La aprobación de la iniciativa constitucional presentada por el Ejecutivo federal para reformar al Poder Judicial es casi un hecho. Entre las propuestas que mayor preocupación generan se encuentran la designación mediante voto popular, la creación de un tribunal disciplinario y la destitución masiva de ministros, magistrados y jueces de distrito, quienes ya amenazan con realizar un paro total de labores.
Resulta interesante constatar el poder de un solo hombre para lograr la movilización de masas y mentes. Hoy, en un ambiente de hartazgo social, ese hombre está convenciendo a todos de que el Poder Judicial es la manzana podrida de la canasta y que hay que sacrificarla a como dé lugar. Por ende, en un país lleno de corrupción, la única solución que se tiene es la implementación de un sistema de justicia ilusorio. ¿Cómo se llega a él? Que el pueblo lo elija, porque, ante la desgracia, ellos son su propia salvación.
Pues bien, por más desolador que parezca el asunto, no está por demás señalar las fallas que han desatado esta revolución. No como un sermón ni como una justificación a los dislates que se pretenden implementar, sino como un ejercicio de reflexión. No existe sistema judicial perfecto, pero, así como hay excelentes juzgadores, también hay pésimos y, en efecto, corruptos; hay quienes sobreseen juicios como si de ello dependiera el aumento de su salario y hay quienes sí se toman el tiempo de leer los asuntos que son turnados para su revisión y, en general, estudian y se preparan arduamente día con día. No hablemos de lo rebasados que están para resolver los asuntos a su cargo en tiempo y forma.
Pero ahora, si la reforma se aprueba en su totalidad, ¿cuál es el escenario que nos espera?
Estaríamos presenciando prácticamente la desaparición de los tres poderes. El hambre de Andrés Manuel López Obrador de tenerlos en sus manos es insaciable y no se detendrá hasta ver que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial están a su total merced.
Luego de despedir a toda una plantilla, veremos a un Poder Judicial completamente politizado y sometido, en el que garantías como la independencia judicial, la imparcialidad, la objetividad y el profesionalismo no van a tener cabida. Adiós igualdad de oportunidades para acceder a cargos. El despilfarro de recursos se disparará, lo que resulta contrario a la política de austeridad republicana, porque se tendrán que organizar campañas y se deberá realizar el cómputo de votos, que también cuesta. Además, serán acechados por el Tribunal de Disciplina Judicial, sin un ápice de certeza jurídica respecto de las causas y los procedimientos a seguir. ¿Qué se entiende por actos y omisiones contrarios al interés público o a la adecuada administración de justicia? Peor aún, sin que exista la posibilidad de controvertir sus decisiones.
No es sorpresa que la reacción de los jueces y los magistrados sea amenazar con irse a paro. Pero eso también conllevaría una consecuencia, no sólo para los principales afectados, sino fundamentalmente para los ciudadanos. ¿Qué pasará con la impartición de justicia? Resultará muy delicado en casos de extrema urgencia en los que se comprometan derechos fundamentales como la vida.
El discurso que han venido manejando quienes detentan el poder es soberbio y egoísta. Oyen, pero no escuchan porque saben que controlan la mayoría. La responsabilidad en la que incurran, incluso frente a instancias internacionales, es patente, aunque el cinismo es la insignia de Morena y la vía de llegar al diálogo para presentar contrapropuestas se está agotando. Están orillando a la toma de decisiones drásticas que sangrarán a toda la colectividad. Ellos se juegan la simpatía de su amo, pero nosotros nos estamos jugando la pervivencia de nuestro Estado de derecho.
