La impunidad y la corrupción son problemas que afectan la correcta administración e impartición de justicia. Este es uno de los motivos por lo que el Estado de Derecho se encuentra en una profunda crisis en México. Sin embargo, hay diversas soluciones que deben considerarse para combatirlas. A través de diversos informes que nos sitúan en la gravedad del asunto, así como de la opiniones de expertos en la materia, Denisse Rodríguez Saldaña nos comparte este estudio para que reflexionemos al respecto.
¿Cuántas veces hemos escuchado, “con dinero baila el perro,” “el que no transa no avanza?” Estas frases que han permeado todas las esferas de la sociedad mexicana y que se han convertido en nuestra forma y sistema de vida. El objetivo de este artículo es informar acerca del problema que representa la impunidad y la corrupción para la procuración e impartición de justicia en México, así como también, instarlos o exhortar al público a que se involucre en estos temas y convencerlos de que es un trabajo en el que todos debemos participar.
Me gustaría que entendamos la importancia de combatir estos dos problemas, ya que combatir la impunidad y corrupción en todos sus niveles, es fundamental para que exista la procuración e impartición de justicia que todos queremos.
Seguramente se preguntarán, ¿cómo es que la corrupción e impunidad afectan y se relacionan con la impartición y la procuración de justicia?
Para ello, hay que comenzar definiendo la procuración de justicia, que se entiende como la actividad que realiza el estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal. (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2023).
Por el contrario, la impartición de justicia es la obligación que tiene el estado de garantizar el derecho de acceso de los gobernados a ella, la cual debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita. (Administración de justicia, s. f.). El Artículo 17 Constitucional establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Con esto podemos decir que este artículo reconoce y garantiza el derecho de todos los individuos de acudir ante los tribunales para dirimir una controversia. Por otro lado, el artículo 94 de la Constitución, deposita la administración de justicia en el Poder Judicial Federal, cuyo ejercicio está a cargo de la Suprema Corte de Justicia como el más importante, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito.
Lo que sí es un hecho, es que en México la impartición de justicia es deficiente, incompleta y arbitraria. Incluso me atrevería a decir, que en ciertos casos es inexistente y esto se le atribuye a: la corrupción, las leyes que son deficientes y que no atienden las necesidades de los mexicanos, ya que el legislador que las elabora está muy alejado de las distintas realidades que existen en el país, los privilegios con los que cuentan ciertos grupos de personas, etc. Todos sabemos que hay ciertos grupos más desprotegidos que otros y que no gozan de privilegios que los sectores más favorecidos sí tienen. Por ejemplo, el poderse pagar un abogado, el poder trasladarse al lugar de sus audiencias, básicamente ir y venir ya que tienen un carro propio. No vayamos tan lejos, incluso con decir que tienen los contactos y el dinero suficiente, ya que sabemos, que en México si tienes estas dos cosas o por lo menos alguna de las dos tienes garantizado que vas a poder evadir a la justicia.
Asimismo, me gustaría que hiciéramos una distinción entre impunidad y corrupción, ya que son términos que se llegan a confundir. La corrupción, es el abuso de un poder encomendado para una ganancia privada. La impunidad, es que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa. La mayoría de casos de corrupción quedan impunes. Con esto podemos entender como ambas están ligadas entre sí. El hecho de que no haya castigos o sanciones motiva a la gente a seguir rompiendo las reglas e incita a otras a actuar de la misma manera. Por otro lado, el problema en nuestro país no es la falta de leyes que prohíban y penalicen la corrupción, las normas existen, la cuestión es que no se cumplen, y esa situación es la que nos distingue frente a otras naciones. (Macías, 2019).
Algunas causas de la corrupción son las siguientes:
Causas formales: no existe un ordenamiento jurídico que vaya acorde a la realidad nacional. Las instituciones públicas no operan como deberían ya sea en conjunto o por separado.
