Estudiantes universitarios comparten sus opiniones en torno a la militarización de la Guardia Nacional.
Guardia Nacional y militarización
Propuesto por el presidente, el proyecto de reforma para que la Guardia Nacional pase a estar bajo el control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional se aprobó el pasado 9 de septiembre. Un cuerpo de seguridad, constitucionalmente civil, se ha integrado a las fuerzas armadas.
Nos quedamos sin presencia policial nacional de carácter civil para tener un ejército apoyado de la masa de fuerza de la Guardia Nacional. Pero, más allá de la discusión respecto de las leyes reformadas en contradicción al mandato establecido en el artículo 21 constitucional, cabe preguntarse: ¿por qué el cambio de opinión y cuáles son sus efectos? Crítico de la política de seguridad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa resulta curioso que hoy en día, Andrés Manuel López Obrador apoye a la militarización y no así mantener la protección en manos civiles; quizá se ha dado cuenta de que la política de amnistía no es tan efectiva como prometía…
Ahora bien, parece que los partidos miembros de la alianza Va por México no comulgan enteramente con la oposición sobre la reforma en comento, o por lo menos no se han manifestado expresamente en su contra como el Partido Acción Nacional (pan), lo que quizá se deba a una divergencia ideológica interna, pero no ignoremos que también podría ser uno de los primeros indicios de una separación futura.
Así las cosas, la amenaza del reciente tema de ampliar las funciones de seguridad pública de la Guardia Nacional hasta 2028 advierte que, de no obtener un consenso entre los grupos parlamentarios, la alianza Va por México podría quebrantarse. “Esperemos que ningún partido que se dice opositor se deje someter y doblar por el gobierno morenista…”, advierte Marko Cortés, dirigente nacional del pan, indicando que la postura que tomen sus aliados será esencial hacia una oposición consolidada en 2024.
Arturo Yamil Alvarado Díaz Slim, Escuela Libre de Derecho.
Cuando salvar a la patria implica matarla
¿El fin justifica los medios o los medios legitiman el fin? Dicen que la violencia no encuentra límite cuando se trata de salvar a la patria. Ante la crisis de violencia e inseguridad por la que atraviesa nuestro país, encomendar la tarea de seguridad pública a las fuerzas armadas para combatir a los enemigos del Estado es una salida fácil y mediocre que cobra su precio con vidas humanas.
La discusión va más allá de la violación a un precepto constitucional que en casi todos los casos termina por modificarse. Lo más grave es que depositar nuestras esperanzas en la fuerza bruta es apostarle a una política inefectiva que lejos de reducir la violencia la intensifica.
A pesar de las recomendaciones que al respecto ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sólo 13 por ciento de los militares mexicanos investigados por delitos como homicidio, lesiones, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, abuso de autoridad y detención arbitraria han sido sentenciados. Hoy nos pasa factura la sangre de un país herido. Cuando los disparos del poder castrense impactan los derechos humanos y terminan en la impunidad dejan una herida que vuelve imposible la construcción de la paz.
El pasado martes 4 de octubre del presente año, el Senado de la República aprobó el dictamen modificado que extiende la presencia de las fuerzas armadas hasta 2028, lo cual implica un punto sin retorno de un proceso de militarización inadmisible en un Estado Democrático de Derecho. Decisiones como ésta matan el orden constitucional, matan los balances democráticos entre la relación cívico-militar y matan las aspiraciones de consolidar un sistema de seguridad basado en instituciones fuertes. Hay decisiones que matan y arrancan la dignidad de millones de personas y nos enseñan que en este país para salvar a la patria hay que matarla.
Alejandra Estrada Campos, Escuela Libre de Derecho.
De la militarización y otras palabras prohibidas
La Guardia Nacional, hija favorita de la Cuarta Transformación, cambió de tutriz. Se despidió de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para incorporarse a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Apenas se hizo pública la decisión del Senado, las críticas saturaron los medios; políticos, organizaciones internacionales y reporteros se apresuraron a especular sobre los peligros de la militarización nacional. Las críticas y las especulaciones tuvieron más o menos el mismo común denominador: la seguridad ciudadana no debe estar a cargo de militares entrenados para matar, sino de policías entrenados para investigar y arrestar; la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena confirmó su espíritu militar.
