Con cifras que van del 5 al 10 por ciento del producto interno bruto, la corrupción en México —en cualquiera de sus modalidades: soborno, evasión, extorsión, lavado de dinero, fraude, falsificación, tráfico de influencias, etcétera— sigue siendo el gran problema por resolver. ¿Se trata de una cuestión inherente a nuestra cultura, y por lo tanto imposible de erradicar, o de un problema de leyes, procedimientos y sanciones?
El problema de la corrupción, que ha sido objeto de evaluaciones y cuestionamientos en el ámbito nacional e internacional, así como de reclamos sociales de atención urgente desde hace ya varios años, tuvo como resultado la reforma del artículo 113 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 27 de mayo de 2015, que sentó las bases del esquema actual para combatir dicha corrupción en todo el país y tiene como sustento formal la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada el 18 de julio de 2016.
En complemento de lo anterior, fue necesario emitir o actualizar ordenamientos como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como realizar algunas reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República, con su propia ley orgánica), al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Cabe destacar que, como sabemos, el Sistema Nacional Anticorrupción aún se encuentra en proceso de maduración, por lo cual no podríamos evaluar de manera cabal sus avances y resultados, pero sí es muy importante hacer énfasis en el reconocimiento e involucramiento que se otorga a representantes ciudadanos para fortalecer y legitimar ese sistema.
No obstante lo anterior, hay quienes consideramos que es necesario hacer una pausa en el camino para reflexionar profundamente y abordar el combate a la corrupción, pero desde una perspectiva integral y transversal, para evitar los esfuerzos aislados y parcelarios que a veces ocasionan duplicidades y no garantizan resultados efectivos.
La corrupción permea y se reproduce en los diversos segmentos públicos y sociales. No sólo está vinculada con recursos públicos, sino también con todos aquellos espacios en los que se propician las relaciones de poder.
Destacamos que este mal va más allá del debilitamiento del Estado de derecho formalista, ya sea por insuficiencia de fuerza normativa, impunidad o incapacidad de las instituciones de procuración y administración de justicia para hacerle frente. Creemos que el tema de la corrupción, en su más amplio sentido, es un grave problema de impacto cultural que permea y se reproduce en los diversos segmentos públicos y sociales, no sólo vinculado con recursos públicos, sino también con todos aquellos espacios en los que se propician las relaciones de poder, desde el nivel micro, por lo que no bastan políticas públicas lineales o unidireccionales para solventar esa problemática, pues es indispensable adoptar una perspectiva holística para identificar su grado de complejidad.
Existen prácticas indebidas que en algunos casos se vuelven comunes, tanto en la familia y el hogar como en otros niveles sociales (ausencia de valores, ejemplos de conductas ilícitas, abuso de poder y de oportunidad, etcétera); en el ámbito público, en sus diversas instancias (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, etcétera), así como en entes del ámbito social (sindicatos, partidos políticos, asociaciones civiles, organismos empresariales, organizaciones sociales, instituciones educativas; incluso en actividades deportivas y recreativas, etcétera).
Nos queda claro que no existen fórmulas mágicas, ni recetas específicas o acciones inmediatas para abordar con profundidad la problemática del combate a la corrupción en sus diversos componentes (prevención, investigación y sanción); más aún si sólo nos concentramos en fortalecer las instituciones de procuración y administración de justicia, las cuales tienen capacidad limitada para atender una cantidad determinada de asuntos, que no representan la mayoría de los casos en el país, particularmente porque no se denuncian y, en muchos de los casos, existe poca credibilidad respecto de esas instituciones.
En consecuencia, la construcción de una política pública integral necesariamente demandará planeación, conectividad, transversalidad, trazabilidad, priorización y metodologías de trabajo; lo anterior, para transitar del diseño conceptual al esquema de practicidad que nos conducirá a la construcción de un Modelo Objetivo Aspiracional Medible para darle contenido al “cómo” y no solamente al “qué”. Esa propuesta también podría contribuir para que los derechos humanos alcancen una mayor observancia y una mejor practicidad, en correspondencia con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, incluso para sumar esfuerzos que permitan ir de un Estado “formal” de derecho a uno de carácter “sustancial” o de “gobernanza”.
