Guillermo Valdés Castellanos dirigió el Centro de Investigación y Seguridad Nacional durante el gobierno de Felipe Calderón. A trece años de haber dejado su cargo, y en un contexto en el que la violencia de la criminalidad organizada sigue en aumento, platicamos con él sobre su perspectiva, sobre la inteligencia en el combate al narcotráfico y sobre seguridad nacional.
¿Cómo concibe el fenómeno de la violencia desde el gobierno de Felipe Calderón hasta la fecha? ¿Ha disminuido, ha aumentado? ¿A qué se debe?
Guillermo Valdés – Por desgracia, la violencia va en aumento; las estadísticas así lo muestran. Uno de los indicadores más exactos y terribles de la violencia es el número de homicidios: en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa hubo 120,000 homicidios; en el de Enrique Peña Nieto, hubo 156,000, en la actualidad, a escasos meses de que termine el sexenio, van 180,000. Por desgracia, la violencia ha crecido y lo que podríamos concluir, en términos generales, sin entrar en detalles, es que el Estado, como institución fundamental que tiene la tarea básica garantizar la seguridad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos, no está haciendo bien su tarea.
Tenemos como causas estructurales un Estado débil e ineficaz para controlar y desarticular a las organizaciones criminales, las cuales son las principales autoras de la violencia contra la sociedad. El hecho de que haya organizaciones criminales muy violentas se debe a que tenemos un Estado incautado, incapaz y débil estructuralmente para hacer que el derecho rija en toda la sociedad. Lo que hemos visto es que cuando empezó este fenómeno en todo su esplendor, durante la época de Felipe Calderón, ya existía el problema de un crimen organizado que se había fortalecido durante décadas a la sombra del narcotráfico y que se había empoderado en términos económicos, militares, sociales y territoriales.
Cuando Calderón tomó el poder, le tocó enfrentar la erupción de un volcán que se había venido gestando durante décadas de permisividad del Estado en relación con las organizaciones criminales. El presidente de extracción panista decidió que el Estado tenía que fortalecerse para someter al Estado de derecho a la sociedad y a estos grupos delincuenciales. Pero el Estado no se fortalece de un día para otro; para hacerlo debe seguir un proceso muy complejo. Lo que hemos visto en estos 12 años después de que Calderón dejó el poder, es que el gobierno del Peña Nieto no hizo gran cosa, pues no entendió que el reto era fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. Y por desgracia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha abandonado el asunto: ha querido concentrar toda la fuerza y el poderío del Estado en el estamento militar, olvidándose de las policías locales, destruyendo a la policía federal, olvidándose de la procuración de justicia, dejando a su suerte las cárceles y entablando un conflicto contra el Poder Judicial. Mientras en estos últimos años el Estado se ha debilitado, las organizaciones criminales se han fortalecido y aumentan terriblemente la violencia en contra de la sociedad. El gobierno no se ha hecho cargo de los procesos necesarios para hacer valer el Estado de derecho.
¿Cuál consideraría usted que es una mejor política de seguridad? Una que se acerque más a un Estado de excepción en el que el Estado pueda ser más violento en la forma en la que va a tratar de resolver el problema de la delincuencia organizada –como en el caso de El Salvador– o una política más que no deshumanice al delincuente o que llegue al extremo de abrazos no balazos?
Guillermo Valdés – Yo creo que ese es un dilema que no plantea el problema en sus términos exactos, porque no se trata de reprimir brutalmente a través de Estado de excepción, en el que se cancelan los derechos humanos o hay demasiada permisividad. Los problemas de inseguridad y violencia humana son muy complejos y no pueden reducirse a las únicas vías de la permisividad o del Estado de excepción. Tiene que haber un conjunto de políticas en distintos rubros para atacar toda la complejidad del problema. Tiene que haber, por ejemplo, política preventiva para impedir que los jóvenes vean la delincuencia como su opción de vida no solo por razones económicas sino también de cultura y valores, a la luz de que muchas juventudes aspiran a enriquecerse rápidamente y ven el crimen organizado como una manera de hacerlo.
Por otro lado está demostrado que, cuando socialmente el Estado de derecho no es valorado, cumplir con objetivos personales de vida, proporcionar sustento a la familia, progresar, tener mejores condiciones de vida, por la vía legal o por la vía ilegal, depende de qué tanto hemos interiorizado el valor del Estado de derecho. En México hay una cultura de legalidad muy débil. En GEA hemos estado estudiando encuestas para saber cuánto valora la gente la ley; les preguntamos a las personas si creen que las leyes deben ser obedecidas siempre o sólo cuando piensan que son justas. Alrededor de la mitad de la población dice que no, que cuando creen que las leyes no son justas pueden ser violadas. Esta perspectiva no ayuda a impedir que la gente delinca y se vuelva parte de las organizaciones criminales; debe haber una cultura de legalidad mucho más sólida, pero no se ha promovido.
