Rosa Paola Aviña Escot y Pedro Santiago Sánchez reflexionan sobre la justicia hídrica en la frontera sur del país a la luz de las complejidades políticas, jurídicas y comunitarias del agua.
El papel histórico del agua y los desafíos de la justicia hídrica
El poder político y económico en torno del agua ha sido históricamente significativo y, en muchos casos, trasciende fronteras políticas. Este enfoque global a veces no logra considerar plenamente las necesidades específicas de cada región, lo que plantea desafíos para el reconocimiento de los derechos y las formas de organización de las comunidades locales que habitan los territorios.
Conflictos y cooperación en torno de los recursos hídricos binacionales
La escasez de agua y las dificultades que enfrentan las instituciones públicas para garantizar su acceso equitativo pueden generar tensiones sociales, económicas y políticas. Estos desafíos afectan tanto las relaciones comunitarias como la cooperación a nivel nacional e internacional, especialmente en estados que comparten recursos hídricos binacionales.
El concepto de seguridad nacional en América Latina se formó en un contexto histórico caracterizado por el intervencionismo estatal, en gran parte influido por factores externos. En el caso de Chiapas, este concepto tiene ecos profundos debido a la historia de conflictos y tensiones en el territorio, lo que ofrece una coyuntura para reflexionar sobre las dinámicas de seguridad en la región.1
El agua en México y América Latina ha sido un recurso clave para la organización colectiva, social, comunitaria y territorial, pero también puede convertirse en un factor de tensión. Las relaciones en torno del agua hoy están estrechamente vinculadas con el concepto de seguridad nacional, debido a su papel fundamental en la estabilidad de las relaciones de cooperación, a nivel tanto interno como externo; los conflictos socioterritoriales y por el agua han escalado a la Corte Interamericana de Derechos del Agua, como en el caso de movimientos territoriales de la costa sur de Guatemala.
La seguridad hídrica está intrínsecamente conectada con la seguridad nacional y requiere políticas integrales y mecanismos de cooperación para facilitar la gestión de este recurso estratégico. La diversificación de los usos y los usuarios del agua influye en el nivel de tensiones, ya que cada sector productivo tiene diferentes intereses y necesidades y establece normativas que no siempre reflejan las realidades de todos los usuarios.
El uso del agua en sectores como el agrícola, industrial, urbano y doméstico, así como su gestión compartida, puede ser una oportunidad para fomentar escenarios de paz y desarrollo. Una gestión adecuada del agua es esencial para prevenir crisis y tensiones, a nivel tanto regional como internacional, reconociendo el valor fundamental de todos los niveles de ejercicio de gobierno y la atención a los intereses de los diferentes actores políticos: una negociación equitativa.
La ecología política y la seguridad nacional en la gestión del agua
La ecología política surge de la necesidad de cuestionar la división tradicional entre lo social y lo natural, una separación que ha sido subrayada durante mucho tiempo en la comprensión del mundo. Además, plantea la importancia de reconocer que los aspectos ambientales no pueden desvincularse de las dinámicas políticas y de poder que los influyen.2
El estudio de la naturaleza desde la ecología política conecta los procesos de producción con el uso de recursos naturales y las tecnologías que los gestionan. Este enfoque destaca cómo las diferentes percepciones sobre los bienes naturales pueden entrar en conflicto, mientras que vincula los procesos de deterioro ambiental con las complejas relaciones sociopolíticas que los moldean,3 además de partir de tres elementos centrales: la escala, el tiempo y el poder.
La gestión del agua y de los recursos naturales está profundamente influida por las políticas y las disposiciones gubernamentales, así como por las diversas formas de organización social y cultural de los actores involucrados. Estas interacciones pueden llevar tanto a la protección como a la apropiación de estos recursos, dependiendo de los intereses y las dinámicas presentes en cada contexto.4
Los conflictos que han surgido en América Latina parten de las estrategias de apropiación de los bienes naturales y los dispositivos políticos (normas, leyes, reglamentos, entre otros) que construyen relaciones desiguales. La distribución ecológica desigual, las consecuencias o los daños colaterales ambientales, la injusticia y la inseguridad hídrica surgen en el marco de una relación de poder y un dominio centro/periferia, del Norte y el Sur global, no sólo en cuanto poder económico y político sino también cultural.5
Las catástrofes y los fenómenos ambientales a menudo influyen en las dinámicas políticas relacionadas con la gestión de los recursos naturales, como el agua y el territorio. Estas situaciones pueden ser aprovechadas en el marco de relaciones históricas que han favorecido a ciertos actores, como comunidades locales, empresas, instituciones y el Estado.
