La educación de las futuras abogacías juega un papel trascendental en la consolidación del Estado democrático y social de derecho. Sin embargo, en la actualidad se enfrenta a múltiples retos. Las directoras de las facultades de derecho de la Universidad La Salle, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y del Tec de Monterrey (campus Estado de México), dialogan y reflexionan en torno a estos retos.
¿A qué retos se enfrenta la educación de las abogacías del futuro?
Solange – Aquí tendríamos que pensar por lo menos en dos vertientes. Por un lado están los contenidos de la disciplina; por otro, los retos a nivel global que tienen impacto no sólo en la enseñanza jurídica, sino, en general, en el método de enseñanza en cualquier ámbito.
En lo referente a los contenidos, sin lugar a dudas creo que es mucho más difícil estudiar derecho ahorita que hace tres décadas. ¿Por qué? Porque finalmente nos enfrentamos a un derecho mucho más vertiginoso, mucho más cambiante, pues, de alguna manera, nos enfrentamos a retos a nivel global. Por eso necesitamos formar abogados del mundo. En ese sentido, estudiar derecho ya no implica la visión localista propia de la herencia de las escuelas exegéticas o voluntaristas, o el proceso de codificación, para lo cual se requiere tener habilidades de argumentación e interpretativas y de manejo de precedentes. El hecho de ver ahora el derecho en el contexto internacional, necesariamente tiene influencia en la forma de enseñar y en la forma de aprender el derecho.
Por otro lado, quisiera destacar otro reto importante que tiene que ver con la era digital y las tecnologías emergentes, pues eso modifica, muchas veces, la forma en la cual podemos no sólo aproximarnos al derecho sino ejercer propiamente el derecho. Y en este sentido, en relación con lo anterior —esto es, en el sentido globalizador—, creo que la tecnología, sin duda alguna, es una herramienta muy útil que genera muchos beneficios. Muchas veces ponemos énfasis en cómo integrar esas tecnologías emergentes a los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero pocas veces nos concentramos en cómo propiciamos habilidades para el uso adecuado de esas tecnologías. No se trata sólo es integrarlas, sino de establecer cuáles son sus límites y cómo podemos utilizar esa tecnología de una manera que sea benéfica para la sociedad en su conjunto. Creo que esos son dos grandes retos. Por un lado, el carácter global y la formación de abogados y abogadas del mundo y, por otro, la cuestión tecnológica
Ericka – Coincido totalmente con María. Me parece que es súper importante que identifiquemos dónde estamos y en qué época vivimos. Uno de los retos importantes a los que nos enfrentamos es la lectura. La era digital nos ha facilitado tanto las cosas que, de pronto, se nos olvida que leer es importante pues es una de las bases fundamentales de la carrera, porque, al final, si no leemos —no sólo la parte doctrinaria, sino las noticias, el contexto en el que estamos, tanto nacional como internacional—, pues estaremos perdidos. Si nuestros estudiantes no logran identificar dónde están viviendo, sin una cultura lectora —que es tan importante desde los niveles educativos básicos en nuestro país—, la tecnología tenderá a engullirlos. Definitivamente necesitamos abogados integrales, abogados que se dediquen no sólo a un pedacito del derecho, sino que se abran a la nueva tecnología y que se abran al mundo. Ya ellos nacieron con esta tecnología, pero ahora hay que guiarlos para que sepan aplicarla. Si no tenemos claros los límites de su uso, hasta dónde funciona como herramienta y no como un sustituto del abogado, la tecnología será un serio desafío para cualquier universidad.
Ana – Creo que para identificar y reaccionar a los retos que enfrenta la formación de las futuras abogacías, nos sirve agruparlos en dos grandes tipos. El primero es el conjunto de aquellos que son persistentes, que afrontamos en la actualidad y que, desafortunadamente, no hemos podido superar en las últimas décadas; en este grupo de retos destacan las desigualdades estructurales, las injusticias y las violencias que se viven de manera cotidiana, aunadas a un Estado de derecho vulnerado por la impunidad, por la corrupción y por los problemas de acceso a la justicia, lo que tiene como resultado la urgencia de una educación universitaria que asegure que las futuras abogacías se den cuenta y materialicen con su actuar lo que llamamos la función social diferenciada que tenemos.
