Luis Cacho: Derecho y cultura

En torno al derecho humano a la cultura se ha establecido una rama independiente del Derecho. Desde su experiencia, Luis Cacho Pérez, experto en la materia y uno de los principales abogados culturales de México, nos presenta el panorama actual del Derecho cultural en México, así como el impacto que puede tener en la lucha contra los problemas que aquejan a la sociedad.

Luis Cacho Pérez es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Ha sido director jurídico de Conaculta, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, del fideicomiso del Auditorio Nacional, del Instituto Mexicano de Cinematografía, y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura. Actualmente se desempeña como consultor independiente en materia de Derecho cultural y arte.

¿Qué es el Derecho cultural? 

Luis Cacho – El Derecho cultural lo podemos considerar ya una rama independiente del Derecho, separada del Derecho administrativo, donde tuvo su origen. Actualmente, en México y en muchos países se considera como una rama independiente, con su propio objeto de estudio, sus propias instituciones, su propia sistematización. 

¿Qué nos dice sobre los derechos culturales a la luz de los derechos humanos? 

Luis Cacho – El Derecho cultural está previsto constitucionalmente. En el artículo 4 se prevé el derecho a la cultura, y conforme a la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, ya es un derecho humano el derecho a la cultura, que tiene tres vertientes conforme al 4º constitucional: el derecho de acceso a la cultura, el derecho al goce y disfrute de los bienes y servicios culturales que presta el Estado y el derecho al ejercicio de los derechos culturales. 

Esos tres aspectos son los que conforman lo previsto en el 4º constitucional; primero como una garantía individual, hasta la reforma en materia de derechos humanos, y actualmente como un derecho humano igualmente previsto en los tratados internacionales en la materia y en diversas jurisprudencias y tesis aisladas de la propia Corte que han confirmado el derecho humano del derecho a la cultura.

En las facultades de Derecho suele reducirse el tema del derecho a la cultura a las clases de derechos humanos

Luis Cacho – O se estudia en derechos humanos o se estudia en Derecho administrativo. La Escuela Libre de Derecho ya tiene la materia desde hace varios años de Derecho cultural, como una materia optativa, pero independiente. Anteriormente se veían algunas leyes culturales en el curso de Derecho administrativo de quinto año, pero la escuela consideró que, por la importancia que tiene, sobre todo en un país como México, una de las cosas más importantes que ha desarrollado y que ha aportado a lo largo de su historia es la cultura. La escuela ya tiene la materia de Derecho cultural, lo mismo que otras universidades, pocas, que lo consideran también como una materia independiente.

Igualmente, desde el año pasado, la Universidad del Claustro de Sor Juana me invitó como profesor y ahí doy la clase de legislación cultural, cuyo temario es muy parecido al que desarrollo en la Escuela Libre de Derecho en la materia de Derecho cultural. 

¿Cuál es el estado del Derecho cultural en México?

Luis Cacho – Está muy desarrollado; hay instituciones tanto legislativas como administrativas en las que México ha sido ejemplo para otros países, sobre todo de América Latina. En México el derecho a la cultura está previsto en la Constitución desde 2009. Existían ya diferentes leyes en la materia y una ley en la que se desarrolla concretamente, aparte de las leyes que rigen temas específicos, como la Ley sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que es de 1972; la Ley de Bibliotecas, la Ley de Fomento al Libro, la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. México tiene una legislación muy avanzada en materia de derechos culturales. A nivel federal cuenta con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, fundamentada en los artículos 4 y 73 constitucionales; asimismo, se expidió la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, y aparte cada entidad federativa tiene sus propias leyes en la materia, porque la cultura no es una facultad exclusiva de la Federación —excepto en las materias que específicamente prevé la Constitución, son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos, cine, derechos de autor—. Todo esto se complementa para hacer el bloque de constitucionalidad en la materia.

¿Puede ser la cultura un instrumento para reducir la violencia de la criminalidad? 

Luis Cacho – Yo considero que sí. En la administración anterior hubo un programa muy extenso en esta materia, por medio del cual en los municipios y las zonas con más criminalidad se promovieron actividades culturales y los resultados fueron positivos. 

La cultura también es un medio para combatir la pobreza, los márgenes de desigualdad y los índices de delincuencia. Mientras más cultura haya, se modificará la mentalidad o las causas que motivan el delito.

Por supuesto, un delito tiene muchos factores, pero uno de los más importantes puede ser la falta de otras actividades; la falta de desarrollo de las capacidades artísticas, de las capacidades intelectuales de cualquier ser humano. Si se fomenta lo anterior, se reduce no sólo la delincuencia, sino también la drogadicción, el alcoholismo y otro tipo de conductas antisociales que llevan a situaciones como las que podemos observar de manera muy abierta en la sociedad actual. 

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Como abogado cultural, usted ha tenido contacto con cuestiones jurídicas importantes en el mundo de la cultura. ¿Nos puede hablar de alguna en particular? 

Luis Cacho – Una muy importante tuvo lugar en el sexenio anterior, cuando el titular de Conaculta, el licenciado Rafael Tovar y de Teresa, me encargó que hiciera las gestiones para traer el Manuscrito de Carvajal a México frente al ofrecimiento de un financiero y bibliófilo neoyorquino. 

