Beatriz Magaloni: Premio Estocolmo en Criminología 2023

La doctora Beatriz Magaloni Kerpel platicó con nosotros acerca de su importante trabajo de investigación en materia de pobreza, violencia y gobernanza en Brasil y México, después de haber sido electa por un jurado de especialistas como acreedora del reconocido Stockholm Prize in Criminology 2023. Desde su hogar, la directora del Programa de Pobreza y Gobernanza de la Universidad de Stanford nos recibió por Zoom para hablar sobre las malas prácticas policiales, las lagunas del sistema de justicia penal, la intervención militar en las tareas de seguridad del Estado y los márgenes sociales.

Usted tiene formación jurídica y en ciencias políticas; pero el premio que le acaban de conceder es sobre criminología. ¿Qué tan importante es el campo de estudio del Derecho en su trabajo?

Beatriz Magaloni – Ha sido muy importante en diversos sentidos. Uno de ellos es que, gracias a que estudié Derecho, hice algunas defensorías pro bono en México¹ que me permitieron entender cómo funcionaban, por decirlo de alguna manera, las tripas del sistema de impartición de justicia penal, que en realidad es un sistema inquisitorio. Observé directamente cómo las audiencias, en las que el juez nunca estaba presente, operaban gracias a las secretarias de los juzgados y los ministerios públicos. Para mí fue evidente que había que cambiar las instituciones, aunque no jugué un papel en la reforma de 2008 (a pesar de que algunos medios me la han adjudicado erróneamente). La ciencia política me brindó instrumentos para realizar análisis, como complejas formas de estadística, para estudiar estas instituciones de formas en las que, desde la abogacía, no hubiera podido hacerlo.

A mí me preocupan los derechos humanos. Con el estallido de la violencia que se produjo en México a partir de 2006, me he dedicado a tratar de comprender, desde varios aspectos, la violencia y las respuestas que el Estado le da. Esto me llevó a las favelas en Brasil. Mi metodología es multidisciplinaria. Entre otras, uso técnicas de estadística; ser abogada me orilló a fijarme en la impartición de justicia desde mi formación en ciencia política. Esto es algo que no se hace con frecuencia y que, me parece, es de suma importancia para entender la calidad de nuestras democracias, el papel de la ciudadanía y los retos que tenemos que resolver en materia de violencia

Parte importante de sus estudios está enfocada en las prácticas de las instituciones policiales que utilizan metodologías que contribuyen a enraizar la violencia en la sociedad. ¿Cómo veel panorama del combate a la delincuencia en México?

Beatriz Magaloni – Las instituciones coercitivas del Estado han sido un tema relevante en la teoría política desde hace mucho tiempo. Lo bordaron los autores clásicos, como Hobbes.  ¿Cómo crear un Estado que tenga el monopolio de la fuerza pero que, a la vez, la ejerza en forma legítima?: por medio del Estado de Derecho. Desafortunadamente, como instituciones coercitivas, siempre tienen la capacidad y la posibilidad de abusar de su facultad de coacción para subyugar a los ciudadanos. El reto que enfrentan, no sólo México sino los países que están afectados por la violencia criminal, en el caso de nuestro hemisferio, tiene que ver con organizaciones de tráfico de drogas que son muy poderosas, que tienen acceso a recursos extraordinarios y que permean de corrupción a nuestras instituciones de seguridad (es bien sabido que los grupos criminales buscan la colaboración de las ramas coercitivas del Estado encargadas de aplicar la ley), las cuales son esenciales en la implementación del Estado de Derecho. La relación de los policías con los ciudadanos es esencialmente asimétrica, pues los primeros tienen el respaldo de la fuerza coactiva del Estado, y los segundos, a menos que sean miembros de las organizaciones criminales, no tienen acceso a los instrumentos de violencia.

