Rubén Mejía reflexiona sobre la incapacidad del Estado mexicano para garantizar seguridad y justicia, cuestionando si el crecimiento económico justifica esta falla esencial.
La idea de lo que un Estado debe o no ser es sumamente diversa y controversial. Los últimos siglos nos han permitido conocer una infinidad de tipos y modelos de Estado y aprender que no existe un modelo absoluto y exitoso, ni una fórmula mágica que pueda seguirse y que garantice paz y prosperidad para la población; sin embargo, algo en lo que la gran mayoría de los teóricos del Estado han conciliado es la finalidad esencial y la razón principal por la que debe de existir un Estado.
Para hablar al respecto, tenemos que recurrir obligatoriamente a los teóricos contractualistas: Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, quienes postularon que la existencia de los Estados no era una mera cuestión optativa o de gusto, sino más bien algo sin lo que la especie humana no podría coexistir.
Estos tres filósofos compartían la idea de que no haya un Estado implicaría una vida de completo caos, desesperanza y sufrimiento, donde todas las personas, al actuar sin ningún tipo de control, cometerían todo tipo de conductas de libertinaje, excederían derechos que no les corresponden y harían de su día a día el abuso de unos por otros. Algunos otros pensadores argumentan que las personas no tienen esa naturaleza, pero con lo que presenciamos día a día es difícil contradecir la visión señalada.
En este contexto, el Estado es visto como un protector de la sociedad, bajo la idea de que la convivencia humana requiere un ente que haga valer el respeto a los acuerdos de una comunidad y que sancione a aquellos que los incumplan. Acuerdos que hoy día no distan mucho de los pactados por lógica social hace ya muchos años, como la prohibición de matar y el respeto a la propiedad privada; los mismos contractualistas señalan que los Estados deben cumplir con dos en especial: garantizar la seguridad y la integridad de sus habitantes y hacer valer la justicia cuando la primera obligación sea violada.
Entendida la función del Estado como garante y protectora de las acuerdos esenciales de la comunidad, podemos denotar un gran problema en lo que se refiere al Estado mexicano, puesto que uno entendería que después de un proceso de cientos de años éste sería capaz de cumplir, mínimo, con la razón de su existencia e interés de la sociedad mexicana: garantizar seguridad y justicia para su ciudadanía.
El Estado mexicano cumplió, hace poco más de una década, sus primeros 200 años de independencia. Desde el inicio afrontó una cantidad considerable de retos de gran dificultad: intentos europeos de reconquista, invasiones estadounidenses e, inclusive, guerrillas internas complicaron enormemente que se pudiera consolidar un Estado que cobijara a toda la sociedad mexicana bajo su resguardo.
Históricamente, movimientos y luchadores sociales, como José María Morelos, Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas, entre otros, han buscado alcanzar por diferentes métodos y medios la construcción de un Estado mexicano que pueda actuar a favor de la ciudadanía haciendo valer la justicia y garantizando un Estado social de seguridad, paz y prosperidad.
Al final, todos estos grandes liderazgos no reflejan más que una misma exigencia: justicia para los campesinos, los obreros, los maestros, los estudiantes, las mujeres, los niños, los mexicanos; una misma exigencia expresada a través de cientos de miles de voces, cientos de miles de veces. Voces esperanzadas y encaminadas en una lucha constante por alcanzar ese Estado que pueda transformar la realidad de un país que lleva décadas al borde del precipicio, con una población exhausta de las crisis crónicas que azotan al país y de la imposibilidad de poder vislumbrar un futuro mejor a corto, mediano o largo plazos.
Actualmente, esas voces no han cambiado en lo absoluto y lamentablemente el Estado mexicano, más allá de haberse podido consolidar, no ha podido emprender el anhelado cambio de rumbo para el destino de nuestra sociedad, tanto por cuestiones externas como por cuestiones internas. No sólo ha fallado en su consolidación, sino que inclusive ha decaído en muchas de sus bases económicas, políticas y sociales.
Tras estos procesos es menester señalar que diversos políticos han buscado encubrir el fracaso en la consolidación del Estado mexicano con datos en materia de crecimiento económico argumentando que hemos tenido un crecimiento formidable que nos ha colocado como la decimosexta economía del mundo.1 Otros más han señalado que el hecho de contar con grandes empresas transnacionales colocan a México como país desarrollado, o que poseer grandes reservas de recursos naturales nos convierte, de facto, en un país de otro nivel; también se ha argumentado que nuestros tesoros turísticos nos trasladan a otra realidad. Y aunque estos logros repercuten en la realidad mexicana y alivian un poco nuestro panorama desolador, deberíamos reflexionar si al enfocarnos en éstos y argumentar que no estamos tan mal, no estamos olvidando por completo lo fundamental.
Hablemos entonces de esa cuestión fundamental con base en los índices de justicia y seguridad a lo largo y ancho del país, así como del alcance de la justicia mexicana para conocer su estado actual. Para ello consideraremos los datos de los últimos años, plasmados en el informe de seguridad del Ejecutivo federal de 2022. Por un lado, en 2020 el país rompió el récord de homicidios con un total de 36,773 muertes dolosas en un año, y, por otro lado, en 2017 alcanzó el récord de robos en un mes con 73,071 hurtos realizados en septiembre y se registró el récord de secuestros en un mes con 185 en enero de 2018.2
Alcanzar tres récords de inseguridad en los últimos seis años nos permite vislumbrar que estamos viviendo uno de los peores momentos de seguridad en la historia de México. Y cuando hablamos de la justicia, la cuestión todavía es peor, puesto que, de todos los delitos cometidos, 94.8 por ciento queda impune, una cifra verdaderamente escandalosa.
Aunque el Estado mexicano tenga mejoras en otras ramas, como señalamos, el hecho de que no pueda garantizar la seguridad y la justicia a su población implica que es inútil. Ningún crecimiento económico, obra del desarrollo, o empresas de gran influencia, pueden sustituir la obligación principal de un Estado de garantizar la seguridad social y la justicia.
Notas: