, por ende, podamos transitar hacia un contexto más pacífico.
Karla Quintana Osuna es Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México desde 2019. Es maestra en Derecho por la Universidad de Harvard y doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue parte del grupo de litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha trabajado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Este año se alcanzó en México una cifra superior a 100,000 personas desaparecidas desde 1964; la mayor parte son casos posteriores a 2006. De todos ellos sólo hay 35 sentencias. Además de la localización de personas, ¿qué hace la Comisión Nacional de Búsqueda para ayudar a las víctimas a alcanzar justicia?
Karla Quintana – Lo primero que tenemos que decir es que al día de hoy existen ya más de 103,000 personas reportadas como desaparecidas. El hecho de que podamos estar hablando de un acercamiento a la realidad de quiénes son las personas que están reportadas así es un paso fundamental que no habíamos dado hasta hace muy poco; tener un registro de personas desaparecidas que son, por supuesto, mucho más que números —familias, personas, historias— nos permite empezar a entender un poco la realidad y el contexto de la crisis de desaparición. Este registro es público. Entre las facultades de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (CNBPDNL), la principal la establece el artículo 53 de la ley: la búsqueda, localización, ya sea con vida o sin vida, y la identificación de personas, y, por supuesto, regresarlas con sus familias.
Para responder a la pregunta, primero tendríamos que regresar a qué es una comisión de búsqueda. Estos mecanismos los creamos porque las instituciones del sistema tradicional no pudieron, no quisieron y no alcanzaron a cumplir con su obligación de búsqueda. Normalmente, en cualquier país, cuando desaparece alguien lo buscan la policía o la fiscalía, ¿por qué crear mecanismos de búsqueda y en qué contextos? La primera misión de una comisión o un mecanismo de búsqueda es encontrar a las personas y eso tiene que ver con la verdad.
No podemos escindir la búsqueda de la investigación, cosa que todavía en este país no se ha entendido de manera integral, sobre todo por el sistema ordinario de justicia, en especial por las fiscalías, por un entramado jurídico que no se ha adaptado a la realidad. Creamos mecanismos que en otros países son de justicia transicional, como los mecanismos de víctimas, pero la totalidad del sistema no se ajusta a un proceso de justicia transicional sino que estas instituciones entran a codazos al sistema y ahí se encuentra la tensión.
El hecho de que identifiquemos a alguien y que idealmente podamos saber su causa de muerte —no siempre podemos saber su causa de muerte, hay que decirlo— eventualmente debe tener un impacto en la justicia; es decir, con ese dato es evidente que se posee una hipótesis mucho más fuerte en materia de investigación.
El objetivo de las comisiones de búsqueda es encontrar a las personas desaparecidas; su naturaleza, su razón de ser, es la verdad.
En la relación que ustedes establecen con víctimas, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la CNBPDNL?
Karla Quintana – En la CNBPDNL no utilizamos la palabra víctima; nosotros siempre hablamos de personas desaparecidas y sus familiares. Me gustaría recordar la diferencia que existe en México, en relación con el resto del mundo, acerca del concepto de persona desaparecida: no sólo hablamos de desaparición forzada, la cual la llevan a cabo las autoridades del gobierno o los particulares con su asistencia y su colaboración. En México el espectro de la desaparición es mucho más amplio y puede ser cometido por particulares. La definición de persona desaparecida es la de toda aquella que está ausente, de la que no se sabe dónde está y que puede estar siendo víctima de un delito; eso abre un espectro gigantesco.
Además tenemos la categoría de “no localizada”. En todo el mundo existe el concepto de ausente, no localizada, missing, y generalmente cuando alguien está en esa categoría puede pasar así toda la vida: sin que se conozca si está siendo víctima de un delito y sin que se sepa dónde está. A nivel comparado, en México no es así: aquí, por el contexto, después de tres días de no conocer el paradero de una persona su categoría pasa a ser desaparecida, por lo que debe presumirse que está siendo víctima de un delito.
