Mientras los legisladores de Morena anuncian que llevarán a los tribunales la decisión del INE de aplazar la revocación de mandato del presidente López Obrador, el INE argumenta insuficiencia presupuestal para la realización del ejercicio. A continuación reproducimos las opiniones que destacados juristas y expertos de otros ámbitos han vertido sobre este tema.
Marco Antonio Zeind Chávez
La cantidad de derechos que tiene la sociedad actual es el resultado de la ampliación que ha tenido el catálogo de los mismos a través de los años, lo que genera al Estado la obligación de satisfacer una cantidad cada vez mayor de necesidades de la sociedad y, por ello, invertir una porción creciente de recursos de todo tipo para lograrlo. También es necesario reiterar que con las solas reformas a la norma no se pueden lograr los cambios, toda vez que estas deben ir acompañadas de políticas públicas y presupuestos suficientes para realizarlos.
En las manos del Poder Judicial de la Federación estará resolver si el INE debe llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato con un despliegue limitado de sus capacidades y no cumpliendo con los parámetros detallados en la norma. O si, al contrario, la Cámara de Diputados debe aprobar un presupuesto suficiente para que se realice de acuerdo con los criterios establecidos en la ley.
Jesús Silva-Herzog Márquez
El conflicto tiene un cauce de solución. A los tribunales corresponderá dilucidar el asunto. ¿Puede un órgano del legislativo obstaculizar el cumplimiento de una función constitucional negando los recursos indispensables a la institución responsable? Si al Instituto Nacional Electoral corresponde la tarea de organizar el revocatorio, necesita contar con los recursos suficientes para hacerlo con los niveles de confiabilidad que requiere cualquier elección constitucional. El INE no puede prestarse para dar sello de legitimidad a una farsa de apariencia democrática. Simular la ratificación puede ser muy barato, pero organizar una elección constitucional manteniendo todos los rigores, cuesta.
El asunto trasciende el proceso de la revocación de mandato en la que se empecinan el presidente y sus simpatizantes porque confronta los límites constitucionales de la mayoría. ¿A qué decisiones presupuestales está obligada una mayoría parlamentaria? ¿Estamos dispuestos a concederle a la mayoría el poder de estrangular presupuestalmente a órganos constitucionales? ¿Podrían los diputados reducir el presupuesto del poder judicial al punto de incapacitarlo para cumplir con sus funciones básicas? Eso es lo que está en juego. Lo que resuelva la Suprema Corte para el órgano electoral tendrá implicaciones para el resto de los órganos del Estado. Si la mayoría tiene como enemigo el día de hoy al Instituto Nacional Electoral, mañana puede poner bajo la mira a cualquier otro órgano del Estado. Los ministros de la Corte no podrán más que verse reflejados en la suerte del árbitro electoral. Tras una campaña de desprestigio, un recorte despiadado. A la Suprema Corte de Justicia le corresponde restablecer, ni más ni menos, que el fundamento presupuestal de los equilibrios.1
Luis Carlos Ugalde
Si la consulta de revocación es tan relevante, la solución es simple: que la Secretaría de Hacienda reasigne recursos al INE. Éste ya canceló proyectos y reasignó recursos por 1,503 millones de pesos para la consulta, pero aún faltan 2,327 para juntar los 3,830 que cuesta la consulta. Si se quiere encontrar solución, la Cámara de Diputados podría convocar a grupo de trabajo para revisar cifras del INE y definir costo real de la consulta.
Las implicaciones de organizar consulta sin los recursos suficientes son: menos casillas, menos certeza, menos participación ciudadana. Negar los recursos es silenciar —en los hechos— la llamada “voz del pueblo”. ¿Por qué impedir la voz del pueblo mediante recortes presupuestarios? Porque el objetivo es el símbolo y la propaganda. No importa que se instalen 162 mil casillas como exige la ley, sino presumir el ejercicio, aun solo hablen los seguidores del presidente López Obrador.2
Pascual Orozco
Las instituciones requieren un presupuesto adecuado para cumplir cabalmente sus obligaciones. La respuesta del Instituto Nacional Electoral de aplazar el proceso de revocación de mandato es coherente, ya que había solicitado al Poder Legislativo que le incrementaran los recursos para estar en condiciones de coordinarlo y organizarlo, y no obstante ello, los diputados de Morena se negaron.
Es muy claro que el organismo constitucional autónomo no se niega a acatar el mandato constitucional, sino únicamente lo está difiriendo hasta que se le asignen los recursos para llevarlo a cabo.
Es de llamar la atención que la revocación de mandato ha sido promovida por el partido en el poder para avalar a un gobierno cuyos resultados han sido desastrosos para el país.
Es de considerarse que es una institución ajena a nuestras tradiciones constitucionales y tal cómo se está planteando, es una farsa muy costosa para México, toda vez que dicha revocación puede funcionar en democracias muy consolidadas o de manera indirecta, en los sistemas parlamentarios a través de negarle un voto de confianza o emitir uno de censura al Jefe de Gobierno, pero no aquí, donde la concentración del poder en el Ejecutivo es más que evidente.
José Ramón Cossío Díaz
Uno de los temas más importantes de ese futuro ejercicio democrático, es el vinculado con los recursos presupuestales para llevarlo a cabo. A tal efecto, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a la Cámara de Diputados la asignación de casi cinco mil millones de pesos. La autoridad electoral consideró que esa cantidad le resulta indispensable para capacitar, imprimir boletas, armar mesas receptoras, llevar a cabo las contabilidades y desempeñar otras tareas relacionadas. En una penosa sesión, los diputados de la mayoría no sólo no otorgaron los recursos solicitados, sino que utilizaron el momento para denostar al Instituto y a sus integrantes. Lo que debió haber sido una discusión técnica sobre necesidades operativas y montos presupuestales, terminó siendo un espectáculo para cuestionar a la propia función electoral.3
Ante la falta de recursos para llevar a cabo la consulta y ante la negativa de la Corte de otorgar la suspensión solicitada, es muy prudente la decisión del INE. Solo así puede garantizarse la viabilidad de la consulta y, sobre todo, los derechos políticos de la ciudadanía.4
Ana Ruth Herrera
Estamos viviendo en México una época que deja ver de forma cada vez más clara la manera en que se entrelazan el Derecho y el poder, y la búsqueda del equilibrio entre ambos, en donde el primero no se reduce a la ley de manera categórica bajo riesgo de quedar el Derecho sometido; por su parte, el poder aun dentro de la ley, ha de aspirar al Derecho, para lograr un auténtico Estado de Derecho. Un momento clave sobre los vacíos preexistentes en nuestro sistema en la calidad normativa, de gobernabilidad, los puntos endebles de las instituciones mismas, administrativas, electorales, judiciales, entre otros, las estrategias de los Poderes, alcance de las responsabilidades y definición, en su caso, de las condiciones necesarias para una verdadera democracia que exige madurez de sus actores, incluidos los ciudadanos. Los rumbos están por definirse.
