Baltasar Garzón: Los disfraces del fascismo

Los fascismos, las derechas, las izquierdas, los derechos humanos, la justicia. Todas estas categorías se asoman reflexivamente en esta conversación con Baltasar Garzón, quien, desde sus valiosas experiencias como juez y ciudadano español, nos comparte su visión sobre la protección de las democracias y del Estado de Derecho en la actualidad.

Actualmente Baltasar Garzón es el director de la defensa de Julian Assange. Reconocido jurista y juez español, ha estado a cargo de casos relacionados con crímenes de lesa humanidad, terrorismo y narcotráfico, entre los que se encuentran la orden de arresto contra Augusto Pinochet, las investigaciones contra la dictadura argentina y el caso Guantánamo. Recientemente publicó su libro Los disfraces del fascismo como una invitación a la acción contra los microfascismos de la actualidad. Dirige la Fundación Baltasar Garzón, pro derechos humanos y jurisdicción universal.

*Entrevista realizada por: David F. Uriegas, Mateo Mansilla-Moya, Ángel Gilberto Adame y Andrea Adame

De la judicatura al ejercicio privado de la profesión, ¿qué ha sido de Baltasar Garzón?

Baltasar Garzón – En 2010 fui suspendido de las funciones por investigar los crímenes franquistas. En 2008 empecé esas investigaciones en el contexto de crímenes contra la humanidad. El Tribunal Supremo consideró que no era viable, por razón de la Ley de Amnistía. No obstante, es curioso y paradójico el destino, pero desde hace apenas un par de semanas es ley en España la Ley de Memoria Democrática que recoge los argumentos, casi al cien por ciento, que en 2008 me permitieron iniciar la investigación y que en 2009-2010 fueron el fundamento para que el Tribunal Supremo me suspendiera de las actividades jurisdiccionales; lo que entonces para ellos era delito, hoy es ley para todos. Aunque han sido duros los años, se ve uno recompensado. 

Un segundo caso del que fui objeto, y por el que también fui suspendido, fue la investigación sobre la corrupción de representantes del Partido Popular, un partido conservador español, que dio lugar a que se volviera el caso de corrupción política más grande de la democracia española y, probablemente, de la historia judicial española, por ordenar la interceptación de las comunicaciones de los líderes de esa organización criminal que después resultaron condenados, pues había indicios racionales de que estaban continuando la actividad delictiva de blanqueo desde prisión. Eso motivó, a petición tanto del ministerio fiscal como de la policía, que yo ordenara la interceptación de sus comunicaciones. Esto fue ratificado por el juez que me sucedió, quien incluso amplió esa medida en el tiempo y en la forma de llevarla a cabo y jamás tuvo ningún problema en ningún momento, como ninguno otro de los jueces afectados. En mi caso, dio lugar a una querella que produjo la suspensión y, finalmente, una condena de inhabilitación, por parte del Tribunal Supremo, en única instancia.

Eso provocó que empezara a ejercer la profesión de abogado al frente de un despacho que fundé de manera independiente, con mucho esfuerzo, para no tener que depender de nadie más que de los clientes y de las personas que quisieran aceptar nuestra defensa.

En lo que a la profesión judicial se refiere, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el año pasado, el 25 de agosto de 2021, hizo público un dictamen final en el que, por unanimidad de sus 18 miembros, estableció que el proceso y la sentencia dictada contra mí, tanto en el caso del franquismo como en el caso de Gürtel, fueron procesos arbitrarios que no debieron haberse iniciado y mucho menos condenado, porque implicaba un ataque a la independencia judicial y a la libertad de interpretación de las normas. En el dictamen se solicitó al Estado español modificar esas normas porque atacaba la independencia judicial, y reconoció que no se respetó el derecho a la doble instancia, por lo cual ordenó al Estado español repararme debidamente y reintegrarme en mis competencias como juez, si yo quiero hacerlo, borrando los antecedentes penales y advirtiendo el riesgo que conlleva este tipo de resoluciones.

Consecuentemente, en la actualidad ejerzo como abogado y además presido una fundación, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), pro derechos humanos y jurisdicción universal, que constituí como consecuencia de esta nueva andadura en la que me vi inmerso y que compatibilicé con trabajos en distintos países, en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, al frente del Centro de Formación en Derechos Humanos de Categoría II de la UNESCO en Argentina, en la Universidad de Washington en Seattle, en Ecuador; en fin, en todos aquellos países en los que en estos años he ejercido mi actividad. Esa es mi vida, después de más de 30 años de ejercicio de profesión judicial; ahora reclamo al Estado español que cumpla el dictamen del Comité y me reincorporé a mi función judicial. 

