Ante el preocupante escenario para los comicios federales en México, platicamos con el investigador César Astudillo sobre algunos temas que han estado presentes en la agenda pública: polarización, eliminación de cargos plurinominales en el Congreso, el INE y el Tribunal Electoral y democracia.
¿Quién es César Astudillo?
Soy un profesor que forma parte del cuerpo académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 2006. Estoy adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas y me he hecho cargo del área de Derecho Electoral. Cerca de dos años y medio tuve la oportunidad de colaborar con los rectores José Narro y Enrique Graue. Con el primero fui el abogado general; con el segundo, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria, lo que me permitió conocer a profundidad la vida universitaria. Doy clases en la Facultad de Derecho sobre temas vinculados con democracia, derechos humanos y justicia constitucional.
El año 2024 es importante en materia electoral. ¿Cuál es el panorama al que se enfrentarán el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
César Astudillo – El panorama es complejo. Para que la ciudadanía pueda concurrir a votar tiene que haber precondiciones que, a mi parecer, hoy son muy complicadas. Me refiero, particularmente, al entorno de libertad para que se pueda decidir, un entorno que hoy está fuertemente condicionado por el uso de programas sociales con propósitos electorales y por la reacción que están teniendo los grandes corporativos para orientar el voto. La presión que realiza —lo admitamos o no— el crimen organizado, cuya capacidad de influencia en las elecciones —en el votante o en la imposición de candidatos—, va en aumento. Si a este clima de inseguridad agregamos otros elementos —esto es, problemas que aquejan a la población, como la carencia de agua o las condiciones de precariedad laboral—, el ambiente en el que vamos a votar se enrarece aún más.
El contexto va a ser particularmente complicado y las instituciones electorales van a tener que redoblar sus esfuerzos para garantizar que la ciudadanía pueda votar. No obstante, a los gobiernos en general les corresponde generar las otras precondiciones: garantizar entornos de seguridad para que las personas puedan votar con libertad y propiciar contextos donde circule la información para que la ciudadanía pueda sufragar de manera informada, convencida y genuina, etcétera.
Podría interesarte: «La realidad del sufragio en México»
En general nos concentramos en las cosas negativas que están ocurriendo. ¿Hay un escenario positivo en este contexto?
César Astudillo – Existen algunos parámetros que han mejorado, como las condiciones de bienestar; hay personas que han logrado salir de la extrema pobreza, sobre todo con los beneficios de los derechos sociales impulsados por el gobierno. Siguen siendo muy amplias las brechas entre los que menos tienen y los que más tienen, pero me parece que ha habido algunos avances en la reducción de esa fisura.
Lo anterior ha generado un entorno que nos ha polarizado demasiado, como ha ocurrido poco en la historia reciente de nuestro país. Una sociedad altamente polarizada puede servir, si lo vemos desde el punto de vista positivo, para impulsar a las personas a que salgan a votar. Entre más personas se vuelquen a votar, mejor. Sin embargo, la polarización ha llegado a las mesas familiares, a los círculos de amigos y prácticamente a todos los ámbitos de la sociedad, lo cual abona una gran cantidad de elementos negativos, porque finalmente todos estamos aquí, y antes y después de las elecciones todos vamos a seguir aquí. En ese sentido, vale la pena identificar que en la política prevalece un evidente punto de polarización que exacerba nuestras diferencias entre unos y otros, pero que debe convocarnos —sobre todo en un contexto de grave inseguridad, como el que estamos viviendo actualmente— a distinguir elementos de unión mediante los cuales los partidos entiendan que hay temas en los que sí pueden caminar juntos, porque es necesario que demuestren que es posible ir en una misma dirección para beneficio de la sociedad.
Es muy interesante pensar en la polarización como una ventaja para impulsar la participación…
César Astudillo – Si vemos el histórico de participación ciudadana en un contexto como el de México, es indispensable saber que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina, que tienen voto obligatorio y por eso sus niveles de participación regularmente alcanzan 90 por ciento, más o menos, nuestro país tiene un máximo histórico de 65 a 66 por ciento, cuando mucho. En ese sentido, la polarización podría propiciar un impulso por participar en las elecciones, con la certeza de que es muy importante hacer sentir nuestra voz, independientemente del personaje por el que uno vote. Hay una gran la libertad implícita en este ejercicio.