Lo que necesitamos hacer en este país con más de 103,000 personas reportadas como desaparecidas, y con más de 52,000 cuerpos sin identificar en fosas comunes, es pensar con otra perspectiva: ¿por qué insistir en ofrecer una respuesta desde ámbitos ordinarios cuando esto no ha funcionado?
Karla Quintana
Ante la respuesta que tiene que haber por parte del Estado, que históricamente ha permanecido ausente, las mujeres —porque en su mayoría son mujeres—, además de estar con pico y pala buscando a sus familiares desaparecidos, impulsaron la creación de comisiones de verdad y de búsqueda, promovieron el desarrollo de políticas públicas e hicieron que el Estado mexicano creara instituciones para dar respuesta a una realidad que las autoridades ordinarias no han resuelto. Ellas se han enfrentado a un sistema patriarcal de policías, ministerios públicos, autoridades.
Apenas en 2018 se reconoció que hay una crisis en materia de desaparición. Hace tres años nosotros llegamos a la Comisión de Búsqueda y empezamos a desarrollar la infraestructura institucional: protocolos, mecanismos, registro y aceptación de la competencia del CNBPDNL, la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana y el análisis de contexto. Pero con más de 103,000 personas reportadas como desaparecidas evidentemente el reto es abismal en términos de búsqueda, identificación y localización de personas. Se están dando pasos importantes, pero finalmente eso se tiene que seguir fortaleciendo, lo cual implica que haya cambios en la contracara, porque, por ejemplo, mencionaste 35 sentencias que ni siquiera fueron para 35 casos distintos; o sea, si no hay un cambio estructural y de raíz en materia de justicia el desbalance va a ser abismal. Ya tendríamos que estar asumiéndolo como un asunto de Estado.
¿Tienen algún impacto los grupos criminales en el quehacer de la CNBPDNL? ¿Ustedes reciben amenazas y es peligroso para las personas que están en las comisiones de búsqueda haciendo este trabajo?
Karla Quintana – Esta pregunta es muy importante: nosotros trabajamos en todo el país. Por supuesto, estamos sujetas y sujetos a diversos peligros, y no sólo durante las acciones de búsqueda, cuando casi siempre nos acompaña la fuerza pública (la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, las policías estatales y las policías municipales).
Uno de los momentos en que el riesgo es latente es cuando uno regresa a casa, porque en algunos lugares la delincuencia organizada sabe perfectamente dónde viven los buscadores. El personal, los buscadores y las comisiones de búsqueda, tanto estatales como nacionales, hemos recibido amenazas; se han acercado a nosotros y hemos tenido momentos muy complejos. De hecho, el propio comité señala en su informe la necesidad de atender estas situaciones de riesgo.
¿Qué nos puedes decir sobre el Banco Nacional de Datos Forenses?
Karla Quintana – El funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses le corresponde a la Fiscalía General de la República. Creo que es importante señalar que la ley en materia de desaparición prevé diversas herramientas y bases de datos. La única de éstas que pertenece a la Comisión Nacional de Búsqueda es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y sí, la propia ley prevé una interconexión entre todas ellas. ¿Cuál es el problema?: 1. Que, como lo señala el CNBPDNL, el único registro o la única base de datos que existe en este momento es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. 2. Que la base de datos forenses, la base de registro de fosas, el registro de personas fallecidas no identificadas, que les corresponde a la fiscalía, aún no están elaboradas. Incluso la propia fiscalía ha informado que al menos la base de datos forense en el sistema nacional de búsqueda está en construcción. Y otra cosa muy importante es que yo aún no veo avances importantes en ese tema; al contrario, vislumbro algunos intentos de obstrucción a la interconectividad entre las bases de datos, cuando existen.
Hay una resistencia absoluta por parte de la Fiscalía General de la República y de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para crear este sistema único de tecnologías de la información cuyo objetivo es compartir información. Hay que meterse con mucho detalle a ver cómo va a estar conformada esta base de datos forenses porque es alimentada por las fiscalías locales o por los servicios médicos forenses locales; no es suficiente tener el contenido sino revisar cómo están construyendo el contenido: ¿de qué sirve tener el marco legal si no se está implementando una metodología para validar que esa información eventualmente sea útil?
