La Comisión de Jóvenes Barristas de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y abogacía, hemos sumado esfuerzos para crear un espacio en el que podamos presentar los perfiles de las abogacías emergentes que están repensando la profesión y ayudando a impactar positivamente a sus comunidades y a sus entornos inmediatos. Estamos convencidos de que la abogacía se inserta, como cualquier otra profesión, en contextos determinados para servir a su comunidad; en este sentido, la visión del quehacer social juega un profundo rol en la consolidación del Estado de derecho, la construcción de la democracia y la generación de entornos propicios para los derechos humanos y la paz. Buscamos que este sea un espacio de convergencia y diálogo que detone la construcción de comunidades de abogacías conscientes y responsables con su entorno.
En México no hay respeto por el Estado de derecho. En los últimos años, el Gobierno, con un afán por centralizar el poder, hace política con base en ideología y diagnósticos que no necesariamente son verdaderos. Me preocupa que, a partir de esa nueva forma de hacer política, los órganos del Estado pasen por encima de las leyes y los derechos humanos. Me preocupa la destrucción de instituciones que históricamente han ganado autonomía e independencia. No son instituciones perfectas, pero la división de poderes es uno de los mejores mecanismos que hemos encontrado para poder vivir en paz; su defensa nos conviene a todos.
Bruno Puerto Salazar
Bruno es licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Santa Fe. En esta misma institución, Bruno ha impartido, como profesor adjunto, el curso de Juicio de Amparo.
Durante y después de sus estudios, Bruno ha representado al ITESM con una participación ejemplar en múltiples concursos organizados por diversas instituciones internacionales. Destacan los siguientes: las ediciones 2017 y 2018 del concurso internacional de arbitraje comercial CAM Moot México, organizado por el Centro de Arbitraje México, obteniendo el primer y tercer lugar, respectivamente; la edición 2018 del concurso Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, organizado por el Association for the Organization and Promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, llegando a las rondas de 32 –este fue el mejor resultado de cualquier equipo mexicano hasta ese momento–; la edición 2019 del concurso Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition,1 organizado por el International Law Students Association, obteniendo reconocimiento de mejor memorial de contestación; la edición 2019 del concurso MootComp, concurso interuniversitario en materia de competencia económica organizado, entre otras instituciones, por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Actualmente, Bruno es asociado senior en SAI, Derecho y Economía, en las áreas de competencia económica y litigio administrativo. Se especializa en juicios de amparo en sectores regulados (i.e., energía, telecomunicaciones, radiodifusión, financieros) y en materia de competencia económica. En su práctica de competencia económica, ha representado a clientes ante la Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en investigaciones relacionadas con prácticas anticompetitivas, concentraciones ilícitas y notificaciones de fusiones.
Entre otros, se pueden destacar los siguientes asuntos en los que ha participado. 1) Un juicio de amparo promovido en contra de una visita de verificación practicada por la Cofece con motivo de una investigación por prácticas monopólicas absolutas en el mercado de huevo, en la que la autoridad se extralimitó al vulnerar información protegida por el privilegio abogado-cliente. En este asunto, no sólo se logró el cierre del procedimiento de investigación, sino que se garantizó la defensa del nuevo privilegio en escenarios prácticos mediante la emisión de los primeros criterios judiciales que reconocen la figura. Y 2) El proceso de notificación de concentración ante la Cofece y el IFT por la adquisición de Twenty-First Century Fox por parte de The Walt Disney Company en que se obtuvo la autorización incondicional de la Cofece y condicionada por parte del IFT (sujeta a la venta de ciertos activos de forma posterior al cierre) y, posteriormente, la defensa de las resoluciones aprobatorias en diversos juicios de amparo promovidos por terceros, mismas que quedaron firmes en sus términos. A través de estos asuntos, se logró la autorización de la concentración sin la condición de llevar a cabo la venta de activos de forma previa al cierre de la operación.