El papel que adoptan el Estado y la sociedad en temas de violencia de género, coloca en mayor situación de vulnerabilidad a las personas que la resienten. Mirna Molina Alonso comparte sus reflexiones al respecto.
Si hay algo que siempre recuerdo de las marchas feministas, principalmente de las del 8 de marzo, es una consigna en específico: “Los feminicidios no son un hecho aislado; son crímenes de Estado”. Aunque al principio no entendía cabalmente el trasfondo de esa aseveración, con los hechos más recientes ocurridos en el país pienso que más de una persona estará estar de acuerdo con esa consigna.
La revictimización es la respuesta que el aparato estatal y la sociedad le dan a una persona en su papel de víctima, porque aparte de la situación que ya se vivió, después debe afrontar la incomprensión del sistema para reparar y sancionar la afectación de la que fue objeto. No es fácil hacer frente a un proceso penal y tristemente las instituciones no han estado a la altura para aplicarlo mediante una política de prevención y mucho menos en el momento de condenar a los presuntos culpables para infligirles una sanción.
Respecto de las narrativas que deciden instrumentar las diversas fiscalías en relación con los delitos en contra de las mujeres, sólo sirven para desincentivar la denuncia, pues, sin importar las características del caso, deciden mentir y declaran que se trató de un suicidio y no de un feminicidio o que la víctima decidió irse por voluntad cuando en realidad fue secuestrada, propiciando de ese modo que las personas obligadas a escucharlas y a facilitarles el acceso a la justicia las agredan con comentarios o actos que las hacen sentir revictimizadas.
El gobierno federal mantiene su actitud de negación ante la violencia de género, a pesar de que más de 10 mujeres son asesinadas diariamente en México y de que sólo 24 por ciento de esos casos son investigados como feminicidios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: durante los primeros 10 meses de 2022 se registraron 3,155 asesinatos de mujeres, la mayoría de los cuales fueron abordados como homicidios dolosos.
En nuestro país existe una gran sed de justicia, lo que provoca que los familiares y los amigos de quien ha sido víctima de un delito tomen la iniciativa de convocar a marchas de protesta con la esperanza de que si el caso se vuelve lo suficientemente mediático las autoridades actúen con diligencia para que se imparta justicia. Cada vez más la gente confía menos en las autoridades. ¿Cómo podría ser de otra manera si en las movilizaciones feministas se sigue escuchando de manera incesante: “Ni una menos”?