Causas culturales: hay una tolerancia y normalización generalizada por parte de la población respecto a los actos de corrupción. Las personas al escuchar en las noticias o leer en su celular otro acto de corrupción que queda en total impunidad, ya no les sorprende. Asimismo, la existencia de una cultura de ilegalidad generalizada y la ausencia o falta de solidaridad que se sustente en el bien común. Hay mucha falta de empatía.
El linchamiento como un acto de auto justicia o justicia por mano propia, es un ejemplo claro de la ineficiencia de la autoridad de garantizar el derecho a la seguridad. Actos que, desde luego, son reprobables y no se justifican, pero es el reflejo de una sociedad cansada y harta de la impunidad.
Según el informe realizado por “Impunidad Cero” en el 2021, donde se realizaron mil diecinueve encuestas a mayores de 18 años arrojaron que la gente opina lo siguiente: el 12 por ciento, opina que la principal causa es que los agentes del MP no investigan delitos. El 11 por ciento, dijo que los policías no detienen a delincuentes. El 10 por ciento, expresa que los jueces son corruptos. El 7 por ciento, lo atribuye a la falta de denuncias, y por último, el 57 por ciento de los encuestados opina que las causas son todas las anteriores. La organización enfatizó que la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca, es de apenas el 1 por ciento. Esta es la triste y alarmante realidad que vivimos todos los mexicanos. (Nmas, 2022).
Según otra encuesta realizada por “Impunidad Cero”, sobre los índices de corrupción e impunidad en México, arrojan que se sigue teniendo altos niveles de cifra negra con un (93.3%) y una baja efectividad en la resolución de los casos que investigan las fiscalías estatales con un (15.3%). Combinados estos dos factores hacen que la probabilidad de que se denuncie y se esclarezca un delito en México sea de tan solo 1.1%, porcentaje que disminuyó 3.9 puntos porcentuales de 2019 a 2020. Por esta razón, también se mide la impunidad en las faltas administrativas de las distintas instituciones de la administración pública. De acuerdo con el reporte “Impunidad Administrativa en México”, la impunidad administrativa en el país es de 80.7%. (Impunidad Cero,2022).
Por otra parte, hay que entender que hay muchas personas involucradas en lograr la administración e impartición de justicia. Todos están en la primera línea de investigación y prevención del delito: El Ministerio Público, Policías, Defensores Públicos, Tribunales, Peritos, jueces, etc.
El Ministerio Público, al ser el representante de la sociedad y encargado de dirigir la investigación de hechos, que podrían constituir un delito, el lugar donde se interpone una denuncia y los encargados de iniciar la investigación a través de la toma de declaración o denuncia y sancionar a los responsables que cometen delitos, juegan un papel fundamental en lograr la impartición de justicia que previamente mencionamos. Si nuestros Ministerios Públicos no están fortalecidos y hacen bien su trabajo, es imposible que haya justicia. Con esto, quiero decir que es indispensable su buen funcionamiento.
Para que podamos comprender mejor, me gustaría mencionar algunas de las funciones principales de los Ministerios Públicos, entre las cuales destacan: defender la legalidad, los intereses del Estado y la sociedad. El Ministerio Público se encarga de representar los intereses de ambos con estricto apego a la Constitución. También, son los encargados de ejercer la acción penal, de dirigir e investigar la presunta comisión de algún delito, guiar a la policía durante la investigación y garantizar el respeto de los derechos y darles una protección más amplia a las víctimas. La realidad es que el Ministerio Público no representa a las víctimas, todo suena muy bien en la teoría, pero la realidad es muy diferente. Una cosa es investigar un delito para resolverlo, y otra para entender qué pasó. Quizás, es más importante conocer la realidad social, que es lo que sucede día a día en las calles del país, saber qué es lo que está pasando, un conocimiento real e integral sobre la realidad, para así poder prevenirlo. De esa manera podremos saber y tener mejores herramientas para resolver cada caso concreto, ya que la realidad en el país es muy cambiante y es bien sabido que los hechos avanzan más rápido que el Derecho.