¿Qué implicaciones tiene la eliminación de los cargos legislativos plurinominales?
César Astudillo – Tiene una consecuencia muy relevante. La democratización de este país se ha producido a partir de distintas reformas durante diferentes generaciones. La primera con la que se buscó democratizar al país después del régimen hegemónico del Partido Revolucionario Institucional, tratando de sembrar la semilla del pluralismo político, tuvo lugar en 1977 con la incorporación de la representación proporcional. Posteriormente hubo otras reformas que incidieron en el mismo propósito, sobre todo las de 1986, 1994 y 1996, y así sucesivamente, hasta las últimas de 2007 y 2014, que tuvieron el propósito de hacer más fiel la representación política, no con el propósito de menoscabarla.
La propuesta de eliminar a los plurinominales va en sentido contrario de lo que hemos construido, pues en las últimas cuatro décadas hemos tratado de generar una representación política genuina mediante la cual los votos puedan expresarse y proyectarse adecuadamente en la conformación de las cámaras. Daríamos un vuelco si esta reforma llegara a concretarse. El mayor sacrificio sería el pluralismo, porque fácilmente dejarían de tener representación cuatro fuerzas políticas y nos quedaríamos básicamente con un sistema tripartita (Morena, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y, quizá, Partido de la Revolución Democrática). Los demás verían muy comprometida su subsistencia. Recordemos que la existencia de los partidos requiere que éstos participen en las elecciones, que tengan acceso a cargos de representación popular, porque eso significa que constituyen opciones continuas y votadas por la ciudadanía. Entonces ahí tenemos un problema mayúsculo, sobre todo en lo que concierne a la Cámara de Diputados, porque en el Senado este arreglo tiene otra connotación, ya que desde que ahí se instauró la representación proporcional se advirtió que era un mecanismo que generaba una distorsión en relación con el número de representantes por entidad federativa. La idea es que, si bien la Cámara de Diputados tiene una representación poblacional, la Cámara de Senadores posee una representación geográfica territorial, por medio de la cual Tlaxcala, Campeche, Colima, que son entidades muy pequeñas, deberían tener el mismo número de senadores que la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Veracruz, que son entidades muy grandes, para que haya un trato igual entre entidades. En esas condiciones, la representación proporcional generaba esa distorsión, pero lo cierto es que suprimirla va en detrimento de que se representen algunas opciones que ven en esta vía la única forma de tener acceso a la Cámara de Senadores.
Hubo una crítica sobre la propaganda en espacios públicos que, según rezaba la leyenda, estaba “dirigida a militantes del partido”, pero que ostensiblemente eran actos anticipados de campaña. ¿Deberían preocuparnos estas acciones de los partidos?
César Astudillo – Sí, porque han dejado en claro: 1) que buscan la forma de darle la vuelta a la ley electoral, y 2) que la ley electoral estaba pensada para otro tipo de partidos, que no son los que tenemos en México, respetuosos de la ley.
Hubo una regulación para tratar de ordenar las etapas clave de la competencia política, mediante la cual, antes de iniciar las campañas, se abrió un espacio para que los partidos pudieran elegir a sus candidatos y de ese modo evitaran actos anticipados de campaña. Pero nadie ha respetado esas reglas. Tal vez quienes impulsaron esta legislación lo hicieron con la mejor de las intenciones, pero con ingenuidad política, creyendo que teníamos otro tipo de partidos. Hoy todos los partidos se han saltado esa regulación.
