La falta de una estrategia correcta en la prevención y persecución de los delitos, ha llevado a que las células de la delincuencia desborden a la capacidad que tienen los Estados de combatirlas. A través de una visión de trabajo conjunto, el autor propone un modelo encaminado a la reducción de los índices de criminalidad.
La criminalidad a nivel mundial representa un grave problema para distintas naciones y es lamentable que, en ocasiones, el gobierno sea rebasado por la delincuencia por establecer estrategias que no son idóneas para combatir los flagelos que laceran a la sociedad, o por existir contubernio con las autoridades para seguir operando. Aunado a ello, frecuentemente algunos mandatarios consideran que aumentando el número de elementos y enviando al ejército, a la marina o a la policía nacional a las calles, para brindar seguridad a la población, cumplen con la implementación de una política criminal eficaz.
De igual manera, en sus campañas ciertos políticos suelen utilizar demagogia o atender al populismo penal, haciendo creer a los gobernados que reducirán los índices de delincuencia con acciones que no tienen sustento jurídico, o bien que contrarían los instrumentos internacionales de derechos humanos; verbigracia, la aplicación de la pena de muerte en algunos países de Latinoamérica y, peor aún, la práctica de un derecho penal selectivo, proclive a castigar a la clase marginada o pobre y a tratar con exceso de protección a la clase alta o pudiente cuando se ha infringido la ley penal.
Asimismo, la inflación penal es utilizada recurrentemente por los legisladores cuando aumentan los delitos y las penas. Éste es un recurso muy popular entre los votantes, ya que aparenta resolver los problemas de delincuencia o de pobreza; por ejemplo, la pena de 70 años de prisión para secuestradores o la cadena perpetua para los delitos contra la salud, como el narcotráfico.
En relación con los impartidores de justicia, éstos no aportan algo para construir una política criminal en coordinación con los poderes Ejecutivo y Legislativo, tal vez porque su función es eminentemente jurisdiccional o, en su caso, por el desconocimiento que tienen del tema los integrantes de tribunales en materia penal. De hecho, hay muy pocas investigaciones y escasas fuentes científicas vinculadas con la política criminológica y con el Poder Judicial.
Lo cierto es que los tópicos anteriores no han funcionado para abatir la delincuencia, y aumentar las penas de prisión representa un retroceso en el actuar gubernamental. Países como Suecia, Holanda, Dinamarca y Noruega están clausurando lo que en su momento fueron cárceles, y lo han logrado por medio de la prevención del delito y adecuadas políticas criminales que reducen o eliminan la represión.
Por lo anterior, considero que en lugar de las ocurrencias y las improvisaciones de gobernantes y legisladores, se necesita implementar una política criminal estratégica, la cual consiste en realizar acciones preventivas o represivas por parte del Estado para abatir la violencia y resolver el problema de la inseguridad y la delincuencia, siempre respetando los derechos humanos; política que debe ser diseñada por expertos multidisciplinarios: criminólogos, abogados, sociólogos, psicólogos, antropólogos, politólogos y especialistas en seguridad pública.
Ahora bien, entre los principios torales de la política criminal se encuentran la legalidad, la mínima intervención, la prevención, la igualdad ante la ley, la ultima ratio, la congruencia y la proporcionalidad de las penas, lo anterior para establecer los parámetros de aplicación y su funcionalidad. Resulta interesante el hecho de que dichos principios se conviertan en una especie de cultura; por ejemplo, la cultura de la paz, la legalidad, la solidaridad y el respeto al prójimo, tal como se ha logrado concebir en países como Finlandia y Japón.
Podría interesarte: Criminología y Penal Compliance Program
Por lo anterior, propongo un modelo de política criminal estratégica para reducir la criminalidad, el cual puede ser aplicable en cualquier nivel de gobierno y en coordinación con los poderes del Estado, así como con la participación de la ciudadanía y de las asociaciones civiles, y cuyo contenido es el siguiente:
a) Detección. Consiste en reconocer y focalizar el problema de la conducta antisocial o el delito desde cuatro ángulos: la persona, la familia, la sociedad y el Estado (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Conveniente delimitar geográfica y temporalmente el fenómeno criminal, ya se trate de pequeña delincuencia, macro delincuencia, delincuencia organizada transnacional o narcotráfico.
b) Diagnóstico. Las directrices o las fuentes de información que permiten conocer los índices de violencia o de delincuencia, pueden ser directas e indirectas: instituciones oficiales, medios de comunicación, asociaciones civiles u organismos de la sociedad civil organizada, comités de participación ciudadana, resultados estadísticos e, incluso, reclamos sociales, por citar algunas.
c) Consecuencias. Los efectos negativos que provoca la criminalidad son diversos: la percepción de inseguridad generalizada; los conflictos y la descomposición social; la disgregación familiar; la estigmatización de barrios peligrosos; la desconfianza en las autoridades; las manifestaciones de justicia espontánea que conducen a linchamientos; el surgimiento de nuevas prácticas urbanas de protección comunitaria; el costo de las comunidades en seguridad privada; el autogobierno en las prisiones; la comisión de delitos en centros penitenciarios; la disminución del turismo; la fuga de inversión y la desconfianza para invertir desde el exterior; todo lo cual influye en aspectos individuales, sociales, económicos, políticos e internacionales, entre otros. Por ende, es prioritario conocer las consecuencias para sentar las bases de la problemática.
d) Causas. Es indispensable investigar y conocer la etiología o la génesis del flagelo. En otras palabras, se debe elaborar una radiografía del crimen con base en los cuatro ángulos comentados arriba. Esto implica la aplicación del método científico y la realización de una investigación de campo para conocer el fenómeno.
e) Soluciones:
• Contratar funcionarios públicos con amplio conocimiento, experiencia, profesionalismo, voluntad política y honestidad y acordes con el perfil profesional de las instituciones del Estado en seguridad pública, sistema penitenciario y procuración de justicia.