Por otra parte, la Guía contra la Corrupción en los Ministerios Públicos, elaborada por Tojil e Impunidad Cero, nos menciona algunos puntos críticos de impunidad en los Ministerios Públicos. A continuación, se mencionan los que considero que son los más importantes. Estas son algunas de las razones por las cuales la gente prefiere no denunciar o acudir al Ministerio Público: (Impunidad Cero,2019).
- En ocasiones, el MP inicia números o folios de atención para solicitar más requisitos que no están previstos por la ley y solicita que las víctimas acudan a ratificar la denuncia ocasionando retrasos e irregularidades en la investigación.
- Se solicitan “mordidas” para proporcionar copias o informes cuando la víctima y el imputado tienen derecho a recibir copias gratuitas de casi todos los documentos que integran su expediente. Aparte, constituye un delito.
- Las audiencias deben llevarse a cabo de manera concentrada y continua, sin embargo, es común que en la práctica las audiencias se fijan de manera inconstante y dilatada (las suspenden sin justificación o cambian de fecha).
- Las personas se tardan más de 3 horas para iniciar una carpeta de investigación.
- Hay falta de certeza sobre el tiempo que habrá que invertir en el seguimiento de la carpeta de investigación.
- Las víctimas u ofendidos de un delito tienen derecho a contar con un asesor jurídico, que los asista de manera gratuita durante todo el proceso penal. No obstante, el sistema de justicia penal no cuenta con una eficiente asesoría jurídica de víctimas, lo cual propicia la violación de derechos fundamentales.
- Cuando el MP propone el procedimiento abreviado, llega a solicitar “mordidas” a cambio de pedir la aplicación de dichos beneficios de reducción de pena.
Para concluir con la explicación de estos ejemplos, me gustaría decir, que tener una sociedad informada de sus derechos es crucial para combatir la impunidad. Es evidente, que este tipo de acciones dan pie a la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y estos solo son un par de ejemplos de miles que vemos día a día.
También, me parece importante mencionar que la desconfianza de los ciudadanos a las instituciones que imparten justicia y la percepción de la impunidad han llevado a la población a encontrar caminos ilegales, para el arreglo de sus conflictos. El linchamiento como un acto de auto justicia o justicia por mano propia, es un ejemplo claro de la ineficiencia de la autoridad de garantizar el derecho a la seguridad. Actos que, desde luego, son reprobables y no se justifican, pero es el reflejo de una sociedad cansada y harta de la impunidad. Así como también, de la desesperación de la gente debido a la falta de soluciones por parte de las autoridades. Esto solo refleja la falta de estado de derecho, que existe actualmente en el país. Según un sondeo realizado por el (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017), casi la mitad, 46.6 por ciento, considera que los miembros de una comunidad tienen el derecho, o en parte, de tomar justicia por mano propia. Igualmente, 47 por ciento, dijo estar de acuerdo, o desacuerdo en parte, con que se torture a un detenido para que confiese un delito. Ello muestra, una falta de empatía mayúscula de la población, debido al incremento de la inseguridad y la violencia en las últimas décadas, que refleja un hartazgo entendible y generalizado que evidentemente va en contra de los derechos fundamentales de las personas.
Por otro lado, también es muy importante mencionar que, debido a esta desconfianza y hartazgo social sobre la corrupción e impunidad en México, está estadísticamente comprobado que las personas no van a denunciar. Este es un tema, que tiene que ver especialmente con la corrupción en los Ministerio Públicos, pero también hay que reconocer que es obligación de los ciudadanos interponer la denuncia correspondiente. Recordemos que la denuncia es importante en términos procesales penales ya que es la forma de iniciar la investigación. El primer paso, para que un delito no quede impune, es denunciar.
En México, según cifras de (Animal Político, 2021) alrededor de 22.3 millones de personas son víctimas de algún delito cada año. 7 de cada 10 personas tienen la percepción de que vivir en su ciudad es inseguro. Antes de confiar en la justicia, optan por dejar de portar cosas de valor, dejar de salir de noche, o no permitir que los menores salgan a la calle.
