Mateo Mansilla-Moya examina cómo la transformación democrática en México ha dejado fuera la regulación del error judicial, perpetuando la impunidad y la desconfianza en el Poder Judicial.
La responsabilidad patrimonial del Estado excluye la indemnización por errores judiciales, dejando a las víctimas sin reparación efectiva ante fallos del sistema de justicia.
Un caso de trata de personas sirve de ejemplo para cuestionar cómo una mala interpretación del derecho puede conducir a decisiones judiciales equivocadas.
Aunque el artículo 22 de nuestra Constitución establece que queda prohibida la pena de muerte, de tiempo en tiempo resurge el debate sobre su implementación, especialmente en periodos electorales y en el contexto de los altos índices de impunidad que experimenta nuestro país. ¿Tiene sentido abrir esta discusión o se trata de un tema que debemos superar de una vez por todas?