Por otro lado, de acuerdo con lo que decían mis colegas, están los retos específicos del momento en el que vivimos. Vivimos en una sociedad que cada vez está más interconectada, tecnológica y dinámica. En las universidades debemos preparar profesionistas que, como diría José Ortega y Gasset en Misión de la u, estén a la altura de los tiempos. Y los tiempos sí que son retadores hoy en día.
Estos desafíos son los que nos obligan, como escuelas de derecho, a formar profesionistas del derecho que no sólo estén orientados a resolver problemas, sino que incluso puedan revertir tendencias nocivas existentes en la sociedad, atendiendo a la función social diferenciada que tiene la profesión.
¿Cuál consideran ustedes que es el modelo de abogacía que México necesita?
Ericka –Considero que necesitamos abogacías con una gran cantidad de habilidades, que sean capaces de demostrar soft skills, como trabajar en equipo y tener buena comunicación. Una de las dificultades que nos ha impuesto la tecnología es que acorta la comunicación en cuanto a entendimiento; de pronto nos enfrentamos a una comunicación remota y a veces entendemos lo que pudimos como pudimos. La idea es que nuestras abogacías salgan con la habilidad de darse a entender, de transmitir lo que necesitan dar a conocer con un lenguaje claro, ya no tan rebuscado, que nadie entiende. Hoy en día lo que necesitamos es que las personas a quienes nosotros vamos a apoyar, nos entiendan; si no entienden un proceso, si no entienden una norma jurídica, si no entienden una ley, nuestro trabajo está perdido. Necesitamos abogacías capaces de innovar, proponer y revertir el estado de las cosas, de prevenir conflictos y de resolverlos a través de mecanismos alternativos, y ya no con la lógica del “pleito”. Todo esto puede servir para generar un modelo de abogacía distinto al que tradicionalmente conocemos.
Solange – Es muy importante pensar en abogacías que no sean reactivas, sino proactivas. Creo que a eso se refiere Ericka. Hay que pensar en abogadas y abogados que no reproduzcan lo que ya hay, sino que lo transformen; en abogadas y abogados que se sitúen en la realidad social con una visión mucho más interdisciplinaria, desde la cual se adviertan los efectos económicos, políticos y sociales de la aplicación de ciertas normas; en abogadas y abogados que sean creativos e innovadores para solucionar problemas y gestionar los conflictos.
Aquí me llama la atención lo que decía Ericka, porque, sin duda alguna, muchas veces sí relacionamos el pleito con la figura de la abogacía, pero lo cierto es que no debería ser así, pues, por el contrario, un buen abogado o una buena abogada tienen que prevenir el conflicto, buscar las vías y los cauces que lo evadan. Esa debe ser una de las misiones directas de la abogacía: encontrar soluciones justas que mitiguen la idea de conflicto. Por otro lado, me parece que nuestro modelo —en esto sí quisiera poner énfasis— parte de la idea de servicio; ciertamente, la abogacía es un modo de vida, es la profesión con la que uno pretende subsistir económicamente, pero no debe dejar de lado nunca su vocación de servicio, que tiene que ser inherente al ejercicio profesional. Hay que ser abogadas y abogados éticos e íntegros que se sientan cómodos con las elecciones que realizan ante dilemas propios del ejercicio de la profesión. Esa es la idea que debería buscarse en este modelo de abogacía.
Ana – A esos conocimientos y a esas habilidades yo sumaría ciertas actitudes: responsabilidad social, compromiso ético, resiliencia, humanidad y compromiso. Me gustaría destacar que ese es un reto mayúsculo en un país como México, en el que debemos considerar que los estudiantes de derecho que actualmente cursan la carrera van a enfrentarse a una práctica profesional inundada por otras personas profesionales del derecho. Esto, desde luego, no es malo; responde a un fenómeno de oferta y demanda de servicios jurídicos y de protección de derechos en nuestra sociedad. Sin embargo, lo que sí es notorio es que debemos cuidar mucho la educación jurídica que estamos impartiendo en el país. Nada más para poner en contexto, comparto algunos datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior: en el ciclo escolar pasado, la matrícula total del estudiantado en los programas de educación superior en México fue de más de 5,190,000 estudiantes; de ellos, 7.8 por ciento estudia derecho, ya sea licenciatura, especialidad, maestría o doctorado; a nivel licenciatura hubo 368,709 estudiantes en el ciclo escolar pasado. Es interesantísimo que reflexionemos sobre cómo lograr construir abogacías que privilegien la ética, el humanismo, el cuidado de las otras personas, como decía Sol, con el ánimo de dar el mejor servicio posible y contribuir a la solución de los problemas que nos aquejan hoy en día. Es una gran oportunidad de incidencia, considerando que tantas personas en México están interesadas en estudiar programas relacionados con el derecho.