La Encuesta Nacional de Victimización, presentada por el INEGI, registra que el 93% de los delitos que ocurren en México, quedan impunes. La encuesta realizada detectó que en 2021 hubo al menos 342 mil víctimas, donde sí se comenzó una investigación, pero estas no necesariamente conducen a una sentencia. (Geografía INEGI, s. f.).
Algunas razones por las que la gente no denuncia son: porque las personas consideran que es un trámite largo y una pérdida de tiempo. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 4 de cada 10 personas no acuden a denunciar por esa razón. De hecho, 6 de cada 10 personas que denunciaron ante el Ministerio Público, invirtieron más de 3 horas para iniciar una carpeta de investigación. Es por ello, que en 2019, sólo 3 de cada 10 personas que acudieron a realizar trámites ante el MP se sintieron “muy satisfechas” o “satisfechas”, con el tiempo que destinaron a dicha actividad. Otra razón por la que no confían en la justicia, es porque perciben que los delincuentes entran y salen muy fácilmente de la cárcel.
Por otro lado, cuando una persona acude a presentar una denuncia y recibe un mal trato, es víctima de un acto de corrupción, se genera desconfianza y desde luego, total impunidad. Aunado a ello, solo 6 de cada 10 personas identifican al Ministerio Público como una autoridad que les inspira “mucha” o “algo de confianza”, mientras que 7 de cada 10 lo consideran “corrupto” y “abusivo». (Animal Político, 2021).
Otro factor importante, es la poca información que es dada por parte del personal del Ministerio Público, a las víctimas sobre sus derechos, es por eso que más adelante se explicará más a detalle este tema, ya que es fundamental mencionarlos.
Por último, 4 de cada 10 carpetas de investigación o no pasó nada, o no se continuó con la investigación, 3 de cada 10 permanecen un largo tiempo en trámite y en una proporción más reducida, la víctima recuperó sus bienes, hubo reparación del daño, se puso a la persona responsable a disposición de un juez o la víctima otorgó el perdón. (Animal Político, 2021).
En el Instituto Mexicano para la Competitividad, (IMCO) se hizo una auditoría a más de 800 expedientes criminales, por los delitos de robo y homicidio y se encontraron evidencias para entender la crisis de justicia que existe en el país.
De acuerdo con Alejandra Hernández, investigadora del (IMCO) 9 de cada 10 delitos no se denuncian, y en más del 95 % de los casos analizados, el Ministerio Público fue incapaz de identificar al responsable del delito y llevarlo a juicio. Ella comentó lo siguiente: “Aunque en México se ha trabajado más de 10 años en consolidar un sistema de justicia penal oral que prometió mejores investigaciones, el trabajo del Ministerio Público sigue siendo lento y poco profesional, los derechos de las víctimas son ignorados y los expedientes terminan en archivo y quedan en la impunidad,” indicó. (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2018).
Con esto es importante mencionar que, a raíz de la Reforma del 2008, cambió el Sistema Penal Acusatorio del país. Es la reforma más completa y profunda realizada, donde se establece la presunción de inocencia como uno de sus principios más importantes. Me parece que hay elementos relevantes a destacar de esta reforma. Para empezar, se plantea un nuevo esquema de proceso penal que se denomina acusatorio y oral. Sus principios generales son los siguientes: esclarecer los hechos, proteger a la víctima, evitar la impunidad y una reparación del daño integral. Las audiencias deben desarrollarse en presencia del juez, se va a promover la mediación y conciliación, y se van a garantizar los derechos y garantías individuales de la víctima y el imputado. Las únicas pruebas que se aceptan, son las desahogadas en la audiencia, los argumentos y las pruebas se desarrollan ante el juez de manera pública y oral, la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora y, por último, se podrá concluir el proceso de manera anticipada, en especial si el imputado reconoce la participación en el delito. Respecto a los derechos del acusado en el proceso penal acusatorio, podemos destacar lo siguiente: principio de presunción de inocencia: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, poder guardar silencio en caso de que existan consecuencias para el acusado, derecho a que se le informen los hechos que se le imputan, podrá disponer de todos los datos que existan en el expediente, el proceso no podrá durar más de 4 meses, tiene derecho a gozar de defensa o defensor de oficio, etc. Y, por último, sobre los derechos de la víctima: derecho a recibir asesoría jurídica, aportar las pruebas que considere pertinentes, recibir atención médica y psicológica, derecho a la reparación del daño, a solicitar medidas cautelares e impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación. (Padilla, 2021).