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Actores y tensiones en la frontera sur: el caso de Chiapas y Guatemala
Chiapas es un estado con una gran diversidad social y natural, compuesto por regiones culturalmente ricas. La interacción entre actores sociales, políticos, empresas y las instituciones gubernamentales en este territorio, que ha enfrentado desafíos históricos, puede generar tanto oportunidades como tensiones. La coexistencia de acuerdos intercomunitarios, la presencia de empresas transnacionales en la selva, la sierra y la costa, los intereses internacionales en el uso del agua y la complejidad de las dinámicas locales son factores que pueden, según las circunstancias, fomentar la cooperación o generar desafíos en la gestión compartida de recursos.
La realidad sociopolítica relacionada con el cumplimiento de los derechos humanos, en particular el acceso al agua, se desarrolla en un contexto en que el papel del Estado puede ser limitado frente a dinámicas de negociación que a menudo trascienden la legalidad y las fronteras políticas. En Chiapas y en la frontera con Guatemala el acceso al agua se ha convertido en un tema de negociación política, influido por factores electorales. En estos territorios fronterizos, estratégicos para el comercio de productos, el acceso al agua y el saneamiento está condicionado por intereses particulares, afectando su reconocimiento como un derecho humano fundamental.
Los Acuerdos de Paz firmados en 1992 marcaron el inicio de una reestructuración política en Guatemala, tras el final de la guerra civil, estableciendo un marco regulador para los bienes naturales y el territorio a través de instituciones, leyes y decretos.
El conflicto armado en Guatemala tuvo un impacto profundo en el tejido comunitario, provocando el desplazamiento de numerosas comunidades indígenas hacia México. Este periodo estuvo marcado por una serie de eventos trágicos, incluida la desaparición de líderes comunitarios, en un contexto de intervención estatal e influencias externas. A partir de la crisis económica de la década de 1930, y durante el retiro de capital extranjero, el gobierno del presidente Jorge Ubico otorgó contratos que ampliaron los privilegios de monopolios extranjeros, como la United Fruit Company y los Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica.6
Durante la dictadura de Ubico (1931-1944) se gestó la Revolución de Octubre de 19447 liderada por los generales Francisco Arana y Jacobo Árbenz, quienes impulsaron un proceso democrático que culminó con la elección del presidente Juan José Arévalo (1945-1951). Posteriormente, el gobierno de Jacobo Árbenz se destacó por la implementación de programas sociales y de políticas destinadas a promover la producción agrícola, con un enfoque en devolver la tierra al pueblo guatemalteco. Aunque se mantuvo la presencia del capital extranjero, esta época estuvo marcada por un esfuerzo por fortalecer la producción nacional y mejorar las condiciones económicas del país.
La Ley de Reforma Agraria, promulgada en 1952, fue uno de los mayores logros del gobierno de Jacobo Árbenz. Esta ley tenía como objetivo eliminar las formas tradicionales de propiedad feudal en las zonas rurales, abolir las relaciones laborales obsoletas, incluyendo la servidumbre y los vestigios de sistemas como las encomiendas. Su propósito principal era redistribuir la tierra a los campesinos que no la poseían o poseían muy poca, además de ofrecer asistencia técnica y facilitar el acceso al crédito agrícola para mejorar las condiciones de vida y producción de quienes trabajaban la tierra.
Los intereses de la United Fruit Company, una importante empresa estadounidense, se vieron afectados, lo que generó tensiones entre la compañía, el gobierno de Guatemala y el de Estados Unidos. En respuesta a estos intereses, el gobierno estadounidense, a través de la Agencia Central de Inteligencia y con el apoyo de Carlos Castillo Armas, inició acciones que incluyeron hostigamientos y ataques armados en Guatemala. Estos eventos desencadenaron un conflicto que tuvo un impacto significativo en la configuración democrática, social e institucional del país.8
En Guatemala, el uso del agua se distribuye principalmente entre el sector agropecuario, que representa 41 por ciento de la demanda total de agua y 77 por ciento de los usos consuntivos; el uso doméstico equivale a 9 por ciento de la demanda total y 16 por ciento de los usos consuntivos, y el sector industrial, que comprende 3 por ciento de la demanda total y 7 por ciento de los usos consuntivos. El interés económico en la explotación de recursos como el agua y la tierra provocó tensiones a nivel nacional, afectando la seguridad del país y generando un uso de las estructuras militares en momentos de conflicto social.