¿Qué modelos pedagógicos corresponden con los valores del Estado social y democrático de derecho?
Ana – Me gustaría retomar algo que dice el profesor Rodolfo Vázquez, emérito del Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el sentido de que la educación es una forma de hacer que los alumnos de la universidad tengan una gran facilidad para estudiar. Esto implica que un Estado social y democrático de derecho se caracterice por cuatro elementos constitutivos.
El primero es la primacía o imperatividad de la ley, lo que implica que el Estado de derecho detenta un poder y realiza una actividad siempre regulados y controlados por leyes que se establecen de manera transparente y democrática y que hacen posible una sociedad en la que exista la certidumbre jurídica. El segundo es el respeto y garantía de los derechos humanos, que se relaciona directamente con el principio de autonomía y de libre desarrollo de la personalidad. El tercero es el sistema de pesos y contrapesos, en el cual se enmarca el principio de independencia judicial y el control constitucional de actos ejecutivos y legislativos. Por último, los mecanismos efectivos de responsabilidad de las personas funcionarias públicas, que tiene que ver con la publicidad del quehacer público y con la ética del servicio público.
A mí me gusta pensar que en cada espacio educativo, en cada aula en la que se enseña y se aprende el derecho en México, tendríamos que vivir y practicar estos valores. Se podrían materializar de la siguiente manera: a) en cuanto a la imperatividad de la ley, el curso debería estar sustentado por reglas claras y por principios de profesionalismo que apliquen al profesorado, al estudiantado y a cualquier persona que participe en esa tarea; b) en cuanto a a la garantía de los derechos humanos, conducir las clases siempre con pleno respeto al libre pensamiento y a la pluralidad; c) en cuanto al sistema de pesos y contrapesos, implementar mecanismos de retroalimentación y de evaluación horizontales, participativos y siempre transparentes; d) finalmente, respecto del principio de la responsabilidad de los servidores, es fundamental que el profesorado que imparte las clases de derecho siempre sea un ejemplo de profesionalismo, de ética y de excelencia humana. Solamente así, desde el aula, desde la educación, con el ejemplo y con la práctica, podemos promover un Estado social y democrático de derecho.
Solange – Comparto lo que dijo Ana; mejor dicho, imposible: es muy claro en términos del Estado social y democrático de derecho. Yo quisiera ahondar un poco en la idea del modelo de carácter integral; un modelo de este calibre normalmente está focalizado en el estudiantado que debe tener competencias, habilidades y actitudes, no sólo enfocadas específicamente a las cuestiones profesionalizantes, sino también a aquellas que permitan el involucramiento con la comunidad (desde el aula hasta la comunidad internacional).
En este sentido, ese modelo integral, ese estado de bienestar del estudiante, va a permitir fortalecer los puntos que acaba de abordar Ana: el respeto de los derechos humanos, el conocimiento y el cumplimiento de las normas, el entendimiento de la importancia de los pesos y los contrapesos, así como los mecanismos de responsabilidad del servicio público. A esto quisiera añadir que, aunado a este modelo pedagógico de carácter integral y a las habilidades blandas, hay un aspecto que tendríamos que reforzar constantemente (y esto es aplicable al estudiantado de derecho pero también de otras disciplinas) que tiene que ver con la participación cívico-política. A través de ésta, surgen personas activas y comprometidas con su entorno.
Creo que es fundamental que los estudiantes se comprometan con el entorno en el que viven. Esto vale la pena destacarlo justo en este momento histórico que atravesamos. el proceso electoral de 2024. Me parece que nuestros estudiantes tienen que ser un motor importante de movilidad y ejercer sus derechos. De este modo podemos pensar no sólo en el rol de las universidades y del estudiantado, sino, en general, en el papel que nos compromete como docentes, como personal administrativo, como directoras de facultades, para impulsar y hacer conciencia sobre esta situación.