• Poner en práctica la prevención primaria, secundaria y terciaria.
• Implementar prácticas de buena administración y gobernabilidad, pues la prevención bien aplicada fortalece a las instituciones democráticas.
• Neutralizar la criminalidad expropiando activos, bienes, recursos y armas.
• Procurar el saneamiento de las familias con principios y valores.
• Promover la solidaridad en la sociedad en caso de peligro.
• Prevenir la criminalidad en las escuelas.
• Implementar mecanismos estratégicos de participación ciudadana en temas de seguridad.
• Activar programas de apoyo en educación y de oportunidades para los jóvenes, así como para la población social vulnerable.
• Difundir la cultura, las artes y los oficios en la población.
• Imponer penas mínimas y programas de readaptación con reinserción en educación, trabajo y deporte, con seguimiento en la resocialización.
• Fortalecer la reparación del daño y la atención integral a las víctimas.
• Promover la concientización y la responsabilidad social de los medios de comunicación en temas delictivos o de violencia.
• Realizar trabajos a favor de la comunidad por parte de las personas en conflicto con la ley.
• Militarizar el sistema de prisiones e impulsar la industria penitenciaria.
• Promover la inversión y la profesionalización del personal penitenciario y de policía.
• Recuperar la confianza de la ciudadanía y de la policía.
• Facilitar y fomentar la cultura de la denuncia.
• Adoptar una política transparente, en particular frente a la corrupción.
• Reducir los tipos penales considerando otros mecanismos para la solución de conflictos a través de victimólogos, sociólogos, criminólogos y abogados.
• Evaluar la posibilidad de legalizar las drogas blandas con fines lúdicos, terapéuticos o medicinales, pero con una política de salud pública de prevención en el consumo por niños, adolescentes y adultos.
• Aplicar la tecnología y la inteligencia artificial en materia de prevención del delito.
• Investigar y analizar otros modelos de política criminal que hayan sido satisfactorios.
• Hacer investigación de política criminal, no sólo con enfoque en las prisiones, sino también en las escuelas, los barrios, las colonias, etcétera.
• Unificar los criterios y los diseños de una política criminal nacional, evitando la sectorización.
• Modificar el entorno para eliminar las condiciones que propician la delincuencia; Por ejemplo, iluminar las calles; mejorar la infraestructura; instalar cámaras de videovigilancia en espacios públicos; modificar espacios en los cuales hay un exceso de comercios informales que facilitan la labor de la delincuencia; prohibir la portación de armas; limitar el consumo de bebidas alcohólicas, y rescatar y ampliar espacios públicos como parques, jardines y centros deportivos.
• Promover la investigación y el análisis del neuroderecho con visión de futuro en estrategias de política criminal.
• Celebrar conferencias y reuniones de trabajo e implementar la comunicación asertiva de las instituciones del Estado en materia de procuración y seguridad pública, para la aplicación de una política criminal integradora.
• Apoyar la permanencia y el fortalecimiento de los programas funcionales, ya existentes o de gobiernos anteriores, de prevención social de la violencia y de la delincuencia.
• Consultar los trabajos de investigación o las tesis producidos en colegios, institutos y universidades relacionados con la política criminal.
• Adoptar o ajustar los criterios internacionales emitidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, diversas reglas y normas de prevención del delito, etcétera.
• Impulsar la coordinación conjunta para instituir una política criminal integral, con aportes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
• Considerar progresivamente un esquema de abolicionismo punitivo con menos sistema de procuración e impartición de justicia penal, con menos prisiones y con más prevención de conductas antisociales.
f) Seguimiento. Es prioritario que, una vez implementado el modelo como un traje a la medida, se realice un seguimiento a corto, mediano o largo plazos para valorar su funcionalidad y aplicar correcciones. No debe soslayarse que las medidas de prevención son más duraderas que las medidas de reacción, pues por lo regular estas últimas son de resultados inmediatos pero de duración efímera.
En el modelo planteado es importante hacer uso de otras disciplinas o área del conocimiento con enfoque criminológico: la estadística, la sociología, la politología, la antropología, la psicología, la seguridad pública, la victimología, los derechos humanos y el derecho penal y penitenciario; no obstante que lo que afectaría la aplicación de una política criminal eficaz es la corrupción y la impunidad.
En suma, el costo de una política exclusiva de represión es más alto que el de una política prevención. No olvidemos que la política es la ciencia del Estado, el arte de gobernar y la técnica del poder. En consecuencia, la política criminal tiene en su mano derecha a la criminología y en su mano izquierda al derecho penal. Si en una sociedad existen elevados índices de delincuencia, seguramente es porque no se ha instrumentado una política criminal adecuada, la cual debe ir acompañada de una excelsa política social, victimológica, penitenciaria, de seguridad pública y de prevención. Luego entonces, es conveniente que en los diversos países de Latinoamérica se erigiera un Instituto Nacional de Criminología, pues esa ciencia le proporciona soporte científico y evidencia empírica a la política criminal.
Podría interesarte: «Una radiografía de la génesis del delito»