Las negociaciones para la paz y la reconstrucción institucional se consolidaron con la firma de los Acuerdos de Paz. Las dinámicas alrededor de la apropiación y la gobernanza de los recursos naturales en Guatemala han estado influidas por intereses económicos y por relaciones de poder que se forjaron durante este periodo histórico
Los acuerdos fronterizos sobre los recursos hídricos9 deben basarse en principios que aseguren la estabilidad de los estados, las comunidades y su relación con el sector empresarial. En el caso de Chiapas, la expansión industrial ha presentado retos importantes. Asimismo, la presencia de empresas, como las grandes refresqueras en San Cristóbal de Las Casas, y otras como Bayer en el municipio de La Trinitaria y el sistema lagunar de Montebello, ha generado inquietudes en algunas comunidades locales y la transformación de la calidad del agua del sistema lagunar.
Garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano y otras actividades esenciales es clave para mantener la autosuficiencia de las comunidades y el estado. Asegurar este recurso es fundamental para alcanzar la justicia y la seguridad hídrica, y para contribuir a la estabilidad en la gestión de los recursos naturales estratégicos.10
Análisis de escenarios futuros para la gestión del agua, la justicia hídrica y la seguridad en Chiapas
El cuadro 1 presenta tres posibles escenarios para el manejo del agua y la justicia hídrica en Chiapas y la frontera sur para el año 2030. En cada escenario se identifican actores clave, como gobiernos, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas, junto con los desafíos y las oportunidades que enfrentan. Los escenarios incluyen desde la cooperación regional hasta eventuales conflictos por la escasez de agua. Además, estos escenarios se vinculan con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), entre los cuales destaca la importancia de garantizar la equidad en el acceso al agua y promover la paz y la estabilidad en la región.
Cuadro 1. Escenarios prospectivos hacia 2030 sobre la gestión del aguay la justicia hídrica en Chiapas y la frontera sur
| Escenario | Descripción | Actores clave | Retos | Oportunidades | ods relacionados |
| Cooperación regional fortalecida | Gobiernos, ong y comunidades locales logran acuerdos para gestionar en forma conjunta el agua en la región, asegurando estabilidad y cooperación. | Gobiernos nacionales, ong, comunidades locales, organismos internacionales. | Diferencias de intereses entre actores locales y nacionales, monitoreo de recursos hídricos. | Fortalecimiento de la cooperación internacional y la gobernanza del agua. | ods 6 (agua limpia y saneamiento), ods 16 (paz, justicia e instituciones sólidas). |
| Gestión comunitaria sostenible del agua | Las comunidades locales desarrollan modelos sostenibles de gestión del agua con apoyo de organismos internacionales y ong. | Comunidades locales, ong, organismos internacionales, gobiernos locales. | Dificultades para implementar soluciones a largo plazo, falta de recursos financieros. | Empoderamiento comunitario y resiliencia hídrica, participación activa en la gestión del agua. | ods 6 (agua limpia y saneamiento), ods 11 (ciudades y comunidades sostenibles). |
| Conflictos por la escasez de agua | La escasez de agua provoca tensiones sociales, migraciones y conflictos entre comunidades, gobiernos y empresas. | Comunidades locales, gobiernos nacionales, empresas transnacionales. | Escasez de recursos hídricos, tensiones sociales y conflictos territoriales. | Reformulación de políticas de seguridad hídrica y promoción de soluciones pacíficas. | ods 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), ods 6 (agua limpia y saneamiento). |
Fotografía: Candados deagua
Descripción: Nuevo Chapultepec, La Trinitaria, Chiapas. Comunidad fronteriza conformada por habitantes mexicanos y desplazados de Guatemala durante el conflicto armado y nacionalizados como mexicanos.
Fuente: Rosa Paola Aviña Escot, 2023
Conclusiones
Las relaciones comunitarias y los acuerdos locales son indispensables para hacer efectiva la legislación hídrica. La justicia hídrica no podría ser posible sin considerar los acuerdos y las dinámicas intercomunitarias en torno de los recursos naturales, específicamente el agua; la aplicación de normas y leyes sin considerar este primer nivel contextual genera conflictos intercomunitarios.
La frontera sur de México comparte una historia político-comunitaria con Guatemala, así como acuerdos de aguas internacionales o binacionales. A pesar de los esfuerzos para el impulso de una ley de aguas y un modelo para su gestión, carece de un aparato legislativo sólido donde son difusas las líneas de intervención política de los actores implicados en los procesos de uso, explotación y distribución de agua.
La frontera sur de México es un escenario complejo para la articulación política en torno del agua. Se comparte una historia comunitaria, un conflicto social enmarcado en estrategias de seguridad nacional, biodiversidad compartida y ricas fuentes de agua; seguido de éstos, los actores y las relaciones políticas que trascienden la legalidad. La articulación del nivel comunitario, intercomunitario, municipal, regional e internacional es necesaria para evitar conflictos socio territoriales y conflictos por el agua.
Referencias
Aviña Escot, R. P., “La construcción sociopolítica del territorio lacustre: el caso de Atitlán, Guatemala”, tesis de maestría, San Luis Potosí, México, El Colegio de San Luis, 2020.
