Javier Cremades, abogado español fundador y presidente del bufete internacional Cremades & Calvo Sotelo, se ha distinguido a lo largo de su trayectoria no sólo por ser un académico experto en derecho constitucional y por su práctica en el derecho de las telecomunicaciones y en temas de libertad de expresión, sino también por su preocupación por la dimensión social de la profesión jurídica y por su trabajo con organizaciones de la sociedad civil. En entrevista, el también presidente de la World Jurist Association nos ofrece su punto de vista sobre diversos temas de actualidad que ponen énfasis en la necesidad del vínculo y el apoyo entre los profesionales del derecho de los cinco continentes, con el fin de dar respuesta a los desafíos mundiales que plantea la realidad actual.
En el mundo global en que hoy en día vivimos, ¿cómo vislumbra el ejercicio de la abogacía? ¿A qué desafíos nos enfrentamos en esta profesión?
Tanto en México como a nivel global enfrentamos grandes retos. Algunos de los más serios son los que inciden sobre el libre ejercicio de la abogacía, lo cual es particularmente grave cuando las presiones proceden de los gobiernos. En otros casos estos desafíos están relacionados con el intento de algunos gobiernos por suprimir los checks and balances, imprescindibles para preservar el ejercicio democrático del poder, particularmente la independencia judicial y la autonomía de las entidades regulatorias. A esto se suma el hecho de que en algunos países se han acetuado, al amparo de las medidas de contención de la pandemia generada por el Covid-19, los fantasmas de la corrupción y el abuso de poder.
Otros desafíos que también afectan el ejercicio de nuestra profesión están relacionados con el hecho de garantizar una mayor inclusión y reconocimiento a la mujer por su gran aporte a la defensa del Estado de derecho, tanto a nivel nacional como internacional.
También debemos señalar el tema de la internacionalización del ejercicio de la abogacía, la implantación cada vez más generalizada de las tecnologías de la información y, por supuesto, las nuevas realidades relacionadas con el marco jurídico de la manipulación genética de la persona humana, el transhumanismo, la igualdad entre mujeres y hombres, la protección a los menores frente a ciertos contenidos digitales, el pleno respeto a la vida humana y al medio ambiente, y la defensa del Estado de derecho como factor de desarrollo, innovación y crecimiento.
¿Cómo debemos prepararnos para atender estos temas?
Hace poco el Foro Económico Mundial procalmó que la sociedad actual y sus instituciones se desarrollan en un escenario “volátil, incierto, complejo y ambiguo”. Y concluía diciendo que “quien cree saberlo todo está bien equipado para un mundo que ya no existe”.
Estos temas tan sensibles, tanto en México como a nivel global, serán analizados en el Congreso Mexicano de Juristas 2022, así como en el próximo “Davos del derecho” que es el World Law Congress 2021, organizado por la World Jurist Association (WJA). Se trata de un evento híbrido al que se podrá asistir de forma presencial y en línea. Como presidente de la asociación, los invito a participar para intentar desentrañar juntos la solución a estos grandes desafíos.
En su opinión, ¿qué habilidades se deben fomentar en quienes ya ejercen el derecho o se están en las aulas para hacerlo?
El ejercicio del derecho es sencialmente antropocéntrico. Por esto, cada vez son más decisivas las denominadas soft skills; es decir, las habilidades que nos permiten trabajar en equipo, con generosidad e incluyendo profesionales con trayectorias muy diversas, enriquecedoras y con un destacado componente internacional. Otra de estas habilidades fundamentales consiste en ejercitar la escucha, la empatía y el compromiso con nuestros clientes, con nuestros compañeros de profesión, y con las personas, las instituciones y la sociedad a la que servimos a través del derecho. Igualmente, una habilidad cada vez más importante consiste en adaptarse con rapidez a la incertidumbre y al cambio, haciendo de estas circunstancias el momento propicio para la innovación y el emprendimiento. Esto sin olvidar la importancia de definir y afianzar, cada uno de nosotros, nuestro propósito de trabajar por un mundo más justo, sin olvidar que en cualquier abogado, como decía el gran jurista Ángel Ossorio, por encima de la lucidez del ingenio, debe primar la rectitud de la conciencia.
Uno de los temas en los que usted se ha especializado es el de la libertad de expresión. Las redes sociales se han convertido en el espacio por excelencia para el ejercicio de este derecho, aunque precisamente la falta de regulación ha abierto la puerta a muchas expresiones de odio e intolerancia, lo que ha propiciado la intervención de las plataformas y la consecuente denuncia de censura de muchas voces. ¿Cómo se debería regular este espacio?
Las redes sociales son un espacio privilegiado para la libertad de expresión. El ejercicio de la libertad de expresión generalmente transcurre dentro de los cauces indicados en la ley. Sin embargo, con frecuencia hemos sido testigos de casos preocupantes en que las redes sociales se han convertido en instrumentos de incitación a la violencia o, en otros, en mecanismos de presión de algunas instituciones públicas para coartar la independencia de los jueces o intimidar el libre ejercicio de la abogacía.
La libertad de expresión es un derecho fundamental que protege la difusión de ideas por parte de individuos y colectivos sin temor a sufrir represalias. Este derecho, tal como está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluye la libertad de expresar opiniones sin interferencias, y buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio sin tener en cuenta las fronteras. La libertad de expresión es una garantía institucional que oxigena el debate público y la formación de una opinión pública libre, lo cual resulta indispensable para una sociedad democrática.
La libertad de expresión, como uno de los derechos humanos, debe ser garantizada en general y, por supuesto, en las redes sociales. No obstante, la dificultad se produce cuando un derecho fundamental choca contra otro derecho fundamental, como puede ser, por ejemplo, el derecho al honor o a la intimidad, que es lo que ocurre a veces con expresiones de amenaza, odio e intolerancia en las redes.
