En enero de este año, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández fue electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué impacto tiene esto para el Poder Judicial? ¿Qué opinan los universitarios? Alejandra Estrada Campos comparte su visión.
El nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un golpe de autoridad ante el juego político de Andrés Manuel López Obrador. El presidente ignora o decide ignorar que el deber del juez constitucional es con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y no con su programa político. Cuando la ley y la CPEUM estorban a las pretensiones del poder, mantener imparcial e independiente al máximo tribunal del país es indispensable para sostener al Estado constitucional.
En un país donde abunda el nepotismo y la conveniencia política celebro el triunfo de la meritocracia. Además de posicionarse como la primera mujer en la historia en ocupar el cargo, la ministra Piña es una jurista de reconocida trayectoria judicial y comprobada calidad técnica. Sus decisiones han sido congruentes con su discurso. Su compromiso con la agenda de género ha iniciado por reconocer que históricamente las mujeres han sido sometidas a la exclusión sistemática de los cargos públicos. Las acciones afirmativas han marcado un avance claro. Sin embargo, queda mucho por hacer y la ministra presidenta está consciente de eso.
Las necesidades de reconocimiento de derechos de sectores específicos de la sociedad mexicana crecen a velocidades nunca vistas. El respeto, la protección, la promoción y la garantía de los derechos humanos de fuente nacional e internacional requieren autoridades sólidas que estén a la altura de su fuerza expansiva. El compromiso de los tribunales con la independencia judicial y el equilibrio de los órganos de poder abona a consolidar la dimensión sustancial del sistema democrático que sirve como límite al poder y al “gobierno de las mayorías”. La exigencia es clara. El juez es juez y no político, aunque sus decisiones involucren cuestiones políticas. La SCJN es nuestro máximo guardián. Todavía hay jueces en Berlín y también cada vez hay más juezas. La designación de una mujer profesional y objetiva que ha roto lo que ella misma llama “un inaccesible techo de cristal” abre para la Corte y el Poder Judicial Federal —al menos en la expectativa— un panorama de progresismo y contrapeso.