¿Monaguillo y portero en un equipo de fútbol?

Baltasar Garzón – En mi niñez fui monaguillo; pero monaguillo sui generis, porque era muy travieso. También estuve en el seminario. En aquella época vivíamos en plena dictadura franquista. Tuve un problema con el sacerdocio. Sabía que había normas que no iba a cumplir; cuestioné muchos aspectos de la religión. Y además creía que servir a los demás podía hacerse de otras formas. Desde los 17 años quise estudiar Derecho, para ser juez. 

También fui portero. Cuando ingresé al seminario, lo hice un mes tarde porque estaba estudiando afuera. En ese entonces estaban formando los equipos de fútbol. Tuve la alternativa de ser portero en el Real Madrid o titular en el Barça. Y así comenzó mi andadura barcelonista, con apenas 11 años. He tenido buenas experiencias y hemos hecho cosas muy interesantes; por ejemplo, una iniciativa que tuvimos en la década de 1990, que denominamos Partidos de Fútbol, Drogas No, en la que involucramos a toda la sociedad, a la liga profesional de fútbol, organizando partidos durante 11 años, y con la cual se recaudaron fondos que alcanzaron casi los 11 millones de euros, destinados íntegramente a una organización humanitaria de prevención y rehabilitación de farmacodependientes. Deporte y lucha contra la droga se unieron en una importante labor de concienciación. Posteriormente seguí con la misma tarea, cuando asumí en 1993 el cargo de secretario de Estado delegado del Plan Nacional sobre Drogas en España. Tenía toda la coordinación de la lucha contra las drogas.

La mezcla entre las figuras del portero y el misionero todavía lo acompañan como abogado. Usted no proviene de una rancia tradición jurídica de su familia. Se inserta en un mundo donde el franquismo no había terminado. ¿Qué experiencias rescata de las que lo orillaron a decidir trabajar en los casos de gran envergadura en el mundo?

Baltasar Garzón – Cuando comencé el ejercicio de la profesión judicial, en 1981, tenía muy claro que el ejercicio de la jurisdicción del Poder Judicial es un servicio público, es decir, está al servicio de los ciudadanos, y que éstos, no sólo porque lo diga la Constitución, sino porque es la esencia de la democracia y del Estado de Derecho, son los titulares del Poder Judicial. Los jueces lo administramos. Por lo tanto, la apropiación que el franquismo hizo del poder judicial para consolidarse, desde la niñez me provocó una sensación de oposición total. No participé en ninguna de las organizaciones juveniles del franquismo; era muy claro para mí que todos los ciudadanos son diferentes, pero con iguales derechos. Recuerdo una ocasión en que vino un familiar y le dijo a mi esposa que no habíamos ofrecido la casa a las fuerzas vivas de la ciudad. Era una ciudad que tenía unos 14,000 habitantes. Yo le pregunté: “¿Cuántas familias hay en Villacarrillo?” “Unas 2,000”, me respondió. Le dije que mi sueldo no me daba para invitar a las 2,000 familias. Con esto, lo que le quise decir fue que no puedo hacer una selección de clases, como normalmente se hacía; para mí todos son iguales, por lo que eso fue consolidar esa visión vicaría de la justicia. A partir de ahí confronté esa visión franquista que aún permanece en muchos aspectos en la judicatura.

La reparación simbólica, en un periodo de transición a una democracia, es fundamental. Por ejemplo: mi promoción de jueces fue la primera que juró la Constitución española de 1978. Las 26 promociones anteriores, que aún están vigentes en gran medida, no juraron la Constitución. Habían jurado las leyes fundamentales del reino, una de las cuales era la del movimiento nacional franquista. A nadie se le ocurrió que jueces y fiscales tuvieran que hacer ese juramento simbólico; no sólo cumplir la constitución, sino jurarla. Eso porque la justicia en España —se daba por hecho— está por encima del bien y del mal, siempre y cuando fuera adecuadamente ultraconservadora. Sigue siendo así hoy: la sociedad española es mayoritariamente progresista y, sin embargo, la judicatura y los fiscales tienen un componente mayoritariamente conservador. Con los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad en el mundo entero no se puede tener una visión conservadora de la justicia, sino todo lo contrario, independientemente que se tenga ideología de izquierda o de derecha. En la actualidad, la interpretación del Derecho, ante desafíos como el cambio climático, los ecocidios, los crímenes internacionales, la hipercorrupción, el narcotráfico… no puede ser una interpretación estática de hace 40 años, sino una muy progresiva para estar cerca de la ciudadanía, para defender contra discriminaciones y violencias de género. Es necesaria esa visión frente a lo que estamos viendo cada vez más, y con mucha preocupación, que es el reinado del extremismo ultraconservador que tiende a recuperar el fascismo en muchos países. 

