Platicamos con el abogado penalista Javier Schütte Ricaud sobre las actuales políticas en materia de drogas, armas y seguridad, y los retos que implican para la justicia en México. Javier es socio fundador de Schütte y Del Sol Abogados, prestigioso despacho que tiene como antecedente el Bufete Aguilar Zinser.
Desde tu perspectiva como penalista y litigante, ¿qué opinas de la reforma al Poder Judicial?
Javier Schütte – Es un tema con muchas aristas. Podemos ver de forma separada el diagnóstico, el origen político de la reforma, y el contenido de la reforma en sí mismo. El diagnóstico es bastante acertado. Se tenía un sistema judicial con muchos problemas y que no atendía los intereses de la mayoría de la población –por no ser una justicia cercana a los problemas reales de la mayoría de la gente–, sino intereses que no necesariamente estaban alineados con el interés público –tanto en el ámbito federal como en el fuero común–. Había fenómenos de corrupción, cooptación, coacción, no solamente por poderes fácticos, económicos e intereses privados, sino también por la delincuencia organizada. Por su parte, el origen de la reforma es el enfrentamiento político entre el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo la presidencia de la ministra Norma Piña, un enfrentamiento entre poderes que se va recrudeciendo y que motiva una reforma que, ya en sí misma, sí podríamos calificar de destructiva y que –sobre todo si no se cuidan los detalles de la legislación secundaria y de su implementación– representa un gran riesgo para la justicia y la separación de poderes en México.
Aunque es cierto que había que transformar esa justicia y hacerla más cercana a la gente, había mejores alternativas y esta reforma tiene problemas serios de viabilidad. Pero hay que ser demócratas; en este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su campaña, siempre anunció, en cada una de las plazas públicas donde se presentó, que se iba a llevar a cabo esta reforma. Lo que corresponde ahora es trabajar por la mejor implementación posible, lo que sin duda es un reto muy grande, y un experimento, porque no hay precedentes en ninguna parte del mundo de que por voto popular sean electas las personas juzgadoras de todos los niveles. Desafortunadamente, dado el diagnóstico, tampoco me parece que podamos estar mucho peor en cuanto a la justicia para las mayorías y, en ese sentido, lo que más preocupa no es la calidad de la justicia en asuntos cotidianos, sino el control de la justicia por el estado en asuntos de alto perfil. Hay una clara búsqueda por la concentración del poder.
Esta búsqueda por concentrar el poder es una estrategia que yo calificaría de high risk, high reward: si sale mal, puede salir muy mal, pero si sale bien, puede sentar las bases para una transformación profunda que lleve mayor bienestar a la mayoría de la gente. Creo que en muchos otros aspectos el “segundo piso” de la Cuarta Transformación es eso. Hay mucho poder, y por lo tanto debe haber mucha responsabilidad.
Más allá de la cuestión institucional, para no reducir la justicia al Poder Judicial, ¿qué hace falta para que mejore la justicia en México?
Javier Schütte – En las fiscalías se concentra mucha de la problemática de acceso a la justicia, y no sólo las de las entidades federativas. La FGR tiene grandes áreas de oportunidad. Las carpetas no se resuelven, los asuntos no avanzan, no hay una investigación real con técnicas que busquen esclarecer los hechos y recopilar elementos probatorios para usar en juicio y, al judicializar casos, las fiscalías no tienen la capacidad, conocimiento e integridad para llevarlos correctamente en tribunales. El primer acercamiento que tiene una persona al sistema de justicia en materia penal es en los ministerios públicos, agencias desconcentradas del fuero común. Ahí hay fenómenos de profunda revictimización y de violaciones a la presunción de inocencia; de ambos lados del espectro: las víctimas y las personas imputadas. Urge la reforma a las fiscalías, que ya está en ciernes. Tendía que venir muy alineada con la reforma a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch que la dota de poderes de investigación y transversales más allá del fuero federal, de manera que la inteligencia que ahí se genera pueda convertirse en actos de investigación que eventualmente sean judicializables. Con eso pasamos de fiscalías a policías. Es importantísimo entender que las fiscalías son un lado de una moneda y las policías son el otro, con un objetivo en común y en conjunto, que es la persecución y la prevención del delito. Van de la mano. Es fundamental para que, a través de la justicia, se atienda el fenómeno de la inseguridad, y se busque la paz. Por eso se dice con mucha claridad que no puede haber paz sin justicia.