Parece, sin embargo, que las críticas y las especulaciones pasaron por alto algo importante: la decisión del Senado confirmó que la estrategia de seguridad nacional está construida sobre la base de librar una guerra sin llamarla por su nombre. El gobierno en turno parece decirnos que, aunque no estamos en guerra, necesitamos que la seguridad ciudadana esté a cargo de una institución militar preparada para la guerra, y por raro que suene, esto tiene mucho sentido.
Primero, porque, aun sin que la administración lo diga, estamos en guerra (Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Nayarit y, recientemente, Veracruz, son la prueba) contra un enemigo peligroso y descentralizado que le está ganando terreno al Estado. Segundo, porque decir que estamos en guerra nos hace vulnerables: nadie quiere invertir en un país en guerra y sin financiamiento exterior. El Estado no puede competir con el narco.
Así, aunque los peligros de darle poder al ejército han quedado demostrados, la militarización es un fenómeno necesario y entre todos los males parece ser el menor. Por desgracia, en nuestro panorama nacional, para combatir al monstruo, hay que parecernos a él.
Sebastián Corral Marini, Escuela Libre de Derecho.
La militarización a la par de abrazos y no balazos
El pasado 6 de septiembre se llevó a cabo la velada por la paz, una marcha contra la militarización en México que partió de la glorieta del Ángel de la Independencia hasta llegar a la sede del Senado de la República.
Lo que motivó esta marcha fue el paquete de reformas a la Guardia Nacional que se aprobó precisamente el día anterior en San Lázaro. En concreto, lo que suscitó gran parte de la indignación social es que ahora todos los aspectos relevantes de la administración de la Guardia Nacional quedarán bajo el control absoluto de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Resulta contradictorio y distópico cómo el titular del Poder Ejecutivo, desde 2019, ha pregonado y defendido su estrategia de “abrazos y no balazos” y, por otro lado, busque al mismo tiempo militarizar a toda costa el país.
Las cifras hablan por sí solas y claramente esta no es la mejor vía. Con esta serie de acciones únicamente está perfilando a su sexenio a ser el más violento de la historia de México. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se han registrado 121 655 homicidios dolosos, los cuales rebasan las cifras registradas en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Lamentablemente será la sociedad civil la que resienta las consecuencias directas de las decisiones tomadas por el Congreso y el Ejecutivo.
Silvana Torres Alfaro, Escuela Libre de Derecho.
De los cuarteles a las calles
El pasado viernes 9 de septiembre se anunció que el Senado aprobaba la reforma a diversas leyes para que la Guardia Nacional pase a estar bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Dicha propuesta fue enviada por el propio presidente mexicano.
La Guardia Nacional, que surge como reemplazo a la corrompida Policía Federal, no ha logrado reducir la inseguridad en México. Y para el titular del Ejecutivo la respuesta se encuentra en integrarla a la dependencia que controla al ejército y a la fuerza aérea. ¿Y eso resuelve el problema? “Para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Sedena” Dijo Andrés Manuel López Obrador agradeciendo a los senadores haber votado a favor del proyecto. ¿El ejemplo de la Sedena? Esta institución, que ha sido fuertemente criticada por diversas violaciones a derechos humanos, gana más poder y acrecienta su presencia en el país, adquiriendo la facultad para intervenir en la seguridad civil.
¿Y es verdaderamente la intención detrás de esta reforma el “crecimiento sano” de la Guardia Nacional? ¿O hay otra razón por la que interese a López Obrador aumentar el poder del Ejército?
Se espera que esta reforma enfrente impugnaciones constitucionales, ya que el solo hecho de que leyes jerárquicamente inferiores transfieran la dirección de la Guardia Nacional a la Sedena no cambia que por mandato constitucional ésta sea una organización de carácter civil.
Mauricio Gutiérrez Cachón, Escuela Libre de Derecho.
