¿Qué lecciones nos dejan los Estados corruptos e inseguros, pero protectores de derechos humanos, a la luz del caso del combate a la delincuencia en El Salvador? A través de un análisis comparado crítico, Carolina Elizabeth Vásquez Regalado nos invita a reflexionar sobre los ideales de libertad que perseguimos.
Macondo: del sueño a la realidad
La configuración actual de las democracias latinoamericanas está alimentada por los problemas recurrentes de su escena pública: la fórmula de la inseguridad y la corrupción que a menudo se alimentan una de la otra toda vez que un sistema que está corrompido en su totalidad suele debilitar las estructuras sociopolíticas o limita los recursos de un determinado país, que deberían, idealmente, servir para guiar soluciones a través de políticas públicas o programas de prevención, en la búsqueda de mejorar su propio panorama social y, por ende, político. América Latina periódicamente escucha los mismos discursos políticos que prometen un futuro mejor, siguiendo la repetida narrativa de acabar con la corrupción y la impunidad y fortalecer las instituciones públicas, entre otras muchas promesas que aseguran que esta vez todo será diferente: “Siempre he pensado que ante el problema de la inseguridad lo pertinente es atender las causas que originan la violencia y así lo haremos […]. Por eso estoy optimista, pues se está iniciando y ya vamos en el camino de lograr el renacimiento de México y nos vamos a convertir en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible; y así lo haremos, porque de esa manera construiremos una sociedad más justa, democrática, fraterna y siempre alegre”.1
Incluso así, cuando la experiencia debería guiar al pueblo, de alguna manera antepone la esperanza a la realidad: vamos, nos organizamos para participar en elecciones de vez en cuando en busca de un resultado diferente, y ahí termina el compromiso de ambos, gobernantes y gobernados. Después, la realidad tiene un escenario totalmente distinto a lo que se había predicado, con crisis de violencia, violación de derechos humanos, corrupción sistemática; un panorama que tristemente se ha normalizado en el imaginario popular. Aun cuando los Estados latinos, a la vez que se reconocen constitucionalmente, suponen sentar sus bases en los derechos humanos como reglas de observancia y en la democracia con instituciones casi tan autónomas como tan complejas, se encuentran fracturados desde dentro.
De ahí que las políticas públicas que tienen como propósito solucionar estos problemas, aun cuando no lo han conseguido, son débiles desde su planeación, en la medida en que ignoran la magnitud de su objetivo, además de su forma normativa normalizada socialmente.
¿Estas son las razones de la ineficiencia de las democracias modernas, al menos en la región? Probablemente, pues lo mismo sucede con el fenómeno social que supone la peligrosa fórmula de la corrupción y la inseguridad que enferma a las democracias, pues desde la complejidad de los espacios en que se desarrollan estos hechos se llevan a cabo, por diferentes actores, desde conductas individuales hasta ejercicios en red, en diferentes momentos, así como en distintos territorios. Sin embargo, la teoría no ha ideado un régimen mejor que las democracias constitucionales, como máximos logros de la cultura política occidental, en el que se regulen los poderes públicos, al mismo tiempo que se reconozcan los derechos fundamentales y ciudadanos sin distinción. No obstante, ninguna de esas situaciones se lleva a cabo de la manera correcta.
El caso de Bukele en El Salvador
Por lo anterior, hablar de la disruptividad del caso del gobierno en turno en El Salvador resulta tan importante; porque ahí surge una interrogante que, pese a que incomoda, es necesaria: ¿las democracias latinas aún caminan o sin darnos cuenta han ido disminuyendo el paso hasta quedarse casi inamovibles? Sucede que desde que el a presidente Bukele asumió el cargo de El Salvador, en junio de 2019, hizo lo mismo con los retos de superar la pobreza, la inseguridad y la corrupción en uno de los países más violentos de América Latina. Por eso el gobierno de Bukele suspendió garantías constitucionales reconocidas en El Salvador, dando pie a operativos que posteriormente propiciaron detenciones masivas, como una técnica de poder duro mediante la cual se utiliza a las fuerzas públicas, a través de las facultades del Estado, para coaccionar y reprimir con la idea de perseguir a las pandillas del país, como los Maras, una cuadrilla de jóvenes que se extienden a Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y, en menor medida, al sur de México, Canadá y Estados Unidos. Los Maras se inician en la vida delictiva alimentándose de los síntomas de América Latina: la pobreza, la falta de oportunidades, el abandono y el abuso.