Ericka – Ciertamente, necesitamos ser sensibles en relación con la comunidad. Esto podemos hacerlo por medio de las clases o de visitas de campo que enriquecen la experiencia porque implican, sobre todo, la interrelación con una comunidad para apoyarla y servirla a partir de la satisfacción de las necesidades de su población (desde el ámbito familiar y escolar hasta el nacional e internacional). Hay que destacar el sentido humano que deben tener el profesor y el estudiante y la apertura de criterios que permita que cada quien defienda una postura política y convivir, incluso, con quien no esté de acuerdo con ésta. Creo que uno de los temas esenciales, en relación con los valores del Estado social y democrático de derecho, es el respeto a la diversidad; considero que debemos fomentar, desde la academia, la generación de proyectos que nos relacionen con la comunidad.
A veces, inmersos en la vertiginosa dinámica de la cotidianidad, suele ocurrir que olvidemos la generación de proyectos, la investigación, la participación, el involucramiento a los que se refería Sol. Estoy convencida de que los estudiantes tienen mucho que aportar, pero a veces los frenan los obstáculos para llegar a ciertas instituciones. Deberíamos ser más proactivos como academia para tejer lazos de acercamiento y de vinculación entre estudiantes e instituciones.
A partir de la diversidad de intereses vocacionales que tienen los estudiantes, ¿cómo pueden las universidades atender las distintas formas del ejercicio profesional?
Solange – Yo creo que, precisamente, esa es nuestra misión. Las facultades de derecho buscan formar personas capaces de desenvolverse en cualquiera de los ámbitos de la profesión. Me atrevería a decir que muchas personas eligen estudiar derecho no por la figura o la impronta del litigante, sino porque es una profesión tan versátil que muchas veces permite encontrar el nicho específico en el que uno se quiere desenvolver. Y esto va de la mano con el modelo pedagógico del que ya hablamos. Uno no debe pensar solamente en la visión del abogado que litiga, con grandes habilidades argumentativas, ante el jurado. Uno tiene que pensar en otro tipo de formación. En la investigación, por ejemplo, que permite que uno se desenvuelva en distintos campos, como la consultoría. En ese sentido, creo que puede ser muy útil la idea del modelo no sólo integral sino también interdisciplinario que propicia el diálogo con otras disciplinas. Necesariamente, donde uno se desempeña tiene la necesidad de desenvolverse en distintos ámbitos.
Ana – Coincido plenamente con Sol. Yo creo que a través del conjunto de materias curriculares que tenemos en la licenciatura en derecho es muy importante que reflejemos la gran diversidad de caminos que un estudiante puede tomar, según sus planes de vida, sus intereses y su pasión. Es muy importante que con este modelo de formación integral, del que han hablado mis dos colegas, podamos ofrecer al estudiantado, aunado al plan de estudios curricular obligatorio, materias optativas, clínicas, concursos, proyectos, opciones de servicio social y comunitario, para que cada persona pueda construir su propia especialización, de manera guiada y con una atención cercana por parte de los docentes.
Es importante subrayar que, como universidades y como cuerpos docentes, escuchemos al estudiantado y podamos acotar, a través de ejercicios de consulta y de diálogo, ese conjunto de posibilidades, de la manera más atinada posible, atendiendo los intereses vocacionales que van cambiando, al igual que nuestra profesión.
Ericka – Me quedé pensando en la habilidad que desarrollamos al frente de las licenciaturas: de identificar qué está sucediendo con cada estudiante, qué les llama la atención. Lo más sencillo sería quedarnos con lo que ya está hecho, con el plan de estudios que ya opera. Pero tenemos la obligación de descifrar los intereses y las afinidades del estudiantado y motivarlo para que descubra su vocación a través de la experiencia. ¿Y cómo podemos descubrir su vocación? Como decía, Ana, a través de clínicas y concursos, por ejemplo. Recuerdo a una alumna que al ingresar a la carrera de derecho aseguraba que estaba convencida de que quería ser abogada penalista, pero a la mitad de la carrera se cuestionó su interés inicial. Lo que sucede –le dije– es que no habías conocido otras áreas del derecho. Cuando les mostramos a los estudiantes el gran abanico que abarca el derecho, y cuando empiezan a explorarlo de una u otra manera (a través de debates, mesas de diálogo, visitas), adquieren experiencias que les permiten descubrir su interés vocacional o redirigirlo correctamente.
Otra de las cosas que puede sumar muchísimo a los estudiantes es la experiencia del docente. Si éste no reduce su materia al temario, sino que enriquece la clase con base en su ejercicio profesional, marca una pauta para que los estudiantes se interesen por un tema específico. Esta es una tarea que debemos seguir fomentando en la docencia.