¿Cómo percibes el panorama de la seguridad en México?
Javier Schütte – El fenómeno de la violencia en México viola derechos humanos todos los días. No solamente por los índices de delitos de alto impacto: homicidios, desapariciones, lesiones con arma de fuego, secuestros, extorsiones; sino que la sola presencia del delito y la impunidad en la vida cotidiana ya coartan nuestra libertad. Ya sea en la decisión de abrir un bar o restaurante, de poner un negocio, de realizar importaciones y exportaciones, o hasta la decisión de una mujer de salir a la calle en la noche, o de divorciarse o no. Todas estas decisiones están atravesadas por la consideración del fenómeno delictivo. Y entonces la inseguridad genera un efecto muy claro también en las libertades y en la economía: tomamos en cuenta la probabilidad de ser víctimas de algún delito. Esto es inaceptable. Es muy injusto que vivamos con el temor constante a la violencia. Deberíamos —para eso estamos organizados en una sociedad— contar con un Estado que garantice nuestra paz. Esa es la principal encomienda del Estado. Por eso tiene, o debe tener, el monopolio de la violencia. Para amenazar el incumplimiento de los acuerdos sociales. Por eso la afectación a la economía es grande y difícil de medir pues, cuando uno entra en una relación contractual, el precio que va a poner a una transacción va a tomar en cuenta la probabilidad de incumplimiento, los costos de buscar justicia, contratar abogados, etcétera. Entonces se trata de fenómenos muy entrelazados: la seguridad, la violencia y la paz; con la economía, la justicia y las libertades. Y la respuesta a la impunidad está en el sistema judicial, las fiscalías, las policías; todo esto está muy entrelazado, por eso urge atenderlo.
Entre todas estas relaciones que mencionas, porque efectivamente todo está vinculado, está la política de seguridad. Con base en la forma en que se ha combatido el narcotráfico en los últimos dos sexenios, y en lo que va de éste, ¿cómo deberíamos actuar en materia de política de seguridad?
Javier Schütte – Mencionas el narcotráfico, y ese tema nos permite transitar de lo relacionado con el sistema judicial, las fiscalías y las policías, a la política de seguridad y, particularmente, a la política contra las drogas. Yo lo diría de esta manera: el problema de las drogas es un problema de salud pública; la manera en que se ha decidido enfrentar este tema de salud pública, lo ha convertido en el asunto más importante de seguridad nacional por el que ha atravesado nuestro país. Claramente el prohibicionismo y la guerra contra las drogas no son el camino adecuado para combatir el problema.
Tras el mito fundacional de la Cuarta Transformación, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, en 2006 se consumó el fraude mediante el cual llegó a la presidencia Felipe Calderón Hinojosa. Su guerra contra el narco fue para legitimar su presidencia, y generó muchísimo daño lo cual se recogió en el plan de gobierno de López Obrador de 2018. Es decir, en antítesis a la tesis calderonista de combatir así a las organizaciones, a los cárteles de la droga en particular, es que surge la idea inicial del obradorismo de acabar con el prohibicionismo y con la guerra contra las drogas. Ahora esto se abandona, y tenemos una reforma constitucional que contiene la prohibición del fentanilo y de los vapeadores —al mismo nivel— a rango constitucional, cuando se decía que estaba prohibido prohibir.
El tema de las drogas es un asunto de salud pública y desde ese enfoque debe enfrentarse. El prohibicionismo generó un mercado negro que implicó el financiamiento de organizaciones criminales al grado de que se armaron hasta los dientes. Ahora que tienen toda la infraestructura —no solamente armamentista, sino de redes de corrupción, de protección política, policial y jurídica, así como de las fiscalías—, que costearon con el producto de la venta de las drogas, la utilizan para otro tipo de delitos, como el secuestro, la extorsión, el cobro de piso. Ojo, y éstos son los delitos que realmente afectan a la comunidad. No el trasiego de drogas. Es decir, el narcotráfico como fenómeno de exportación de droga hacia Estados Unidos, que es el mercado de mayor consumo en el mundo, no conlleva una afectación real y directa a quienes vivimos en México. No nos afecta el consumo de drogas al norte de la frontera. En cambio, cuando la delincuencia organizada se disputa las plazas y la gente no puede abrir sus negocios o no puede mandar a sus hijos a la escuela, esto sí lo resentimos en nuestro país.
