¿Cómo conjugar la necesidad de un Poder Judicial que sea independiente y que además interprete la Constitución Política de forma tal que ayude a erradicar las desigualdades sociales atendiendo a las necesidades de la población? Iván Adelchi Peña Estrada reflexiona al respecto.
En los últimos días, ha sido parte del debate nacional la propuesta de reforma al Poder Judicial, la cual pone en la mesa la posibilidad de elegir a los jueces mediante el voto popular. En perspectiva, los anteriores comicios son muestra del profundo y amplio respaldo con el que cuenta el proyecto político de la Cuarta Transformación (4T), donde una de sus agendas es la búsqueda de un tipo de justicia material.
Lo que pone de manifiesto, de ambas condiciones, es que el voto popular es el reflejo de un cambio político profundo, no solo es la construcción de una super mayoría; sino es un tipo de organización social que representa un clivaje, el cual expresa que el modelo tradicional de funcionamiento de los poderes públicos no les es cercano. Por otro lado, existe una población que considera que las minorías son importantes, que deben tener representación y certidumbre jurídica en su reconocimiento. Ambas posturas son leales a la Constitución: las garantías de los contrapesos y la búsqueda permanente de una mejor vida para los ciudadanos, entonces, ¿dónde está el problema?
El problema está en cómo y quiénes interpretan la Constitución, ambos poderes con representación directa o indirecta son mandato popular mediante el voto; es decir, que ninguno de ellos es intérprete directo de la Constitución debido a un interés personal; sino de un proyecto político-ideológico que en las urnas tiene su disputa.
El voto y la democracia no son otra cosa que la consecución del auto-gobierno colectivo, con una enorme base popular, la cual legitima su actuación mediante las instituciones que les representa. Por mencionarlo de una forma más teórica, la base popular de defensa de la Constitución en favor de los contrapesos es popular; igualmente, lo es la que considera que el Poder Judicial tiene asignaturas pendientes con la gente.
El quid de este asunto es que existen actores e intérpretes no-judiciales de la Constitución, a los cuales se les resta valor o menosprecio dado que no son expertos o peritos en derecho, pero ¿la forma en que vive cada ciudadano o persona en un país no podría ser una muestra clara de las promesas no cumplidas por la Constitución? ¿Debe ser el Poder Judicial el único garante e intérprete de la Constitución? ¿La gente puede ser parte de la discusión e interpretación constitucional?
Los más de 60 millones de mexicanos que ejercieron su derecho al voto, son mexicanas y mexicanos que confían en las instituciones, que prefieren la disputa en las urnas que otros medios para hacerse escuchar. Esta misma gente considera que la 4T tiene un punto sobre el Poder Judicial, es una disputa por interpretar la Constitución con una base popular y a la altura de las necesidades para combatir la desigualdad, el cambio climático y la promesa de desarrollo económico compartido.
De igual modo, existe una minoría que tiene memoria y recuerda que sin contrapesos el poder absoluto, podrá corromper absolutamente todo. Esa misma minoría que vota confía en los contrapesos existentes, pretende fortalecerlos y ampliarlos, pero ante todo sabe que existe la urgencia por la protección de los valores populares de nuestro constitucionalismo, solo que para que sea democrático el rol del gobierno es necesario representar y movilizar ese sentir, mientras que el rol de los tribunales es usar la razón jurídica profesional para interpretar la constitución como afirmará Robert Post.
Soy un creyente de que se puede conciliar entre la necesidad de imparcialidad e independencia de los jueces, con la urgente valoración de sacar a muchas personas de la pobreza y desigualdad, de que exista una ampliación de los derechos sociales. Hacer sentir que la labor de nuestro Poder Judicial es cercana. Ahí está el reto: que la labor de nuestro máximo órgano de interpretación se dicte contra mayoritario y anti elitista, de base popular, seguro y confiable en determinados contextos para que la ciudadanía pueda ir en contra del gobierno mismo y se le permita ejercer su derecho.
Lo que es fundamental decir, es que hay que erradicar del discurso público que los votantes no tienen capacidades para elegir; todo lo contrario, la gente vota firme en sus convicciones, ya sea de un lado o del otro lado político. Sus decisiones son más que racionales.
Sin esa capacidad de diálogo entre los Poderes, el Ejecutivo lucha por cumplir su mandato separado de los intereses del Judicial; lo que está en medio es una ciudadanía que considera que las promesas de la constitución no son suyas. Y todo Constitucionalismo para ser democrático, debemos sentirlo como nuestro horizonte, nuestro fundamento… nuestra Constitución.