Platicamos con la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Estela Fuentes, sobre la justicia administrativa, su autonomía y los retos a los que se enfrenta en la actualidad
¿Cuál es la distinción entre un tribunal de justicia administrativa y cualquier otro tribunal?
Estela Fuentes – Los tribunales de justicia administrativa tienen una gran similitud con los demás tribunales, porque finalmente todos impartimos justicia. La diferencia entre los primeros y el resto es que los tribunales de justicia administrativa son eminentemente especializados en materia administrativa, en materia fiscal y en responsabilidad de servidores públicos; son órganos jurisdiccionales con autonomía tanto de gestión como presupuestaria y, a partir de 2017, forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y Local Anticorrupción, según sea el caso; nacional, si pertenecen a la Federación, local, si pertenecen a las entidades federativas.
Otra diferencia que podemos destacar es que los nombramientos de los magistrados de estos tribunales los hace el Poder Ejecutivo y los confirma el Senado —si se trata de magistrados que van al Tribunal Federal de Justicia Administrativa— o bien los congresos locales —si se tratará de tribunales locales de justicia administrativa—.
¿A qué se dedican los tribunales de justicia administrativa, tanto federales como locales? A dirimir las controversias que existen entre aquellos actos de autoridad que emiten las autoridades de la administración pública, llámese federal o llámese local, con los particulares. De ahí que somos un control de legalidad. Esa es la diferencia que pudiéramos establecer entre unos y otros. Y, desde luego, puedo agregar que la mayoría de los tribunales de justicia administrativa no pertenecen al Poder Judicial —hay un par de ellos en el interior de la República que sí pertenecen al Poder Judicial—.
El fortalecimiento de las instituciones en México en contextos de construcción de la democracia implica muchos retos. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México?
Estela Fuentes – Las grandes reformas que ha tenido la Constitución General de la República, y me refiero a la evolución que ha sufrido el derecho administrativo en cuanto a su procedimiento, a sus recursos, a toda la serie de sus actividades, de las tareas que nos corresponden a los juzgadores en esta materia; hablo primordialmente de la reforma constitucional de 2011 a través de la cual se constitucionalizaron los derechos humanos, y posteriormente de la reforma constitucional de 2015 que da origen al Sistema Nacional Anticorrupción, que después se replica en todas las entidades federativas. En virtud de esta reforma todos los tribunales cambian de denominación. Antes los conocíamos como tribunales de lo contencioso administrativo en todas las entidades federativas. A partir de 2017 todos homologamos la denominación a tribunales de justicia administrativa.
Desde luego, con la evolución a la que me estoy refiriendo, todos los tribunales de justicia administrativa, y hablo específicamente del tribunal de la Ciudad de México, que es el que yo presido, tenemos muchísimos retos que superar. Trataré de enfocarme en aquellos que estimo de mayor trascendencia. Tenemos una sociedad compleja con grandes problemas políticos, sociales, económicos y culturales, es decir, multifactoriales, de ahí que todos los juzgadores en materia administrativa, al momento de resolver los asuntos que son puestos a nuestra consideración, debemos tomar en consideración todas las características de esta sociedad compleja para resolver de conformidad con cada uno de los casos puestos a nuestro juicio.
Otro reto que considero muy importante es el del respeto a los derechos humanos. Hoy en día no es posible abordar el trabajo de cualquier institución pública en el seno de un sistema democrático si no ponemos atención en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Reitero que, a partir de la constitucionalización de los derechos humanos, los juzgadores en materia administrativa los debemos considerar. Recordemos que el estudio del derecho administrativo siempre había sido de estricto derecho. Teníamos que resolver al pie de la letra con base en lo que establecía la ley: aplicarla a rajatabla. Posteriormente a la reforma constitucional de 2011, la justicia administrativa abrió un gran abanico que permitió a todos los juzgadores visibilizar muchas características que podríamos encontrar en aquellos asuntos que se ponen a nuestra consideración —personas que pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad: mujeres, niños, niñas, adolescentes, sujetos de la comunidad lgbtttq+, individuos de la tercera edad, personas con cualquier tipo de discapacidad, entre otras—. Cuando conocemos ese tipo de asuntos debemos respetar los derechos humanos.