¿De qué manera los conflictos bélicos, los contextos políticos convulsos, el ámbito social contemporáneo forman parte de la educación en el derecho?
Ericka – Pienso que el panorama convulso y los conflictos bélicos siempre han estado presentes a lo largo de la historia, y esto es parte del conocimiento que decíamos que es agregado. Los estudiantes no pueden limitarse a estudiar la licenciatura y ser indiferentes ante lo que acontece a su alrededor. Estoy convencida de que los alumnos deben, como parte de su formación, cursar materias multidisciplinares que los ayuden a conocer el contexto político nacional e internacional, así como los conflictos bélicos que tiene lugar en el mundo.
Difícilmente podremos readaptar el derecho, la norma, desde nuestra profesión, para que funcione en el suceso que está aconteciendo en un momento determinado. Nosotros necesitamos saber cómo va a influir un tratado de libre comercio si dos países están en guerra, por ejemplo.
Recuerdo la visita de un colega, ex compañero de la generación, que participó en la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en el ramo automotriz. Su misión era identificar cómo iban a influir todas las combinaciones de propuestas de los países en relación con ese ramo. Por eso sugiero que sumemos a nuestro plan curricular materias multidisciplinares que nos ayuden a analizar este tipo de situaciones para ser capaces de elaborar propuestas viables a los problemas que se nos presenten en la cotidianidad.
Ana – Lo que plantean Ericka es particularmente importante para las generaciones actuales. Hoy observo juventudes conscientes, preocupadas por las injusticias y por las desigualdades, especialmente motivadas para buscar cambios estructurales a través del derecho. La formación jurídica que han elegido no solamente ha sido impulsada por el tradicional deseo de comprender el derecho y el sistema de justicia en general, sino también por la urgencia que sienten de contribuir a la consecución de una sociedad más justa e igualitaria. Debemos aprovechar, en el mejor de los sentidos, esta excelente característica de nuestro alumnado para que haga el mejor uso, con la mayor cantidad de herramientas de calidad posible, de su poder transformador. El modelo pedagógico integral del que ya hemos hablado debe permitir la participación de todos los estudiantes en sus propios procesos de aprendizaje, mediante actividades que los motiven y los mantengan interesados en los temas que más les apasionan. Esto va a propiciar el desarrollo deuna caja de herramientas para conocer, criticar y cambiar el entorno. ¿Qué entorno? El que sea, en el que se desarrollen, según su campo de especialización.
Solange – Me parece que, históricamente, siempre hemos enfrentado este tipo de problemas. No son algo nuevo. Sin embargo, por las herramientas tecnológicas con las que contamos, podemos acercarnos de manera más directa a los conflictos bélicos y a los problemas políticos. Cuando nos enteramos de lo que ocurrió, por ejemplo, en Ecuador, o de las manifestaciones que hubo en Chile, nos involucra más con lo que ocurre en nuestro amplio entorno y no sólo en nuestro ámbito local.
Esto puede ser muy útil para la enseñanza jurídica, en la búsqueda de los objetivos de la educación. Este entorno desfavorable puede adoptarse para fomentar una postura analítica, crítica y transformadora. Como decía Ana, no podemos ser ajenos —ni como docentes ni como estudiantes— al entorno.
Específicamente en lo relativo a los entornos políticos convulsos, creo que, desde este punto de vista, hay un impacto en lo que platicábamos sobre el Estado de derecho. No descarto que los estudiantes duden alguna vez de que la licenciatura tiene una función real o de que el derecho es una herramienta eficaz, y las cosas finalmente se acaban resolviendo por otras vías que no son las jurídicas. Yo creo que aquí tenemos que hacer un trabajo importante con nuestros estudiantes. Hoy, más que nunca, en un complejo escenario global, necesitamos fortalecer la idea de la importancia de la abogacía para contribuir no sólo a mitigar los conflictos, sino también a buscar los cauces jurídicos e institucionales de solución de conflictos, evitando las vías que pueden estar ligadas, por ejemplo, a medidas autoritarias y represivas.
A la luz de lo anterior ¿qué habría que quitar, poner o modificar en las mallas curriculares?