Otra política para detener la violencia tiene que ver con desarticular a las organizaciones criminales. Esto no necesariamente se da por medio de la violación de los derechos humanos, aunque en algunos casos puede ser necesario establecer estados de excepción pero en regiones muy específicas y por tiempos acotados. Pero en general se puede desarticular a las organizaciones criminales con mucha inteligencia, que eso es lo que le ha faltado en gran medida a las instituciones mexicanas de combate al crimen organizado: tener mucha inteligencia para que la actuación que permita desarticular a las bandas no necesariamente esté vinculada con actos violentos.
Para poder enfrentar este problema se necesita política de prevención, educación para la cultura de la legalidad, políticas eficaces para desarticular a las organizaciones criminales —lo que implica la persecución de policías y políticos corruptos que trabajan en complicidad con esas organizaciones criminales— y políticas de rehabilitación social en las cárceles —pues se ha demostrado que son centros operativos del crimen organizado: ha habido casos en varios estados en los que quitándoles a los criminales el control de las cárceles se ha reducido la delincuencia en 40 a 50 por ciento—. Este es un conjunto amplio de políticas que van mucho más allá del falso dilema sobre “abrazos, no balazos”.
Cuando fue titular del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), ¿cómo coadyuvó en la estrategia de seguridad en materia de narcotráfico? En temas de inteligencia, ¿cómo funcionan las colaboraciones interinstitucionales? ¿Qué tanta información se comparte entre las agencias o todos reportan a un superior –que podría ser el presidente– para que éste sea quien tome la decisión final?
Guillermo Valdés – Cuando estuve en el CISEN, de 2007 a 2011, las instituciones del Estado estaban en un proceso de aprendizaje sobre cómo generar y compartir inteligencia. Parte de la debilidad institucional del Estado frente al crimen organizado —a la que me referí antes— se manifestaba, por ejemplo, en que la Secretaría de la Defensa Nacional, siempre ha tenido un área de inteligencia militar y una unidad especializada de inteligencia contra el narcotráfico. Pero en aquel tiempo, por ejemplo, la Policía Federal era una policía mínima que se había creado en 1999 y que en 2006-2007 apenas tenía 7,000 u 8,000 agentes, aunque no tenía un área de inteligencia.
El presidente Felipe Calderón Hinojosa, además de recurrir al Ejército para combatir al crimen organizado, al narcotráfico, sabía y tenía muy claro que para poder derrotarlo se necesitaba una Policía Federal fuerte. Y se empezó a constituir. Y dentro de esa Policía Federal, se abrió toda un área de inteligencia, todo un sistema de información policial y criminal —la Plataforma México— y entonces se empezó a desarrollar, en 2007, el área de inteligencia de una Policía Federal profesional, técnicamente capacitada.
Por otro lado estaba el CISEN, que siempre había tenido —hasta antes de que empezara este gobierno— la tarea de generar inteligencia para la seguridad nacional; no para la seguridad pública, porque esa era tarea de la Policía Federal. Ésta vino a llenar un hueco que había en el Estado mexicano, para generar inteligencia criminal y policial contra las organizaciones criminales, para la seguridad pública, porque lo que había era el CISEN con inteligencia para la seguridad nacional, y la Secretaría de la Defensa Nacional, que tenía su área de inteligencia tanto para seguridad nacional como para seguridad pública contra el narcotráfico.
Entonces se empezaron a fortalecer estas áreas de la inteligencia. Incluso la Marina abrió su propio centro de inteligencia contra el narcotráfico, y la Procuraduría General de la República, un área que en teoría era de inteligencia contra el crimen organizado, pero que en realidad no operaba como tal.
A partir de esa época se desarrollaron las áreas de inteligencia en todas las dependencias. El Cisen empezó a participar, porque originalmente se le quitó de sus facultades y de sus responsabilidades la inteligencia contra el crimen organizado. Fue hasta el gobierno de Felipe Calderón cuando empezó a desempeñar tareas de inteligencia, pero no operativa; es decir, se hacía inteligencia, por ejemplo, para detener a un capo del narcotráfico, y entonces se investigaba dónde estaba, cuáles eran sus movimientos, cuánta gente tenía para su protección: eso se llama inteligencia táctica y operativa. Pero también hay otro nivel de inteligencia que es la inteligencia estratégica; es decir, la que determina cuál es la mejor manera de combatir al narcotráfico, si sólo atacando a las organizaciones criminales o también atacando las redes de corrupción, si se empieza por el norte o por el sur del país, si se cortan los flujos de Centroamérica o si se pone énfasis en los puertos.
