La falta de reflexión en torno de la justicia, la falta de legitimidad de las instituciones que la imparten y de sus operadores, la imposibilidad de acceder a éstas en un país con altos índices de impunidad, conllevan la necesidad de replantear los conceptos las instituciones jurídicas de manera que la justicia sea para todas las personas. La organización de la sociedad civil Equis Justicia para las Mujeres se ha encargado de incidir, con base en su modelo de justicia abierta feminista, en el Poder Judicial, en las políticas públicas y en la creación y la reforma de leyes que lo hagan posible. Platicamos con Fátima Gamboa, su directora general, acerca de su trabajo.
Fátima Gamboa Estrella es directora general de Equis Justicia para las Mujeres. Es feminista y abogada y pertenece a la comunidad indígena maya; fungió como abogada litigante en la organización civil Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena, A. C., y forma parte de la Red Nacional de Abogadas Indígenas en México. Asimismo, fundó el Colectivo Ma’alob Kuxta y ha diseñado e implementado diversos proyectos de intervención en comunidades y de investigación en temas relacionados con la impartición de justicia con perspectiva de género, transparencia judicial y justicia comunitaria.
¿Cómo surge Equis Justicia para las Mujeres y en qué contexto se inserta en México?
Equis Justicia para las Mujeres nace en el contexto de la reforma constitucional de 2011 sobre derechos humanos que incorporó el género y la igualdad. Había dos temáticas que nos importaban; la primera, cómo estaba funcionando el Poder Judicial y cómo estaba respondiendo a la incorporación de la perspectiva de género; la segunda, cómo están respondiendo los centros de justicia para las mujeres que derivaron de las recomendaciones internacionales y de la sentencia de Campo Algodonero.
En el caso del Poder Judicial quisimos crear un observatorio ciudadano de sentencias, pero a la hora de comenzar a buscar las sentencias descubrimos que no eran públicas. Entonces nos dimos a la tarea de impulsar temas de transparencia. Le cuestión es: ¿qué hace una organización feminista impulsando temas de transparencia? Ya de por sí hay un movimiento de transparencia y rendición de cuentas que está trabajando sobre el tema. Pero para nosotras tenía mucho sentido cruzar los discursos de transparencia y de justicia, ante la falta de sentencias públicas, y comenzar a fortalecer el argumento de que “sin transparencia no hay justicia” para poder ver, entender y comprender qué era hacía el Poder Judicial y si estaba replicando o no estereotipos de género, sesgos de género y prejuicios en las sentencias, que en lugar de proteger a las mujeres las revictimizara; que en lugar de repararlas, las criminalizara.
Para nosotras era muy importante atender esta problemática. Los centros de justicia para las mujeres contituyen la política más importante del Estado de atención integral a las violencias y surgieron en un contexto complicado, como el de ciudad Juárez, por lo que queríamos monitorear si los servicios que se estaban ofreciendo ahí eran pertinentes, cuál era el diseño de esa política y cómo estaba funcionando. En estos contextos institucionales y coyunturales surge Equis.
¿Cuál es el objetivo de Equis Justicia para las Mujeres?
Equis es una organización feminista cuyo objetivo se puede resumir en un lema: “Queremos romper las estructuras de opresión, de discriminación y de violencias para cosechar las justicias”. ¿Cómo hacemos esto? Articulándonos con colectivas, con redes, con diversos grupos de mujeres para asumir un poder colectivo, las justicias, e incidir en políticas públicas, en leyes y en instituciones como los centros de justicia para las mujeres o como los poderes judiciales.
Actualmente, ¿en qué estatus se encuentran las instituciones que imparten de justicia en materia de género?
Nosotras estamos impulsando un “modelo de justicia abierta feminista”. Hace año y medio convocamos a todos los poderes judiciales del país a un pacto por la justicia abierta con perspectiva de género, para que aceptaran el reto de trabajar con la sociedad civil siete líneas estratégicas: la estadística, la participación ciudadana, los presupuestos, los mecanismos de accesibilidad, entre otras. Justo ahora salió el primer diagnóstico nacional de justicia abierta feminista sobre lo que vemos en este momento en la impartición de justicia en los poderes judiciales.
En 2015 no había sentencias públicas. Ahora, en 2023, ya hay seis poderes judiciales que publican todas sus sentencias y todos los poderes judiciales del país ya están difundiendo información sobre el tema. Eso es un avance pero todavía hace falta mucho por hacer.
Hemos detectado que en materia de mecanismos de participación ciudadana 19 poderes judiciales tienen mecanismos de colaboración con barras de abogados o con la academia, pero todavía existe resistencia en el diálogo que mantienen con la sociedad civil y con colectivas y otros grupos que históricamente han padecido discriminación, con el argumento de que no dominan el tema de la justicia.