Solange – Me voy a centrar en la visión de la abogacía. Evidentemente, en los sistemas jurídicos de nuestra tradición, hay materias que son parte del corazón de la disciplina y que necesariamente deben permanecer ahí; son aquellas que nos ayudan a formar el criterio jurídico, a desplegar habilidades argumentativas, a desarrollar nuestra capacidad analítica. Se trata de materias que son parte del basamento del derecho.
Tuve la oportunidad de hacer un benchmark de las mallas curriculares de distintas universidades, tanto a nivel internacional como a nivel regional y nacional y llegué a l conclusión de que hay muchas coincidencias en muchas materias de todos los programas académicos; por ejemplo, en obligaciones, en materia constitucional y en derechos procesales. Nuestro sistema jurídico está construido con base en el derecho civil; entonces no podemos eliminar materias propias del derecho civil. Sin embargo, precisamente en la misma lógica que ya señalaron mis colegas, y que tiene mucho que ver con la versatilidad y la diversidad de los perfiles, donde hay mucho campo de juego es en las materias optativas y clínicas que permiten definir las características del estudiantado de acuerdo con sus intereses y establecer los sellos distintivos de cada institución académica, pues si bien es cierto que todos compartimos la cédula profesional, cada institución posee una marca específica que permite brindar un abanico de opciones al estudiantado. Por su parte, en las materias optativas puede haber diferencias sustantivas, al igual que en el perfil de egreso de las diversas instituciones.
En el caso de la Universidad La Salle, se focaliza mucho la idea de la abogacía como servicio, como búsqueda de la justicia, como acercamiento transformador a la sociedad. Y cada universidad tiene ese sello que, me parece, que debe cuidarse con celo. En una discusión acerca de qué se debe poner y qué se debe quitar en una malla curricular puede ser difícil llegar a acuerdos en muchas materias. Por ejemplo: ¿debe seguir enseñándose derecho romano? Depende del perfil de la universidad y, más aún, de cómo se imparte y qué imaginamos cuando hablamos de esa materia en particular.
Ana – Estoy completamente de acuerdo con Sol. En el Instituto Tecnológico Autónomo de México consideramos que una formación integral de la abogacía debe estar cimentada en ciertos pilares, más allá de determinadas materias específicas. Creemos que hay algunos pilares que sería conveniente que estuvieran presentes para lograr la formación integral a la que nos hemos referido antes. Esas bases tienen que ver con la formación teórica, la escritura y la argumentación, el programa clínico o práctico —prácticas incluidas en el plan de estudios—, la enseñanza interdisciplinaria, las herramientas tecnológicas, la educación cívica y ética y la preparación para hacer frente al entorno jurídico internacional. Independientemente de los nombres que les demos, y la filosofía o la misión de cada universidad, se requiere que estos pilares al menos estén presentes en el plan de estudios para lograr una formación integral.
En cuanto a la educación jurídica a nivel global son especialmente notables las clínicas jurídicas —que ya constituyen un movimiento importante alrededor del mundo y que en América Latina han tenido un tinte muy especial—, las cuales han tenido una incidencia trascendental tanto hacia dentro como hacia fuera de las instituciones, para materializar la función social universitaria mediante litigios de interés público y el desarrollo de mecanismos de apropiación social del conocimiento jurídico (que es importantísimo en términos de acceso a la justicia, sobre todo en países como el nuestro). Así, este fenómeno educativo ha tenido una incidencia social muy impresionante y por eso creo que deberíamos cuidar mucho el diseño, la ejecución y la evaluación de nuestras clínicas para que se mantengan cercanas al estudiantado. Este componente práctico educativo debe atender la diversidad de intereses del estudiantado; si es un modelo que ha funcionado con tanta eficacia en el resto del mundo, seguramente también nos puede ayudar a nosotros.
Ericka – Efectivamente, a pesar de que pertenecemos a tres instituciones educativas con filosofías diferentes, coincidimos en la columna vertebral de su razón de ser: el derecho. En el Tec de Monterrey existe un cúmulo de materias que permiten que los alumnos se sumerjan en las ciencias sociales. El derecho no se desarrolla sólo en el derecho; el conocimiento de las ciencias sociales, en general, asegura una base de comprensión integral para el entendimiento y la aplicación del derecho.
Entonces, me parece que el reto de la inmersión en diferentes materias puede facilitar la función social de la que hablabas, Ana, de acercarnos a la preparación que necesitan los estudiantes —por supuesto, con independencia de cada perfil y de cada institución educativa— para poder desempeñar la profesión con una visión de futuro.