También es importante mencionar los medios alternos de solución de controversias, que son diversos procedimientos auxiliares para la resolución de conflictos sin la necesidad de que intervenga una autoridad jurisdiccional. Algunos beneficios son: que es una solución más pronta, se tiene una verdadera solución del conflicto y, en caso de incumplimiento, la parte afectada podrá solicitar la ejecución por medios judiciales.
Algunas de las diferencias, entre el sistema anterior y el que nos rige actualmente, es que el nuevo sistema plantea diversas maneras de solucionar los diversos conflictos penales, además de los juicios orales, los casos pueden ser resueltos mediante acuerdos entre la víctima y el acusado. De esta manera, el MP tendrá una mayor capacidad de investigación y resolución de los casos de mayor impacto. Antes, el Ministerio Público iniciaba una investigación por cada delito. Es imposible que las autoridades se den abasto y esto también explica por qué las autoridades tardan tanto tiempo en dar una solución pronta a cada caso. Es un hecho que no atendían los casos adecuadamente. Y por último, en el nuevo sistema, la etapa de investigación y juicio son responsabilidad de dos jueces diferentes. Además, el Ministerio Público y la Defensa son colocados en plano de igualdad para que exista imparcialidad.
Aunado a lo anterior, no podemos dejar al Estado a un lado. Es importante destacar, que el estado tiene distintas funciones y que juega un papel importante en esta situación, pero sin duda una de sus tareas más importantes es proveer un sistema de impartición de justicia neutral y eficaz. Según una investigación, (Mexicanos afirman conocer poco la constitución: encuesta de la UNAM, 2017) la democracia mexicana está cimentada sobre una débil cultura de la legalidad, fruto de la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones, de la percepción negativa del desempeño de las instituciones y funcionarios encargados de la procuración y administración de justicia. La investigación demuestra la alta valoración, que la mayoría de los entrevistados tiene de la ley, que es percibida como un ideal de forma de vida. Así, al preguntar ¿qué es más importante para usted? la mayoría de los entrevistados 57.1 por ciento eligió la opción “Una sociedad donde se apliquen y respeten las leyes”, por sobre otras como “Una sociedad sin delincuencia” 55.4 por ciento, “Una sociedad donde existan menos diferencias entre ricos y pobres”42.8 por ciento y “Una sociedad más democrática” 24 por ciento.
El que una sociedad sea corrupta significa que está en estado de descomposición y que por ende hay injusticia. Lo que la corrupción representa para las instituciones es su no buen funcionamiento, su deterioro y su agonía. El hecho de vivir con instituciones así, representa una ausencia de estado de derecho y es inevitable que haya caos.
Algunas consecuencias de estos problemas son las siguientes: hay más desempleo, pobreza, afecta la eficacia y la eficiencia en las instituciones públicas y el funcionamiento de las mismas, afecta a la democracia, la credibilidad y legitimidad de los gobiernos. Consecuencias Económicas: inestabilidad política de los Estados, resta productividad y competitividad de las empresas y limita el crecimiento económico. Reduce los ingresos fiscales e impide que los recursos públicos se implementen en el desarrollo y bienestar de la población. (Corrupción: causas y consecuencias de la corrupción privada [Parte 1/5], 2020). En el ámbito legislativo, permite la aprobación de leyes, programas y políticas que no tengan legitimidad. Evidentemente todo esto afecta al respeto de los Derechos Humanos, y contribuye a que se siga esparciendo la cultura tan arraigada de corrupción que tenemos en el país desde hace muchas décadas.
Algunas soluciones que plantean los expertos para disminuir y erradicar estos problemas son los siguientes:
Incorporación de tecnología de punta, capacitación continua del personal, un mejor sistema de procuración e impartición de justicia, así como un trabajo coordinado entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil organizada.