Se tienen que diseñar instituciones que tomen en cuenta esta asimetría de poder. El problema es que en México las instituciones de impartición de justicia fueron diseñadas en una época de autoritarismo en que las ramas de la justicia penal se podían utilizar a favor del régimen político, para la persecución de los enemigos políticos. Lo que observo en mi trabajo es que estas instituciones operaron de manera muy autoritaria, y lo siguen haciendo, incluso después de la transición democrática. Medí estas prácticas: en el caso de México, fue la tortura; en el de Brasil, el uso excesivo de la violencia letal por parte de las policías. Desarrollamos estrategias de medición muy precisas para poder estudiar cómo funcionan estas dimensiones del Estado. Las  noticias para México no son buenas. Sabemos que la impunidad es altísima, lo que quiere decir que la ciudadanía no confía en la policía, por un lado, pues no denuncia los delitos, por su asociación con los grupos criminales y, por otro lado, por su incapacidad de realizar investigaciones científicas que provean evidencia, la cual que es sustituida por métodos violentos de investigación.

A pesar de no haber cambiado las prácticas después de la transición democrática, hubo tres reformas que obligaron a las policías a modificar sus actuaciones. Me refiero, en particular, a la reformas en materia de justicia penal y de seguridad de 2008; a las de 2011 en materia de amparo y derechos humanos, y a la creación de una Guardia Nacional —un a guardia civil, distinta a las policías— establecida por el actual gobierno. ¿Qué opinión le merecen estos cambios?

Beatriz Magaloni – La reforma de 2008 la estudié con mucho detalle en mi trabajo. Utilizamos una encuesta que hizo el Instituto Nacional de Estadístistica y Geografía sobre más de 58,000 prisioneros en México, con contundente precisión estadística, que señala el lugar y la fecha en los cuales una persona fue arrestada. Con eso pude medir 300 distritos judiciales y el momento en el que entró en vigor la reforma. Pude ver cómo eran tratados los prisioneros antes y después de la reforma en municipios concretos, haciendo uso de encuestas muy precisas y siguiendo un método de diferencia, que funciona como una prueba de placebo para comprobar que no estoy midiendo cosas inexistentes.

Observé que hay un efecto significativo en el cambio del comportamiento de las policías, sobre todo de la policía de investigación, que es la que más está involucrada con los juicios penales porque es la que tiene que ofrecer evidencias frente a los jueces. También muestro en mi trabajo que, desde 2008, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación empieza a crecer la jurisprudencia en materia de juicios penales y derechos humanos. En las entidades federativas, la reforma empezó a tener efecto hasta después, entre 2012 y 2014. Sí observé una reducción importante de casos de tortura en función de la reforma; desafortunadamente aún quedan muchos huecos, como la impunidad (hoy hasta de más de 90 por ciento) o la falta de seguridad en la persecución de la delincuencia organizada y el uso de la tortura (en los casos en que estas personas son arrestadas por la policía federal no observé una disminución de la tortura en función de la reforma de 2008). Y cuando el ejército interviene en las detenciones aumentan las probabilidades de que los detenidos sean torturados. La reforma es limitada, pues no resuelve, por un lado, el problema de que el Estado no sabe hacer investigación, y, por el tro, no llena los huecos por los que todavía son posibles los abusos. Al respecto se puede leer el texto que mi hermana y yo publicamos en la revista Nexos.²

Mi trabajo, reconocido por el Premio Estocolmo, observa algo muy interesante: cuando se implementan los operativos conjuntos, el Estado lo que hace, en realidad, es enviar al ejército a las entidades federativas a pelear con los grupos criminales. Pelear, combatir… es lo que sucede en un estado de guerra. En ese momento la tortura aumenta por parte de las policías locales. El comportamiento se vuelve más violento cuando hay intervenciones militares, incluso por parte de la policía local a cargo de las investigaciones. Afortunadamente, con la reforma sí hay una reducción, sobre todo por el debido proceso y las restricciones en la fase de investigación, pues en esas etapas se involucra a los jueces de control. Pero aún así quedan huecos y el estado de guerra continúa, lo que propicia que las policías violen derechos.

En cuanto a la Guardia Civil, hay que hacer muchísima más investigación. Es preocupante tratar de poner toda la seguridad y sus funciones en manos del ejército (la Guardia Civil). Puedo entender que cuando el presidente entró en funciones y observó un caos en el país donde las policías federales han sido invadidas por el crimen organizado —supongo que eso fue lo que él observó—, haya intentado eliminar este cuerpo corrupto y propuesto la creación de otro sujeto a una institución que, a su parecer, era menos propicia a la corrupción. Se entiende la razón de su estrategia. Sin embargo, debemos observar más. Yo he hecho mucho trabajo de campo sobre la violencia en Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y el Estado de México. En estos años de transición se observó un abismo, una ausencia del Estado y la desesperación de muchísimas comunidades invadidas por el crimen organizado; no había presencia de la Guardia Civil —ahora ya la hay—. Pero debería haber una investigación muy precisa sobre su efectividad y sus intervenciones, acerca de cómo se está desplegando en el territorio y cómo se está comportando en relación con la ciudadanía y con la ley. Se tiene que crear un marco normativo que restrinja al ejército, cosa que no ha sucedido.

