Los profesionales del derecho están obligados a adoptar una visión multidisciplinaria para ofrecer soluciones a las problemáticas que surgen en las sociedades del siglo XXI, para lo cual deben tener cimientos sólidos en cuestiones de economía, relaciones internacionales, tecnología y ciencia política, por mencionar algunas áreas del conocimiento. En esta edición inauguramos la columna sobre derecho y economía, un espacio para la reflexión sobre las políticas económicas, la regulación económica y la evaluación económica de las leyes en México.
La crisis por Covid-19 ha creado las condiciones para el desplazamiento de la ortodoxia económica: virar de la idea de que mantener finanzas públicas en equilibrio debe ser lo primordial y de que la única política pública eficiente es la política monetaria (lo que se denomina conservadurismo fiscal) hacia la idea de reconsiderar la importancia del gasto público y la intervención estatal en la economía. Hay dos factores que están impulsando este cambio: uno monetario y otro social.
Primero el aspecto monetario. La política monetaria instrumentada por los bancos centrales luego de 2009 tuvo como consecuencia que las tasas de interés fueran a la baja en gran parte del mundo. Esto, en primera instancia, no parece malo, y de hecho las bajas tasas de interés son una de las formas en que el banco central estimula a la economía. El problema radica en que, a pesar de tener bajas tasas de interés, el crecimiento económico en todo el mundo ha sido mediocre y, ahora por el Covid-19, abiertamente negativo.
Lo anterior significa que el “poder” de la política monetaria ha ido en decadencia. Por esta razón los gobiernos y los órganos internacionales más importantes, como el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Mundial, entre otros, se han dado cuenta de la importancia de reactivar el gasto público y de reconfigurar la participación más activa del Estado en la economía, o lo que en el argot de la economía se llama “instrumentar una política fiscal más activa”.
El segundo aspecto es el social. A raíz de la pandemia por Covid-19 cada vez mayor cantidad de ciudadanos de todo el mundo han visto el poder del gasto público (de una política fiscal activa) en la tarea de satisfacer sus necesidades económicas: los ejemplos claros son los apoyos a negocios y al consumo y los préstamos que se han hecho en Asia, Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina (con la clara y penosa excepción de México). Ya generalizados, este tipo de incentivos a la población pueden volverse una exigencia recurrente por parte de los ciudadanos.
De esta manera, juntos, los aspectos monetario y social, están contribuyendo al desplazamiento de la ortodoxia política y económica, es decir, sacando del mapa de opciones de política a la idea de la mínima intervención del Estado, la cual ha dominado las políticas públicas durante las últimas cuatro décadas.
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Cambio ideológico
La agitación económica de la década de 1970, con alta inflación, desempleo y una “locura” en los tipos de cambio, hizo que el péndulo de las políticas se alejara de la intervención estatal a favor de la instrumentación de una política monetaria contractiva (es decir, del alza de tipos de interés para reducir la inflación) y de la desintegración de los apoyos fiscales y del gasto público. En ese momento eso contribuyó y tuvo resultados positivos, sin lugar a dudas, en la tarea de reducir la inflación y la locura en los tipos de cambio.
Este viraje hacia la ortodoxia en las políticas correspondió con el cambio ideológico del keynesianismo, con su enfoque en el gasto del gobierno y la intervención estatal en la economía, hacia otros teóricos que delegaban un papel más limitado para el Estado; a saber, el llamado “monetarismo” de Milton Friedman y el “liberalismo” de Friedrich Hayek. La amplia difusión de sus ideas determinó la estructura de la política económica a partir de esos años.
Así, vindicado por los desafíos económicos de la época, el modelo de un gasto fiscal mínimo ha sido extraordinariamente influyente desde la era de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Sin embargo, así como la década de 1970 significó la pérdida ideológica y operativa de la idea de la participación activa del Estado en la economía, la crisis financiera de 2007 y la crisis económica por Covid-19 significan el agotamiento ideológico de la idea de un Estado mínimo en la economía.