El Manuscrito de Carvajal es el primer documento escrito por Luis de Carvajal, un judío de la Nueva España, que después fue juzgado por la Inquisición; ese manuscrito lo escribió en las cárceles de la Inquisición, durante los años que duró su proceso. Ese documento, en el México independiente, estuvo en el Archivo General de la Nación y alrededor de la década de los 20 del siglo pasado fue robado del archivo. Se iniciaron averiguaciones previas en contra de los responsables de custodiar este manuscrito, pero nunca fue hallado el culpable de su sustracción. Hasta que hace algunos años apareció en una subasta en Nueva York. Entonces este financiero neoyorquino, coleccionista de documentos y libros judíos, lo vio anunciado en la subasta y ofreció comprarlo y devolverlo a México. 

Yo tuve la encomienda de negociar con él; fui a Nueva York con la intervención del cónsul de México en Nueva York. Las peticiones que hizo esta persona fueron todas muy sensatas, no había nada comprometedor: pidió que se hiciera una exhibición del documento en la Sociedad Histórica de Nueva York, y que después se hiciera constancia de que él devolvía el manuscrito a México en homenaje a un amigo suyo que había muerto hacía tiempo. Se hicieron las gestiones necesarias y el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia validó que el manuscrito fuera auténtico.

¿Cómo influye la cultura al Derecho? 

Luis Cacho – Derecho y cultura se complementan mutuamente porque son dos aspectos que surgen de la actividad humana. Por un lado, tenemos el Derecho como una forma de regular las actividades humanas; por el otro, la cultura como una manifestación humana. Cuando se crea el Derecho, el legislador capta valores medios —el respeto a la vida es un valor medio, por ejemplo, porque impera en la sociedad que se debe respetar—, ese es un producto de la cultura.

Usted trabajó con Rafael Tovar y de Teresa durante más de 30 años. ¿Cuál fue su relación con él? 

Luis Cacho – El licenciado Tovar y de Teresa me confió la tarea de ser su asesor jurídico durante muchos años y me designó como director jurídico de CONACULTA en dos sexenios distintos, como jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la recién creada Secretaría de Cultura. Y también me distinguió con su amistad. La creación de la Secretaría de Cultura fue obra del licenciado Tovar; él pensó que la cultura, por la importancia y su trascendencia en México, debería tener el rango de secretaría de Estado. Eso lo planeó durante más de 30 años, desde que tuve el privilegio de conocerlo. La obra que él diseñó durante muchos años quedó plasmada con la creación de la Secretaría de Cultura el sexenio pasado. 

En su relación con la democracia, ¿la cultura juega algún papel? 

Luis Cacho – La democracia debemos considerarla un valor, como se menciona en la Constitución. Cultura y democracia deben formar parte de un esquema general que apunte hacia la paz y hacia el bien común.

La cultura sólo puede desarrollarse en una democracia. La verdadera cultura. Porque el papel del Estado es fomentar la cultura; no es señalar qué debe y no hacerse en materia de cultura. El papel del Estado en materia cultural es dar elementos, apoyar y fomentar para que los artistas, los gestores, la población en general en ejercicio de sus derechos culturales, hagan cultura. Ese es el papel del Estado. 

Todos los apoyos, los premios, las becas que se han dado y que se dan en materia artística y cultural tienden a eso, pero debe hacerse con pleno respeto a la libertad de creación para que exista una verdadera cultura. 

Actualmente, ¿cuáles son los retos del Derecho cultural en México? 

Luis Cacho – Uno de los principales retos como lo veo es procurar un mayor apoyo a los artistas. En este sexenio se ha reducido mucho, así como lo hemos visto en diferentes áreas de gobierno y en todo el sector público. En materia cultural desaparecieron en este sexenio, por ejemplo, los apoyos a asociaciones civiles; en el anterior gobierno se daban apoyos a asociaciones civiles con el carácter de donativos condicionados a que la asociación civil cumpliera con las metas y objetivos específicos que presentaba en su proyecto, obligándose a responder sobre cómo había aplicado ese apoyo. Las revisiones se hacían a través de la Secretaría de Cultura, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, a través de los órganos internos de control. Ese es uno de los aspectos que en este sexenio ya desapareció. Ya no hay apoyos a asociaciones civiles. 

Otro aspecto que también desapareció fue el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. El FONCA fue creado en el 89, a los pocos meses de que se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fue una institución, jurídicamente un mandato, en donde se establecieron apoyos a artistas para diferentes proyectos. Varios gobiernos de América Latina lo copiaron porque vieron el éxito que tuvo. Desapareció dentro del esquema general de la desaparición de fideicomisos y mandatos públicos. Se sustituyó por un programa de apoyos a la cultura y proyectos culturales. En apariencia puede ser lo mismo, pero tiene grandes diferencias de fondo. Por ejemplo, el FONCA al ser un mandato no estaba sujeto a la restricción presupuestal, prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en las leyes presupuestarias, de que el presupuesto que no se agote en un año debe volver devolverse a la Secretaría de Hacienda y ya no se puede utilizar para otros apoyos para años subsecuentes.

¿Nos puede recomendar algo de literatura o cine que vaya enfocado a reflexionar el Derecho cultural?

Luis Cacho – Existe mucha literatura y cine con temas jurídicos, les voy a mencionar sólo dos, que son los que he considerado muy importantes. En Estados Unidos es donde más difusión ha tenido este tipo de acercamiento al Derecho. Pero es valioso no sólo para estudiantes o profesionales del Derecho, sino para el público en general. En materia de literatura podemos mencionar Matar un ruiseñor, en donde un abogado blanco en una población dominada por el racismo en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Un abogado blanco, a pesar de que sabe lo que le va a implicar socialmente, defiende a un acusado negro. Menciono también una película: Justicia para todos, que trata las vivencias de un abogado que debe defender a un juez a sabiendas de que es culpable de lo que se le está acusando.