Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, nos comparte los riesgos a los que nos enfrentamos ante la potencial eliminación del INAI con la propuesta de reforma de simplificación orgánica.
¿Cuál es la relevancia democrática del INAI en México?
Adrián Alcalá – El INAI ha consolidado la democracia en este país a través de los derechos que tutelamos: el de protección de datos personales y el de acceso a la información. Por una parte, la gente puede estar muy tranquila, segura de que la información personal que entrega a empresas o al sector gubernamental está siendo tratada de manera adecuada, correcta, eficaz y eficiente, y también de que ante una posible vulneración de su información existe una instancia que va a llegar a las últimas consecuencias para garantizar la protección de sus datos personales, como pudiera ser una sanción a quien divulgue indebidamente datos personales ajenos o que no adopte las medidas necesarias correspondientes, legales y técnicas, para que esta información se mantenga segura.
Por otra parte, la información pública es un insumo para todas las personas en su quehacer diario. Se pueden tomar mejores decisiones a través de la información que generan, poseen o administran los entes públicos llamados sujetos obligados, de los tres ámbitos de gobierno, los tres poderes tradicionales, los autónomos, los sindicatos que reciben recursos públicos, los fideicomisos, los fondos públicos, los partidos políticos y, en general, cualquier persona que administre o ejecute un cargo público en que realice actos de autoridad. Una sociedad informada es una sociedad que puede ejercer libremente sus derechos. Estos derechos, además de estar contemplados en la Constitución, deben tener un mecanismo de garantía: eso es el INAI. Los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales son fundamentales y han venido a consolidar y a fortalecer la democracia que hoy conocemos.
Cuando la gente, la sociedad mexicana, ejerce un derecho de manera estratégica, puede transformar su realidad más cercana o su realidad colectiva. Trataré de explicarme: en primer lugar, a través del acceso a la información pública la gente puede conocer cuál es el presupuesto que se tiene para pavimentar la calle, cuál es el presupuesto que se tiene para gestionar el alumbrado público en su colonia y cuáles son los horarios de recolección de la basura, pero también cuál es el nivel de evaluación de los maestros que educan a sus hijos e hijas que están cursando educación básica para saber el nivel de educación que van a recibir; en segundo lugar, en lo relativo a los datos personales, a través de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales se puede acceder a información propia, como expedientes clínicos, o las personas que necesitan emprender próximamente su jubilación saber cuántas semanas cotizadas tienen para acceder a un sistema de pensiones.
El INAI es la ruta, la garantía, para allegarse esa información y utilizarla en beneficio personal. Estos derechos sirven de puente pero a la vez sirven también para brindar esa justicia social que hoy la sociedad está demandando. El México actual no es el mismo México del año 2000 o el de 1990; el país hoy requiere de nuestras instituciones públicas, y de nosotros como servidores públicos, que cumplan con una exigencia social. Y a través del acceso a la información y de la protección de datos personales podemos alcanzar esa justicia social tan anhelada.
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¿La autonomía institucional es condición necesaria para que las personas puedan ejercer estos derechos?
Adrián Alcalá – Es una condición ideal; por supuesto, es una condición indispensable. ¿Por qué? Porque en la autonomía reside la fortaleza de nuestras resoluciones. Cuando una institución como ésta es autónoma, es independiente del poder público, del poder político, emite resoluciones fuertes, robustas, pero también innovadoras. No hay que perder de vista que lo que nosotros garantizamos son derechos fundamentales y, por eso, sólo por eso, esas resoluciones deben ser ajenas al control político, a nivel tanto federal como local.
¿Qué implicaciones tiene quitarle la autonomía en la vida de los ciudadanos y en la democracia?
Adrián Alcalá – Por una parte, se fragmenta el derecho por la forma en que está redactada la iniciativa; por otra parte, existen grandes riesgos de que al concentrarse la información en una oficina gubernamental se caiga en la parcialidad. Cuando hablo de fragmentar el derecho me refiero a que, al contar con una institución nacional, garante en todo el territorio nacional, la normatividad es la misma, los criterios son los mismos que se tienen respecto de todos los sujetos obligados, y existen condiciones equitativas e igualitarias para el ejercicio y la garantía de estos derechos. El árbitro es independiente y juega con reglas parejas para todos los actores de este entramado, los ciudadanos, las personas y los entes públicos obligados a la transparencia. La iniciativa pretende que las funciones de garantía que realiza hoy el INAI y los órganos garantes de la transparencia a nivel local, se vayan a diferentes sectores. Cuando se produce esta fragmentación del derecho se corre el riesgo de que haya heterogeneidad en la normativa, en los criterios con los que se va a resolver, condiciones distintas. La calidad de la garantía del derecho dependería de la visión de quien esté resolviendo, si es en un ámbito ejecutivo, si es en un ámbito judicial, si es en un ámbito legislativo. Por otra parte, también se corre el riesgo de que, al fragmentarse, la gente ya no ejercería sus derechos de manera libre y autónoma.
En cuanto a la democracia, existe el riesgo del retroceso, una involución de 20 años, porque en México este derecho, si bien es cierto que se empezó a normar en 2002, ha ido creciendo de manera constante y ascendente. En 2014 alcanzamos la construcción de este modelo, que por cierto es un referente a nivel internacional, tanto en materia de datos personales como en acceso a la información. Las personas no gozaríamos de la misma libertad con la cual hoy, de manera anónima, de manera libre, podemos preguntar cualquier cosa del gobierno. Con la reforma correríamos el riesgo de que se estuviera cuestionando a la ciudadanía por los motivos de sus peticiones de información, los objetivos, al no haber una entidad con autonomía ajena al poder público. Es el riesgo de que se coarten las libertades de las personas y que las futuras autoridades, suponiendo que la iniciativa prosperara, sean parciales.