Fomentar la cultura de la denuncia, ya que como vimos, los ciudadanos juegan un papel fundamental para combatir este problema ya que al denunciar se inicia la investigación y a medida que los ciudadanos acudan a alguna agencia del Ministerio Púbico y denuncien más, menos delitos quedarán en total impunidad. Con la participación activa y el trabajo conjunto, se podrá hacer frente a estos problemas tan graves que persisten en todas las esferas de la sociedad.
Es indispensable no perpetuar actos de corrupción. Dejemos de darle dinero a los policías, en lugar de que nos levanten una multa. Dejemos de sobornar. Dejemos de evadir impuestos. Dejemos de falsificar documentos. Para los políticos, dejen de acceder a puestos públicos solamente para tener acceso a cierto tipo de privilegios o poder, los ciudadanos queremos dejar de escuchar que algún político tiene alguna sentencia o proceso penal por enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, malversación de recursos públicos, tráfico de influencias, o fraude. Dejen de comprar votos para las elecciones, ya estamos cansados como sociedad, de escuchar diferentes casos de corrupción y que las autoridades los dejen libres en total impunidad y amparados por el poder, las influencias o el dinero.
También, es fundamental mejorar los tiempos de atención y la efectividad de las investigaciones, ya que es necesario para incentivar la denuncia. Es inconcebible, que una persona se lleve tanto tiempo en interponer su denuncia, ¿así con qué confianza las personas se acercarán a denunciar? El proceso para interponer una denuncia no debería de estar sujeto a lentitudes.
Otro aspecto importante, es contar con un servicio público que sea eficaz, que pueda atender todas las carpetas de investigación y casos que se presenten, que sea competente y esté conformado por personas profesionales, que aseguren la verdad y la justicia en todas las etapas del proceso.
La autoridad debe proporcionar orientación, acompañamiento y asesoría profesional e inmediata a las personas víctimas y que sea en un lenguaje claro y sencillo. Este punto me parece muy importante ya que siempre suelen hablarles con tecnicismos o palabras muy sofisticadas que son muy difíciles de entender. Entre más sencillo sea el lenguaje, es mejor y más fácil para todos entendernos y poder llegar a acuerdos.
Debe haber una mejora notable en la calidad de las investigaciones que se realizan ya que en la mayoría de los casos las investigaciones son deficientes y se tardan mucho tiempo en llegar a una solución o acuerdo.
Otro punto que me parece importantísimo, es que se debe atender, resolver y entender el origen del problema y que no simplemente más sanciones. Hay un exceso de punitivismo en el país y la gente suele pensar que entre más dura la pena, entre más años permanezca el imputado en la cárcel, es mejor. Cuando en realidad, nos debemos de preguntar qué es lo que concretamente necesita la víctima para lograr una verdadera reparación del daño. Hay que prestar especial atención a los mecanismos alternativos de solución de controversias y no solo enfocarnos en endurecer las leyes. Hay otras formas o maneras de solucionar los problemas, no necesariamente o forzosamente se necesita llegar a juicio. Mucha gente piensa que si se tiene un problema con una persona a fuerza se debe de resolver en los tribunales, sin tener la certeza de si van a ganar o perder el juicio, lo que va a representar una ganancia o pérdida de dinero y tiempo. Debemos erradicar esta falsa creencia, que ha existido desde hace mucho tiempo. Yo estoy convencida que muchos mexicanos no saben de la existencia de estos mecanismos, y que, si los conocieran y supieran de su funcionamiento, los implementarían mucho más. El informe realizado por Impunidad Cero en el 2021, donde se realizaron mil diecinueve encuestas a mayores de 18 años, ejemplifica perfectamente el exceso de punitivismo actualmente: el 80.2 por ciento de los encuestados, piensa que todos los delitos se deben sancionar con cárcel. Incluso, el porcentaje de personas que mencionó que es mejor hacerse justicia por propia mano, aumentó de un 8 a 10 por ciento del 2019 al 2021. (Nmas, 2022).