Esta visión estratégica del combate es la que empezó a desarrollar el Cisen. Durante el gobierno calderonista se dio un fuerte impulso a las inteligencias de las distintas dependencias y hacia 2009-2010 se empezaron a crear centros de fusión de inteligencia en dos sentidos: primero, porque se junta, se combina y se comparte la inteligencia de las distintas dependencias (entonces, por ejemplo, si se iba a desarticular a los Zetas, cada dependencia —Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal, Procuraduría General de la República…— aportaba la información que tenía sobre esa organización); segundo, una vez que estaba puesta en conjunto la inteligencia de todas las dependencias del Estado, había otro nivel de fusión de inteligencia que se daba al momento de recabar la información de las organizaciones, información que se pasaba al centro de fusión de inteligencia y se traducía en más operativos para detener a otros blancos (así, siguiendo el ejemplo, una vez que se detiene al líder de los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, se organiza un equipo operativo de policías o de marinos o de soldados que además de detener a ese señor decomisaban documentos, archivos, computadoras con información que era utilizada para identificar y detener a otras personas). Entonces, el centro de fusión de inteligencia combinaba la de todas las agencias y vinculaba la operación con la generación de más inteligencia.
Sobre la inteligencia para la seguridad nacional y la seguridad pública, ¿qué opina de que se haya cambiado de adscripción el CISEN (ahora Centro Nacional de Inteligencia) a la Secretaría de Seguridad Ciudadana?
Guillermo Valdés – Lo he dicho desde que ocurrió esto, desde que el presidente López Obrador dijo que iba a desaparecer al CISEN y luego que solo le iban a cambiar el nombre y la adscripción. No se puede reducir la tarea de generar inteligencia para la seguridad nacional al tema de la seguridad pública. La seguridad pública es un fenómeno de una naturaleza muy distinta a la de la seguridad nacional. La seguridad pública es proveer el servicio para que los delincuentes, las bandas organizadas del crimen, no depreden a la sociedad, no la roben, no la asalten, no la extorsionen, etc. La seguridad nacional es cuidar al país y cuidar a las instituciones del país, al Estado, de amenazas externas e internas que son de muchas naturalezas.
Por ejemplo, el crimen organizado, dado el gran poder que tiene, es una amenaza a la seguridad nacional, pero lo es solo cuando se vuelve muy poderoso y trata de apoderarse del Estado; cuando las organizaciones criminales lesionan nada más a la sociedad, es un problema de seguridad pública que tiene que ser atendido por las policías y las procuradurías. La seguridad nacional tiene que ver también con amenazas o riesgos a la seguridad nacional por el cambio climático: ¿qué va a pasar con la actividad económica, con el campo mexicano, con las migraciones producto del cambio climático, con las sequías, con la falta de agua?, ¿cómo se va a alterar la vida del país?, ¿cómo se van a poner en riesgo derechos humanos y la vida en las ciudades por falta de agua? Ese tipo de problemas son de seguridad nacional. Cuando te llega una epidemia a nivel mundial que detiene las economías, que empobrece a la población, ¿cómo se previene y cómo se mitiga el daño de ese tipo de amenazas? Por ejemplo, ahora mucho de la viabilidad económica de México depende de nuestra relación con Estados Unidos. Porque tenemos un sector exportador y una gran parte de la economía mexicana depende de la economía de Estados Unidos y de Norteamérica en general. ¿Qué va a pasar en México si en Estados Unidos vuelve a ganar Trump y hay una cultura en contra de México, no sólo del presidente Donald Trump, sino de todos los americanos que ven a México como un enemigo? Ese es un problema de seguridad nacional.
El CISEN lo que tiene que hacer es generar inteligencia para prevenir esos riesgos de seguridad nacional y tratar de mitigarlos, de que no ocurran o de, en caso de ocurrir, procurar que el daño sea lo menor posible. Reducir el CISEN a ser una área de la Secretaría de Seguridad para encargarse de la inteligencia criminal es no entender qué es la seguridad nacional y cuál era la tarea del CISEN. Fue un error gravísimo de esta administración reubicar el órgano de inteligencia civil para la seguridad nacional a depender de la Secretaría de Seguridad Pública.
¿Nos comparte alguna anécdota que le haya impactado durante su dirección del Cisen?
Guillermo Valdés – Hubo muchas. Por ejemplo, cuando me tocó coordinar el equipo de la relación con el gobierno de Estados Unidos en materia de cooperación para combatir a las organizaciones criminales. Debe decirse que el crimen organizado en México, sobre todo el que está vinculado al narcotráfico y al tráfico de migrantes, es un problema que requiere la colaboración entre México, Estados Unidos y los países de Centroamérica. Yo creo que tenemos que aprender y convencernos de que muchos de estos problemas de seguridad nacional no son solucionables sin una colaboración real de confianza y de compromiso con Estados Unidos y con los países vecinos del sur. En ese sentido, a mí me tocó encabezar el equipo de México en la relación con Estados Unidos; fue un proceso muy interesante de aprendizaje mutuo de los dos gobiernos, porque para poder vencer al crimen organizado o al narcotráfico se requiere mucha confianza y mucha colaboración y que dejemos atrás los prejuicios que tenemos ambos países y los gobiernos de ambos países cuando pensamos que los estadounidenses quieren imponer sus políticas y dominar las negociaciones y desean que seamos sus operadores de decisiones.