Los ciclos de la violencia, como efectos colaterales de lo anterior, han determinado que la escena pública de El Salvador varíe del miedo a la represión; en la medida en que pandillas como los Maras financian su supervivencia como actores no estatales a través de la extorsión, el secuestro y la venta de armas y estupefacientes, entre otras actividades criminales. A ello se suman las detenciones arbitrarias, la encarcelación masiva, además del régimen de excepción que el Congreso del país ha concedido a solicitud del presidente; como una situación de emergencia en la que se suspende una serie de garantías constitucionales como la libertad de tránsito y expresión o la confidencialidad de las comunicaciones en El Salvador. Este llamado estado de excepción no es ajeno a nuestra realidad, toda vez que está reconocido en el artículo vigésimo noveno de la Constitución mexicana; aun cuando no se ha materializado, lo hemos identificado esbozado, por ejemplo, en los enfrentamientos contra el crimen organizado en Culiacán, Sinaloa, conocidos comúnmente como culiacanazos, de 2019, tanto como, recientemente, en enero de 2023. La creciente ola de violencia instó a que el derecho al libre tránsito de la población fuese moderado en razón de su seguridad, con declaraciones como evitar salir de casa o toques de queda legalmente establecidos. Aunque, claro, su naturaleza es distinta respecto del camino de represión que Bukele ha decidido seguir. Sin embargo, desde una perspectiva del Derecho internacional, la violabilidad de los derechos humanos —que sirven como reglas no sólo de observancia sino de seguimiento por parte de todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas— debe ser, en teoría, perseguida o, al menos, más fácil de castigar que hace algunos años, teniendo en cuenta la institucionalización de la escena internacional. No obstante, las instituciones que regulan el sistema carecen de una característica fundamental de la norma jurídica: la coercibilidad; las decisiones institucionalizadas conforme al Derecho internacional son precarias en su realización, en tanto que las instituciones internacionales no poseen los medios vinculantes para hacer eficaces sus resoluciones en la escena de anarquía de la escena internacional.
La lucha contra la inseguridad se presume efectiva en El Salvador, como algo que se puede comprobar con la creciente popularidad del presidente salvadoreño, además del contento de la población, a tal punto que Bukele ha anunciado que irá por la reelección en 2024. Lo mismo se evidencia en el Latinobarómetro 2021, una recopilación de la opinión pública al menos de 18 países de la región, en la que, con 63 puntos porcentuales, la población salvadoreña afirma que no le importaría que un gobierno no democrático llegará al poder siempre y cunado resolviera los problemas del país. La peculiaridad de la aprobación a una solución no democrática se replica en la percepción de otros países centroamericanos: República Dominicana, Honduras, y Guatemala, vulnerables a los ciclos de inseguridad de la región. No obstante, la paradoja que ronda sobre El Salvador no es tan extraña de resolver: si en la medida en la que la construcción de una falsa sensación de seguridad a través de la erosión de la sociedad civil, la participación ciudadana, e incluso los derechos humanos, ha contentado a las personas, entonces supondría decir que las democracias, como las conocemos, se han ido quedando obsoletas.
Sobre lo anterior, entonces, ¿qué esperamos? ¿No por eso renunciamos a la libertad del ser para someternos a la seguridad que un Estado y, únicamente, el Estado, como ente guardián, podría asegurarnos? Siguiendo esa premisa, tal vez deberíamos comenzar por preguntar si los ideales de libertad que hemos perseguido hasta el cansancio son tan utópicos como parecen.
REFERENCIAS
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 10 de febrero de 2014, artículo 29. Recuperado de http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/29.pdf.
Discurso del Andrés Manuel López Obrador durante su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos Mexicanos (2018). Gobierno de México. Recuperado de https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/discurso-del-lic-andres-manuel-lopez-obr ador-durante-su-toma-de-posesion-como-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-1839 10.
García Márquez, G. (1955), La hojarasca, Editoras Vírgenes de Guadalupe, Barcelona. Adiós a Macondo (2021), Corporación Latinobarómetro [versión en pdf].
“Los Maras: un ejército criminal, joven y armado” (2018), Consejo de Redacción. Recuperado de https://consejoderedaccion.org/noticias/maras-un-ejercito-juvenil-armado
“Régimen de excepción: 12 meses de una medida de seguridad para proteger a la población” (2023). Asamblea Legislativa de El Salvador. Recuperado de https://www.asamblea.gob.sv/node/12709.
Notas:- Discurso de Andrés Manuel López Obrador durante su Toma de posesión como presidente de los Estados Unidos Mexicanos (2018), Gobierno de México. Recuperado de https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/discurso-del-lic-andres-manuel-lopez-obrador-durante-su-toma-de-posesion-como-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-183910.[↩]