Usted es directora del Programa de Pobreza y Gobernanza de la Universidad de Stanford. ¿Cómo se vincula la pobreza con la delincuencia? Parece, en el caso mexicano, que las leyes y la justicia penal persiguen sobre todo a las comunidades pobres.

Beatriz Magaloni – Con mi trabajo de investigación en campo empecé a percatarme de que los pobres son las principales víctimas, tanto de los abusos de las autoridades, como de la violencia. Esto fue lo que me llevó precisamente a Río de Janeiro a investigar cómo, en las favelas, en los asentamientos irregulares, donde el Estado tiene muy poca presencia, donde las comunidades son muy pobres y la mayoría de los habitantes son negros o pardos —como se les dice a quienes son de raza mixta—, en esos territorios el Estado renuncia al control, deja de suministrar bienes públicos, no provee escuelas. Durante la década de 1980 los grupos criminales se convirtieron en los gobernantes materiales de las favelas. En mi trabajo me dedico a investigar cómo es esta gobernanza criminal y qué significa vivir bajo un régimen de gobernanza criminal.

En México hay muchísimos espacios urbanos y rurales que están gobernados por criminales, donde el Estado no existe y donde quien realmente ejerce el control son los grupos delictivos. Para mí ese es el vínculo entre pobreza, violencia y gobernanza.

¿Es posible identificar modelos de favela en México, es decir, esos espacios de ausencia total del Estado?

Beatriz Magaloni – Absolutamente. En México existen en muchos territorios urbanos periféricos y también rurales. Se hizo un estudio sobre los riesgos del transporte público en la zona metropolitana de la Ciudad de México, por ejemplo, donde se identificó que en muchos zonas la delincuencia organizada cobra extorsión para que la gente pueda pasar de un lado a otro. Son territorios controlados, localmente, por grupos criminales donde existe un ecosistema al margen del Estado, o donde el Estado está involucrado por medio de las policías. Hice un trabajo en Michoacán, donde surgieron grupos de autodefensas en contra de la gobernanza criminal que extorsionaba a las comunidades y donde las policías participaban del lucro. Esto no sólo ocurre en México. Se ha querido intervenir a las policías para depurarlas de esta penetración del crimen organizado.

En Brasil, por ejemplo, encontré algo muy interesante: se inició una reforma policial para desmilitarizar sus intervenciones e instituir una policía comunitaria con la noción de que tenía que ser cercana de la comunidad: llevar a las mujeres en la patrulla a las clínicas cuando estaban por dar a luz, sembrar vegetales con los muchachos, darles clases de karate. Me encantó la idea de una policía humanitaria para los pobres, por lo que me dediqué ocho años a analizar este proceso. En ese contexto, logramos identificar seis tipos de regímenes criminales; en resumen, hay algunos donde los guerreros criminales logran mantener la criminalidad bajo control con justicia —se llama Tribunal de Tráfico, que es como un tribunal donde la justicia la imparten los traficantes de drogas—, más efectivos que la policía en la persecución de robos, de violencia doméstica, de homicidios. La favela se mantiene bajo un control estricto y la delincuencia es mínima; la gente se siente segura, sobre todo en lugares en los que, cuando intervino la policía, hubo mucha violencia.

El trabajo que usted realiza es muy importante, porque no lo hace desde el escritorio, sino en campo, donde operan los grupos criminales, donde intervienen las policías. ¿En qué consiste el taller (lab) de pobreza, violencia y gobernanza que encabeza en la Universidad de Stanford?

Beatriz Magaloni – Escribí un libro titulado Voting for Autocracy a partir del cual quise realizar trabajo académico que pudiera tener impacto en la política pública y en la vida de las personas, sobre todo en materia de derechos humanos, pobreza y justicia. A través del taller invito a mis estudiantes a trabajar conmigo estos temas, para bajarlos de la abstracción a la práctica. Es una forma diferente de hacer la academia. Mi objetivo es que los estudios puedan transformar la realidad.