En el Centro Nacional de Identificación Humana tendremos una base de datos forense; la idea es resolver uno de los grandes problemas en la búsqueda de personas, esto es, la fragmentación de la información en este país y en todo el mundo, pues las diversas instancias implicadas en la búsqueda de personas suelen argumentar que un asunto “por competencia no te corresponde y por eso no te voy a compartir los datos con los que cuento”, cuando el elemento básico que inhibe las labores para contrarrestar la desaparición, más allá de los que conocemos, más allá de la sustracción, más allá de la privación de la libertad, etcétera, consiste en ocultar información. Y si seguimos escindiendo, dividiendo y compartimentando información, pues de alguna manera estamos abonando a ese problema. Nosotros vamos a conformar una base de datos y a trabajar con algunas fiscalías estatales que han tenido la voluntad de colaborar con nosotros en este tema. Esperamos que esa información eventualmente llegue a nuestra base de datos forenses y sirva para nuestro propósito de hacer de una búsqueda una tarea más fácil.
Lo que necesitamos hacer en este país con más de 103,000 personas reportadas como desaparecidas, y con más de 52,000 cuerpos sin identificar en fosas comunes, es pensar con otra perspectiva: ¿por qué insistir en ofrecer una respuesta desde ámbitos ordinarios cuando esto no ha funcionado? Tenemos que implementar un enfoque masivo, a gran escala, que considere la mayor información posible de una persona, no sólo en cuanto a sus datos genéticos, sino también en cuanto a información exhaustiva de sus familiares. Se ha comprobado que eso es lo que hay que hacer en situaciones de crisis como la que estamos atravesando en este país en materia forense. Sin embargo, una base de datos por sí sola no va a resolver un problema; lo que sí lo hará, o empezará a hacerlo, es analizarlo de manera distinta para poder obtener resultados distintos.
El hecho de que identifiquemos a alguien y que idealmente podamos saber su causa de muerte —no siempre podemos saber su causa de muerte, hay que decirlo— eventualmente debe tener un impacto en la justicia.
Karla Quintana
¿Qué carga emocional ha tenido para ti trabajar con temas tan sensibles como el dolor de los familiares de las personas desaparecidas?
Karla Quintana – Yo estoy convencida de que la desaparición de personas, de un ser querido, es la más grave violación a los derechos humanos. No saber qué le pasó a tu ser querido, si está vivo o muerto, pensar una y otra vez por qué situación está pasando, qué le ocurrió, provoca un gran dolor y una gran frustración. Ni siquiera puedo poner las palabras para describirlo porque además no me corresponde. Las familias son muy elocuentes y tienen toda la legitimidad y la voz para expresarlo directamente. Lo que quiero decir es que aún frente a ese gran dolor e incluso frente a esa gran ira que sienten, no sólo poseen una sólida capacidad de resiliencia, sino también una gran fuerza para transformar su sufrimiento en acciones concretas: salir al terreno y construir otras cosas, como políticas públicas, nuevos colectivos (“buscándolos nos encontramos”, dicen), grupos familiares novedosos y nuevas formas de organización política.
Tengo la certeza de que no podríamos trabajar en este tema si no tuviéramos la vocación, la convicción y la empatía para construir esas cosas. Las historias que uno escucha cotidianamente, lo que uno ve, lo que uno huele, es algo que está en uno todo el tiempo. Es un trabajo hermoso que precisa de una vocación por construir y buscar para encontrar. Alguna vez una buscadora, Lucy Díaz, de Veracruz, me dijo que “buscando a su hijo ha visto lo peor del ser humano, pero también lo mejor del ser humano”. Eso resume mucho lo que implica estar ahí. Por un lado, es doloroso escuchar, acompañar, ver, oler y confrontarse con las autoridades; pero, por otro lado, cuando estás en el terreno, te sorprende constatar la resiliencia de la gente: las mujeres se ponen a cantar, siempre hay alguien que lleva comida y la comparte, indistintamente cooperan para lo que necesitan como colectivo. Ese también es un gran aprendizaje.
