Recientemente, el ministro Alberto Pérez Dayán emitió un voto de calidad para invalidar la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso en 2021. La representación de Morena en la Cámara de Diputados anunció un juicio político en contra del ministro.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica presentada por Andrés Manuel López Obrador fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aprobada en marzo de 2021, esta reforma buscaba limitar la participación de inversores privados en la industria eléctrica para garantizar la posición preponderante en el mercado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La CFE ha tenido a su cargo la distribución de la energía eléctrica desde 1960 y actualmente genera más de la mitad de la energía consumida en México. Sin embargo, en 2013 Enrique Peña Nieto propuso una reforma para abrir el mercado y alcanzar dos objetivos previstos constitucionalmente:
Primero, la libre competencia. La inclusión de empresas privadas en la generación y el abastecimiento de electricidad garantiza la competencia y la libre concurrencia en el mercado. Lo anterior sirve para disminuir costos de producción, sin que el Estado pierda el control del sistema eléctrico nacional e involucra la posibilidad de distribuir energía como servicio público indispensable. La iniciativa de Andrés Manuel López Obrador implica una barrera a la competencia, ya que garantiza que la CFE sea necesariamente la que tenga mejor oferta que —independientemente de la afectación a las empresas— impacta al consumidor, pues éste queda sujeto a un costo dictado por el Estado.
Segundo, la protección al medio ambiente. Es importante la apertura del mercado a empresas privadas debido a que incentiva la incorporación de la sustentabilidad y de las energías limpias que muchas veces el Estado no tiene los recursos para garantizar.
En ese sentido el voto del ministro Alberto Pérez Dayán fue decisivo cuando concedió el amparo a las empresas quejosas respecto de este tema. Al final del día, la intención de la reforma de 2013 no sólo era procurar los dos objetivos constitucionales descritos, sino también fortalecer el acceso a la electricidad a un mayor número de personas y en mejores condiciones.
Sin embargo, los diputados de Morena amenazan con iniciar un procedimiento de juicio político contra el ministro por su posición. En palabras del presidente, el ministro aboga por la agenda “neoliberal” sobre el interés del pueblo.
Así, Morena atenta contra la independencia judicial de la SCJN. Lo más grave, sin embargo, sería que, en caso de que el ministro Pérez Dayán fuera destituido de su cargo, se liberaría un espacio más en la Corte.
De esta manera, otro militante de Morena podría llegar al Tribunal Constitucional, poniendo en riesgo uno de los contrapesos políticos más importantes de nuestro país.