Hay un tema al que quiero regresar a la luz de lo que nos está comentando sobre la importancia de que las investigaciones tengan un impacto en la realidad para modificarla. En un Estado como el mexicano, con las lagunas a las que usted se refirió, con los cambios estructurales que hubo y en el que la delincuencia organizada ha desbordado al Estado, ¿cómo podría combatirse la delincuencia sin que el Estado replique las prácticas violentas?

Beatriz Magaloni – Esa pregunta es importantísima. Reitero dos cosas. La primera es que, si existe la intención de resolver el problema, debe haber apertura para que académicos como yo, que sabemos analizar los datos y entenderlos, podamos identificar los huecos, los problemas y los resultados de las políticas y los programas del gobierno; la transparencia necesaria para abordar el problema. La segunda es que la criminalidad no se puede resolver —y esto lo ha dicho el mismo presidente— solamente con policías y ejércitos; pero existen políticas sociales que deberían implementarse en el país, cosa que no se ha hecho.

Para quienes están interesados en el combate a la delincuencia, sobre todo estudiantes de Derecho que tienen la ilusión de influir en el mundo, ¿qué les recomendaría para acercarse a estos temas en la práctica sin ponerse en riesgo?

Beatriz Magaloni – Para realizar estas investigaciones tuvimos que desarrollar estrategias muy elaboradas para no ponernos en riesgo tanto a nosotros, los académicos, como a quienes entrevistábamos. En el caso de Brasil logré una asociación muy bonita con Vanessa Melo, que es mi coautora en ese trabajo. Ella es de Nueva Iguazú, una zona periférica de Río de Janeiro que no es propiamente una favela pero sí es una zona muy pobre y violenta. Con ella elaboramos una estrategia para movernos en esos territorios, con permiso y de manera segura, a través de alianzas con asociaciones comunitarias importantes, como los observadores de las favelas, las Redes de Maré (la agencia de redes para la juventud), amistades que forjamos en campo, etcétera. De haberlo hecho sola, no habría podido entrar de forma segura. Eso, por un lado; por el otro, establecimos una fuerte alianza con la policía que nos dio acceso a datos estadísticos con la esperanza de que les pudiéramos ayudar a resolver los problemas. Mi consejo para quienes quieran realizar este tipo de trabajo, que ciertamente vale la pena, es hacerlo de manera estratégica y cuidadosa. Aliarse con comunidades afectadas. Realizarlo con un enfoque académico, no sólo para extraer información, sino también para ofrecer beneficios. El trabajo multidisciplinario también es muy importante; estos temas son vastísimos y su análisis no corresponde únicamente a politólogos, criminólogos y abogados.

Beatriz Magaloni Kerpel es directora del Programa de Pobreza y Gobernanza de la Universidad de Stanford. En 2023 será galardonada con el Stockholm Prize in Crimonology 2023. Es profesora de ciencia política y de relaciones internacionales. Estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Posteriormente, realizó su maestría en la Universidad de Stanford, donde fundó (y actualmente encabeza) el Laboratorio de Pobreza, Violencia y Gobernanza. Ha publicado diversos libros: A la puerta de la ley; Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and its Demise in Mexico (Cambridge University Press, 2006) —galardonado con los premios Leon D. Epstein Outstanding Book Award y Comparative Democratization Section Best Book Award de la American Political Science Association—; The Political Logic of Poverty Relief (con Alberto Díaz-Cayeros y Federico Estévez; Cambridge University Press, 2016), y Determinantes do uso da força policial no Rio de Janeiro (con Ignácio Cano; UFRJ, 2016).

1. Una de estas defensorías pro bono —un caso muy importante en la década de 1990— la realicé, con mi hermana Ana Laura Magaloni, a Claudia Rodríguez, quien estuvo en prisión acusada de homicidio y a quien pudimos defender alegando legítima defensa por haber sido víctima de violación.[↩]
2. “Un método de investigación llamado tortura”, de Ana Laura Magaloni y Beatriz Magaloni. Véase https://www.nexos.com.mx/?p=27781.[↩]