El planteamiento de proporcionar un enfoque holístico al combate de esa problemática implica necesariamente abordar la participación de la sociedad y del gobierno en todos sus segmentos, además de los actuales esfuerzos instituciones. Es recomendable involucrar a todas las dependencias e instancias del poder público, independientemente de su naturaleza, en conjunto con los diversos entes de la sociedad civil organizada, cuya pluralidad implica la promoción y el establecimiento de mecanismos de amplia concurrencia, incluso desde los comités y las redes vecinales con conexión y armonización hasta los niveles ejecutivos de participación ciudadana, para impulsar programas transversales.
Modelo Objetivo Aspiracional Medible
Expuesto lo anterior, es indispensable identificar, analizar y sugerir ejes estratégicos para la construcción del Modelo Objetivo Aspiracional Medible, que sea resultado de un “análisis de inteligencia global”, que promueva metodologías innovadoras y garantice el acompañamiento permanente del binomio sociedad-gobierno y que podría comprender objetivos y/o tópicos como los siguientes:
Impulsar la transformación cultural y social. Atender los tres momentos clave de la problemática: actual, emergente y nuevas generaciones.
Garantizar el compromiso político. Con el apoyo creciente de la sociedad civil organizada, promover, garantizar, transparentar y publicitar los compromisos asumidos que permitan dar seguimiento e informar de manera periódica a la opinión pública.
Promover la pluralidad de los segmentos sociales. Impulsar la participación plural y permanente de los diversos entes organizados de la sociedad civil, incluso desde los comités o las redes vecinales y los grupos más vulnerables.
Diseñar una educación integral y conectada. Enfoque estratégico y medible (conectividad y trazabilidad con las demás políticas públicas) desde la niñez, la adolescencia y hasta el desarrollo profesional. Impulsar con las nuevas generaciones el ejercicio práctico de valores, habilidades y competencias gerenciales (liderazgo, trabajo en equipo, etcétera), el respeto a los derechos humanos, la activa participación cívica, la proyección ocupacional, etcétera.
Impulsar la transición a un Estado sustancial de derecho. Lo que comprende la observancia efectiva de los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia, los mecanismos de fiscalización y prevención, entre otros, con base en una política pública armonizada y con supervisión social.
Recuperar los valores humanos y sociales. Promover valores con el apoyo de programas de practicidad y replicamiento en la convivencia social, laboral y profesional, que comprenda a las instituciones educativas desde el nivel básico con enfoque de taller para fomentar casos de éxito: “modelos semilla”.
Promover la reingeniería organizacional burocrática. Transitar de las estructuras burocráticas verticales a las horizontales, “gestión y administración por proyecto”, buscando resultados medibles y de impacto social que garanticen con mayor amplitud la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas.
Incentivar propuestas ciudadanas y gubernamentales de éxito. Desde la sociedad civil y de las instancias de gobierno, promover las mejores prácticas, como “modelos semilla” y “casos de éxito”.
Impulsar “cadenas productivas de punta a punta”. Vincular políticas y programas públicos para el desarrollo económico desde el nivel micro que permitan minimizar o contener problemáticas sociales y fortalecer el mercado interno, además de contribuir con mayor intensidad al mercado externo; incluso para fortalecer una política nacional de turismo de impacto mundial, que vincule a todos los segmentos involucrados, bajo una misma dirección, con resultados medibles y armonizados (conectividad, infraestructura, inversión, competitividad, desarrollo sustentable, etcétera).
Alinear el desarrollo científico y tecnológico. Impulsar el estudio, el análisis y la implementación estratégica de temas como las neurociencias, la inteligencia artificial, la biotecnología, la tecnología CRISPR-Cas9, la epigenética, la inteligencia emocional, etcétera.
Involucrar a los medios de comunicación y a las redes sociales. Promover la armonización de esos mecanismos, por su gran impacto e influencia social, con la finalidad de vincular y, en su caso, alinear o fortalecer las políticas públicas (globales y específicas), para incentivar valores y evitar el flujo irracional de información que incide en conductas ilícitas (por ejemplo, delitos aspiracionales).
En resumen, enfrentar el grave problema de la corrupción implicará necesariamente la realización de diversas acciones paralelas, pero bajo un mismo enfoque estratégico y de priorización (Modelo Objetivo Aspiracional), que apunten y armonicen esfuerzos en una misma dirección para evitar o minimizar los retrabajos, las duplicidades, la opacidad, la simulación y los esfuerzos aislados o parcelarios. Por lo anterior, es fundamental reflexionar y promover espacios de discusión y análisis que permitan diseñar y construir soluciones integrales, transversales y conectadas, bajo un proceso de mejora continua y, sobre todo, con el ingrediente principal del “validador social” para asegurar su legitimidad democrática.