“Cuánto más corrupto es el Estado, más leyes tiene”, afirmó Cayo Cornelio Tácito, senador, cónsul y gobernador del Imperio romano. Llama la atención esta aseveración de alguien nacido en el año 53 d.C., pues su vigencia se extiende a los Estados contemporáneos, en general, y al México actual, en particular.
En los últimos años, la población mexicana se ha visto afectada por un grave problema de sobrerregulación que conlleva efectos necesariamente nocivos para un Estado de Derecho. El problema es que la sobrerregulación no es únicamente instrumento para la corrupción, sino producto de la misma, lo que nos indica que el Estado mexicano está envuelto en una grave crisis de corrupción.
La sobrerregulación del transporte de carga y del sector inmobiliario es un ejemplo que ilustra concretamente cómo afecta no sólo a la economía del país, sino también a la estructura orgánica de nuestro Estado. La Asociación Nacional de Transporte Privado asegura que en más de 300 municipios los permisos para operar transportes de carga ascienden a dos millones de pesos anuales por flota. En el sector inmobiliario, la tramitología y el exceso de regulación encarecen y ralentizan los procesos para los proyectos y su edificación, como refiere Mariel Zúñiga en ContraRéplica. Ambas industrias tienen que atender las demandas de las actividades económicas que dependen de sí, y en este sentido, en muchas ocasiones, para deshacerse de los obstáculos que implican los requisitos y los trámites excesivos de tienen que replicar prácticas corruptas.
En este contexto, ¿qué podemos hacer para contrarrestar lo que provoca la sobrerregulación? O, mejor dicho, ¿cómo podemos combatir la corrupción que propicia la sobrerregulación? Soluciones y estrategias puede haber tantas como técnicos que opinan. Pero una que nos parece muy importante consiste en operar el Derecho con base en los principios y los valores que definen a un Estado democrático y social de Derecho, y reflexionarlo a partir del diálogo crítico y propositivo que nos conduce, necesariamente, a lo que alude el maestro Emilio González de Castilla en la entrevista que tuvimos con él para esta edición de abogacía®: una ley, para ser Derecho, debe ser justa; así, si surge y hace posible la corrupción, es contraria al Derecho y debemos accionar los mecanismos que existen para combatirla.
En el calendario de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre se celebra el día de los derechos humanos. Pensar al Derecho con base en la visión que ha permeado y definido a los sistemas jurídicos contemporáneos es un ejercicio necesario para poder combatir todo aquello que atente contra la dignidad de las personas, como las prácticas corruptas del gobierno. Por eso hemos dedicado esta edición a los derechos humanos, pero también a hacer un llamado al cese al fuego; es decir, a acabar con los conflictos, a invitar a pensar y proponer formas en las que los podemos resolver pacíficamente. El año está por terminar y debemos reflexionar retrospectivamente, pero con la mirada al futuro, en qué tipo de sociedad queremos vivir para definir rutas específicas.
En este sentido, se suman a nuestras páginas las voces de Emilio González de Castilla, rector de la Escuela Libre de Derecho; de Baltasar Garzón, quien desde la judicatura y con base en su ejercicio privado del Derecho ha luchado contra los fascismos que crecen sutilmente en el siglo XXI; de Jared Genser, abogado y defensor de los derechos humanos, quien ha defendido casos de diversos ganadores del Premio Nobel de la Paz, como Desmond Tutu, y que ha abogado por los presos políticos en contextos dictatoriales alrededor del globo; y de Jimena Ávalos Capín, titular de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal. También compartimos la experiencia de Graciela Rodríguez Manzo, quien, desde su trinchera en el litigio, defiende los derechos humanos de los agentes del Estado que también son víctimas, como los militares.Para cerrar el año, abogacía® agradece a todas las personas que nos han acompañado y que nos han ayudado a consolidar esta publicación periódica de divulgación jurídica como un espacio democrático para la reflexión crítica y propositiva del Derecho. ¡Acompáñennos a dialogar!