¿Dónde surge el interés en los fascismos y qué papel podría jugar la jurisdicción internacional para combatirlo?

Baltasar Garzón – Hay dos visiones. Por una parte existe el riesgo de que, evocando el fascismo, la juventud que no vivió la época fascista ni autoritaria pueda encontrar una visión mítica de esa ideología. Por otra, la posición de que algunos terminan con el retorno eterno del fascismo.

Me da igual el nombre con el que se le llame. Lo que hay que hacer es analizar las características de lo que está ocurriendo ahora, y cómo en muchos ámbitos, específicamente en el judicial, se perciben cada vez más posiciones sumamente autoritarias, supremacistas, que establecen interpretaciones de leyes que no favorecen a los más vulnerables, sino a aquellos que tienen más poder económico, político y financiero; es decir, ocultan, a través de la interpretación de las normas jurídicas, lo que históricamente supuso ese suprematismo. De ahí el nombre de microfascismos o de disfraces del fascismo. 

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Comparto estos pensamientos para debatirlos con quienes también detectan esos comportamientos en otros ámbitos. Dirijo mi afirmación a la juventud porque es la que tiene que defender ese futuro. Me preocupa que no haya esa reflexión, que nos dejemos llevar por la inercia del mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, donde cada vez más nos regimos por la mentira, las fake news; algunos estudios señalan que 70 por ciento de las noticias en redes sociales son falsas y sin embargo las leemos y las aceptamos con más facilidad que una verdadera, porque la segunda exige una reflexión crítica mayor. Por eso es necesario entrar de lleno, a través de la educación, y poner de manifiesto esos riesgos para combatirlos.

En el ámbito jurídico me preocupa mucho lo que pasa en Latinoamérica, que es, en especial, el law fare, la instrumentalización del Derecho con fines políticos, económicos, financieros, para atacar a quienes están ideológicamente en otra posición. Los abogados, jueces y fiscales, como operadores judiciales, tenemos la gran obligación de evitarlo. 

Políticamente hay atisbos clarísimos de que nos enfrentamos a un momento muy grave: la confrontación entre las posturas autoritarias y la defensa de los derechos humanos. Si analizamos cada campo vamos a ver cómo hay grupos políticos que, sin declararse fascistas, se disfrazan con postulados legales que defienden lo contrario, pero que, analizándolos, encarnan el más puro fascismo. Por ejemplo, es muy duro que aceptemos que en redes sociales se manipule de forma continua el lenguaje, que se haya instalado en la política la descalificación y no el análisis, que desde un pódium público se pueda atacar impunemente a los ciudadanos o a las víctimas, denigrándolas o haciéndolas responsables de una situación que es culpa de la inoperancia de la gestión política. Esos son comportamientos que atacan al propio sistema democrático y que si no se detectan y se combaten pueden llegar a implosionar. 

Pareciera que quienes defienden los derechos humanos replican esas prácticas…

Baltasar Garzón – Ese es el problema de calificar la defensa de los derechos humanos como una lucha de las izquierdas contra las derechas; quienes son de izquierda son defensores, quienes son de derecha son violadores. Eso no es así. La defensa de los derechos humanos no es de izquierdas ni de derechas; es una cuestión de respeto a los valores esenciales comunes a la humanidad que se reflejan en los textos constitucionales, o en las declaraciones o en las convenciones internacionales. El problema comienza cuando, siendo uno de izquierda o de derecha, no respeta los principios fundamentales. Nadie puede ser considerado impoluto porque pertenezca a un lado del colectivo. 

¿Por qué después del siglo XX hay una recepción favorable de estos discursos entre los jóvenes? ¿es ignorancia generalizada o es que provee los que las democracias no están solventando?