Otro reto importante, no solamente para el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, sino también para todos los tribunales de justicia administrativa de las entidades federativas del país, derivado de la reforma constitucional de 2015 que da origen al Sistema Nacional Anticorrupción, es el relativo a una nueva competencia para los tribunales de justicia administrativa: la competencia para conocer de aquellos asuntos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. No obstante que con antelación a esta reforma desde luego sí conocíamos de estos temas, pero de manera muy acotada.
Todos los tribunales de justicia administrativa hemos trabajado y hemos caminado con acciones afirmativas en la institución para prevenir conductas de corrupción, que desde luego han sido siempre un cáncer para la sociedad. Y de manera exterior, como un ejemplo que toda la gente puede observar, son aquellas resoluciones disuasivas que llevamos a cabo cuando resolvemos asuntos de responsabilidad administrativa, no solamente de servidores públicos, sino también de particulares que cometen conductas graves.
Otro tema que también considero importante y que debemos asumir como un reto en la justicia administrativa es el hecho de que debemos transitar a los juicios en línea, a los juicios digitales; desde luego que aquí tuvimos una gran oportunidad durante la pandemia. Es cierto que ese suceso nos cambió totalmente la vida y ya podemos identificar cuáles fueron las consecuencias perjudiciales, pero también podemos notar algunas que fueron de gran oportunidad, primordialmente en la justicia, no solamente administrativa, sino en todos los tribunales. Por eso debemos implementar los juicios en línea y ir capacitar a nuestros servidores públicos para avanzar en esos temas. Y, asimismo, también capacitar a los usuarios, a la gente, a la sociedad, para que conozca qué es lo que estamos haciendo. LO que queremos es que la justicia administrativa sea transparente, de puertas abiertas a toda la sociedad. Creo que esos son asuntos muy importantes y de gran trascendencia para la justicia administrativa, primordialmente en la Ciudad de México.
¿Qué opina de la homologación de la justicia administrativa en todo el país, como ocurrió en su momento con las materias civil, familiar y penal?
Estela Fuentes – Esa es una pregunta muy importante porque todos los tribunales de justicia administrativa del país estamos colegiados en una Asociación de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos. Quienes la conformamos hemos ido avanzando —y ya casi lo tenemos listo— en un proyecto para crear una Ley Nacional de Justicia Administrativa, porque finalmente creo que la tarea que realizamos todos los tribunales del país es muy similar. ¿Por qué? Porque en el ámbito local conocemos de aquellos asuntos emanados de los actos de autoridad de toda la administración pública, ya sea de la Ciudad de México, ya de las entidades federativas, ya de la Federación. Creo que habría ningún problema en homologar en una sola ley toda la actividad de la justicia administrativa.
Por su naturaleza, ¿los tribunales de justicia administrativa deberían ser considerados organismos constitucionales autónomos?
Estela Fuentes – ¿De dónde nace la conceptualización de que los tribunales de justicia administrativa son órganos constitucionales autónomos? Éstos se encuentran contenidos en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en la Constitución Política de la Ciudad de México no están contemplados. No obstante, por sus características —por ser un organismo con autonomía tanto presupuestal como de gestión— el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México puede considerarse un organismo constitucional autónomo.
¿La justicia administrativa será afectada por la reforma constitucional al Poder Judicial?
Estela Fuentes – Por el momento no. Es muy importante que lo sepa la gente. Los tribunales de justicia administrativa no son parte del Poder Judicial y, desde luego, no les incumbe esta gran reforma al Poder Judicial. Sin embargo, cuando se concrete dicha reforma, ésta incidirá en un párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que todos los juicios en materia fiscal deben concluirse en un periodo no mayor de seis meses. Como tribunales altamente especializados en justicia administrativa, en juicios fiscales, en juicios de responsabilidad de servidores públicos, también nos corresponde dar cumplimiento a ese mandato constitucional en lo que toca a los juicios en materia fiscal.