Hay que entender que los objetivos de reducir el consumo de droga en Estados Unidos no nos van a conducir a los mismos mecanismos para atender los objetivos que deberíamos buscar en México para garantizar la pacificación de nuestro territorio. Son cosas completamente distintas. En esa medida, yo haría votos por que buscáramos otras soluciones.
La justicia ordinaria ya no logra canalizar el nivel de conflicto que se tiene en México. Se necesitan mecanismos extraordinarios de justicia; no de justicia ordinaria, sino de una justicia transicional que pugne por la pacificación, yo creo, a través de la legalización paulatina de las drogas. En esa medida, se saca del mercado negro el producto, pues deja de generar ingresos a las organizaciones criminales y se le da un cauce institucional a sus conflictos —hoy se agarran a balazos los de un cártel con los de otro, no se demandan en tribunales. La legalización genera la posibilidad de la heterocomposición pública de los conflictos que puede haber entre organizaciones que operan en el mercado negro.
Desde el punto de vista más estrictamente de salud pública, hay que distinguir el consumo trastornado del consumo no trastornado de sustancias. Solo 13 por ciento de las personas usuarias de drogas ilegales tienen problemas de adicción. Y esto según cifras de la Oficina para las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas que, como su nombre lo indica, pudiera tener sesgo al ser prohibicionista. La legalización permitiría, a través de impuestos, enfocar recursos al problema que representa que uno de cada 10 usuarios de drogas desarrolle una adicción, como centros de tratamiento, lugares para el consumo seguro de sustancias con jeringas limpias y en condiciones salubres que eviten muchas de las muertes que se producen por el consumo de drogas —y que son originadas, no por las drogas en sí mismas, sino por el hecho de que las actividades inherentes a su consumo sean ilegales—. En México, según los últimos datos disponibles —que además hace mucho no se recogen—, el consumo de drogas ilegales genera aproximadamente 600 muertes al año. En cambio, tenemos más de 300 000 muertes, más las personas desaparecidas, por la supuesta forma de resolver este problema. Eso evidencia el tamaño del absurdo. La legalización podría permitir financiar las soluciones al verdadero problema, que es un asunto de salud.
¿Es viable abandonar la noción del prohibicionismo, que tantas vidas ha cobrado, y apoyar la legalización de las drogas, estableciendo mecanismos de justicia de transición para combatir el problema?
Javier Schütte – Desde un punto de vista político, es un reto gigantesco, por factores tanto internos como externos. Hay una visión ideológica de las drogas y de su consumo que hace muy difícil que avance una postura como ésta. Se impone una visión del consumo de drogas como algo inmoral. Pero yo soy un firme creyente de que la legalización de las drogas va muy alineada con el denominado humanismo mexicano de la Cuarta Transformación, que es la preocupación por el prójimo, por las personas en situaciones de vulnerabilidad, como lo son las personas adictas. Lejos de señalar, reprochar y estigmatizar que lo que genera es un aislamiento de estas personas, de forma que incluso hace más probable que desarrollen problemas asociados al consumo trastornado y que no busquen tratamiento y lo oculten, porque incluso es un delito y pone en riesgo su libertad; lejos de eso, creo que el humanismo mexicano nos podría motivar a tenderle la mano a las personas que necesitan ayuda y que sepan que lo que padecen es una enfermedad, como la gripa o el cáncer, y que la solución es un tratamiento, y ya está. Además, recordemos que, en realidad, son pocas las personas usuarias que padecen un consumo trastornado, pues la mayoría de quienes consumen drogas ilegales no tienen un problema de adicción y tienen derecho a consumir lo que quieran y a buscar su felicidad, como dice Carl Hart, un neurofarmacobiólogo de la Universidad de Columbia, en Nueva York, quien explica el derecho al consumo de drogas como derivado del derecho a perseguir la felicidad establecido en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Además, en sus investigaciones, explica los efectos y riesgos relativamente menores de cada una de las sustancias hoy ilegales. Que la legalización atiende a una lógica de elemental libertad y autodeterminación, ya lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la marihuana y su uso lúdico.