Baltasar Garzón – Lo fundamental es la educación. Desgraciadamente, en mi país, durante más de 40 años, no tuvimos ni la más mínima referencia a lo que fue y ha sido la dictadura, la violación sistemática de derechos humanos que fue consentida por políticos, jueces y fiscales. Vivimos con una venda que no nos quitamos, gravemente, aun viviendo en una democracia. La falta de educación en derechos humanos es muy grave porque propicia una ruptura cada vez mayor entre la sociedad y el mundo de la política, que se establece como una gran estructura burocrática que se retroalimenta sistemáticamente y acaba viendo al ciudadano como un estorbo.

Es fundamental también formar a un sector militante de los derechos humanos. En el sector de la juventud ha convergido esta omisión educativa y la incidencia generada por el contacto masivo con las nuevas tecnologías de la comunicación —los mecanismos de distorsión y difusión de información— que han pasado de lo que era una investigación exhaustiva, contrastada y comprobada, a noticias de la inmediatez que parten de que la verdad no debe estropear un buen titular. Esta visión es utilizada por los fascistas de la extrema derecha recalcitrante, que han descubierto que la falta de nivel en la información a través de las redes sociales es un caldo idóneo para expandir esas emociones. El fascismo se centra en las emociones, en lo inmediato, pero tiene una finalidad a mediano y largo plazos.

Julian Assange

Baltasar Garzón – El caso de Julian Assange es el ejemplo de todo lo que estamos hablando. Es el ejemplo del poder hegemónico de Estados Unidos, que lo muestra y los demuestra frente a un periodista y una plataforma de noticias creada en 2006, acusándolo de enemigo de Estados Unidos y fabricándose una normativa de espionaje al grado de pedir una pena de 175 años de cárcel para él, simplemente por haber cumplido la labor de un periodista, que es investigar, acceder a fuentes de información y publicar protegiendo las fuentes. No obstante, a pesar de lo que han afirmado las autoridades estadounidenses no han podido demostrar ni un solo caso en el que se hayan puesto en riesgo a las fuentes.

WikiLeaks publicó documentos que afectaron a distintos países, como Iraq, Afganistán, Costa de Marfil, y a los procesos de corrupción de grandes empresas. Ninguna de las atrocidades que se publicaron se ha investigado, como tampoco se han investigado las torturas en Guantánamo. A quien denuncia, curiosamente, se le persigue, y se monta toda una estructura que ha llevado a que Julian Assange esté, de hecho, privado de la libertad desde julio de 2012 hasta hoy, primero en la embajada de Ecuador en Londres, donde se le dio un asilo que posteriormente se le revocó, cuando el presidente Lenin Moreno cedió a la moción de Estados Unidos que Ecuador, bajo el mandato de Rafael Correa, no había aceptado.

Se inició un proceso de extradición que se mantuvo oculto durante todo este tiempo y que responde a la investigación de un gran jurado secreto desde mediados de noviembre de 2010; desde ese entonces se están acumulando elementos contra Julian Assange y WikiLeaks, a los que la defensa no hemos tenido acceso. Estamos en la ceguera procesal absoluta, imposible de asumir en un Estado de Derecho. 

A nivel internacional, en todas las instancias hemos ganado. En el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, en los distintos comités de derechos humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos han dado la razón acerca de toda una panorámica que demuestra que se trata del ataque y la agresión más grave de los últimos tiempos a la libertad de expresión y a la libertad de acceso a la información, y que, por lo tanto, pone en riesgo no sólo a la profesión periodística, sino a toda la democracia y al Estado de Derecho.

Y a pesar de eso estamos en un proceso de extradición en el que Estados Unidos sigue reclamando y el Reino Unido está aceptando; la lucha no ha terminado. El siguiente paso es el cross appeal: las cuestiones de fondo de la libertad de expresión, la desproporción de la acción, la jurisdicción expansiva de Estados Unidos que no acepta la jurisdicción universal en su contra e incluso impone sanciones y prohíbe la entrada a su territorio y aplica sanciones económicas a los jueces y a los fiscales de la Corte Penal Internacional. 

Es una situación muy compleja, pero a la vez, desde el punto de vista del operador del Derecho, muy interesante; lamentablemente la vida de una persona está en juego y su libertad se ha suprimido. Estamos intentando que Julian Assange no sea extraditado, porque ese sería el peor atentado a la libertad de expresión. 