Lo que también descubrimos en el diagnóstico fue que ningún Poder Judicial pudo proporcionarnos sentencias de mujeres indígenas o de población LGBT+, ni siquiera el Poder Judicial federal. Esto quiere decir que no están agregando y registrando los datos de las justiciables que acuden en busca de ayuda, lo que nos hace cuestionar el tipo de justicia que están procurando esas instancias judiciales: si no saben que se trata de una mujer indígena, ¿cómo van a aplicar los estándares interculturales para las personas o los pueblos indígenas? Y lo mismo ocurre respecto de la población LGBT+: ¿cómo van a aplicar la perspectiva de diversidad si a la hora de juzgar las juezas y los jueces en México no consideran esa esepcificidad? Otro problema que plantea esta situación versa en relación con quiénes están acudiendo a las instituciones de justicia: ¿estas poblaciones aduen o no a estas instancias?, ¿cuáles son las causas por las que no lo hacen y cómo los poderes judiciales del país las va a atender en el contexto de la política judicial? Esta es una problemática fundamental.
Otro problema general de los poderes judiciales que revela neustro diagnóstico es que solamente ocho de las 32 entidades de la República han destinado un presupuesto para sus unidades de género.
La transparencia y la rendición de cuentas, por lo menos a nivel presupuestal, no parecen prioritarios en los poderes judiciales. Nosotras siempre hemos dicho que las ventanas y las puertas abiertas de un tribunal son sus unidades de transparencia y de rendición de cuentas.
Próximamente publicaremos un diagnóstico sobre el funcionamiento a nivel nacional de los centros de justicia para las mujeres. Ahí abordamos un montón de temas más.
¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido Equis en la impartición de justicia?
Logramos que en México todos los jueces y todas las juezas publicaran sus sentencias a partir de una reforma a la ley y de un amparo muy valioso que ganamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre el carácter de la justicia, ya no en términos individuales a partir de los conflictos que se dirimen, sino a partir del impacto que tiene para la colectividad; pues la justicia le pertenece a las comunidades, la justicia le pertenece a la ciudadanía. Aquí entra la idea de la justicia abierta, donde se encuentra la legitimidad del Poder Judicial. La sentencia que logramos a partir del amparo es una punta de lanza para comenzar a hablar en México acerca de nuevas formas de gobernanza.
Otro de nuestros logros fue poder incidir en la creación de la Ley de Amnistía, pues visibilizamos el impacto que tuvo la política contra las drogas en el aumento del encarcelamiento de las mujeres y cómo ciertas condiciones, como la pobreza o la pertenencia a un grupo históricamente discriminado, también tienen impactos criminalizantes en el encarcelamiento.
Hicimos que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incorporara un capítulo relativo a los centros de justicia para las mujeres y establecimos el perfil que deben tener sus directores; asimismo dotamos de una base jurídica el presupuesto progresivo.
Avertimos que, durante la pandemia, la violencia contra las mujeres por el encierro aumentó y que la respuesta institucional fue reducir sus servicios con el argumento de que había otros indispensables, urgentes o esenciales. Aquellos que estaban vinculados a la atención y a la prevención de las violencias en contra de las mujeres no fueron una prioridad del Estado mexicano. Entonces nos dimos a la tarea de poner sobre la mesa la discusión pública en torno de la necesidad de recuperar el carácter preventivo judicial de los problemas que aquejaban a las mujeres a través de órdenes de protección. Junto con cinco poderes judiciales y diversas organizaciones de la sociedad civil creamos, a nivel nacional, un estándar interpretativo de protección para las mujeres que hasta ahora supera la protección que brinda la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con este estándar también llevamos a cabo una serie de propuestas legislativas para modificar y homologar esa ley con el objetivo de que pudiera cumplir con los mínimos de protección establecidos en dicho estándar.
Me gusta la idea de que sin transparencia no pueda haber justicia. ¿Qué es la justicia abierta?, ¿no es suficiente el principio de publicidad en el procedimiento para garantizar una apertura pública?, ¿hasta qué punto puede se “abierta” la justicia sin dañar otros derechos?
La justicia abierta proviene del movimiento gobierno abierto que promueve el Estado abierto. Este concepto se ha desarrollado desde la perspectiva de la transparencia. Eficientar procesos, generar datos abiertos y dialogar con la ciudadanía es la visión tradicional de la justicia abierta, que además pone en el centro de su definición al ciudadano (lo que sea que ciudadano signifique para una organización feminista).
Nuestra apuesta conceptual del modelo de justicia es feminista porque nosotras ponemos en el centro de la justicia abierta el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación. La justicia no se escapa si es transparente.