¿Cómo se debe proceder en los casos de conflicto entre dos derechos fundamentales?
La regulación debe considerar que estos derechos fundamentales se limitan entre sí y es necesario analizar la situación concreta, su contexto y sus consecuencias derivadas del ejercicio de los derechos, para entender cuál debe prevalecer sobre el otro. De esta manera se debe establecer una ponderación, no siempre fácil, entre ambos derechos aplicados al caso específico, considerando la intensidad y las circunstancias de la crítica, junto con la relevancia subjetiva y objetiva de lo que ha sido expresado y la intensidad de afectación de los derechos en colisión para determinar si el ejercicio de la libertad de expresión debe prevalecer o no sobre la protección, por ejemplo, del derecho a la intimidad o al honor.
Actualmente, la supranacionalización de los problemas obliga a un ejercicio global de abogacía. ¿Qué premisas se deben tomar en cuenta para construir un derecho global que atienda, precisamente, esos problemas de los que depende la supervivencia de nuestra especie?
Tal vez una de las premisas más importantes es reconocer que el Estado de derecho es un patrimonio que pertenece a toda la humanidad, pero que no siempre es protegido de manera adecuada. Y de él depende en gran medida el desarrollo y la prosperidad de los pueblos. Sin embargo, carece de un código genético de autoprotección y, por ende, su fragilidad nos obliga, especialmente a los juristas, a velar por él. Como bien señala en su pregunta, de él depende en gran medida la supervivencia de nuestra especie. Y contribuir a su defensa es la razón de ser de la World Jurist Association (WJA) desde que nació en Estados Unidos bajo el impulso del chief justice de la Suprema Corte, Earl Warren, y de la American Bar Association (ABA), con el permanente apoyo de personalidades como los presidentes D. Eisenhower, G. Ford, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Winston Churchill, Nelson Mandela, Rene Cassin (redactor de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas), y hasta el rey Felipe VI o la justice Ruth Bader Ginsburg.
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¿Qué papel desempeñan, en este sentido, los colegios y las asociaciones de abogados, especialmente aquellos de carácter internacional?
Quiero destacar la gran labor que los colegios y las asociaciones de abogados mexicanos están realizando para defender el ejercicio de la abogacía sin sometimiento a las presiones indebidas que recientemente han padecido desde determinadas instancias. Los colegios y las asociaciones de abogados ejercen, nacional e internacionalmente, una labor insistituible para la defensa de los derechos y las libertades fundamentales y para que el imperio de la ley avance y no retroceda.
En el marco de la fundación de la WJA, el presidente Eisenhower afirmó: “El mundo no tiene otra opción entre la fuerza y el derecho: si la civilización quiere sobrevivir, tiene que elegir la fuerza del derecho”. Sin embargo, abundan los ejemplos de debilitamiento del Estado de derecho a nivel global. ¿Se trata de un fracaso del derecho y de la fuerza de la razón?
El triunfo de la fuerza y el fracaso de la razón son una de las mayores catástrofes que puede sufrir cualquier país. En muchos casos este colapso del Estado de derecho se articula desde dentro, es decir, desde algunas instancias del poder que pervierten el fondo y sustraen su contenido. De esta forma se golpea a la organización judicial, al ejercicio de la abogacía, a la prensa, a la libertad individual, a la enseñanza, al sufragio, a la propiedad, y así sucesivamente. Es deber de todos nosotros, como abogados, procurar que esto no suceda. La WJA trabaja para alertar acerca de estas amenazas y se ha convertido en la voz global del derecho, comprometida con la defensa del imperio de la ley, por lo cual aglutina de manera transversal a diferentes sectores jurídicos, es decir, desde jueces y magistrados, hasta catedráticos, pasando por notarios, fiscales y abogados en ejercicio.
En diciembre de este año la WJA realizará su congreso bienal en Barranquilla, Colombia. Pareciera que por los problemas que azotan a la mayoría de los países de Latinoamérica, predominan los estados fallidos, las dictaduras y gobiernos autoritarios, y la restricción de las libertades. ¿Cuál es la percepción que se tiene de la región desde la WJA?
Muchos países latinoamericanos han logrado avances importantes en materia democrática y de fortalecimiento de su Estado de derecho. Avances que no carecen de desafíos. Sin embargo, países como Cuba, Venezuela o Nicaragua han sufrido deterioros importantes en sus instituciones. Y países como Perú o México, entre otros, generan una creciente preocupación en la comunidad jurídica internacional por algunas decisiones que afectan la seguridad jurídica, la protección al libre ejercicio de la abogacía y la independencia judicial.
Para cerrar la entrevista, ¿cuál sería su mensaje para la abogacía mexicana?
Mi mensaje es de reconocimiento y gratitud por su defensa del Estado de derecho. Y me gustaría recordar, como lo hiciera el rey Felipe VI, cuando recibió el World Peace & Liberty Award, considerado el Premio Nobel del Derecho, y más recientemente Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que “sin el respeto a la ley no hay coexistencia ni democracia, sino inseguridad y arbitrariedad”.
World Jurist Association
Es una organización no gubernamental fundada en 1963 que reúne a presidentes de tribunales, magistrados, jueces, funcionarios de gobierno, académicos y abogados postulantes de más de 140 nacionalidades que trabajan y cooperan para fortalecer y ampliar el Estado de derecho y sus instituciones.
En sus casi 60 años de logros y como organización no gubernamental (ONG) con un estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ha brindado un foro único para que la comunidad internacional trabaje en estrecha colaboración con los gobiernos, otras ONG y asociaciones internacionales para fomentar el diálogo cooperativo sobre la paz mundial.