México se ha mostrado a favor de Julian Assange y en contra de este proceso, pero muchos grandes medios han callado a pesar de haber difundido los documentos de WikiLeaks, y ninguna jurisdicción, en particular la de Estados Unidos, ha ido contra ellos. La pregunta es por qué; si dicen que se puso en riesgo, ¿por qué no van en contra de todos los directores de The New York Times, de El País, de Le Mondé, y de muchos otros? Aquí hay una lección durísima que se quiere dar en la persona de Julian Assange a todo aquel que se atreva a investigar los servicios de inteligencia, porque lo que se ha demostrado con esto, y con Julian Assange mediante, es que los servicios de inteligencia no protegen a los ciudadanos, sino todo lo contrario.

Se observa, en un video de 2014, que baila con Julian Assange en la embajada de Ecuador. Es muy emotivo. El baile como justicia en medio del caos. ¿Qué lugar tiene el arte en todo esto? ¿Arte y Derecho están relacionados?

Baltasar Garzón – El arte es fundamental en nuestras vidas. No puede uno ser jurista e interpretar de forma completamente aislada el Derecho. El arte es una expresión de las conductas humanas, conductas que también se plasman en determinadas iniciativas; también es una forma de compartición, como lo es el Derecho: no lo podemos aislar, afecta a las personas.

Ese video sirvió para demostrar que él, su familia, su defensa, fuimos grabados, que se mancilló nuestra intimidad, el secreto profesional de la defensa. Yo fui objeto de seguimiento hasta mi propio domicilio por una empresa de seguridad que tenía vínculos directos con los servicios de inteligencia estadounidenses. El video fue tomado en el lugar donde, durante casi ocho años, Julian Assange no ha visto la luz del sol, donde no podía asomarse a una ventana porque corría el riesgo de que lo detuvieran en una operación por estar afuera. En ese contexto, compartir un toque de guitarra con los abogados y con las personas que había allí fue hacerle mínimamente agradable la vida a un ciudadano australiano que sabe un poco de música latinoamericana y que sin duda sí recibía la fuerza que en ese momento necesitaba.

¿Puede una sola persona generar cambios?

Baltasar Garzón – Claro. Al final de cuentas cada uno labra su futuro. En mi época, luchar por el futuro estuvo muy marcado por la dictadura y por la transición a la democracia. No era fácil. El esfuerzo personal, aprovechar el tiempo, compatibilizarlo con el divertimento. Uno tiene que estar consciente de que el futuro se está haciendo. Ya tengo mi trayectoria muy avanzada, pero es necesario que todo sea como el primer día: me levanto con la ilusión de cambiar las cosas. Tenemos el gran desafío de cambiar las cosas. Será difícil, sin lugar a duda, y cada vez lo será más. La técnica es la misma: la sensibilidad, la defensa de los valores fundamentales y trabajar para aportar algo. Necesitamos de la sociedad como la sociedad necesita de nosotros; es una corresponsabilidad. Hay que participar e involucrarse en las decisiones en cada momento de la existencia.

Llamado para un 2023 más humanista

Baltasar Garzón – Vivimos momentos muy complejos en el mundo. Los conflictos armados que creíamos superados han dado paso a una guerra abierta en el seno de Europa y a posiciones cada vez más encontradas. Apelar al diálogo es esencial. Al final del día, los conflictos acaban por el diálogo (o por la sumisión y la derrota). Mantener una ausencia de comunicación es nefasto. La llamada al diálogo es fundamental.

A la sociedad civil la llamo para que salga de la indiferencia. La indiferencia es la peor lacra de la humanidad. A nombre de ésta se han cometido las mayores atrocidades. No podemos permanecer indiferentes; es una obligación, una corresponsabilidad. Como ciudadanos no podemos estar silentes frente a los abusos del poder, hay que denunciarlos. 

A los jóvenes abogados los llamo a esa corresponsabilidad. El Derecho, siguiendo a Gabriel Celaya, es un arma cargada de futuro —él decía de poesía—; el Derecho, al igual que la poesía, se aplica a través de la palabra.

Para esta misma edición (diciembre, 2022), el abogado estadounidense y defensor de derechos humanos, Jared Genser, también comentó sobre el caso de Julian Assange ante su posible extradición a los Estados Unidos. Puedes leer su entrevista en este enlace.