Con Claudia Sheinbaum a la cabeza, ante la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, ¿hacia dónde vamos en lo relativo al narcotráfico y a las armas?
Javier Schütte – Me parece fundamental vincular estos dos temas: drogas y armas. Que sí están relacionados. En cambio, es una trampa vincular migración y seguridad.
En su campaña, Trump llevó la discusión del problema de la frontera no como una cuestión migratoria, sino de seguridad. Ese vinculo de temas propicia la criminalización de las personas migrantes. Vendió la idea de que las deportaciones masivas son una solución a problemas de criminalidad, cuando los datos no indican en absoluto que haya una relación entre ambos fenómenos —no existe ninguna evidencia empírica sobre esto; por el contrario, la mayoría de las personas migrantes, incluso las indocumentadas, contribuyen con sus comunidades allá económicamente y en todos los sentidos. Mezclar los temas de migración y seguridad, es tramposo y peligroso.
En cambio, debemos insistir en que no se separen el tema de las drogas y el de las armas. Las drogas van de aquí para allá y con el dinero que se genera con su venta se compran armas en Estados Unidos a través de compradores de paja que son ilegalmente traficadas hacia México, para mantener su capacidad de fuego que, además del daño e impacto criminal que tienen en nuestro país, propicia que sigan traficando drogas a Estdos Unidos. Es un ciclo.
Por ello, la manera de enfrentar este fenómeno debe ser regional. Se ha hablado de la posibilidad de establecer un tratado internacional en materia de seguridad, por ejemplo. Creo que tanto el ex presidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum han acertado cuando señalan, en el tema migratorio, la necesidad de una cooperación para el desarrollo, con programas como Sembrando Vida. Recientemente, en el foro del G20, Sheinbaum hizo la propuesta de dedicar el 1 por ciento de los gastos dedicados a insumos bélicos, a un programa como Sembrando Vida, que genera, por un lado, beneficios a la reforestación, y, por otro lado pacificación y combate a la pobreza, en áreas en las cuales se produce un fenómeno de migración. No porque la migración implique crimen. Al contrario, porque el crimen genera migración.
Volviendo a drogas y armas: si a México se le exige que controle su frontera para que las drogas en general, y el fentanilo en particular, no crucen de sur a norte, nuestro país podría exigir lo mismo en términos de las que armas transitan de norte a sur. La respuesta que Estados Unidos esgrime cuando México le reclama que lo está inundando de armas, es que allá son legales pero acá no, y que nosotros debemos controlar nuestra frontera. Bueno, entonces, todos coludos o todos rabones. Nosotros podríamos contestarles lo mismo en términos del fentanilo: es su bronca. Incluso si, por ejemplo, en México lográsemos la regulación de las drogas, si éstas van a cruzar su frontera, es problema suyo, resuélvanlo. Esto evidencia la necesidad de acciones conjuntas. Hay que abordar el tema de drogas y armas desde el punto de vista bilateral. Y eso lo tiene muy claro la Cuarta Transformación desde la administración del presidente López Obrador, en particular con el canciller Marcelo Ebrard, que ahora es secretario de Economía: se realizó un litigio estratégico en Estados Unidos en contra de las empresas armamentistas que precisamente de eso se trata, de responsabilizar a quienes están fabricando armas que acaban vendiéndose a estructuras criminales, que las trafican ilegalmente a nuestro país, y que acaban siendo disparadas y cobran vidas y derraman sangre mexicana. Colt incluso fabricó una pistola bañada en oro a la que bautizaron como el jefe de jefes, claramente apuntado al narco como mercado, porque sabía que los narcotraficantes eran los clientes finales de esas armas. Esto es inaceptable. Me parece que ese litigio fue muy importante en ese sentido, en ese nivel simbólico: responsabilizar a Estados Unidos, tanto a particulares como al gobierno estadounidense, por las condiciones que desde allá generan, en términos de violencia, en nuestro país así como poner al centro de la discusión de seguridad y salud el tema del tráfico de armas.