Esa es la gran diferencia: recuperamos el acceso a la justicia y además dejamos de pensar que quienes son expertas en temas de justicia sólo son las barras de abogados. La democratización de la justicia y de los derechos, con los modelos de justicia abierta, necesariamente requieren diálogo, participación y coconstrucción con todas esas voces cuyas percepciones y necesidades no han sido incluidas.
Tenemos que comenzar a construir eso porque lo otro, el modelo actual, no está funcionando. Hay una crisis en la impartición de justicia. Y si vamos a reformar, lo haremos desde el principio: las justicias. Esto es lo que propone el modelo de justicia abierta feminista. Se basa en la colaboración, la participación y la cocreación y, por supuesto, en la transparencia, no como un derecho llave para abrir otros derechos, como dicen en el mundo de la transparencia, sino como una toma de agencia de la ciudadanía.
La justicia en México no es muy justa…
Es muy elitista y sigue siendo tecnócrata; no hay acceso a la justicia.
Las mujeres que han venido a Equis no han recibido justicia. Por ejemplo, el caso de Silvia ganó un premio internacional a la peor sentencia. El caso se llamó “La mala madre mexicana”. Le quitaron la guardia y la custodia de su hijo porque el juez consideraba que, por sus prácticas de topless en la playa, por ser atea y por no ser mexicana, no cumplía con las condiciones tradicionales para educar a su hijo y por eso era mejor que se quedara con el niño se quedara con su papá. Esa sentencia tiene 10 años y en ese tiempo Silvia no ha podido ver a su hijo. Ahora que regresó de España pidió ver al niño, pero su esposo simplemente no se presentó cuando se le requirió que lo hiciera y no hay poder humano para obligarlo a que lo haga, porque es un señor que tiene muchísimos recursos, muchísimo dinero, y aunque Silvia está haciendo todo para sacudir un poco la estructura para que el sistema pueda ser justa con ella, simplemente no lo va a lograr. Ella regresará a España, después de haber recibido amenazas y, al parecer, además, se irá sin haber visto a su hijo. ¿Qué se hace en estos casos?
Parte de su trabajo ha sido el combate al punitivismo.
El punitivismo es una respuesta jurídica y estatal de un gobierno débil que no logra atender cuestiones de pobreza, de falta de acceso a recursos y a empleo, y que tampoco logra resolver los conflictos de las comunidades para generar paz. El punitivismo es un castigo, una respuesta fácil pero popular que no requiere mayor esfuerzo que legislar, y legislar es muy fácil. Según nosotras, el punitivismo está asociado a la venganza y al orden del Estado. Se trata de una venganza que no repara, que no necesariamente está vinculada a una medida de no repetición, sino que más bien siembra miedo y que se produce más en términos individuales que colectivos, y además termina criminalizando a las personas que no tienen los recursos necesarios ni el estatus para defenderse de un sistema penal que —ya lo hemos documentado— lleva a prisión a muchas mujeres.
En este momento hemos identificado que a nivel nacional las principales causas por las que las mujeres están en prisión se encuentran vinculadas a la pobreza y a los roles de género. Hay casos de mujeres acusadas de ser madres negligentes por no haber desempeñado su función de cuidado de manera adecuada; mujeres que fueron obligadas a delinquir; mujeres que fueron forzadas a transportar droga bajo amenaza de muerte de su familia. Hay muchas condiciones de desigualdad involucradas en la comisión de delitos que, por desgracia, por no tener herramientas para defenderse, propician que injustamente muchas mujeres sean llevadas a prisión. Si se aplicaran los protocolos para juzgar con perspectiva de género las mujeres que están en conflicto con la ley no estarían privadas de su libertad.
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¿Cómo trabajan con la diversidad de mujeres?
La fuerza de Equis proviene del trabajo que realizamos con diversos grupos de mujeres. Para poder trabajar con ellas, para lograr lo que nosotras llamamos la toma del poder colectivo para exigir de justicia, necesitamos ubicar el lugar que ocupamos como organización civil feminista de la Ciudad de México, de manera que nuestras relaciones con ellas no sean asistencialistas ni verticales, sino que, más bien, a partir del intercambio de conocimientos, podamos canalizar sus demandas —juntas y en primera persona— con la finalidad de que tengan la incidencia necesaria para obtener una justicia real. Trabajar como organización feminista, cuestionando todo el tiempo las prácticas colonialistas, capitalistas y patriarcales, es fundamental para cumplir con nuestros objetivos. La idea no es emancipar a otras, sino emanciparnos juntas.
La militarización de la Guardia Nacional, el combate al narcotráfico, la delincuencia organizada… ¿cómo afectan estos fenómenos a las mujeres en México?
