Ante el contexto de violencia fatal que azota al país en esta época de comicios, Luis Ramón Estrada Sagarnaga critica el esquema de seguridad del Instituto Nacional Electoral para la salvaguarda de la vida y seguridad de los candidatos a los puestos políticos, y se pregunta cómo puede ser disminuida la violencia.
El próximo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones más grandes que ha tenido México. En esa fecha, se votará para renovar la presidencia de la república, así como las legislaturas en el Congreso de la Unión. En 8 estados se elegirán gobernadores: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
En 29 entidades se renovarán presidencias municipales: Aguascalientes, Baja california, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, y, además, en la Ciudad de México, se votará por los próximos titulares de las 16 alcaldías.
El pasado lunes primero de abril, asesinaron a la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya (Guanajuato) en la comunidad de San Miguel Octopan, lugar que ha sido víctima de la delincuencia organizada por mucho tiempo. De forma desafortunada, este asesinato no ha sido el único que ha ocurrido en los últimos meses, desde que comenzó el proceso electoral, según lo dado a conocer el Laboratorio Electoral en su segundo reporte preliminar de violencia electoral proceso 2023-2024, en el mes de octubre de 2023 se han contabilizado 51 homicidios, dentro de los cuales 27 eran aspirantes a un cargo político el próximo 2 de junio, mientras que el resto son políticos inactivos, familiares o funcionarios. Además de 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas.
El partido político con mayor número de aspirantes asesinados es Morena, con diez, seguido del Partido Acción Nacional, con cinco, donde las entidades federativas con mayor cantidad de casos de violencia son: Guerrero con 7 asesinatos y Michoacán con 4.
Ante dicha problemática, el Instituto Nacional Electoral (INE), en el mes de febrero presentó el “Esquema de Seguridad para las Candidatas y Candidatos que contenderán a las gubernaturas de los Estados, Senado de la República y Cámara de Diputados”.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proporcionar y garantizar la seguridad de los contendientes algún cargo político.
Los criterios para la asignación de seguridad, será tomar en cuenta: 1) los resultados del análisis de riesgo formulado por la Guardia Nacional, 2) la incidencia delictiva de las entidades que se consideren, 3) las amenazas a su persona que haya recibido y denunciado ante la autoridad competente.
A los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados solamente se les podrá proporcionar seguridad quienes en su análisis de riesgo resulte alto y que previamente hayan recibido y denunciado amenazas.
Dentro del mismo esquema dado a conocer por el INE, las personas con un nivel de riesgo alto podrán contar con 10 elementos y cuatro vehículos. Para el nivel de riesgo medio serán 8 elementos y tres vehículos, y para el nivel de riesgo bajo se considera un vehículo y dos elementos.
La eficacia de las medidas de seguridad planteadas por el INE es escasa, pues la violencia electoral, en los últimos tres meses ha aumentado un 150%, esto derivado de la cercanía al día de la votación.
Es evidente que México atraviesa por una gran ola de violencia política, donde lo que tenemos que preguntarnos es cómo podemos disminuirla. Dentro de las propuestas que podrían ayudar a esto, podríamos tomar en cuenta el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, lo que implicaría invertir en capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad, incluyendo la mejora en la coordinación entre los distintos niveles de seguridad. Donde otro de los grandes problemas que permite este tipo de ataques es la impunidad que existe en México, por lo cual se necesita fortalecer las unidades de investigación especializadas en crimen organizado para poder identificar y detener a los responsables de ataques, y así poder garantizar que los casos de violencia política sean investigados de manera exhaustiva y así poder llevar a los responsables ante la justicia para poder enviar un mensaje claro de que dichos actos no son tolerados.
Debemos ser conscientes de que este problema es difícil de erradicar por completo, pero estas propuestas pueden ayudar a mejorar la seguridad de los aspirantes a cargos públicos en México y a reducir la violencia política en el país. Esto requiere un enfoque integral y compromiso continuo de las autoridades, la sociedad civil y algunos actores importantes.