Ante estos riesgos y ante la potencial eliminación del INAI, ¿qué debería estar haciendo la ciudadanía?
Adrián Alcalá – La sociedad está siendo informada a través de diferentes gestiones que estamos realizando nosotros. Nunca es tarde. Por supuesto que también se nos critica —y somos autocríticos al respecto— por la escasa conexión que ha tenido el INAI con la sociedad. No hemos logrado socializar la importancia que tiene. Por ejemplo, cuando una persona en Yucatán que comentó ser adulta mayor, padecer cáncer terminal y que no tenía una fuente de ingresos, gracias al acceso a la información pública pudo acceder a su expediente clínico y ejercer otro derecho como la salud; o cuando los padres de familia de una determinada colonia quisieron conocer cuál era la evaluación, el grado académico o la calidad educativa que tenía la escuela primaria, con eso pudieron ejercer otro derecho, como el de la calidad educativa de sus hijos menores.
Nos estamos socializando como institución garante. La sociedad debe estar inmersa en esta discusión pública porque esto afecta a un sistema de derechos; a un sistema de derechos que nos ha costado muchísimo tiempo construir. Antes conseguir cualquier información pública era un privilegio para ciertos sectores, como efectivamente lo dice el presidente de la República; hoy en día, gracias a estos derechos y a estas instituciones, cualquier persona puede acceder a información pública y ahí es donde se rompen los privilegios.
La misma información puede tener un inversionista que una persona campesina que va a invertir en el campo. La misma información la pueden tener y tienen derecho a tenerla las personas migrantes que una persona que se encuentra privada de su libertad, que no pierde todos sus derechos. Es decir, la información pública es para todas y para todos. Y lo que tenemos que hacer hoy como sociedad es estar más inmersos, estar en las lecturas como esta gran revista, para adentrarse a los temas y criticar y opinar para dilucidar cómo hacemos hoy en día para que estas instituciones se mejoren, se consoliden, se fortalezcan, y no cómo se eliminan, porque eso conllevaría más allá de la eliminación de la institución: se perdería todo un sistema de los derechos que tenemos todas y todos. Y en una democracia, reitero, deben existir derechos, y deben existir instancias que los garanticen. Entonces hoy hago un llamado respetuoso a la sociedad para que se inmiscuya en estos temas, para que nos conozcan, para que opinen, para que critiquen, y juntas y juntos podamos construir una mejor institución acorde con las necesidades del México de 2024. Por eso hemos hecho unos llamados muy respetuosos a los actuales congresistas, pero también a la nueva presidenta, a la presidenta electa, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a las autoridades para poder sentarnos en una mesa de trabajo y dialogar sobre cómo construir una institución mejor, cómo actualizar el marco normativo, cómo lo hacemos más eficaz y más eficiente, siempre, por supuesto, bajo la visión de la importancia que tiene la autonomía. Porque la autonomía no es un cheque en blanco que tenemos nosotros, sino que conlleva una gran responsabilidad. Nosotros no somos enemigos del poder público; nosotros somos un complemento, somos una institución del Estado mexicano. Y como institución del Estado mexicano dialogamos, no nos confrontamos. ¿Todo para qué? Para mejorar el servicio para el cual nos afanamos, que es un servicio público de las y los mexicanos.
Si nos situamos bajo el supuesto de que se elimina el INAI, ¿qué debemos hacer?
Adrián Alcalá – Sirve este llamado porque hay muchas cuestiones que quizás se desconozcan. Situaciones, por ejemplo, como ¿qué pasará con las gestiones que actualmente estamos haciendo de los recursos de revisión o de las quejas? Nosotros resolvemos poco más de 400 quejas de personas que han tenido la necesidad de acudir con nosotros precisamente con el objeto de encontrar un camino para obtener un documento o corregir un dato o alegar la inviolabilidad de su privacidad. Entonces hay muchas cuestiones: las obligaciones de transparencia, quién será el responsable de vigilarlas, la plataforma nacional de transparencia, las políticas públicas que implementamos… Hay muchas situaciones que tienen que estar plenamente consagradas en la legislación secundaria. Entonces, de prosperar esta iniciativa en los términos en los que actualmente está aprobado el dictamen en comisión, suponiendo sin conceder que así ocurra, habrá que llenar muchas lagunas para dar certeza a las personas. En el tema de los datos personales no queda establecido con claridad quién será la autoridad competente; incluso en materia de transparencia de la información pública se dice que será la función pública, pero en el ámbito del sector público ejecutivo, del sector ejecutivo, no se establece con claridad si será a través de la secretaría que se realice la garantía de estos derechos o a través de cada órgano interno de control de cada entidad o secretaría o dependencia. Es decir, todas esas cuestiones se tienen que aclarar y se tienen que solventar precisamente antes de que entre en vigor la normativa secundaria.
Si soy un ciudadano que apenas presentó una solicitud de información al INAI y mañana desaparece este instituto, ¿qué pasará con mi solicitud?
Adrián Alcalá – Esa incertidumbre también la tenemos nosotros como comisionados del INAI y todo el personal que colabora con nosotros. Hoy en día es importante hablar de la trascendencia y la utilidad social que tiene el ejercicio estratégico de estos derechos y de la importancia de la autonomía, pero también de la incertidumbre que nos presenta el dictamen como está aprobado en comisiones.