Uno de los temas pendientes de una potencial reforma electoral futura radica en volver a regular esta cuestión. Hoy tenemos tres momentos significativos: la precampaña —momento clave de los partidos—, la intercampaña —momento clave de las candidaturas, porque en esta etapa existe la posibilidad de que quienes no accedieron a una postulación puedan maniobrar, acudir al tribunal, defenderse y establecer interlocución con el partido correspondiente para obtener la candidatura de su pretensión— y la campaña —momento clave de los partidos y de sus candidatos, cuando realizan su promoción abierta—. Hay que revisarlos los primeros dos momentos porque no se está cumpliendo el objetivo para el cual se diseñaron.
En materia electoral, en esta época tan importante de comicios, además de lo que ya mencionó, ¿en qué deberíamos fijarnos?
César Astudillo – Hay muchos temas que se han presentado de manera recurrente, desde antes de 2024, pero no con la intensidad con la que hoy se manifiestan. En primer lugar, el activismo desmedido de los gobiernos, sobre todo de los de Morena, para apoyar a sus candidaturas, con la pretensión de vulnerar el principio de neutralidad contenido en el artículo 134 constitucional. Ese artículo se reformó a petición de Morena, después de 2006 —en 2007—, para que ni el presidente de la República ni los gobernadores de los estados “metieran las manos” en el proceso electoral, lo que implicaba claras desventajas en la competencia. Por eso se introdujo el principio de neutralidad gubernamental. Bueno, hoy, ya que están en el poder, que ostentan la presidencia, que tienen una gran cantidad de gubernaturas, realizan un activismo muy ostensible durante este periodo. Preocupa cómo se van a comportar en campaña porque tienen a su cargo los recursos públicos, los medios de comunicación y muchos otros elementos para favorecer a sus candidatos en detrimento de los otros. Esto también sucedía con los gobiernos anteriores, pero de una manera un poco más moderada. Ahora no hay contención, lo que contraviene de manera flagrante principio de neutralidad.
En segundo lugar, la presencia del crimen organizado. No es que la criminalidad organizada no haya tenido injerencia en los gobiernos anteriores, pero, al parecer, en esta elección va a tener una participación más constante. Si no nos hacemos cargo del problema, tendremos una democracia envenenada que será difícil rescatar. Hay que hacer algo desde ahora. Los partidos deben poner de su parte cerrando las puertas a esas pretensiones del crimen organizado y volviéndose impermeables a su influjo político, a su influjo criminal y a su influjo económico.
En tercer lugar, las condiciones generales de inseguridad. Las autoridades electorales siempre tienen dificultades para llegar a ciertos ámbitos geográficos. A mí me ha tocado ver que, muchas veces, para llegar a la sierra, donde viven pocas familias a las que hay que garantizar su derecho de voto, es necesario usar avionetas, caballos, lanchas, u otros medios. Eso lo hacen las autoridades electorales. Pero ahora el problema ya no son las complejas condiciones geográficas, sino los territorios que están en poder del crimen organizado, renuente a dejar que ingresen a esas zonas las autoridades electorales. El Estado mexicano ha ido perdiendo el control de ciertos territorios y eso es gravísimo.
A la luz de lo que comenta, más allá de la cuestión formal, ¿en México existe la democracia?
César Astudillo – Desde hace tiempo, en México pugnamos una democracia sin adjetivos; no una democracia en consolidación, o en ciernes, o en fortalecimiento, o en transición. Siempre hemos buscado un conjunto de adjetivos para tratar de describir la etapa democratizdora en la que nos hallamos; sin embargo, no hemos arribado a una democracia consolidada, y por eso seguimos adjetivándola.
Es verdad que hemos avanzado mucho en el régimen de libertades y en la estructuración institucional que permite el voto. Tenemos autoridades electorales muy capacitadas. Pero también hay cosas en las que seguimos sin avanzar. Si bien hay libertades, las decisiones de la mayoría siguen siendo manipuladas; no hemos logrado la educación y el equilibrio social de la ciudadanía —la falta de educación y la desigualdad condicionan su participación política—, y sigue habiendo una gran cantidad de personas que viven en la extrema pobreza y que batallan todos los días por llevar sustento a su familia. Mientras no seamos una sociedad más educada e igualitaria, eso de que somos una democracia no podrá afirmarse sin usar un adjetivo accesorio.