Y, por último, es fundamental mejorar los salarios ya que se les paga muy poco, por lo que muchas personas que trabajan en las Agencias del Ministerio Público recurren a medios o alternativas ilegales para tener más dinero ya que no se les paga lo suficiente para satisfacer sus necesidades.
Estoy segura que si logramos esto, a largo plazo, se verá reflejada una mejora en los niveles de confianza, de las personas en la autoridad. Solo así, podremos cambiar la estrategia de procuración e impartición de justicia y tener un México más seguro, justo y en paz.
Para ir cerrando, me gustaría decir y exhortarlos a que de verdad se contribuya con pequeñas acciones concretas. Debemos de hacer más, que solo señalar al gobierno. Claro que nuestros gobiernos deben de perseguir todos los actos de corrupción y castigarlos, así como también deben de ser transparentes y rendir cuentas a la sociedad, el cambio deberá ser notorio, para que los ciudadanos lo puedan percibir. Al haber resultados palpables o concretos, la gente empezará a creer y a confiar en que realmente se está haciendo lo propio para combatir este problema y la sociedad pondrá mucho más de su parte. Está claro que esta es una lucha permanente y que nos corresponde a todos, independientemente de nuestras diferencias sociales, económicas, religiosas, culturales, etc. Debemos de eliminar la corrupción en nuestra vida, tanto pública como privada y entender lo siguiente: ¿Por qué no se acaba la corrupción? Por qué nos sentimos ajenos a ella. Esto no tiene que ser así. Es un tema que atañe no solo al gobierno, sino también a todos los ciudadanos del país. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto se siga perpetuando? Muchos se preguntarán, ¿cuál es el plan para que no haya corrupción e impunidad? El plan, es que todos los integrantes de la sociedad mexicana dejemos de perpetuar dichos actos.
Por último, me gustaría terminar con una frase de John F. Kennedy: “No te preguntes qué podría hacer tu país por ti, pregúntate que puedes hacer tú por tú país.”
Referencias
Percepción de Impunidad 2022. (2022, agosto). impunidad cero.org. Recuperado 21 de diciembre de 2022, de https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/170/contenido/1661453368W61.pdf
Mexicanos afirman conocer poco la constitución: encuesta de la UNAM. (s. f.-b). https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_083.html
¿CÓMO SE ENCUENTRA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO? (2018, 10 septiembre). Centro de Investigación en Política Pública. Recuperado 3 de enero de 2023, de https://imco.org.mx/se-encuentra-la-procuracion-justicia-mexico/
Causas y consecuencias de la corrupción en México – impunidad y corrupción 202518. (s. f.). https://sites.google.com/site/impunidadycorrupcion202518/causas-y-concecuencias-de-la-corrupcion-en-mexico
Nmas. (2022, 24 agosto). Impunidad en México, causas y datos – Despierta [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=MVvfmPfhFZE
Geografía (INEGI), E. D. N. I. Y. (s. f.). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 [Vídeo]. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2022/
Animal Político. (2021, 26 mayo). ¿Por qué las personas víctimas no denuncian ante la autoridad? Animal Político. Recuperado 7 de enero de 2023, de https://www.animalpolitico.com/seguridad-justicia-y-paz/por-que-las-personas-victimas-no-denuncian-ante-la-autoridad/
impunidadcero.org. (2019). GUÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Impunidad cero y Tojil. Recuperado 7 de enero de 2023, de https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/guia-contra-la-corrupcion-en-mp.pdf
Padilla, M. J. (2021). Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (Spanish Edition) (1.a ed.). Trillas.
Macías, F. (2019, 29 mayo). Eliminar la impunidad para combatir la corrupción. Deloitte México. https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/eliminar-impunidad-combatir-corrupcion.html
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México. (s. f.). CEAVEM. Recuperado 8 de enero de 2023, de https://ceavem.edomex.gob.mx/nuevo_sistema_justicia
Corrupción: causas y consecuencias de la corrupción privada [Parte 1/5]. (2020, 24 diciembre). LISA Institute. https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/causas-consecuencias-corrupcion-privada