Reconfiguración del peso de la política fiscal
La reconsideración del peso de la política fiscal se ha dado en dos etapas. La primera comenzó con la crisis financiera de 2008, la cual llevó a los bancos centrales de todo el mundo a implementar políticas para bajar las tasas de interés. El propósito era impulsar el crecimiento, tal como lo indica la teoría económica. El problema es que el resultado no fue el esperado, pues el crecimiento económico no se aceleró. Lo anterior es importante porque contradijo todo lo que el “sentido común económico” dictaba: bajas tasas de interés ya no conducían a un mayor crecimiento económico. Esto implicaba, en pocas palabras, que se había agotado el alcance de la política monetaria, lo que aumentaba la necesidad de implementar medidas fiscales.
La segunda etapa se dio en la crisis actual por Covid-19, que ha servido como un balde de agua fría para despertar a los hacedores de política, dada la urgencia de implementar una política fiscal más activa. Prácticamente todo el mundo hizo uso de estímulos fiscales y de gasto gubernamental. Hacerlo significó salvar vidas y empleos, que hubiera comida en las mesas de los ciudadanos… Esto inclusive lo entendieron países históricamente ortodoxos en materia económica, como Alemania y Suiza.
La crisis por Covid-19 significó, tanto para la Reserva Federal como para los bancos centrales prácticamente de todo el orbe —sí, también para el Banco de México, uno de los más ortodoxos del mundo— la necesidad social y económica de priorizar el estímulo fiscal sobre los presupuestos equilibrados y la reducción del déficit. Esto fue lo que señaló Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, hace unos días, durante el The Wall Street Journal Jobs Summit. El mensaje no es menor: cuando el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial y los países más ortodoxos en sentido económico del mundo señalan que es momento de gastar más, es porque realmente estamos en problemas.
Durante los últimos meses los gobiernos de todo el espectro político han ampliado las prestaciones sociales, han subvencionado los salarios y han inaugurado nuevos servicios públicos. En la historia reciente estas medidas de estímulo a menudo se toparon con una oposición acérrima. Hoy en día esa oposición es escasa y dispersa, pero al parecer sigue vigente en México con la “austeridad republicana”.
Irónicamente, uno de los gobiernos que se dice más cercano “al pueblo” lleva a cabo una serie de políticas que, ideológica y técnicamente, son mucho más cercanas a las políticas —ahora anacrónicas e ineficientes— de la ortodoxia económica que a las de un gobierno progresista e innovador. Y es que México se ha caracterizado por ser uno de los pocos países en todo el mundo, y en especial en América Latina, en dedicar menos del1% del producto interno bruto a combatir la crisis por Covid-19. Asimismo, fue uno de los pocos en no solicitar deuda. Finalmente, también aumentó el subejercicio fiscal. Así, a pesar de la continua caída de la economía mexicana desde 2019, este gobierno ha persistido en el apego doctrinario al conservadurismo fiscal.
Tasa de crecimiento del producto interno bruto en México: enero 2017-diciembre 2020 (porcentajes)
Pero ahora, las consecuencias económicas del coronavirus han dejado violentamente obsoleto el viejo paradigma del Estado mínimo. La naturaleza del choque económico por Covid-19, junto con la menor efectividad de la política monetaria expansiva desde 2008, han hecho del estímulo fiscal un imperativo económico. Un reequilibrio a favor de un mayor intervencionismo ya no será un “lujo” de elección para los responsables de la formulación de políticas, sino una “necesidad” para la supervivencia de las economías.
El siguiente paso natural de este tipo de políticas consiste en percatarse de los problemas y los retos que presenta la nueva economía global digital para este cambio de paradigma: sería un error querer configurar una “política fiscal más activa” sin comprender los retos que los nuevos modelos de negocio implican para los sistemas tributarios y para la obtención de ingresos públicos: no todo el gasto público puede tener como base la deuda.
En esta tarea será fundamental trastocar las concepciones tradicionales sobre las cuales el derecho fiscal internacional se ha basado durante un siglo.
