A pesar de que México está a la altura en materia de tecnología financiera, respondiendo a las exigencias del mercado global, el Estado se enfrenta a ciertos retos. Arturo Yamil Alvarado Díaz Slim comparte su perspectiva.
Se denomina Fintech tanto al sector compuesto por entidades que aplican la tecnología para mejor proveer servicios financieros, como a las mismas entidades que participan en él. Las instituciones de tecnología financiera («Fintech» o «ITF», indistintamente) nacen de una necesidad del mercado de automatizar y agilizar las operaciones financieras, según las exigencias del consumidor y de otras empresas. El crecimiento del sector ha sido exponencial en los últimos años, principalmente por la velocidad en la que se genera la tecnología. México ha estado a la altura de dicha evolución, aunque se enfrenta a diversos riesgos.
En 2018, se publicó la Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (“Ley Fintech”), que regula la autorización y funcionamiento de las Fintech. Al momento de su publicación, ya existían algunas ITF, pero nadie esperaba el gran ecosistema que vendría después, pues al contrario de lo que generalmente se percibe de la regulación mexicana (comúnmente sobre-reguladora), el efecto de la Ley Fintech fue verdaderamente catalizador.
Según datos de Endeavor Intelligence, en 2018 la inversión en Fintechs en México apenas superaba los $100 millones de dólares, mientras que el indicador para el 2019 triplicó cómodamente la cantidad del año anterior. Desde entonces sólo ha escalado, como apuntan el Banco de México, Statista y Finnovista, advirtiendo que en 2020 las transacciones Fintech sumaron $3,500 millones de dólares, creciendo a $7,000 millones en el 2022. Pero el sector no sólo creció en términos monetarios, sino también humanos; cuando se publicó la Ley Fintech, las ITF acumulaban alrededor de 18,000 empleados, hoy son más de 35,000. Es decir, la tendencia Fintech en México no da señales de frenar.
El mercado global exige incursionar en el sector de tecnologías financieras, incluso para empresas tradicionales del Big Tech, las cuales tienen la ventaja de contar con un financiamiento, en cierta medida, cubierto. Las start-ups (pequeñas empresas en crecimiento), por el otro lado, se enfrentan al reto del fondeo, pues el cumplimiento normativo para empresas reguladas financieramente hablando requiere una precisión técnica mayor, tanto como para conseguir la autorización como para operar en el rango de legalidad, debido a las exigencias en materia de ciberseguridad y prevención de lavado de dinero, entre otras, lo cual incrementa los costos operativos. Sin embargo, en el caso de México, se ha dado el fenómeno de que la mayor parte de las ITF han tenido un acceso privilegiado a fondos de inversión, desde capital privado hasta venture capital (capital de riesgo).
Junto con Brasil, nos posicionamos hoy en día al frente latinoamericano en el sector Fintech, pero tenemos algunas lagunas que dejan ir oportunidades de crecimiento aún mayores, como por ejemplo una actualizada regulación de activos virtuales y operaciones con ellos. Los avances en la materia requieren revisitar continuamente la legislación, que si bien hasta ahora ha probado ser positiva para el mercado, puede mejorar. En Chile, acaban de publicar su propia “Ley Fintech”, que muchos expertos señalan es más innovadora y disruptiva que su relativa mexicana. Para seguir siendo referente en América Latina, no hay que dormirnos en nuestros laureles.