El año pasado, junto con otras organizaciones de la sociedad civil y diferentes grupos migrantes de población indígena realizamos el informe “Vulnerabilidad frente a la militarización” en el que consignamos que donde hay presencia de las fuerzas armadas o de la Guardia Nacional existe temor de las mujeres de transitar libremente por el espacio publico; hay temor de ser acosadas y ser violadas. Conocemos muchísimos casos acerca de esta situación; por ejemplo, los de Inés y Valentina, sobre la tortura sexual que ejercen militares cuando detienen a las mujeres. Una de las últimas encuestas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística llegó a la conclusión de que más de 80,000 mujeres que sufrieron violencia en el espacio público, violencia comunitaria, identificaron a su agresor como un marino o un militar. Identificamos cada vez más desconfianza de las mujeres, sobre todo, hacia la Guardia Nacional.
La Guardia Nacional fue creada en 2019 y tuvo mucha legitimidad social, pero con el paso del tiempo hemos detectado cómo ha disminuido la confianza de las mujeres respecto de sus integrantes. Llevamos a cabo un sondeo en varias alcaldías de la Ciudad de México para explorar la percepción de seguridad de las mujeres frente a la militarización. Descubrimos que las mujeres desconocen qué son y cuáles son los procesos de militarización, pero sí ubican la presencia de las fuerzas armadas y la asumen como un tema de seguridad; sin embargo, no logran identificar la diferencia entre un guardia nacional, un marino y un militar, lo cual puede tener un importante impacto en caso de violencia en contra ellas o de violaciones a sus derechos humanos por no saber identificar a la autoridad involucrada en esos casos. Por otro lado, 38 por ciento de las mujeres encuestadas piensan que en caso de que deba atribuirle responsabilidad penal a las fuerzas armadas y a los policías, es más fácil que reciban castigo los policías que los efectivos de Guardia Nacional debido al fuerte respaldo presidencial que tienen estos últimos.
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En un momento en que las organizaciones de la sociedad civil sufren afrentas por parte del Estado, ¿a qué riesgos se enfrenta una organización como Equis?
Lo que estamos viviendo ahora como un obstáculo para trabajar es el cierre de espacios cívicos por parte del gobierno federal. Antes había mayor posibilidad de diálogo y colaboración. En este momento, más bien, hay un discurso según el cual las organizaciones de la sociedad civil son intermediarias o enemigas de la transformación que está ocurriendo en el país. Ha habido casos en que se criminaliza a las organizaciones, sobre todo a las que abogan por la libertad de expresión y, particularmente, a las feministas, a las que se tilda “de derecha” y de obstaculizar históricamente el progreso de México. Ese es un gran obstáculo porque propicia que se cierren las puertas de muchas instituciones que, por esa situación, ya no quieren colaborar con nosotras.
No es el caso de Equis, pero los recursos destinados a los fondos por equidad — uno de los fondos más grandes que históricamente había en México para fomentar los procesos de gobernanza y fortalecimiento de sociedad civil— fueron eliminado a principio de este gobierno, lo cual provocó que muchas organizaciones a nivel local más pequeñas que dependían de esos recursos tuvieran que cerrar sus puertas.
Otro tema es el sistema fiscal. El régimen fiscal que tenemos cada vez es más duro y exige más requisitos a las organizaciones para que puedan subsistir. Por ejemplo, comprobaciones de gastos que no atienden las lógicas comunitarias de trabajo: ¿de donde voy a obtener una factura de comida en el rancho de San Quintín? Equis es una organización que trabaja con diferentes movimientos a los que retribuye por el trabajo en conjunto, pero es muy difícil en retribuir a alguien que no es parte de su plantilla laboral. La cuestión es la siguiente: ¿cómo flexibilizar este sistema fiscal y cómo crear mecanismos que tomen en cuenta las formas en que se construyen los movimientos de defensa de derechos humanos y en pro de la justicia?
¿Quien es Fátima Gaboa?
Soy una mujer de origen maya que se autoadscribe así. También soy una mujer lesbiana, abogada y feminista. Me describo como alguien que acuerpaña diversos procesos de exigencia de derechos y justicia.
¿Cómo llegaste a Equis Justicia para las Mujeres?
Cuando me gradué fui a trabajar a la Casa de la Mujer Maya. Ahí las instituciones no me reconocían como abogada y cuando acompañaba a las mujeres me di cuenta de que me hacían falta muchísimas herramientas, como una argumentación más técnica, para ser capaz de defender a las mujeres de la comunidad que representaba. Los temas se movían por dinero o por mucha pericia; quise adquirir la pericia y conseguí una beca para estudiar en la Universidad Iberoamericana. Ahí, una amiga me habló sobre una organización que apenas estaba despuntando, con la cual comencé a colaborar como pasante 12 horas a la semana. Después comencé a trabajar medio tiempo y, posteriormente, tiempo completo como coordinadora de área, codirectora y, en la actualidad, directora general. He crecido junto con la organización. Es un gran espacio para trabajar desde una visión feminista y para incidir, crear sueños y crear posibilidades.