No es que no sea el país más poderoso y que la relación con él haya estado llena de procesos unilaterales mediante los cuales imponen su voluntad. Es cierto, pero hay que superar esa visión y ellos tienen que dejar la actitud de que, por ser el país más poderoso y bueno del mundo, tiene derecho a intervenir en la vida de los países débiles y corruptos. Ellos tendrían que trabajar con eso y nosotros vencer nuestra desconfianza porque nos necesitamos mucho mutuamente.
Entonces, aquél fue un proceso muy interesante de ambos lados, de los funcionarios de ambas partes: pensar que el gobierno de México no es corrupto ni ineficiente en su totalidad, sino que posee muchas capacidades y tiene muchos funcionarios muy buenos con los que se puede trabajar, y nosotros teníamos que aprender que no todos los funcionarios estadounidenses eran unos imperialistas que nos imponían su voluntad. Enfrentar las consecuencias graves de un crimen transnacional requiere una colaboración de mucha confianza, y la confianza no siempre se tiene. Yo en lo personal aprendí que la confianza se gana a partir de la colaboración y no al revés. O sea que si tú, para iniciar la colaboración, quieres tener la confianza total y absoluta, pues nunca empiezas, porque desconfías pues crees que el otro quiere imponer sus intereses y desconfía de que tú seas honesto. Hay que empezar a trabajar pues el trabajo conjunto va generando la confianza mutuamente.
¿Qué temas se deberían de estar discutiendo en materia de seguridad, ya sea nacional o pública, pero que se están omitiendo este año electoral?
Guillermo Valdés – Regreso al planteamiento original. No vamos a resolver este problema si no atendemos la causa estructural, esto es, la debilidad del Estado en materia de seguridad y justicia. Tenemos que llegar a un acuerdo nacional porque los problemas de la inseguridad y la violencia son tan fuertes, tan trágicos, y tienen tantas consecuencias, que trascienden partidos y gobiernos; es decir, un solo gobierno no puede resolverlos en un solo sexenio: tiene que ser un acuerdo transexenal y de todos los partidos y de varios gobiernos. Tenemos que fijar como un gran objetivo la tarea de reconstruir todas las instituciones de seguridad y de justicia. No es posible tener seguridad si no hay policías confiables en las calles, policías de proximidad. El policía debería ser un educador de la sociedad en materia de Estado de derecho, pues ese policía recoge información importantísima para luchar contra el crimen organizado, contra las bandas. Necesitamos policías estatales que atiendan el crimen, que prevengan, que investiguen. Por ejemplo, necesitamos policías que sepan investigar, necesitamos procuradurías de justicia con mucha eficacia, recursos y técnicas para acabar de investigar los delitos y presentar, con una investigación sólida, ante el juez, a los responsables de los delitos.
Se tiene que trabajar con los poderes judiciales para formar y proteger a los jueces y limpiar la corrupción que pueda haber entre ellos. Se tienen que construir cárceles buenas y decentes. Reconstruir a las policías, a las procuradurías, a los poderes judiciales y las cárceles nos va a llevar una generación o más, lo cual cuesta mucho dinero. Eso no se puede hacer de un año a otro, de golpe, sino por medio de un plan, a mediano y largo plazos, con el apoyo de los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— y de los tres poderes —Legislativo, Ejecutivo y Judicial—. Lo anterior implica un gran acuerdo nacional que nos va a llevar muchos años. No obstante, la gente está desesperada y quiere soluciones ahora mismo porque no se detienen las extorsiones, los homicidios, las desapariciones.
En este sentido, junto con un plan de mediano y largo plazos que atienda la debilidad estructural del Estado, lo que se necesita es que, con lo que se tiene institucionalmente de aquellas partes que son buenas, que todavía existen, se establezcan políticas para atender la emergencia. Por ejemplo, ¿cómo le vamos a hacer para reducir o eliminar la extorsión? ¿Cómo organizamos el trabajo de la Guardia Nacional para que en un plazo de seis meses desaparezcan los robos en las carreteras? Lo que a mí me gustaría oír de las candidatas y el candidato es, por un lado, cómo van a reconstruir y fortalecer al Estado mexicano en esta visión de largo plazo y, por otro lado, cuáles van a ser sus políticas para atender la emergencia y reducir los delitos más lesivos y la violencia en los lugares donde los homicidios son imparables.