Arístides Rodrigo Guerrero García lleva algunos años desarrollando la idea de que es un derecho de todas las personas entender el derecho. Esto tiene muchas implicaciones, empezando por la comunicación del derecho en un lenguaje entendible. Aquí nos plantea algunas reflexiones al respecto.
¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a situaciones en las que, para entender un texto jurídico, tenemos que recurrir a un abogado o abogada para que nos explique, nos traduzca, lo que el tribunal quiso decir y así entender las razones por la que ganamos o perdimos un juicio? ¿Cuántas veces hemos escuchado el término “derechos humanos” pero cuando nos preguntan qué son nos quedamos sin palabras?
Para hablar sobre estos temas, así como sobre los derechos, su protección, garantía y ejercicio, primero tenemos que entenderlos. A este lo he denominado nuestro “derecho a entender el derecho”: una obligación que tienen las autoridades estatales para dejar de lado el lenguaje técnico, a veces incluso lleno de latinismos –pacta sunt servanda o in dubio pro reo son algunos ejemplos– y comenzar a emplear términos sencillos y divulgar la información clara al respecto, para que cualquier persona, independientemente de su formación, sepa de qué se tratan las leyes, las sentencias judiciales, las interpretaciones de las y los jueces, las recomendaciones de Comisiones de Derechos Humanos, y todo aquello que tenga que ver con el mundo jurídico.
Esto no es cosa menor. A diferencia de otros lenguajes técnicos (como el de la biología, el de la medicina, el de la física cuántica y la astrofísica), el del derecho tenemos que entenderlo todas las personas, porque a todas nos obligan las normas legales, a todas nos pueden juzgar los órganos jurisdiccionales, a todas, en determinados momentos, nos pueden investigar las autoridades estatales, y si no entendemos lo que pasa, se ponen en riesgo muchos de nuestros derechos.
En cierta medida, este derecho podría ser un derecho previo a los demás: un derecho que nos haga entender a los otros derechos y los mecanismos que tenemos para ejercerlos. Y, como el resto de los derechos, se rige por sus principios: universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad. Esto quiere decir que es un derecho que tienen todas las personas por el simple hecho de ser personas, que mientras más se avance en su contenido (a través de interpretaciones y ampliaciones de su alcance, por ejemplo) menos se restringirá, y que su ejercicio se da a partir del ejercicio de otros derechos y permite, a su vez, el ejercicio de otros derechos (¿cómo podríamos, por ejemplo, ejercer nuestro derecho de acceso a la información pública si no entendemos qué beneficios tiene, cuál es su contenido, cuáles son sus alcances y limitaciones, y cuáles son los mecanismos que existen para ejercerlo?).
¿Por qué importa a la justicia este derecho a entender el derecho?
Cuando pensamos en el Poder Judicial, pensamos en la justicia; es ahí donde las personas juzgadoras analizan los casos que llegan a su conocimiento a la luz de los que dicen las normas jurídicas y los criterios que ya han sido establecidos por distintos tribunales. La justicia, en este sentido, se refiere a la aplicación de dichas normas a los casos en concreto.
Sin embargo, la justicia es algo más que ese ejercicio de aplicación del derecho. La justicia es un valor que va más allá incluso del Poder Judicial y del derecho mismo. La justicia, en este sentido, tiene otra dimensión que se vincula con cómo las personas experimentamos la vida en un Estado donde las normas son aplicadas: es un estado de cosas donde sabemos que no hay impunidad, donde se garantiza la seguridad, donde podemos ejercer libremente toda nuestra gama de derechos sin que nadie se interponga en el camino.
Esta otra forma de entender la justicia: no podemos alcanzarla sin ejercer primero nuestro derecho a entender el derecho.
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