Córdova Espinoza, M. G., M. A. Vargas Hernández, C. A. Barrera Franco y P. Santiago Sánchez, “El agua, factor estratégico de seguridad, estabilidad y desarrollo”, en C. Ramírez (coord.), Revista Seguridad y Defensa, Campo Marte, 57, 2024, pp. 30-32, Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
Durand, L., F. Figueroa y M. Guzmán (eds.), Naturaleza en contexto: hacia una ecología política mexicana, México, unam, 2012.
Jonas, S., “La ‘democracia que sucumbió’: la revolución guatemalteca de 1944-1954”, en S. Jonas y D. Tobis (eds.), Guatemala: una historia inmediata, México, Siglo XXI Editores, 1974, pp. 83-110.
Kauffer Michael, E., “Entre la rigidez política (hacia el conflicto) y fluidez hídrica (hacia la paz): las fronteras de agua de México, Guatemala y Belice”, Revista de Paz y Conflictos, 10 (1), 2017, pp. 61-86.
Leal Buitrago, F., “Surgimiento, auge y crisis de la doctrina de seguridad nacional en América Latina y Colombia”, Revista Estudios, Análisis Político, 15, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 1992.
Leff, E., A la ecología política le conciernen no sólo los conflictos de distribución ecológica, sino que asume la tarea de explorar con nueva luz las relaciones de poder en el saber que se entretejen entre el mundo globalizado y los mundos de vida de las personas”, en Saber ambiental, México, Siglo XXI Editores, 2004, p. 255.
Martínez Alier, J., “Conflictos ecológicos y justicia ambiental”, en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 103, 2008.
Notas:- F. Leal Buitrago, “Surgimiento, auge y crisis de la doctrina de seguridad nacional en América Latina y Colombia”, Revista Estudios, Análisis Político, 15, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 1992.[↩]
- Para una semblanza de las fases en las que se desarrolló la ecología política, puede verse la introducción del libro Naturaleza en contexto. Hacia una ecología política mexicana (2012)editado por Leticia Durand, Fernanda Figueroa y Mauricio Guzmán.[↩]
- “A la ecología política le conciernen no sólo los conflictos de distribución ecológica, sino que asume la tarea de explorar con nueva luz las relaciones de poder en el saber que se entretejen entre el mundo globalizado y los mundos de vida de las personas”. E. Leff, “A la ecología política le conciernen no sólo los conflictos de distribución ecológica, sino que asume la tarea de explorar con nueva luz las relaciones de poder en el saber que se entretejen entre el mundo globalizado y los mundos de vida de las personas”, en Saber ambiental, México, Siglo XXI Editores, 2004, p. 255.[↩]
- La dinámica de las articulaciones locales-globales, la escala, permea y reconfigura las categorías de tiempo y espacio mediante estrategias materiales donde se cristaliza el poder de actores políticos (extraños) sobre territorios locales, los cuales generan un tipo de geopolítica y el choque de dos —o más— mundos diferentes entre sí.[↩]
- J. Martínez Alier, “Conflictos ecológicos y justicia ambiental”, en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 103, 2008.[↩]
- S. Jonas, “La ‘democracia que sucumbió’: la revolución guatemalteca de 1944-1954”, en S. Jonas y D. Tobis (eds.), Guatemala: una historia inmediata, México, Siglo XXI Editores, 1974, pp. 83-110.[↩]
- De acuerdo con el trabajo de Susanne Jonas, la revuelta de octubre de 1944 estuvo conformada principalmente por estudiantes universitarios, obreros, jóvenes militares descontentos, algunos campesinos politizados y trabajadores del Estado inconformes con el gobierno de Ubico. Otro sector que ayudó a minar la administración de Ubico fueron los indígenas de Patzicía que habían sido reprimidos mediante tropas y ametralladoras por exigir tierras y alimentos.[↩]
- R. P. Aviña Escot, “La construcción sociopolítica del territorio lacustre: el caso de Atitlán, Guatemala”, tesis de maestría, San Luis Potosí, México, El Colegio de San Luis, 2020.[↩]
- E. Kauffer Michael, “Entre la rigidez política (hacia el conflicto) y fluidez hídrica (hacia la paz): las fronteras de agua de México, Guatemala y Belice”, Revista de Paz y Conflictos, 10 (1), 2017, pp. 61-86.[↩]
- Córdova Espinoza, M. G., M. A. Vargas Hernández, C. A. Barrera Franco y P. Santiago Sánchez, “El agua, factor estratégico de seguridad, estabilidad y desarrollo”, en C. Ramírez (coord.), Revista Seguridad y Defensa, Campo Marte, 57, 2024, pp. 30-32, Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.[↩]
